lunes, 16 de julio de 2012
La refundación del Estado de Honduras
Por Gustavo Zelaya
El término “refundación” ha sido muy mencionado en la propaganda y en las proclamas pero no suficientemente debatido en sus posibles forma y contenidos, probablemente su definición genere mayor claridad sobre una de las propuestas principales del partido Libertad y Refundación; algo muy necesario porque no se trata solamente de un problema semántico o conceptual sino de un tema político que está en el centro de la lucha de la Resistencia Popular. En esta ocasión voy a abusar un poco de la subjetividad para utilizar ese término como sinónimo de transformación. Es decir, voy a obviar el hecho de que refundar, según la versión digital del diccionario de la Real Academia de la Lengua significa: “Volver a fundar algo. Refundar una ciudad. Revisar la marcha de una entidad o institución, para hacerla volver a sus principios originales o para adaptar estos a los nuevos tiempos”. Esa continua adaptación es uno de los rasgos principales del capitalismo, se refunda según las exigencias del desarrollo social y ajusta sus mecanismos para enfrentar los momentos de crisis sin alterar su función explotadora y de acumulación del capital, intenta expandirse independientemente de límites geográficos y de cualquier teorización que pretenda “humanizarlo” y justificar su existencia.
En el caso nacional no se trata de hacer volver al Estado ni a la sociedad hondureña a los “principios originales” sobre los que fue construida ni para adaptar las instituciones a los nuevos tiempos. No sólo es “revisar” la historia y de interpretar cómo ha sido su marcha, más de cien años de atraso y miseria son suficiente prueba de cómo se ha gobernado el país y cómo se ha manipulado nuestra historia.
Esos principios originales, fundacionales, pueden reconocerse desde los últimos veinte años del siglo XIX con las primeras concesiones mineras y un tiempo después con la explotación del banano en gran escala de parte de compañías norteamericanas; se refrescan continuamente en forma de maquilas y especulación financiera; se encuentran en el sistema capitalista desarrollado en nuestra Honduras y en las formas ideológicas que se desprenden de tal régimen. Todo ese basamento económico y espiritual ha dado lugar a una sociedad marcada por la exclusión social, la inequidad, la corrupción, la explotación del trabajo humano, la entrega de la soberanía y el saqueo de los recursos naturales; en fin, a una degradación general que tiene como esencia a la violencia ejercida desde el poder político y sus diversas ramificaciones burocráticas y desde el poder económico que aliena al trabajador de la riqueza que él mismo genera; fundamentalmente, esa situación de violencia descarga su furia sobre los más desprotegidos como son las mujeres y los jóvenes y ha convertido a todos los componentes del sistema en objetos de consumo que se pueden intercambiar por otros y que pueden ser desechados cuando no sean útiles. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, zapatos, bosques, ríos, conciencias, hospitales, computadoras, camisas, zapatos, ciudades enteras, todo es desechable y sujeto de compra y venta.
Uno de los rasgos más notorios del capitalismo nacional es la existencia de un Estado totalmente opuesto a las prácticas democráticas, con una institucionalidad muy débil, con un poder ejecutivo que centraliza la mayor parte de las decisiones y las pone al servicio de los intereses de los grupos económicos dominantes. Desde ese Estado se ha profundizado la vulnerabilidad social y la exclusión de grandes grupos de población; la irracional explotación del territorio en donde las tierras propias para la agricultura se destinan para otros fines, la venta de muchas porciones del país y su entrega servil a los poderosos ha hecho del territorio una zona expuesta a desastres naturales, al cambio climático y del todo insegura por el acaparamiento, la complicidad con el narcotráfico y con otras formas del crimen organizado.
El país no es vulnerable a los fenómenos naturales y al cambio climático por estar ubicado en determinada región del planeta, esos riesgos existen y se acentúan por el tipo de régimen económico que privilegia la explotación intensiva de los recursos naturales y provoca que grandes grupos de población sean vulnerables por causa de la exclusión y se vean orillados a sobrevivir en condiciones lamentables. Esta forma de padecimiento se profundiza mucho más cuando se aleja la posibilidad de disfrutar de los derechos fundamentales y se impide la participación ciudadana en asuntos que tienen que ver con su bienestar. Al no poder resolver las demandas sociales el Estado acude al recurso de la fuerza y a la brutal represión y el pueblo desarrolla sus formas de respuesta para enfrentar la miseria y la locura estatal que se apoya en el garrote y la muerte. Uno de los ejemplos más claros de lo anterior es el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y la réplica popular con la organización del Frente Nacional de Resistencia Popular y del partido Libertad y Refundación.
La obediencia ciega hacia el imperialismo norteamericano y el servilismo de los políticos que han dirigido al Estado, que lo conciben como propiedad privada y botín particular, ha impedido su democratización y lo han vuelto muy sensible a las crisis económicas. Desde las distintas instancias estatales se ha hecho todo lo posible para provocar más exclusión afectando hasta el 60% de las mujeres que viven en el campo, hay más desempleo, mayores niveles de miseria, a tal grado que las llamadas políticas públicas no reducen las diferencias entre pobres y ricos, más bien agrandan los grupos de hondureños expuestos a la pobreza y a la indigencia y reducen el tamaño de los grupos sociales dominantes que ven aumentadas sus riquezas materiales en los momentos de crisis. En esta situación en donde florecen los negocios ilícitos a costa de la sangre y el sudor de miles y miles de hondureños, somos testigos de los crímenes contra las mujeres en niveles superiores a los de los hombres y crece también la cobertura de la industria de la seguridad, dedicada también a la protección de los políticos tradicionales y de los criminales, valga la redundancia.
La degradación del Estado hondureño se manifiesta también en la incapacidad y en la complicidad de las fuerzas represivas con el crimen organizado, tal circunstancia se expresa en todo el sistema de justicia y seguridad al punto de que los supuestos encargados de velar por la soberanía nacional desempeñan roles similares a la policía preventiva, hacen sentir su presencia en todas instituciones públicas y logran importantes ampliaciones en sus presupuestos. Dicho de otro modo: a partir del golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales hay un acelerado proceso de militarización del Estado y de la sociedad.
Todo lo anterior es apenas un breve recuento acerca de la incapacidad del Estado por establecer relaciones sociales que hagan posible una vida más justa y equitativa; es una muestra de la degradación estatal que anula de manera absoluta la efectividad de cualquier política pública, incluso, hay una tendencia a desentenderse de las funciones propias del Estado y trasladar, por medio de la privatización de los servicios públicos, tales funciones a la empresa privada.
Ese Estado degradado, instrumento de dominio de la oligarquía, con su carácter antinacional y represivo, es razón suficiente para que se haga realidad el primer postulado del Partido Libre: la refundación del Estado de Honduras. Esta es la misión fundamental del partido del pueblo, es el proceso revolucionario para la construcción de un Estado socialista y democrático, para que el pueblo realice plenamente sus derechos y su desarrollo material y espiritual. Es el modelo político, social y económico que pondrá fin a la pesadilla neoliberal que ha profundizado la desigualdad y la exclusión social.
Entre otras cosas, significa poner en marcha un sistema republicano que no esté controlado por los grupos de poder económico tradicionales y que crearon un Estado antidemocrático. Además, refundar es edificar un Estado Solidario que no sea asistencial ni facilitador, que no se encargue de generar más crisis ni de repartir beneficios. Desde esa instancia de poder político el Partido Libre será capaz garantizar las libertades y los derechos, de desarrollar condiciones para una vida más justa y mayores grados de equidad en la distribución de la riqueza social.
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