Por Marvin Palacios
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) en su calidad de representante legal de las víctimas y los familiares de cuatro indígenas miskitos que perecieron bajo un ataque militar ejecutado por fuerzas combinadas de la policía y militares hondureños con agentes de la Dirección Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) no ha podido tener acceso al caso de Ahuás, ya que la Fiscalía determinó la secretividad del mismo.
A juicio del COFADEH determinar la secretividad de un caso es aplicable para el conocimiento público pero no debe serlo para las procuradoras de derechos humanos del comité, que tienen el derecho de conocer los avances de las investigaciones realizaciones en cuanto a la participación de policías y militares hondureños que junto con agentes de la DEA atacaron desde un helicóptero con armas de grueso calibre (se cree con ametralladoras (M60) un pipante que transportaba a 16 personas, de las cuales murieron 4 y al menos 6 resultaron con heridas de gravedad.
Resulta curioso que dicha “secretividad” se emitiera después de que la Fiscalía de Derechos Humanos practicara las exhumaciones de los cadáveres de las víctimas en Ahuás, Barra Patuca y Mocorón, respectivamente.
Más curioso resulta que un agente especializado en investigaciones de Estados Unidos identificado como Armando Pérez estuviese presente durante las investigaciones.
A pesar de que la Fiscalía de Derechos Humanos tenía conocimiento de que el COFADEH es el representante de las víctimas, no le notificó de la fecha en que se practicarían las exhumaciones y fue de otra fuente como se supo de las mismas.
El COFADEH considera que las exhumaciones se realizaron con la velocidad de un rayo y que no se observaron medidas de contingencia adecuadas para evitar la contaminación ambiental, al no solicitar apoyo de la Secretaría de Salud. En algunos casos las tumbas no quedaron selladas totalmente y los familiares (que son de escasos recursos económicos) tuvieron que costear los materiales necesarios para el cierre adecuado de las tumbas.
Incluso se denunció que después de cerrar inadecuadamente las tumbas, se encontraron restos humanos de una de las víctimas mortales del ataque registrado en Ahuás el 11 de mayo de 2012.
Inoperante la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños
Luis Francisco Green, ministro de las Etnias
Por otra parte en reunión sostenida el 29 de mayo de 2012 entre las procuradoras de derechos humanos del COFADEH con el ministro de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, Luis Francisco Green, el funcionario se comprometió a una serie de acciones que hasta el momento no ha podido cumplir con todas las demandas.
Entre las peticiones el COFADEH demandó que el funcionario Green presentase ante el Consejo de Ministros la solicitud de los pueblos miskitos de desmilitarizar la zona.
También se demandó fortalecer la presencia de la autoridad civil en la zona, ya que no existen funcionarios de la Secretaria de de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH) en la mosquitia hondureña que brinde protección y documentación de los casos de violaciones a derechos humanos contra dichos pueblos.
Asimismo se exigió que se respete la autodeterminación de los pueblos, ya que las organizaciones miskitas y los familiares de las víctimas han manifestado públicamente su demanda de que se retiren las fuerzas militares de Honduras y Estados Unidos por los abusos que sus efectivos cometen en contra los pobladores y pobladoras.
El COFADEH solicitó al ministro Luis Francisco Green que verificara y asumiera la emergencia en salud, alimentación, vivienda y educación de los huérfanos y los sobrevivientes como consecuencia de los hechos del 11 de mayo de 2012 cuando se produjo el ataque militar, que dejó 7 huérfanos quienes son hijos e hijas de Emerson Martínez, Candelaria Pratt y Juana Jackson.
Asimismo de 3 personas heridas que permanecen incapacitadas y sometidas a costos de tratamiento. En relación a los 5 puntos expuestos el COFADEH solicitó que se trasladara copia del informe elaborado por la comisión presidida por el Secretario de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes Edy McNab.
Si la petición relacionada con la desmilitarización de la zona ya fue presentada por Luis Francisco Green ante el Consejo de Ministros, el COFADEH solicitó respetuosamente que se remitiera copia de la exposición formulada.
Por otro lado, en su calidad de representante de las víctimas de Ahuás y sus familias, el COFADEH pidió que se informara acerca de las diligencias emprendidas por la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes que se hayan emprendido para fortalecer la presencia de autoridad civil en la zona de la mosquitia.
También se demandó información sobre si existen diligencias presentadas ante el Gobierno Central en torno al desmantelamiento de las fuerzas militares en territorios miskitos y por último que se proporcione un informe detallado sobre el apoyo brindado a los huérfanos y sobrevivientes del ataque, especialmente a los que se encuentran en estado de convalecencia y que deben de costear el tratamiento médico hasta su recuperación total (tanto de Wilmer Lucas Walter como de Lucio Nelson).
En torno a estos casos el COFADEH solicitó la ayuda del Fondo de Naciones Unidas para la Niñez e Infancia (UNICEF) a la Cruz Roja Internacional (CRI) y al Representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas acreditado en Honduras para que intervinieran en la atención médica del niño Wilmer Lucas Walter y del joven Lucio Nelson que recibieron heridas de gravedad, ya que frente a la indiferencia del Gobierno transcurrieron cuatro semanas hasta que finalmente fueron intervenidos quirúrgicamente en los hospitales: Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula y regional del Norte en La Ceiba, Atlántida.
El niño Wilmer Lucas Walter fue operado el 8 de junio y Lucio Nelson fue intervenido el 6 de junio, gracias a la intervención de la Cruz Roja Internacional, UNICEF y al representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Honduras, Antonio Maldonado.
Sabina Romero la madre de Wilmer Lucas tuvo que dejar su trabajo en una empresa camaronera en Roatán, para atender a su hijo, ella es madre soltera y tiene a su cargo cuatro hijos más, todos menores de edad.
En el caso de Lucio Nelson, se conoció que se recupera de las heridas en la casa de unos familiares en Tocoa, Colón, sin embargo tampoco cuenta con suficientes recursos económicos para viajar a sus chequeos médicos y curaciones a La Ceiba.
También Hilda Lezama que se encuentra en Ahuás y que resultó con graves heridas en sus dos piernas también necesita ayuda financiera para costear las operaciones de injerto de piel, necesarias para su recuperación total.
El pipante que los militares hondureños y efectivos de la DEA atacaron era propiedad de ella y quedó sin condiciones para navegar al igual que el motor de varios caballos de fuerza, que resultó severamente dañado, teniendo una pérdida de más de 150 mil lempiras. Era su fuente para obtener ingresos mantener a los miembros y miembras de sus familias.
A nivel internacional el 15 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó información al Estado de Honduras sobre el estado del niño Wilmer Lucas Walter y Lucio Nelson.
El Estado deberá de responder (si no lo ha hecho aún) sobre el por qué las víctimas sobrevivientes no fueron tratadas con diligencia en los hospitales públicos, pese a las exigencias de las familias y del COFADEH.
La CIDH le solicitó mediante una misiva al Estado de Honduras, que informara de los motivos a través de los cuales no se había proporcionado el tratamiento alegadamente requerido por los propuestos beneficiarios.
Además la CIDH le solicita al Estado enviar información detallada de ambos beneficiarios en cuanto a su diagnóstico especializado, estado actual de salud, el tratamiento al que estarían siendo sometidos y/o al que requerirían ser sometidos. También el organismo hemisférico demandó los certificados médicos correspondientes que respalden la información y remitir cualquier otra información.
Cabe señalar que el COFADEH ya envió la información requerida por la CIDH y se conoció que el Estado de Honduras solicitó una prórroga al organismo internacional para brindar información que a lo interno ha sido declarado en secretividad.
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