Por María José Esteso Poves
Tras la llegada al Gobierno de Honduras de Porfirio Lobo, avalado por los golpistas, la represión en este país se ha desatado. Denia Mejía, refugiada política, explica cuál es la situación actual.
Honduras, entre la represión y la lucha
Denia Mejía, activista de Honduras, reside en el Estado español desde hace ocho meses como refugiada política temporal. El 28 de junio de 2009 los militares de Honduras impusieron su ley. Un golpe de Estado expulsó a Manuel Zelaya, jefe del Gobierno. Al igual que en el reciente golpe de Estado de Paraguay, el presidente legítimo fue destituido sin aparente violencia.
Meses después, Porfirio Lobo, el candidato de los golpistas, ‘triunfó’ en unas elecciones con apariencia de legalidad, que legitimó Estados Unidos y la mayoría de países europeos, también el entonces presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en contra de la petición de la mayoría de mandatarios latinoamericanos. Las matanzas selectivas y la persecución de activistas y campesinos se ha generalizado.
Diagonal: ¿Por qué tuviste que abandonar Honduras?
Denia Mejía: Salí de Honduras cinco meses después del golpe. Fui amenazada y perseguida por las fuerzas represoras del régimen que se instalaron en el país aquel fatídico 28 de junio del 2009. Pertenezco al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que se creó tras el golpe y está integrado por movimientos sociales y partidos políticos contrarios al golpe. También formo parte del Instituto Hondureño de Servicios Comunitarios (Inehsco), que trabaja en la defensa de los derechos humanos. Soy incómoda para esa oligarquía corrupta y sanguinaria, porque ellos apuestan por los proyectos de muerte; entonces es necesario quitar de en medio a los que apostamos por la vida.
D.: Desde Honduras, organizaciones sociales informan de la existencia de una fuerte represión.
D.M.: Sí, la represión ha aumentado, yo soy víctima de esa represión, pero hay un número elevado de asesinatos políticos entre docentes, periodistas, miembros de la diversidad sexual, militantes del FNRP y los feminicidios se han disparado. Para mí Honduras es un Estado fallido. La situación de los campesinos que luchan por la tierra es inhumana, tenemos un país militarizado. En este momento Honduras es uno de los países más violentos del mundo con 82 asesinatos por cada 100.000 habitantes y uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo.
D.: ¿Qué papel está jugando Manuel Zelaya en la vida política hondureña tras su regreso al país?
D.M.: Zelaya volvió a Honduras hace un año, bajo los acuerdos celebrados en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. A su regreso, el régimen de Porfirio Lobo fue reconocido por la comunidad internacional y la situación de la represión en Honduras ha salido de la agenda internacional. Ya no se habla de Honduras. Esto ha hecho que la represión aumente. Zelaya en este momento está liderando el Partido Libertad y Refundación (Libre) y su compañera Xiomara Castro es la candidata a la presidencia a las elecciones primarias que se celebrarán en noviembre de este año, previas a las presidenciales de 2013.
D.: ¿Con qué apoyos cuenta Porfirio Lobo fuera del país?
D.M.: Lobo ha sido reconocido en EE UU, Europa y otros países, y cuenta con el apoyo de los organismos financieros, aunque nunca fue suspendido totalmente como candidato de los golpistas. Este reconocimiento ha aumentado el respaldo en lo que llaman “seguridad nacional” y eso ha profundizado más la violencia. Se ha dado más poder también a la policía, que es corrupta. Actúa con total impunidad y está implicada en la mayoría de los asesinatos, robos, secuestros, etc. Desde el FNRP siempre hemos hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que no vendan armas al Gobierno. Como dijo la madre de un activista asesinado por la policía: “No sigan alimentando al monstruo”.
D.: Las multinacionales canadienses, de EE UU y Europa tienen muchos intereses en Honduras...
D.M.: Hay un gran número de multinacionales en Honduras: mineras, hidroeléctricas, de comida rápida, del agronegocio y farmacéuticas, entre otras. Es difícil dar nombres porque todas tienen sus testaferros. La oligarquía hondureña tiene una estrecha relación con las transnacionales extranjeras. Entre las mineras instaladas en Honduras, se encuentran Interprid Mineras corporation, con capital de Canadá y Australia, la canadiense Gold Ore Resources o Glamis Gold Corp (EE UU). Después del golpe de Estado se dio la concesión a las transnacionales de casi todos los recursos naturales de Honduras.
Además, desde el FNRP denunciamos que continúan los acuerdos económicos entre la UE y otros países de Centroamérica con Honduras y eso significa la entrega total del país a las transnacionales, significa más militarización, más violación de los derechos humanos... Porque, aunque esos acuerdos cuentan con cláusulas para que se cumplan los Derechos Humanos, tenemos experiencia, y vemos que no se respetan.
D.: ¿Qué esperanza de cambio alberga la sociedad civil y los movimientos sociales?
D.M.: Como movimientos sociales luchamos por una Honduras refundada. El pueblo está en pie. Hay esperanza. En toda Honduras las organizaciones se organizan y se enfrentan a este capitalismo salvaje. Por ejemplo, los pueblos indígenas y negros han logrado parar varios proyectos hidroeléctricos. Mi organización, Inehsco, lucha por rescatar la cultura alimenticia y medicinal de nuestros ancestros, demostramos que hay otras formas de vida. Debemos apostar por estas nuevas formas de vida. Debemos cuidar nuestra Pachamama porque no tiene repuesto.
La lucha por la tierra del campesinado del Bajo Aguán
Más de 300.000 campesinas y campesinos en la región hondureña del Bajo Aguán no tienen tierra, mientras tres terratenientes son concesionarios de miles de hectáreas de terreno entregadas a ellos por el Gobierno. El presidente de facto, Porfirio Lobo, ha enviado al Ejército para defender los intereses de los latifundistas. Desde el golpe militar de 2009 hasta hoy, 56 campesinos han sido asesinados, también varios periodistas que informaban desde la zona.
Para Denia Mejía: “Es difícil hablar del Bajo Aguán, se me hace un nudo en la garganta cuando me acuerdo de mis compañeros y compañeras de esa zona. No creo que las leyes de Honduras puedan juzgar estos crímenes, cuando es el mismo Estado el responsable. El Go- bierno está al servicio de los terratenientes de esa zona en especial del latifundista Miguel Facusse, responsable directo. La zona está militarizada, el Gobierno ha instalado allí al Ejército, policía, empresas de seguridad privada y paramilitares colombianos que operan con total con impunidad. Los campesinos en esa zona viven en verdaderos campos de concentración”.
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