sábado, 21 de julio de 2012
"El desalojo de guardias de Facussé fue una trampa para engañar a la Comunidad Internacional"
Como si se tratara de una guerra un fuerte contingente militar policial llegó a la Cooperativa San Isidro, en El Aguán, a ejecutar una orden de desalojo, a la cabeza de Danilo Riera Aguilar, guardia de seguridad del terrateniente Miguel Facussé, quien fue nombrado por el Juez Luís Saúl Paz Bardales, de Tocoa, Colón, como Juez Ejecutor, este miércoles 18 de julio.
La orden de desalojo estaba acompañada de más de 300 policías, decenas de militares, patrullas policiales, comandos militares y carros portando armas M-60, con el objetivo de amedrentar al Movimiento Campesino de la zona que de inmediato se desplazó para acompañar a la Cooperativa San Isidro en este nuevo acto de represión legal y de la seguridad del Estado al servicio de los terratenientes.
El 29 de junio, fuerzas de seguridad pública, en cumplimiento de sentencias dictadas por los tribunales de Trujillo y Tocoa, procedieron al desalojo de guardias de seguridad de los empresarios de Miguel Facussé y René Morales de las fincas San Isidro, La Trinidad y El Despertar, del MARCA.
La esperanza resurgió en los rostros de quienes ejercen su derecho a la tierra, pero la alegría duró pocos días, pues una Corte de Apelaciones echó para atrás la decisión del Juzgado y le dio la razón a los terratenientes.
En aquella oportunidad solamente llegaron dos patrullas policiales, nada comparado con la fuerza de seguridad desplazada este día.
Fue una trampa cazabobos
Para Bertha Oliva, Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras , COFADEH, la acción del 29 de junio cuando el juzgado ordenó el desalojo de los guardias de los terratenientes Facussé y Morales, solamente fue una trampa cazabobos.
“El objetivo fue el de hacer creer a la comunidad internacional que los guardias de seguridad de Facussé eran personas que acatan la ley y obedientes a una orden de un juzgado y hoy se trata de hacer ver a los campesinos como irrespetuosos de esa ley . Pero la justicia está de parte de un lado, de Facussé, entonces de qué justicia hablamos”, dijo la defensora de los derechos humanos.
Heriberto Alemán, Coordinador del Observatorio Internacional de Derechos Humanos del Aguán en conferencia de prensa citó que la situación de violencia contra el Movimiento Campesino del Aguán, se ha agudizado, esto como consecuencia de un fallo favorable emitido por el Juzgado de Letras de los Civil de Francisco Morazán, donde da la posesión legal de las tierras a las cooperativas La Trinidad, Despertar y San Isidro, las que habían demandado desde hacía 16 años que se aplicara la justicia pronta, en tierras que el terrateniente Miguel Facussé había estado usurpando desde 1993.
Preparaban un escenario de sangre
Según información proporcionada a defensoresenlinea.com llamó mucho la atención que este gran contingente se haya hecho acompañar de ambulancias de la Cruz Roja Hondureña y que militares hayan llegado al Hospital público de Tocoa, aparentemente a manifestarle a los médicos que sacaran a los pacientes menos graves, se preguntaron ¿con qué objetivo? Y por qué en esta situación.
Todo el desplazamiento duró varias horas hasta entrada la tarde de este día, pero la presencia de representantes de MUCA, MARCA , COPA y del Observatorio de Derechos Humanos, que manifestaron a un oficial de la policía a cargo del desalojo que Facussé no podía ser Juez y parte, es que se suspendió el desalojo, pero no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar en las próximas horas.
Hace una semana el Observatorio Internacional de Derechos Humanos del Aguán demandó por esta razón la desmilitarización del Aguán para evitar más derramamientos de sangre, tal es el último crimen contra Gregorio Chávez, un campesino independiente que desapareció y posteriormente fue encontrado ejecutado enterrado en la Finca Paso Aguán del terrateniente Miguel Facussé.
Aunque ha habido una aparente retirada de todo el arsenal bélico y personal de seguridad del Estado, se teme que se tome una nueva estrategia para dejar fuera de sus tierras a quienes son propietarios y propietarias legítimas, que buscan justicia desde hace unos 16 años.
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