El proceso de selección de candidatos a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avanza entre los señalamientos a abogados vinculados a supuestos actos ilícitos y contrarios a la defensa de los derechos humanos.
Ante la Junta Nominadora se presentaron 185 abogados y abogadas que buscan ser parte de la nómina final de 45 o más candidatos, la cual será enviada al Congreso Nacional para elegir a los 15 nuevos magistrados y magistradas del Poder Judicial.
Luego de la revisión de los expedientes, 11 postulantes quedaron fuera del proceso por no cumplir con los requisitos constitucionales y por no presentarse a la aplicación de las pruebas psicométricas y toxicológicas.
El director de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, tras conocer el listado oficial de los postulantes a magistrados y magistradas denunció que al menos seis abogados tienen “vínculos oscuros”.
En ese sentido, la abogada y diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, apunta que la Junta Nominadora, de acuerdo al artículo 15 de la Ley Especial, tiene la obligación de investigar a los postulantes señalados.
“Yo creo que el número no son seis, el número es más amplio, hay personas con vinculaciones con lavadores de activos y con narcotráfico, la bancada del Partido Salvador de Honduras quería evitar que esas personas se postularan, pero fue aquí en el Hemiciclo que hicieron la modificación del texto original del artículo 15”, afirma Espinoza.
La Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia establece que los postulantes que hayan superado las tres pruebas (psicométrica, toxicológica y de conocimiento) serán investigados en todo lo relacionado a su trayectoria personal, profesional y patrimonial, solicitando y recibiendo toda la información de las instituciones, organizaciones y personas que la Junta considere competentes y relevantes, las que deberán responder en un plazo no mayor a diez días hábiles.
Entre los 174 postulantes a ser candidatos a magistrados sobresale el abogado Luis Miguel Lara Hernández, representante de la minera Inversiones Los Pinares, propiedad del empresario Lenir Pérez.
En agosto de 2018, pobladores y pobladoras de las comunidades del sector Guapinol en Tocoa, Colón, instalaron un campamento en protesta a las actividades de la empresa minera Inversiones Los Pinares que trabajaba en la apertura de una carretera dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras, ubicado a escasos metros de los Ríos Guapinol y San Pedro.
Los pobladores de las comunidades de Guapinol y San Pedro denunciaron que “el arrastre de los sedimentos de la apertura de la carretera hizo que los sistemas de agua potable se llenaran de lodo”.
Además, señalaron la ilegalidad y autorización sin consulta de la concesión minera otorgada a la empresa Los Pinares, pese a que el Instituto de Conservación Forestal (ICF) dictaminara que la minería no podía operar sobre la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras.
Un mes después de instalado el campamento, respaldado por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, la minera Los Pinares presentó denuncias penales contra 31 pobladores de la comunidad por el delito de asociación ilícita.
En septiembre de 2019, tras la denuncia de la minera Los Pinares y la acusación del Ministerio Público una jueza de jurisdicción nacional dictó un auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra ocho de los 31 defensores de los ríos Guapinol y San Pedro por los delitos de incendio agravado y privación injusta de libertad.
Luis Miguel Lara Hernández, acusador privado en el caso contra los defensores de Guapinol, al salir de la prueba toxicológica dijo que confiaba en el proceso y esperaba que se eligieran a las mejores personas para llegar a la Corte Suprema de Justicia.
“Nosotros los que buscamos es que la Corte Suprema de Justicia nueva sea una Corte beligerante, que se imparta justicia de manera pronta, expedita, justa, y que tratemos de realizar lo mejor para el país”, manifestó Luis Miguel Lara, al ser consultado por Radio Progreso sobre su propuesta para transformar el sistema de justicia.
“Criminalización y manipulación”
De acuerdo a la matriz de evaluación que contiene la Ley Especial de la Junta Nominadora, los aspirantes que pasen a la fase de entrevistas serán consultados sobre conocimiento en estándares internacionales de derechos humanos relacionados con el acceso y la administración de la justicia y políticas públicas judiciales con enfoque basado en derechos humanos.
Radio Progreso preguntó al abogado Luis Miguel Lara si estaba consiente que en el proceso de evaluación podría perder puntos, puesto que la Junta Nominadora tomará en cuenta la ética profesional, entre ella la ausencia de comportamientos que desconozcan los derechos humanos en general.
– ¿Abogado, está consiente que podría perder puntos en la matriz de acuerdo a los casos de derechos humanos, siendo que usted fue parte de un proceso de criminalización contra los defensores del Río Guapinol?
- “Casualmente nosotros fuimos parte en ese proceso, como usted bien lo dice, pero también no solo hemos participado como acusadores privados, sino que también defendimos a varios maestros en 2009 acusados por sedición de los cuales su servidor los defendió y salieron libres”.
Luis Miguel Lara agregó que “espero que se tomen en consideración todos los casos en los que participamos, recuerde que los litigantes privados podemos actuar en diferentes procesos, ya sea como defensores o acusadores”.
En ese sentido, el diputado Ramón Barrios, integrante de la comisión legislativa que dictaminó la Ley Especial de la Junta Nominadora, reitera que en el caso del abogado Luis Miguel Lara tendrá que considerarse la ética en la matriz de evaluación: “yo diría que en este postulante en particular será un caso –Guapinol- muy tomado en cuenta, porque la matriz lo dice así, tiene una parte ética que vale 20%”.
A criterio de la abogada Kenia Oliva, aspirantes como el abogado Luis Miguel Lara no pueden integrar la Corte Suprema de Justicia, puesto que han sido parte del sistema de criminalización contra defensores y defensoras, ejerciendo manipulación sobre el Ministerio Público.
“Son personas que no son idóneas para ser parte de un Poder Judicial, no serán magistrados independientes, no van a aplicar una justicia expedita porque van a responder a ciertos grupos de poder, como es el caso del abogado Luis Lara que ha representado a la empresa Los Pinares para criminalizar y mantener en la cárcel a los defensores de Guapinol”, puntualiza la abogada Oliva, quien formó parte la defensa de los ambientalistas del Río Guapinol y San Pedro.
Oliva denuncia que el abogado Luis Miguel Lara “no solo ejercía una labor como representante de una sociedad mercantil, sino ejercía una labor de manipular e influenciar al Ministerio Público para que respondiera a los intereses de la empresa”.
Agrega que durante el juicio contra los defensores de Guapinol hubo manipulación y “muchas acciones simbólicas” por parte del abogado Luis Miguel Lara “para demostrar el poder económico que tiene la empresa”.
“Además de una actitud misógina que fue evidente durante todo el proceso, en mi caso como parte del equipo de defensa de los compañeros y compañeras de Guapinol era la única mujer, su actitud siempre fue patriarcal hacia mi persona, un trato diferenciado con mucho desprecio por mi labor como defensora de derechos humanos”, acusa la abogada Oliva y sostiene que Luis Miguel Lara tiene “no tiene los puntos o la solvencia moral” para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
El artículo 20 de la Ley Especial de la Junta Nominadora establece que, sobre el listado preliminar de los postulantes a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia que pasarán a la entrevista final, cualquier persona podrá presentar una denuncia o tacha contra alguno de los convocados, mediante escrito fundamentado en los requisitos, inhabilidades y criterios de selección establecidos en la Ley.
