viernes, 27 de mayo de 2022

Capturan a otro extraditable

Radioprogresohn.net

Por su medio de sus redes sociales, la Policía Nacional Preventiva informó hoy sábado (21/05/2022) sobre la captura de otro hondureño solicitado en extradición por Estados Unidos por haber cometido delitos de narcotráfico.

“La Policía Nacional confirma la captura de otro extraditable. Este se convierte en la tercera persona detenida por tener orden de captura por extradición en menos de una semana”, señaló en la red social de twitter la Policía Nacional.

Aunque no reveló su nombre en la publicación, trasciende que se trata de Rafael Cáceres Soto, ciudadano capturado la mañana del sábado en San Pedro Sula.

Desde el 2016, Estados Unidos había solicitado en extradición a Rafael Eduardo Cáceres Soto, hoy con 38 años de edad por sus vínculos con el narcotráfico. En diciembre de 2014, Cáceres Soto fue detenido en posesión de 20 mil dólares, cuando intentaba salir del país por el Aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, pero fue dejado en libertad.


Los adormecidos que despertaron


Defensoresenlinea.com

Es impresionante observar en estos primeros cuatro meses de administración post dictadura toda la energía expresada por sectores económicos, mediáticos, religiosos y políticos, que estuvieron sometidos a la verticalidad conveniente de la manada cuyo jefe está enjaulado en Nueva York en condiciones de reo terrorista.

Lejos de ese mal recuerdo llamado joh, el país vive actualmente una descompresión. Las momias que habitaban el inframundo del miedo y la esclavitud han tomado las calles, los periódicos y la televisión, para abrazarse con la libertad.

Los sectores que conocen bien las calles, en cambio, están menos excitados a la espera que el gobierno de la alianza Interpartidaria resuelva en democracia el enorme retraso provocado por las momias. Esta es la descompresión social de la que hablamos.

Las formas alternativas de protesta o de libre expresión han sido tomadas por los sectores que en 12 años las condenaron absolutamente. Las tomas de calles y carreteras, el uso de carteles y graffiti, las manifestaciones, la ocupación de edificios, los comunicados públicos de carácter censor, los bloqueos, hasta los ayunos.

En términos de la doctrina de derechos humanos no hay conflicto con esas manifestaciones de la libertad individual y colectiva, porque son derechos fundamentales. Pero si vemos la inversión de roles políticos en el contexto actual estamos en la obligación de explicar algunos elementos que hacen falta en el cuadro.

Por ejemplo, los cristianos evangélicos, que han lavado dinero de los carteles criminales en templos, propiedades e inversiones diversas, ahora están alarmados por la bandera de la diversidad sexual y profetizan catástrofes, como si fuera poco el huracán narco corrupto bendecido con sus aceites.

La identidad de género de una persona, así como su opción sexual, su derecho a la libre asociación y a la libre expresión, es un derecho humano inalienable que está por encima de los dogmas. Por encima de las oraciones que claman por un narco-terrorista.

En cuanto a los dueños de los buses y camiones, esos barones al servicio del partido nacional, que han movilizado históricamente electores y masas asalariadas del circo, dirigen contra Xiomara las primeras tomas de carreteras en 2022. En 12 años fueron obedientes al amo y rodaron sus motores mascullando en silencio sus rabietas.

Ahora que la guerra indirecta de Estados Unidos contra Rusia, utilizando la OTAN, encarece el precio de los combustibles fósiles a nivel local y dispara la inflación en todo el planeta, los buseros y camioneros tocan violentamente la puerta del gobierno y el Cohep se asocia en complicidad con ellos en nombre de la inversión y la atracción de capitales.

Por años trabajando para la industria de la extorsión, los transportistas y sus representantes corporativos pretenden en un saz la erradicación inmediata de sus problemas por la nueva presidenta.

Vamos ahora a la confluencia del Colegio de Periodistas y C-Libre, dos organizaciones que siempre anduvieron en vías paralelas con respecto a las violaciones a la libertad de expresión y la vigencia de los delitos contra el honor, causantes de múltiples querellas contra trabajadores de medios.

En 2001, durante el gobierno del presidente del Mitch, como llamó el agudo Víctor Meza a Carlos Flores Facussé, el Colegio de Periodistas rechazó el informe presentado por C-Libre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y se rehusó a apoyar una iniciativa para suprimir los delitos contra el honor en el Congreso Nacional.

El gobierno del Mitch fue el más intolerante a la crítica pública que registra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 1998 y 2002. Aquella dictadura mediática provocó la destitución de editorialistas, jefas de redacción, directores de canales de televisión y dueños de medios no alineados. La mayoría de las víctimas curiosamente eran parte del movimiento C-Libre en aquel momento, o comulgaban con él.

Uno de los extremos de aquella intolerancia llevó al gobierno del Mitch a promover cambios en la ley del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, para castigar al abogado Leo Valladares Lanza que insistía en la vigilancia ciudadana post huracán, especialmente de los contratos de reconstrucción. Todo el gabinete de aquel régimen comprometido con la corrupción no fue juzgado hasta nuestros días por sus tropelías.

“Una crítica al presidente es una crítica al Estado, y por tanto es un acto de traición a la Patria”, así decían los horribles portavoces de la Asociación de los viejos medios de Honduras y la frase era repetida entonces por los periodistas asalariados de ese sistema.

En la actualidad, con la presidencia de la sociedad interamericana de periódicos, que ostenta el propietario de La Prensa y El Heraldo, hay una insistencia en la despenalización de la calumnia y la difamación que no fue impulsada durante la dictadura, porque no era necesaria.

El sistema de medios contó durante 12 años con una ley de canje publicitario, que permitió a las empresas de comunicación intercambiar sus facturas de impuestos pasadas y futuras por la difusión de los contenidos y líneas editoriales del jefe de la manada y sus hermanos.

Además, en los años de la dictadura corrupta, por la vía de exoneraciones, los medios ahora desatados se quedaron con más de 150 millones de dólares. Estas cifras fueron mostradas la noche del viernes por el ministro asesor Milton Benítez en su programa el perro amarillo.

Benítez explicó la posibilidad que barones mediáticos y banqueros asociados sean extraditados a los Estados Unidos por actividades de lavado de activos de la corrupción y del narcotráfico. Y que esta realidad sería la que motiva su comportamiento censor y de apariencia celosa por la libertad de expresión en el gobierno actual.

Además, dijo el funcionario, el hecho que el gobierno no tiene pauta para las empresas mediáticas privadas fortalece en cambio los medios públicos para informar a la población.

“Los medios tradicionales están en un ataque con cuchillos largos y violentos hacia el nuevo gobierno para presionarlo a pagar pauta publicitaria” aseguró el ministro Benítez. Un ejemplo que dio fue el del Grupo OPSA, de Jorge Canahuati Larach, que obtuvo de la dictadura un beneficio de 47 millones de dólares entre 2014 y 2021, y que actualmente está en posición de ataque.

Los actuales portavoces del Colegio de Periodistas, que han sido empleados de Canahuati en sus periódicos, buscan convertir la libertad de expresión en un medidor internacional sensible para reducir la fuerza del gobierno que reemplazó a los narcos. Este razonamiento del ministro asesor es ilustrado con las portadas de los diarios atacando la amnistía, los incendios, la nueva Constitución, las inundaciones, la influencia política de Manuel Zelaya, las demandas de empleo de los activistas, y otros temas que forman el concierto favorito de los sin pauta.

Es curioso esta descompresión social de los actores antes dormidos y ahora despiertos. No son las maras M13 y M18 ni los carteles sobrevivientes ni las fuerzas armadas que perturban al nuevo gobierno en su calidad de fuerzas hostiles. Son las identidades religiosas, económicas y políticas que se beneficiaron directamente de los 12 años de dictadura.

Es tan fuerte la disposición de bloquear al pueblo hondureño que, en dicha estrategia, no se perdonan las disidencias. El diputado Rolando Barahona, del partido nacional por Comayagua, joven inteligente, independiente, con criterio propio, ha sido silenciado a pitazos y amenazado con la expulsión por decir la verdad en el Congreso Nacional. La verdad que confronta el miedo. La verdad que rompe el sometimiento.

A propósito, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, en su reciente libro sobre la “La sociedad Paliativa”, explica que el sometido neoliberal ni siquiera es consciente de su sometimiento al control central. Pensemos aquí en todos los sectores que estuvieron atados a Hilda, Tonny, Ana y joh por la vía de las pautas. Esos sectores, siguiendo a Han, se figuran ahora ser muy libres. Sin necesidad de que los obliguen desde afuera, se explotan voluntariamente a sí mismos creyendo que se están realizando. Hacen bulla en plenitud.

Dice el filósofo que, en sus cabezas, la libertad de los oprimidos no se reprime, se explota. El imperativo es negar al otro su existencia, estar atento a sus pifias o errores, nunca a sus aciertos, y siempre atentos a nuestra felicidad, a nuestra prosperidad. Eso, sin embargo, les genera una presión que es más devastadora que el imperativo de ser obedientes.

Han sido obedientes por tanto tiempo que hoy están desbocados en la línea de la libertad. Este día, por ejemplo, los sin pauta son incapaces de ver que la fiesta de la amnistía se celebra en Honduras con un Encuentro Centroamericana de Memoria Histórica.


Semana Internacional del Detenido Desaparecido por el rescate de la Memoria


Defensoresenlinea.com

La próxima semana el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), presentará una serie de actividades por el rescate de la memoria histórica, iniciando el martes 24 de mayo hasta el viernes 27.

Conversatorio, videoforos, exposición de arte, la premier del documental “Una Historia en 6 partes” y el II encuentro de la Red Centroamericana de Memoria con participantes nacionales e internacionales, se contemplan para la próxima semana.

El Hogar contra el Olvido, el Museo de la Memoria y la Sede del COFADEH, serán parte de los escenarios para el fortalecimiento de la Memoria Histórica que impulsa la insigne institución en el marco de sus 40 años de fundación.

La Semana Internacional del Detenido Desaparecido fue instituida en América Latina por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) desde hace más de tres décadas.

La figura de la desaparición forzada tiene carácter permanente y continuado, mientras no sea localizada la persona desaparecida, el delito se sigue cometiendo.

Es así que, el COFADEH y la Cinemateca Universitaria “Enrique Ponce Garay” serán las organizaciones hondureñas que recibirán a las demás entidades centroamericanas que integran la Red Centroamericana de Memoria y con la invitación extensiva a Costa Rica.

El encuentro será oportuno para intercambiar experiencias en el rescate de la Memoria Histórica, fortalecer lazos de trabajo conjunto y apuestas regionales, durante la Semana Internacional del Detenido Desaparecido que se conmemora los últimos días de mayo.

En cualquier lugar, todas las personas se pueden unir a las actividades conmemorativas colocando flores, encendiendo velas o compartiendo información a fin de reconocer los derechos de las personas detenidas-desaparecidas y para solidarizarse con las personas que las buscan.

En Honduras, al menos 184 casos de detenidos desaparecidos de la década de 1980 han sido documentados por el COFADEH, sin embargo, muchos casos no fueron denunciados, y otros sucedieron en los años subsiguientes, como ser durante el Golpe de Estado de 2009, fraude electoral de 2017, incluso durante la suspensión de garantías Constitucionales por la pandemia del COVID-19.

Durante la conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido se dará cita familiares de Detenidos Desaparecidos, víctimas de la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional, sobrevivientes de crímenes de lesa humanidad, defensores y defensoras de derechos humanos, académicos, analistas políticos, lideres sociales y políticos, Cuerpo Diplomático y Cooperación Internacional.


Henry Bonilla: Estoy del lado correcto de la historia


Defensoresenlinea.com

Tenía 14 años cuando salió junto a su padre a protestar contra el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Ambos tienen el mismo nombre, Henry Bonilla, y continúan compartiendo sus vidas por el rescate de la patria.

La familia de Henry Arturo Bonilla Acevedo, ahora de 26 años, a partir del pasado 3 de agosto se vio obligada a vivir la persecución política de manera personal, cuando la Policía Nacional capturó al joven estudiante de Banca y Finanzas, reconocido por su lucha social desde pequeño.

El ejemplo lo recibió de su papá, don Henry, mecánico automotriz y dirigente del colectivo político del partido Libertad y Refundación (LIBRE) en su comunidad. ÉL dejó a un lado su trabajo para emprender la lucha por la libertad de su hijo.

Henry Arturo permaneció privado de libertad en la Penitenciaría Nacional Gral. “Marco Aurelio Soto” en Támara, norte del Distrito Central. Allí estaba su papá, afuera acompañado de familiares y amistades, esperando el momento de reencontrarse con el joven preso político, acusado por el supuesto delito de incendio agravado en su grado de complicidad en perjuicio de la Embajada de los Estados Unidos de América, hecho ocurrido el 31 de mayo de 2019.

Fue su familia quien recurrió al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), para que representara a Henry, quien fue liberado gracias a las gestiones legales y mediaciones de la institución y su coordinadora general Berta Oliva, que siempre creyó en él nunca debió estar privado de libertad.

Un día después de su liberación, Henry su papá y su tía visitaron a doña Berta en su oficina, finalmente de efectuó el abrazo previo a la navidad del 2021, por lo que han enfrentado el proceso legal bajo medidas sustitutivas a la prisión.

Este lunes 16 de mayo se suspendió la audiencia de presentación de medios de pruebas, hasta   que se resuelva el Recurso de Apelación presentado por el COFADEH ante la negación de aplicar el Decreto de Amnistía 04/2022, solicitado el 02 de mayo mediante audiencia AD HOC que, el juez Melvin Quiroz estimó fuera de contexto, procediendo a la audiencia de proposición de medios de prueba, declaró Karol Cárdenas, abogada del cuerpo legal defensor.

Henry aún espera que se aplique a su favor la LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO Y PARA QUE LOS HECHOS NO SE REPITAN, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 35,840 del 4 de febrero de 2022, y ponerle fin a este proceso penal que le ha marcado la vida.

En diálogo con www.defensoresenlinea.com Henry comentó que, recobrar la libertad le ha traído días muy buenos, aprendió a valorar más su familia, el tiempo que debe dedicar a sus estudios y ahora inicia un nuevo empleo, en el que debe estar solicitando permiso para asistir a la CSJ

Pero tiene pendiente este juicio por vencer junto al COFADEH, organización que lo ha trabado como parte de su familia y que él le tiene agradecimiento. Considera que, “lo que venga es ganancia, en este caso siempre he sido inocente y me siento muy feliz porque creo que todo se está resolviendo, gracias a Dios estamos saliendo adelante hasta con la aptitud, estoy estudiando en la universidad, retomé el plan de Estudios de Banca y Finanzas, el cual fue interrumpido por la pandemia del COVID-19 y la persecución política”.

Agregó que, los cuatro meses en prisión le sirvieron para fortalecer sus relaciones familiares y valorar la lucha social. “La libertad es lo más bonito que uno tiene, se puede ir a donde quiera”.

Estos años de lucha, le confirman que él enfrenta una persecución política, porque lo criminalizaron en el marco de protestas contra decretos que la narcodictadura de Juan Orlando Hernández, quería aprobar en cuanto a la privatización de la salud y educación, lo que afectaría más al pueblo.

“Entonces como estudiante consciente, salí a protestar y fui perjudicado”, externó el expreso político, “pero lo que he emprendido con la lucha social no me arrepiento, porque he estado en la calle con el pueblo. El pueblo merece una educación de calidad y salud integral pública y gratuita, todo lo que me pasó fue por algo, estábamos en medio de una narcodictadura y todo lo que iba en contra de ellos (gobernantes) lo criminalizaban, lo metían preso y -peor aún- lo desaparecían como conoce el COFADEH”.

¿Usted sabía que existía una persecución jurídica en su contra?

La verdad que no, yo me di cuenta hasta que fui arrestado, tras una persecución que me dio una patrulla policial, por orden de la Dirección de Investigación Criminal (DPI), para mí fue sorpresa.

En el 2020 me detuvieron bajo engaño que querían ampliar información sobre el caso del suicido de mi amigo “Dany”, ahí me dijeron que yo tenía una investigación, pero no sabía de este proceso.

Cuando me informaron que era cómplice del caso que me imputan, me sorprendí, yo solo estaba viendo al igual que muchas otras personas, no sé por qué las autoridades me vincularon a ese hecho, y así lo afirma el Ministerio Público y el Poder Judicial.

En cuanto al acompañamiento del COFADEH, afirmó que “me ha acompañado y representado muy bien, no tengo queja de su labor, las miro como una familia que me ha tratado de lo mejor y tengo confianza en ellas, doña Berta y las abogadas confían en mí, sé que de esta vamos a salir, pero es un proceso largo con emociones altas y bajas.

“Ahorita salí con la moral en alto, espero que se resuelva el Recurso de Amparo a nuestro favor, porque sé que siempre estuve del lado correcto de la historia y no creo que vaya a pagar algo que yo no hice”, finalizó Henry Arturo, mientras el Tribunal informa sobre la nueva fecha de audiencia.


viernes, 20 de mayo de 2022

Compromiso férreo con la defensa de los derechos humanos

Defensoresenlinea.com

Por Giorgio Trucchi - Rel UITA
Manuel Díaz Galeas | Foto: Giorgio Trucchi

El pasado 11 de mayo, el Estado de Honduras reconoció sus responsabilidades en la ejecución extrajudicial del activista político, maestro y asesor sindical Herminio Deras García, ocurrida en 1983, así como en la persecución brutal en contra de sus familiares.

Se trata de un cambio significativo en la sistemática política de negación de las autoridades hondureñas ante la demanda de verdad y justicia por los asesinatos y desapariciones de los años 80.

“El Estado ha presentado un allanamiento1 total en el caso de Herminio Deras y ha reconocido su responsabilidad por este crimen atroz, que se dio en un contexto histórico convulso, encuadrado en la aplicación de la doctrina de seguridad nacional”, dijo a La Rel, Manuel Díaz Galeas, Procurador General de la República.

“Esta decisión se enmarca en los postulados de la nueva administración de la presidenta Xiomara Castro, donde hay un compromiso férreo con el respeto y defensa de los derechos humanos”, agregó.

Durante la presentación de los alegatos, la representación del Estado lamentó profundamente lo ocurrido y expresó disculpa pública por los daños ocasionados a las víctimas.

También acató la sentencia que emitirá la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y asumió el compromiso de iniciar un proceso de reparación integral del daño, adoptar medidas de rehabilitación y fijar indemnizaciones compensatorias.

“Vamos a esperar las medidas de reparación que dicte la Corte en su sentencia. Luego, en conjunto con la familia, sus representantes y las otras instituciones del Estado involucradas, vamos avanzando en el cumplimiento”, explicó Díaz Galeas.

El asesinato de Vicky Hernández

La decisión tomada en la audiencia se suma a la anunciada la semana pasada por la presidenta Castro, de reconocer la responsabilidad del Estado en la muerte violenta de Vicky Hernández, mujer trans y defensora de los derechos de las personas LGBTI.

Hernández fue ultimada por integrantes de la fuerza pública la madrugada del 28 de junio de 2009, mientras el país sufría un sangriento golpe de estado.

Después de 12 años, el caso llegó hasta la Corte IDH que dictó una sentencia histórica, siendo la primera en un caso de transfemicidio.

“La presidenta Castro pidió ser ella a expresar las palabras de disculpa y perdón a la madre y la familia de Vicky.

Es un hecho trascendental, que se enmarca en el compromiso de esta administración de reconocer excesos del pasado y asumir otra filosofía en materia de derechos humanos”, concluyó Díaz Galeas.


1 Aceptación total de los contenidos de la demanda de parte del demandado, que determina la terminación del proceso con sentencia no contradictoria de fondo en la que se le condenará.

El pasado 11 de mayo, el Estado de Honduras reconoció sus responsabilidades en la ejecución extrajudicial del activista político, maestro y asesor sindical Herminio Deras García, ocurrida en 1983, así como en la persecución brutal en contra de sus familiares.

Se trata de un cambio significativo en la sistemática política de negación de las autoridades hondureñas ante la demanda de verdad y justicia por los asesinatos y desapariciones de los años 80.

“El Estado ha presentado un allanamiento1 total en el caso de Herminio Deras y ha reconocido su responsabilidad por este crimen atroz, que se dio en un contexto histórico convulso, encuadrado en la aplicación de la doctrina de seguridad nacional”, dijo a La Rel, Manuel Díaz Galeas, Procurador General de la República.

“Esta decisión se enmarca en los postulados de la nueva administración de la presidenta Xiomara Castro, donde hay un compromiso férreo con el respeto y defensa de los derechos humanos”, agregó.

Durante la presentación de los alegatos, la representación del Estado lamentó profundamente lo ocurrido y expresó disculpa pública por los daños ocasionados a las víctimas.

También acató la sentencia que emitirá la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y asumió el compromiso de iniciar un proceso de reparación integral del daño, adoptar medidas de rehabilitación y fijar indemnizaciones compensatorias.

“Vamos a esperar las medidas de reparación que dicte la Corte en su sentencia. Luego, en conjunto con la familia, sus representantes y las otras instituciones del Estado involucradas, vamos avanzando en el cumplimiento”, explicó Díaz Galeas.

El asesinato de Vicky Hernández

La decisión tomada en la audiencia se suma a la anunciada la semana pasada por la presidenta Castro, de reconocer la responsabilidad del Estado en la muerte violenta de Vicky Hernández, mujer trans y defensora de los derechos de las personas LGBTI.

Hernández fue ultimada por integrantes de la fuerza pública la madrugada del 28 de junio de 2009, mientras el país sufría un sangriento golpe de estado.

Después de 12 años, el caso llegó hasta la Corte IDH que dictó una sentencia histórica, siendo la primera en un caso de transfemicidio.

“La presidenta Castro pidió ser ella a expresar las palabras de disculpa y perdón a la madre y la familia de Vicky.

Es un hecho trascendental, que se enmarca en el compromiso de esta administración de reconocer excesos del pasado y asumir otra filosofía en materia de derechos humanos”, concluyó Díaz Galeas.


1 Aceptación total de los contenidos de la demanda de parte del demandado, que determina la terminación del proceso con sentencia no contradictoria de fondo en la que se le condenará.


Culpables Marcos Bográn y Alex Moraes por caso de Hospitales Móviles

Radioprogresohn.net

Por unanimidad de votos, el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, declaró culpables a Marco Bográn por el delito de Fraude Agravado Continuado y a Alex Moraes por el delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios Agravada Continuada por la compra de Hospitales Móviles.

De acuerdo a lo informado por el vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, a Marco Bográn se le declaró culpable por dos delitos de fraude y dos por violación de los deberes de los funcionarios, y en el caso de Moraes se le absolvió del delito de fraude argumentando que este siguió órdenes de Bográn.

Ambos acusados se les señala de responsabilidad penal en la compra de siete hospitales móviles a una empresa de Turquía donde se señala al ciudadano estadounidense de origen guatemalteco Axel López por ser el proveedor de los hospitales, sin embargo, se encuentra prófugo de la justicia hondureña.

Marco Bográn continuará en prisión preventiva, mientras Moraes queda en libertad, a espera de la resolución por individualización de la pena. Bográn podría enfrentar una pena carcelaria de entre 8 y 10 años. Moraes, por su parte, no guardaría prisión, beneficiado por las modificaciones plasmadas en el Nuevo Código Penal de Honduras.

El Ministerio Público, descontento por la declaratoria en contra de Moraes, a través de sus fiscales, informó que apelará la decisión del tribunal.

La individualización de la pena será dictada el 31 de mayo, dijo el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.


Continúa proceso para juicio contra perseguido político

Defensoresenlinea.com

El lunes 16 de mayo, será la Audiencia de Presentación de Medios de Prueba, previo al juicio Oral y Público contra el estudiante universitario Henry Arturo Bonilla Acevedo.

El pasado 5 de mayo, el Tribunal de la Sala II de Juicos Orales y Públicos que preside el Juez Melvin Quiroz, declaró sin lugar la aplicación del Decreto de Amnistía 004-2022 que solicitó el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) como representante legal de Bonilla Acevedo.

Pese a que se cumplió con los requisitos que establece LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO Y PARA QUE LOS HECHOS NO SE REPITAN, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 35,840 del 4 de febrero de 2022, el Tribunal estableció continuar con el proceso legal.

Henry Bonilla, estudiante de Banca y Finanzas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), estuvo privado de libertad 4 meses del año pasado en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, desde agosto hasta diciembre de 2021, y salió con medidas sustitutivas a la prisión, a petición del COFADEH.

Acusado por el supuesto delito Incendio Agravado en su grado de complicidad en perjuicio de la Embajada Americana en Tegucigalpa, Henry Bonilla nunca debió estar privado de libertad “estábamos convencidas que su detención era arbitraria, y que por lo tanto al hacer el rol de defensoría, poniendo todos los argumentos legales en mesa, el juez tenía que dejarlo en libertad provisional”, afirmó en su momento Berta Oliva, coordinadora general del COFADEH.

Henry Bonilla Acevedo y Berta Oliva, un día despúes de recobrar su libertad
Henry Bonilla Acevedo y Berta Oliva, un día despúes de recobrar su libertad


En la audiencia anterior, el Tribunal consideró que, para la aplicación de la Amnistía Política, no sólo debe ser bastar constancias –según la Ley el COFADEH debe acreditar que el solicitante es un perseguido político y la Secretaría de Derechos Humanos hace constar lo mismo-, por lo que ellos hacen valer el Principio de Independencia Jurídica.

El Tribunal capitalino, reconoció que el hecho de la quema de llantas en el portón de entrada de la Embajada de los Estados Unidos de América, en Tegucigalpa, el 30 de mayo de 2019, era parte de las movilizaciones realizadas por la Plataforma en defensa de la Salud y Educación que se desarrollaban masivamente desde abril de ese año.

La defensa legal, Karol Cárdenas, presentó un Recurso de Reposición, al no compartir la decisión del Tribunal y expresó que el hecho fue parte de un descontento social por las medidas de privación de acceso a derechos fundamentes impuestas en ese momento por el régimen dictatorial de Juan Orlando Hernández, que fue avalado por el gobierno estadounidense, y donde ahora lo tienen privado de libertad bajo cargos de narcotráfico.

El Decreto de AMNISTÍA PARA LA LIBERACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS Y LOS PRESOS DE CONCIENCIA, se aplica “A las personas que han ejercido su derecho constitucional a la protesta social, mediante acciones de resistencia a la opresión y desobediencia civil de diversa índole, y cuyas acciones fueron reprimidas por acciones policiales y militares y criminalizados por el Ministerio Público y el Poder Judicial por motivaciones evidentemente políticas”, según el inciso “b”, pero el Tribunal no lo estimó así, igual que el Ministerio Público y la Embajada de los Estados Unidos de América.


La cuestión migratoria en Mesoamérica: de la crisis estructural a la injerencia norteamericana


Alai.info

Por CARLOS MAURICIO FEROLLA 

En los últimos años se agudizó la crisis migratoria en los países de Mesoamérica. Desde la región del Darién -en la frontera de Panamá y Colombia- hasta el límite fronterizo que separa México y Estados Unidos, los flujos de migraciones irregulares se intensificaron a causa de la crisis estructural que atraviesan los países de la región, agravados con la pandemia del Covid-19.

El incremento de las desigualdades, la pobreza y la violencia social, sumado a la crisis institucional y a los efectos devastadores de la crisis climática, aparecen como los principales factores que llevan a migrar a decenas de miles de personas. La respuesta de los gobiernos de la región ante las sucesivas caravanas migratorias es mayormente represiva. Estados Unidos es el destino de la mayoría de las personas que parten de Centroamérica o recorren estos países hacia el norte del continente.

Crisis social, económica y política en Centroamérica

Para analizar la cuestión migratoria en Mesoamérica dialogamos con Carlos Barrientos, integrante del Comité de Unidad Campesina (CUC) de Guatemala. Para el dirigente social es importante enmarcar la crisis migratoria en la situación política, social y económica que atraviesan los países centroamericanos: “Centroamérica es una región pobre, encontramos casos extremos como el de Honduras con 52% de pobreza extrema y Guatemala donde el 49% de los menores de 5 años sufre desnutrición infantil crónica”. El incremento de la pobreza se debe en gran parte al impacto social de la pandemia: a esto se suma que la crisis sanitaria, la falta de vacunas y de equipamientos médicos, deterioraron aún más las condiciones de vida de las poblaciones.

El modelo económico que prima en la región es neoliberal y extractivista, basado en la minería y en la precarización y pauperización de la fuerza de trabajo. Además, el modelo de acumulación en Centroamérica es cada vez más dependiente de las remesas que envían las personas migrantes. El dirigente del CUC detalla que “el país que más remesas recibe en relación a su Producto Bruto Interno es El Salvador, con un equivalente al 20.69%. Luego sigue Honduras con un 20.32% del producto. En el caso de Guatemala las remesas ascienden al 14% del PBI. En Nicaragua es el 11.29%, en Costa Rica el 0.42% y en Panamá el 0.18%”.

Para Barrientos las remesas implican una “situación perversa”. Cuando las personas se ven forzadas a migrar hacia EE. UU. y envían las remesas a su país de origen, una buena parte de estas quedan en los bancos, cuando los familiares hacen el cambio a la moneda nacional. Otra parte va a parar a las empresas que producen bienes de consumo y ofrecen malas condiciones de trabajo, pagan bajos salarios y generan las condiciones para que las personas decidan migrar. Además, las remesas garantizan una importante entrada de dólares y mantienen estables las variables macroeconómicas generando condiciones propicias para la inversión privada.

Al modelo económico dependiente se suma la política autoritaria de gobiernos como los de Guatemala, Honduras y El Salvador. Además, estos países atraviesan por recurrentes crisis institucionales y políticas. Las instituciones hondureñas y guatemaltecas están cooptadas por la corrupción y sus funcionarios son denunciados por tener vínculos con bandas del crimen organizado y el narcotráfico. En Panamá, el caso Odebrecht comprometió a importantes dirigentes políticos e incluso a ex presidentes. En El Salvador, Nayib Bukele busca un poder absoluto capturando los poderes del Estado. Mientras tanto, y en un escenario marcadamente distinto, Nicaragua se ve asediada por el injerencismo norteamericano.

La migración forzada como expresión de la crisis neoliberal

Mesoamérica fue y es uno de los principales corredores migratorios del mundo y a lo largo de su historia podemos identificar distintas modalidades. Carlos Barrientos afirma al respecto que:

“En los años 80 del siglo XX, la principal causa del proceso migratorio en la región fueron los conflictos armados y la represión estatal masiva, lo que obligó a miles de personas a huir de la guerra, la violencia, la persecución. En ese entonces, el grueso de las personas que emigraban eran exiliados y refugiados, sobre todo de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. En la medida en que se fueron impulsando los procesos de paz en la región y fue finalizando la guerra, las causas de la migración se volvieron fundamentalmente económicas”.

Por otra parte, el fenómeno de las caravanas migrantes que se hizo visible a partir del 2018 presenta un riesgo y un desafío para los gobiernos de la región.

“El hecho se generó a través de las redes sociales. Se produjo un flujo de miles y miles de personas por mes. En cada país decidieron unirse y recorrer Guatemala y México intentando llegar a Estados Unidos. La respuesta del gobierno norteamericano fue desplegar alrededor de 7 mil efectivos policíacos y militares en su frontera con México, por lo que miles de personas fueron detenidas”, explicó el dirigente social.

Para Carlos Barrientos la relación entre crisis migratoria y profundización del modelo neoliberal es directamente proporcional:

“Se estima que entre 5 mil a 8 mil personas emigran de sus países por mes, sobre todo de Guatemala, El Salvador y Honduras. Anualmente migran a Estados Unidos alrededor de 200 mil centroamericanos y en los últimos 30 años el total superó los 16 millones de personas. Este es un flujo constante que se ha ido incrementando en la medida que el neoliberalismo ha ido avanzando. Las personas migran fundamentalmente a Estados Unidos, pero el 91% no lo hacen buscando el sueño americano, sino huyendo de la pesadilla que viven en sus países”.

La respuesta de los gobiernos de la región a la movilización de miles de personas que deciden migrar ha sido fundamentalmente represiva, produciendo la militarización de las fronteras. El ejército mexicano frenó el intento de los y las migrantes de cruzar su frontera hacia EE.UU., y la policía y los militares guatemaltecos rodearon los departamentos fronterizos con El Salvador y Honduras. “No hay en el caso de Guatemala ni en el de México una iniciativa para comprender el fenómeno de la migración ni para atenderlo de forma humanitaria. La respuesta fundamental, como en Estados Unidos, ha sido movilizar a efectivos policíacos y militares para impedir que las caravanas sigan caminando por sus respectivos países”, señaló Barrientos.

“Si Estados Unidos no hubiera intervenido apoyando dictaduras, los gobiernos militares y de derecha muy probablemente no existirían en los países de Centroamérica”

Esta política genera que muchas personas tengan que retornar forzosamente a la realidad de la que querían escapar, o buscar vías aún más inciertas para atravesar la frontera, poniendo en peligro sus vidas y quedando a merced de bandas criminales. Detrás de esto hay además una economía ilícita que lucra con las migraciones irregulares.

El rol de Estados Unidos: la doble cara del verdugo

La política injerencista de Estados Unidos es responsable de la crisis social y política de los países centroamericanos. Las migraciones cumplen un rol fundamental para el modelo económico noteamericano, ejerciendo presión sobre el mercado laboral y actuando como fuerza de trabajo en rubros donde la mano de obra es precarizada y tiene bajos salarios. A pesar de esto, las distintas administraciones estadounidenses han afrontado el problema migratorio como si fueran víctimas o damnificados, exigiendo a los países de Mesoamérica respuestas contundentes, represivas y criminalizadoras.

Sobre el rol de EE.UU en la crisis de los países centroamericanos, Carlos Barrientos explicó que: “Si Estados Unidos no hubiera intervenido apoyando dictaduras, los gobiernos militares y de derecha muy probablemente no existirían en los países de Centroamérica”. En lo que respecta a los migrantes, “EE. UU. ha tenido básicamente una política bipartidista, aunque con matices, porque lo que están defendiendo son los intereses de las empresas norteamericanas y los intereses de los dos partidos, el Republicano y el Demócrata”.

El continuum de la política exterior migratoria se observa en las decisiones que fueron tomando las distintas administraciones. El gobierno de Barack Obama tuvo una política sistemática de deportaciones, llegando a un promedio de 400 mil por año. Tras la crisis de los migrantes menores no acompañados del 2014 -alrededor de 70 mil niñas y niños fueron capturados-, Estados Unidos creó junto a Honduras, Guatemala y El Salvador el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN) para impedir, aparentemente, que las personas se vean en la necesidad de migrar.

Por su parte, Donald Trump le imprimió a la política migratoria estadounidense una visión explícitamente xenófoba, obligando a los gobiernos de México y del Triángulo Norte a tomar una serie de medidas represivas para combatir y detener la migración. Se estableció, por ejemplo, el acuerdo de “tercer país seguro”, que como indica Carlos Barrientos, “implicaba la utilización de las fuerzas de seguridad de los gobiernos para impedir la migración, porque en las precarias situaciones que hay en los países centroamericanos ningún país podía jugar ese papel de ser un tercer país seguro”. Para el dirigente social estas medidas no atacan las causas estructurales, sino que fortalecen el modelo que genera la expulsión de miles de personas.

En lo que respecta a la administración de Joe Biden, iniciada en 2020, si bien se puso fin a las políticas como “tercer país seguro” y “permanecer en México”, continúa en esencia la criminalización a los y las migrantes mediante deportaciones y detenciones:

“De enero a junio del 2021 Estados Unidos deportó a 109.553 personas. En mayo había 16.680 personas solicitantes de asilo, en ocho ciudades fronterizas mexicanas donde no se les había permitido permanecer. Otro elemento que indica la continuidad de las políticas de Trump es el número de personas detenidas: en julio del 2021 fueron unas 80 mil personas, entre ellos 19 mil menores no acompañados, que fueron capturados en la frontera sur. Además, en julio de este año la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo a 210 mil personas en tan solo un mes, lo que arroja el número mayor de detenidos en lo que va del siglo XXI”.

Otro de los casos paradigmáticos del continuismo es la política “título 42”, que es usada actualmente en el contexto de pandemia de la Covid 19 para deportar migrantes de manera selectiva y discriminatoria.

La migración como derecho y la alternativa al modelo neoliberal

Carlos Barrientos sostiene que para poder abordar la problemática migratoria de manera que pueda dar respuestas efectivas y humanitarias a la crisis, hay que enfocarse en tres aspectos estructurales. Los primeros dos están directamente relacionados: uno hace énfasis en discutir un nuevo modelo de desarrollo, diferente al modelo extractivista minero y energético que prima en la actualidad, “basado en poder extraer los recursos de la naturaleza, en tener bajos salarios y condiciones deplorables de trabajo, en el desarrollo de las maquilas y en el impulso de los monocultivos” indica el dirigente social. A la par, señala que se debe atacar la pobreza y la violencia general que atraviesa a los países de la región.

Por último, indica que hay que entender a la migración como un fenómeno consustancial a la especie: “intentar detener la migración es un enfoque equivocado, porque se está pretendiendo impedir una dinámica que existe desde los orígenes de la humanidad”. Por el contrario, Barrientos propone un enfoque basado en los derechos humanos, que conciba a las y los migrantes como sujetos políticos con dignidad y plenos derechos.


Referencias:

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ARGOS (31/08/2021). Securitización de las migraciones: ¿Seguridad nacional o negocio? ARGOS observatorio internacional de migraciones y derechos humanos. Disponible en: https://www.argosob.org/es/2021/08/securitizacion-de-las-migraciones-seguridad-nacional-o-negocio/

Ceja, I.; Alvarez Velasco, S. & Berg, U. (ccord) (2021). Migración. Ciudad de México: CLACSO

McGuirk, S. y Pine, A. (04/11/2020). Asilo a la venta: Lucro y protesta en la industria de la migración. Disponible en: https://rebelion.org/wp-content/uploads/2020/11/Introduccion-de-Asilo-a-la-ventaRebelion.pdf

Roldán Andrade, U. (2016). Otras miradas para el análisis de las migraciones. Actores/sujetos migrantes desde las realidades en Huehuetenango, Guatemala. En Carlos Sandoval Garcia (Ed.), Migraciones en América Central (pp. 297 – 314). San José, C.R.: Editorial UCR. Disponible en: https://www.academia.edu/download/51306784/Migraciones_en_America_Central_CSGEd2016.pdf#page=315

Roldán Andrade, U. (2020). Informe de investigación: Dinámicas migratorias y desplazamiento forzado en Guatemala. San José, C. R.: CONARE – PEN. Disponible en: https://repositorio.conare.ac.cr/bitstream/handle/20.500.12337/7955/Roldan_U_Dinamicas_migratorias_desplazamiento_Guatemala_2020.pdf?sequence=1