El pasado 11 de mayo, el Estado de Honduras reconoció sus responsabilidades en la ejecución extrajudicial del activista político, maestro y asesor sindical Herminio Deras García, ocurrida en 1983, así como en la persecución brutal en contra de sus familiares.
Se trata de un cambio significativo en la sistemática política de negación de las autoridades hondureñas ante la demanda de verdad y justicia por los asesinatos y desapariciones de los años 80.
“El Estado ha presentado un allanamiento1 total en el caso de Herminio Deras y ha reconocido su responsabilidad por este crimen atroz, que se dio en un contexto histórico convulso, encuadrado en la aplicación de la doctrina de seguridad nacional”, dijo a La Rel, Manuel Díaz Galeas, Procurador General de la República.
“Esta decisión se enmarca en los postulados de la nueva administración de la presidenta Xiomara Castro, donde hay un compromiso férreo con el respeto y defensa de los derechos humanos”, agregó.
Durante la presentación de los alegatos, la representación del Estado lamentó profundamente lo ocurrido y expresó disculpa pública por los daños ocasionados a las víctimas.
También acató la sentencia que emitirá la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y asumió el compromiso de iniciar un proceso de reparación integral del daño, adoptar medidas de rehabilitación y fijar indemnizaciones compensatorias.
“Vamos a esperar las medidas de reparación que dicte la Corte en su sentencia. Luego, en conjunto con la familia, sus representantes y las otras instituciones del Estado involucradas, vamos avanzando en el cumplimiento”, explicó Díaz Galeas.
El asesinato de Vicky Hernández
La decisión tomada en la audiencia se suma a la anunciada la semana pasada por la presidenta Castro, de reconocer la responsabilidad del Estado en la muerte violenta de Vicky Hernández, mujer trans y defensora de los derechos de las personas LGBTI.
Hernández fue ultimada por integrantes de la fuerza pública la madrugada del 28 de junio de 2009, mientras el país sufría un sangriento golpe de estado.
Después de 12 años, el caso llegó hasta la Corte IDH que dictó una sentencia histórica, siendo la primera en un caso de transfemicidio.
“La presidenta Castro pidió ser ella a expresar las palabras de disculpa y perdón a la madre y la familia de Vicky.
Es un hecho trascendental, que se enmarca en el compromiso de esta administración de reconocer excesos del pasado y asumir otra filosofía en materia de derechos humanos”, concluyó Díaz Galeas.
1 Aceptación total de los contenidos de la demanda de parte del demandado, que determina la terminación del proceso con sentencia no contradictoria de fondo en la que se le condenará.
El pasado 11 de mayo, el Estado de Honduras reconoció sus responsabilidades en la ejecución extrajudicial del activista político, maestro y asesor sindical Herminio Deras García, ocurrida en 1983, así como en la persecución brutal en contra de sus familiares.
Se trata de un cambio significativo en la sistemática política de negación de las autoridades hondureñas ante la demanda de verdad y justicia por los asesinatos y desapariciones de los años 80.
“El Estado ha presentado un allanamiento1 total en el caso de Herminio Deras y ha reconocido su responsabilidad por este crimen atroz, que se dio en un contexto histórico convulso, encuadrado en la aplicación de la doctrina de seguridad nacional”, dijo a La Rel, Manuel Díaz Galeas, Procurador General de la República.
“Esta decisión se enmarca en los postulados de la nueva administración de la presidenta Xiomara Castro, donde hay un compromiso férreo con el respeto y defensa de los derechos humanos”, agregó.
Durante la presentación de los alegatos, la representación del Estado lamentó profundamente lo ocurrido y expresó disculpa pública por los daños ocasionados a las víctimas.
También acató la sentencia que emitirá la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y asumió el compromiso de iniciar un proceso de reparación integral del daño, adoptar medidas de rehabilitación y fijar indemnizaciones compensatorias.
“Vamos a esperar las medidas de reparación que dicte la Corte en su sentencia. Luego, en conjunto con la familia, sus representantes y las otras instituciones del Estado involucradas, vamos avanzando en el cumplimiento”, explicó Díaz Galeas.
El asesinato de Vicky Hernández
La decisión tomada en la audiencia se suma a la anunciada la semana pasada por la presidenta Castro, de reconocer la responsabilidad del Estado en la muerte violenta de Vicky Hernández, mujer trans y defensora de los derechos de las personas LGBTI.
Hernández fue ultimada por integrantes de la fuerza pública la madrugada del 28 de junio de 2009, mientras el país sufría un sangriento golpe de estado.
Después de 12 años, el caso llegó hasta la Corte IDH que dictó una sentencia histórica, siendo la primera en un caso de transfemicidio.
“La presidenta Castro pidió ser ella a expresar las palabras de disculpa y perdón a la madre y la familia de Vicky.
Es un hecho trascendental, que se enmarca en el compromiso de esta administración de reconocer excesos del pasado y asumir otra filosofía en materia de derechos humanos”, concluyó Díaz Galeas.
1 Aceptación total de los contenidos de la demanda de parte del demandado, que determina la terminación del proceso con sentencia no contradictoria de fondo en la que se le condenará.
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