A casi 40 años de existencia el COFADEH ha abogado por memoria verdad justicia y reparación para los familiares de las víctimas de desaparición forzada por razones políticas
“Estamos en la antesala del Día Nacional del Detenido Desaparecido y del Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada (30 de agosto) que es parte de todo un trabajo que hemos venido realizando en conjunto con las organizaciones de derechos humanos del continente”.
Con estas palabras inició su comparecencia al programa “Voces contra el Olvido”, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, quien compartió micrófonos con el antropólogo y académico mexicano Edgar Chávez sobre la conmemoración el 30 de agosto, Día Internacional de Víctimas de la Desaparición Forzada.
“Esta fue una apuesta conjunta que la llevó a cabo la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), que es una oportunidad de traer el pasado al presente y para decirles a los pueblos, a los gobiernos; que las desapariciones forzadas por motivaciones políticas son una deuda, y que tienen que pagarla y que tienen que honrarla”, sostuvo Oliva.
En las realidades en el tema sobre las desapariciones forzadas en nuestros pueblos y de las desapariciones forzadas por motivaciones políticas, no existen diferencias, apuntó.
“En lo que hay diferencia es en los actores que, por supuesto son los ejecutores de las desapariciones, como policías y militares, pero el guión es el mismo, el patrón es el mismo, la apuesta política es la misma, porque este ha sido un proyecto neoliberal que inició en los años 70´s, especialmente en el cono sur”, explicó la reconocida defensora de los derechos humanos.
Oliva resaltó el hecho de que muchos militares perpetradores de torturas, desapariciones forzadas y asesinatos políticos como los Carabineros de Chile, por ejemplo, fueron entrenados en la Escuela de las Américas de Estados Unidos.
La Coordinadora del COFADEH aseguró que la misión de estos perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos, “era eliminar todo lo que significaba oposición política e ideológica”.
Es así que la metodología fue la misma y sobre el tema de la impunidad fue la misma, sólo que en algunos países se concentra más el tema de la impunidad.
Por ejemplo, en nuestro país, es en donde menos se dice de la brutalidad y de lo horrendo que es la implementación de las desapariciones forzadas. Lo que vivimos en aquella época fue que descaradamente se inicia con el alquiler del país a una potencia para instalar una base militar estadounidense y por supuesto la seguimos teniendo, detalló.
“Desde ahí operaban y desde ahí entrenaban también a las fuerzas militares de la región (Guatemala, Honduras, El Salvador)”, sostuvo
Oliva indicó que a lo largo de la dictadura de Juan Orlando Hernández (pendiente de juicio por narcotráfico en New York) que duró 13 años, se aprobó un nuevo código penal para evitar que no les pasara nada a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad.
La Coordinadora General del COFADEH dijo que cuando se acompaña casos de torturas en el país, éstas no se tipifican como tales, sino que se señalan en los tribunales como vejámenes, que no constituyen un delito como para enviar a la cárcel a los perpetradores de estas acciones.
“Tenemos enorme preocupación, porque si en estos 13 años han colocado esto, aunque las actuaciones fueron en público (como torturas ejecutadas por agentes del estado contra manifestantes) y se identificaron a los que participaron y a los que estuvieron a cargo y aun así se membretan las acciones como vejámenes, nos va a costar mucho más encontrar justicia”, explicó.
En torno a las exigencias de verdad, justicia, memoria y reparación, Bertha Oliva destacó que el COFADEH ha sentado precedentes presentando casos de desapariciones forzadas por razones políticas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Estos casos han sentado jurisprudencia, pero eso no basta, porque lo que desea la familia es encontrar los restos de sus parientes. Es un proceso de búsqueda asumido por el estado y no importa quién esté a cargo, lo que importa es asumir la responsabilidad de búsqueda que es vital, acotó Oliva.
“De nada sirve que se ganen juicios ante el Sistema Interamericano, si lo fundamental no se implementa que es la búsqueda, el encuentro para el reencuentro con la familia, porque lo importante es cerrar el duelo”, dijo.
Eso parece que no presta ninguna atención a los gobiernos, sino que presta la atención ir cumpliendo con lo básico, pero claro, nosotras sabemos que en nuestros países la ausencia de verdad, la falta de ética para investigar los casos, la complicidad del estado, de los organismos encargados para la investigación, ha sido el caldo de cultivo para que hoy tengamos el país como el que tenemos, en banca rota en temas de justicia, detalló Oliva.
“En este momento en el caso de Honduras, el poder Judicial, o sea todo el aparato de implementación de justicia, es el que ha cultivado la impunidad. Tenemos que trabajar para desmontar esa estructura disfrazada de legalidad que ha venido cometiendo actos brutales de ilegalidad y de injusticia y que consolida la impunidad”, expuso la reconocida defensora de los derechos humanos.
Por otra parte, Oliva criticó que hace falta mayor conocimiento de fiscales y de operadores de justicia sobre cómo abordar el tema de las desapariciones forzadas.
La Coordinadora General del COFADEH también habló sobre el abordaje que hacen las universidades en Honduras sobre el tema. Por ejemplo, dicen que las desapariciones forzadas o que las organizaciones de derechos humanos “no tenemos la razón y que ya deberíamos de dejar de existir porque ya pasó un tiempo. Esa es la falta de conciencia y la negación a asumir la responsabilidad y lo más duro es que es un caldo que cultiva desde las universidades, cuando hay una política alejada a la incorporación de búsqueda, que los jóvenes se vuelvan indiferentes sobre el tema”.
Por su parte y en comunicación “vía zoom”, el coordinador del Proyecto Sobre Desaparición Forzada en México y América Latina, proyecto de la Rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Cuajimalpa, Edgar Chávez, dijo que los crímenes de lesa humanidad que han dañado tanto a nuestros pueblos, los gobiernos siguen adeudándonos la justicia, la verdad, y el derecho de las víctimas al acceso a la justicia”.
Chávez dijo que, aunque hay algunos pequeños avances, también existen retrocesos como en el caso de Guatemala conocido como “El Diario Militar”, donde se está amenazando a jueces y se está amenazando la libertad de expresión que ponen de manifiesto una tenue antesala de lo que pudiera ser la impunidad.
“Los pueblos latinoamericanos estamos hermanados en una lucha en la cual ahora hay que recuperar también a las generaciones que vienen”, resaltó el entrevistado.
En torno a la realidad mexicana, Chávez dijo que pensar en las desapariciones forzadas en un marco democrático es profundamente inmoral.
“Estas más de 100 mil desapariciones nos ha llevado ya a superar incluso el nivel de indignación y bueno hay también un adormecimiento de muchos sectores de la población lamentablemente decirlo, pero hay una preocupación también constante, en esta perpetuidad de estas estructuras enquistadas de impunidad y que han cometido estos horrendos crímenes”.
Es el caso de Ayotzinapa, cuando recientemente ha venido ocurriendo este reconocimiento, lo cual es importante por parte del gobierno en decir que hay una responsabilidad de estado.
“Lo que sigue es lo conducente en la aplicación de la justicia. No desmantelamos el aparato que generó todo esto, entonces si no analizamos lo que hay detrás de una cadena de mando, si no analizamos qué es lo que motiva estas desapariciones, pero también quién las posibilita”, sostuvo Chávez.
El también antropólogo dijo que es necesario establecer alianzas y redes sociales hacia los defensores y defensoras de derechos humanos, hacia los impartidores de justicia que no se venden, que atajan estas criminalidades, pero también señalar responsabilidades.
“Creo que es bien importante no olvidar las responsabilidades políticas, las responsabilidades de alto nivel y por supuesto abrir esos espacios que han servido como espacios de tortura y exterminio”.
En el plano mexicano podemos dar cuenta de avances importantes como el haber señalado en las instancias correspondientes, la responsabilidad de militares en la desaparición de los jóvenes maestros de Ayotzinapa, sostuvo el experto en temas de derechos humanos.
Chávez también citó el caso de miles y miles de fosas encontradas que han rebasado la capacidad forense y que habla de una situación alarmante de derechos humanos.
El defensor de derechos humanos dijo que el sistema judicial está corrompido en muchos países y que hay que desmontar las narrativas que perpetúan estas desapariciones y que las normalizan.
Chávez señaló que las universidades deben jugar un papel importante acompañando a los pueblos en sus demandas de verdad, justicia, memoria y reparación.
“Deben acompañar a las víctimas y generar conocimiento. Las universidades tienen un papel crítico y un papel político, porque sin voluntad política difícilmente se pueden experimentar cambios”, apuntó el antropólogo y académico.
El COFADEH registra que producto de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional implantada por Estados Unidos y ejecutada por escuadrones de la muerte, en Honduras se produjeron, al menos, 184 casos de desapariciones forzadas por razones políticas, desde finales de los años 70 hasta principios de los 90. Entre los desaparecidos y desaparecidas existen casos no sólo de hondureños y hondureñas, sino también de ciudadanos y ciudadanas de Centroamérica y del Cono Sur.
