La diputada por el partido Libertad y Refundación (LibRe) y por el departamento de Cortés, Silvia Ayala, recordó en el programa Voces contra el Olvido, en la emisión del sábado 2 de abril, que quienes se oponen a la aplicación de la amnistía en favor de las víctimas de persecución, son precisamente aquellas fuerzas que perpetraron el golpe de estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya.
En comparecencia “vía zoom” la congresista y también abogada, sostuvo una entrevista con las periodistas Sandra Rodríguez y Riccy Ponce del equipo de prensa del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) para abordar este tema, que está siendo cuestionado por una estructura mediática que controlan los poderes oligárquicos del país y que apoyaron el rompimiento del orden constitucional en 2009.
“Esta amnistía nosotras la consideramos como un acto de justicia, porque después de cometerse un crimen como fue catalogado el golpe de estado militar del 28 de junio de 2009, a las víctimas se les fabricaron procesos penales”, sostuvo Ayala.
Es así que, en uno de los apartados de la amnistía, se establece la posibilidad de que los ex funcionarios del gobierno constitucional de Manuel Zelaya, a quienes se les hubiese entablado procesos después del golpe de estado, pudieran acogerse a este decreto de amnistía, explicó.
“También existe la posibilidad de que los luchadores y luchadoras sociales, quienes durante todo este período de narco-dictadura, fueron perseguidos por el régimen de Juan Orlando Hernández; también pudieran acogerse a este beneficio”, detalló la diputada de LibRe.
Ayala explicó que el decreto establece condicionantes para la aplicación de la amnistía, y que uno de los cuales es, que las personas que quieran acogerse al decreto deben solicitar una constancia que acredite su condición de persona perseguida por razones políticas. Dicha constancia puede ser emitida por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) o por la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de la República.
La diputada Silvia Ayala expuso que han preguntado mucho sobre el por qué colocar el nombre de una organización específica para que otorgue las constancias, a lo que acotó que “eso lo respondimos muy fácilmente porque el COFADEH desde el momento de su creación se ha dedicado a dar acompañamiento, a dar protección, a asumir la defensa de todos los compatriotas que han sido perseguidos, que han sido reprimidos, que han sido judicializados por diferentes regímenes”.
Entonces COFADEH se reviste como una organización de alta credibilidad, tanto a nivel nacional como internacional, por eso se estableció que conjuntamente COFADEH y la Secretaría de Derechos Humanos, serían las instancias que acreditarían la condición de “perseguida o perseguido político”.
Ayala indicó que hay que señalar un dato importante y es que los golpistas habían aprobado un decreto de amnistía para los crímenes de lesa humanidad que cometieron. Es así que personas innombrables como Roberto Micheleti, como Romeo Vásquez Velásquez, como las personas que asesinaron a nuestros compañeros y compañeras, como las personas que en el lapso de 6 meses saquearon los fondos del estado desde el régimen de facto, no enfrentaron nunca la justicia.
“Y en ese momento cuando se aprobó esa amnistía, que no tenía ningún tipo de condicionalidad, no hubo ni un tan solo programa en ningún medio de comunicación, no hubo ni una tan sola campaña cuestionando este decreto de amnistía, diciendo que era un pacto de impunidad o diciendo que era un acto de injusticia. O sea, nadie pensó en las víctimas que quedaban sus asesinatos en la más completa impunidad”, denunció la parlamentaria.
Es en este momento, cuando son las víctimas de esta dictadura las que se van a beneficiar, es cuando empiezan a levantarse las voces de gente preocupada por supuestos o presuntos pactos de impunidad.
Entonces nos parece que esta amnistía se constituye como un acto de justicia para el pueblo hondureño, de justicia para las víctimas mortales de la represión del golpe de estado, de justicia para nuestros opositores políticos, luchadores y luchadoras sociales; criminalizados por un régimen que todavía no termina de sacar sus tentáculos del país, porque sigue teniendo alta incidencia en el sistema de impartición de justicia, que fue el que utilizó para perseguir, criminalizar y encarcelar a la oposición, dijo Ayala.
Como último apartado al decreto 004-2022, Ayala citó el acompañamiento que hará el Congreso Nacional, a solicitud de la presidenta constitucional de la República, Xiomara Castro, para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
Ayala cuestionó que este aspecto no es retomado en las agendas informativas de los medios de comunicación, “precisamente porque el objetivo de estas campañas en algunos medios corporativos ha sido desacreditar, deslegitimar este decreto de amnistía que fue aprobado por el Congreso Nacional”.
Estas personas que están atacando esta parte del decreto, fueron las que anduvieron vistiendo una camiseta blanca acompañando a Romeo Vásquez Velásquez y a Roberto Micheletti (presidente de facto tras el golpe de estado).
Son personas que representan los intereses de grupos de poder económico y político en nuestro país, que en este momento en el que el pueblo hondureño rotundamente dio el triunfo a Xiomara Castro, al partido Libertad y Refundación (LibRe), en momentos cuando se vio la abrumadora decisión del pueblo hondureño de sacar esa narco-dictadura (de Juan Orlando Hernández que aguarda su extradición hacia Estados Unidos por cargos de narcotráfico) por la vía electoral, no han querido como evidenciarse, sostuvo la diputada.
El COFADEH a través de su equipo de procuradoras de derechos humanos, ha logrado que se aplique el decreto de amnistía en una serie de casos, que implicaron la criminalización de luchadores por la tierra y los territorios, manifestantes que se pronunciaron contra el golpe de estado y los fraudes electorales de 2013 y 2017, así como el retorno de exiliados políticos que han comenzado a regresar al país, tras largos años en el extranjero.
La diputada por LibRe, Silvia Ayala dijo que es importante recordar que lo que aprobamos a inicios de este Congreso del pueblo, fue el decreto para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y Para que los Hechos No se Repitan (más conocida como Ley de Amnistía mediante Decreto Legislativo número 004-2022).
Ayala detalló que el decreto tiene varios apartados dentro de los cuales se encuentra el tema de la amnistía. El decreto deroga la decisión del Congreso Nacional de 2009, que, a pesar de no estar facultado para hacerlo, de destituir al presidente Manuel Zelaya.
“También este decreto, en un acto mínimo de reparación, establece el reconocimiento para las víctimas mortales del golpe de estado, de la represión que se desató contra el pueblo hondureño movilizado en las calles y se crea la Plaza Isi Obed Murillo”, acotó.
La parlamentaria indicó que también el decreto aprueba el Pacto de Cartagena que permitió el reintegro de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas. Facilitó el retorno del expresidente Zelaya al país y permitió que el pueblo movilizado en las calles se constituyera en un partido político.
El Acuerdo de Cartagena establecía que todos los procesos penales entablados en contra de ex funcionarios de la administración Zelaya, así como de la oposición al golpe de estado, fuesen desestimados, pero esto no sucedió y la criminalización fue en aumento.
Finalmente, Ayala explicó que el acuerdo debió ser ratificado por el gobierno sucedáneo al golpe de estado de Porfirio Lobo Sosa, sin embargo, dicha asamblea legislativa controlada por los partidos golpistas (Nacional y Liberal), se negó a su ratificación.
