La tarde del 28 de marzo, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de valorar los agravios establecidos en la apelación presentada por la defensa de Juan Orlando Hernández Alvarado, declaró no ha lugar dicho recurso, por tanto, ratificó la decisión del juez de primera instancia, Edwin Ortez, quién otorgó la extradición del ex gobernante, solicitado por la Corte del Distrito Sur de New York.
Hernández Alvarado, ex presidente del Congreso Nacional y titular del Poder Ejecutivo durante ocho años, es acusado de conspirar, fabricar y distribuir cocaína a los Estados Unidos.
Además, al ex gobernante nacionalista se le imputa la portación e incitación del uso de armas de fuego: ametralladoras y dispositivos destructivos.
El abogado Edmundo Orellana Mercado, ministro asesor en materia de transparencia y combate a la corrupción, comenta que es “doloroso comprobar” que el sistema de justicia en Honduras “fue incapaz de detectar” que Hernández Alvarado era investigado por el gobierno de los Estados Unidos por narcotráfico.
“El sistema de justicia no existe. Lo vergonzoso es que hayan participado tantos contribuyendo a eso; lo eligieron a él como presidente del Congreso Nacional, lo eligieron como candidato a la presidencia, hubo aceptación de todos los partidos, aceptando que él era el gobernante”, señala Orellana Mercado.
Según el Auto Acordado de extradición, concedida la solicitud de entrega, el juez de primera instancia ordenará la entrega del reclamado, en este caso Juan Orlando Hernández Alvarado, debiendo auxiliarse del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Defensa.
El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, sostiene que el proceso contra Hernández Alvarado ha sido legal y jurisdiccional “solicitado por una corte de los Estados Unidos ante unas acusaciones muy serias y graves”.
En opinión del abogado y dirigente del Partido Liberal, Eduardo Martell, frente a la justicia estadounidense, a Juan Orlando Hernández Alvarado solo le quedan dos caminos: uno, declararse inocente y comenzar un proceso judicial que lo puede llevar a una cadena perpetua; y, dos, colaborar con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para entregar información de otros actores en el narcotráfico a nivel nacional y regional.
Sin embargo, la familia del ex gobernante, en un comunicado público, rechazó el fallo del pleno de magistrados y siguen manteniendo que Hernández Alvarado es inocente.
“Estamos listos y confiados de poder demostrar ante la justicia norteamericana que estas acusaciones son una trama de venganza de narcotraficantes hondureños a quienes el gobierno de Juan Orlando desbarató su imperio de crimen y violencia”, afirmó la familia Hernández García.
Estructura vigente
Desde el comienzo de su carrera política, Juan Orlando Hernández construyó las bases y llevó a sus aliados a los entes operadores de justicia que le protegieron y encubrieron las acciones delictivas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, tal como le acusa la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
En ese sentido, el abogado y analista político, Rafael Jerez, apunta que Hernández Alvarado seguirá un proceso en Estados Unidos, sin embargo, “hay una estructura que queda vigente en Honduras, muchos aliados políticos en altos cargos públicos y una bancada en el Congreso Nacional”.
Agrega que la partidización de los organismos del Estado permitió que Hernández Alvarado cooptara las instituciones y no actuaran de forma independiente.
El abogado Eduardo Martell considera que los casos llevados a la justicia norteamericana demuestran que el Poder Judicial de Honduras es cómplice y negligente en el combate del crimen: “han estado ahí de comparsa, de colaboradores con las bandas del crimen organizado, hoy fallan de esa manera –conceder extradición- por la presión, porque Estados Unidos está detrás de la solicitud”.
Informes del Ministerio Público establecieron que Juan Orlando Hernández Alvarado enfrentaba 32 denuncias por delitos en contra de la administración pública, violación de la Constitución y actos delictivos por los cuales ahora será extraditado.
Mario Díaz, coordinador de los Tribunales de Sentencia de Francisco Morazán, asegura que en el caso de extradición del ex mandatario Hernández se ha demostrado que la justicia no ha sido capaz de investigar a las personas que han cometido acciones de criminalidad organizada.
Por tanto, Díaz estima que el reto en materia de justicia es fortalecer la investigación no solo en casos de delincuencia común, sino que también en la narcopolítica, “es decir aquellos personajes que se incrustan dentro de la política y su financiamiento proviene de la narcoactividad”.
Juan Orlando Hernández, quien se ha convertido en el extraditado número 33 vía proceso administrativo, seguirá en detención provisional en el Comando de la Dirección de Fuerzas Especiales esperando que Honduras y Estados Unidos coordinen su traslado hacia Nueva York.
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