martes, 5 de julio de 2011

Terrorismo alimentario en el mágico mundo de Disney

Democracy Now!

Por Amy Goodman

Cuando piensa en “terrorismo alimentario,” ¿qué es lo que se imagina? ¿Complots diabólicos para contaminar productos en las góndolas de los supermercados? Si usted fuera Buddy Dyer, el alcalde de Orlando, Florida, podría haberse imaginado a un grupo que sirve alimentos a personas sin hogar en uno de los parques de la ciudad. Por estos días se está mencionando mucho al alcalde Dyer precisamente porque consideró que los activistas del colectivo Food Not Bombs de Orlando son “terroristas alimentarios.” En las últimas semanas, al menos veintiún personas fueron arrestadas en Orlando, la ciudad de Disney World, por servir gratuitamente comida en un parque.

Food Not Bombs, o como se le llama en español “Comida, no bombas”, es una organización internacional de base que lucha contra el hambre. Como su nombre lo indica, es un movimiento que se opone a la guerra. En su página de internet dice: “Food Not Bombs comparte gratuitamente alimentos veganos y vegetarianos con personas que padecen hambre en más de mil ciudades alrededor del mundo como forma de manifestarse contra la guerra, la pobreza y la destrucción del medio ambiente. Habiendo más de mil millones de personas que pasan hambre cada día, ¿cómo es posible que gastemos más dólares en la guerra?” Los lunes a la mañana y los miércoles a la noche, el colectivo de Orlando coloca una mesa en el parque Lake Eola Park de esa ciudad y sirve allí la comida que prepara.

Desde hace un tiempo, la policía de Orlando viene arrestando a quienes sirven los alimentos. Hace poco, por ejemplo, arrestó a Benjamin Markeson, que estaba perplejo cuando me dijo: “Creemos que terrorismo es arrestar gente por intentar compartir comida con las personas pobres y hambrientas de la comunidad y satisfacer así una necesidad de la propia comunidad. Lo único que hacemos es venir al parque y servir comida a personas pobres que tienen hambre. No sé cómo pueden calificar a eso de terrorismo.”

El abogado Shayan Elahi tampoco lo sabe. Como representante del colectivo Food not Bombs de Orlando ante la justicia, presentó una petición para obtener una medida cautelar contra las acciones llevadas a cabo por la municipalidad ante el juzgado del noveno distrito judicial de Florida, presidido por el magistrado Belvin Perry Jr. El juez Perry apareció en las noticias últimamente como el sensato juez que entiende en el juicio por asesinato contra Casey Anthony, que se lleva a cabo actualmente en Orlando. Mientras que las cadenas de cable realizan una cobertura completa de lo que sucede en el juzgado, Elahi espera que Perry tenga tiempo para ocuparse en persona del caso.

En el centro de la cuestión se encuentra una ordenanza municipal, la ordenanza de “Alimentación a grandes grupos,” que exige la solicitud de un permiso a los grupos que deseen servir alimentos, aunque sea en forma gratuita, a grupos de veinticinco personas o más. Todo grupo puede gestionar dichos permisos sólo dos veces por año. Food Not Bombs Orlando ya utilizó las dos autorizaciones que recibió para este año.

La Asociación por los Derechos Civiles de Florida ha solicitado al Alcalde Dyer que ofrezca una disculpa por calificar al grupo Food Not Bombs de “terrorista”. El acto delictivo no debería ser ofrecer comida a más de veinticinco personas, sino que más de veinticinco personas necesiten alimentos.

El Dr. Elahi vincula estas medidas represivas al proceso de gentrificación que está planificado para el centro de Orlando: “El alcalde creó el Consejo de Desarrollo del centro de Orlando y su objetivo general es básicamente expulsar a todos aquellos que, según ellos son ‘los otros’ y no se adecuan a su idea de quién debería estar en el centro. Y estamos tratando de mostrarle al alcalde que los tiempos han cambiado, que estamos en un momento en el que todo el mundo sufre y que cada vez más personas de las que vienen cuando servimos alimentos de Food Not Bombs son trabajadores pobres.”

Una resolución aprobada la semana pasada por la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos expresa cabalmente el mensaje principal de Food Not Bombs. En la resolución, los alcaldes exhortan al gobierno a poner fin a las guerras en Afganistán y en Irak cuanto antes sea estratégicamente posible, y destinar el dinero a satisfacer las necesidades vitales que tenemos aquí, en Estados Unidos.

La región central de Florida se ha visto duramente golpeada por la recesión y figura entre los lugares con más altos índices de ejecuciones hipotecarias y quiebras del país. La Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación recientemente advirtió que se prevé que los precios de los alimentos se mantengan elevados durante lo que resta del año. La misma proyección se hace para los próximos. A principios de este año, los precios de los alimentos alcanzaron los niveles observados durante la crisis alimentaria de 2007 y 2008, que hizo estallar disturbios en varios países pobres del mundo. En Grecia, las masivas manifestaciones de protesta y la huelga general contra las medidas de austeridad han paralizado Atenas.

Una de las canciones más famosas de Disney, que no queda muy lejos de Lake Eola Park, se llama “Muy pequeño el mundo es” y dice así: “Compartimos tanto, que es hora de darnos cuenta, de que después de todo, el mundo es muy pequeño.” Hagamos que la fantasía se convierta en realidad. Compartir alimentos no debe ser un delito.

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

lunes, 4 de julio de 2011

Para Juan lo que del pueblo y para el Pueblo lo que es de Juan


Rebelión

Por Selvin Aguilar

Una forma despectiva de tratar al pueblo en Honduras, que se generalizó en la mayoría de los medios de comunicación escritos y hablados, en los años setenta, ochenta y a lo largo de la década de los noventa del siglo recién pasado, es conferirle al pueblo pobre el sustantivo medio adjetivo de “Juan Pueblo”, dotándolo a éste en el espacio de la ficción, de un carácter de defensor de los desprotegidos, de ese superman con capa deshilachada que salva a los huérfanos y a las viudas desamparadas de los males sociales, como formas estereotipadas de confrontar con un mal natural, sin conexión ni social ni cultural. Esto se suscitó gracias a que los sectores que marcaban la línea de la conflictividad social, por su ausencia en la palestra pública, constelaban con ripios sardónicos sin vinculaciones reales ni alternativas coherentemente estructuradas, dejando a los actores de la iniquidad política solos en una isla de la fantasía y del derroche.
Ante la voracidad de un poder solitario y sin detractores, nació en los aparatos ideológicos del Estado, la idea de crear un oposición imaginaria que en forma convencional y caricaturesca, y plagiada de paso indecentemente, a un humilde hombre llamado René Valladares, atacara el alza de los huevos aunque el valor de estos estuviera abajo, se pronunciara en contra el alza de la leche y de nuestra mala suerte económica y se quejara de la baja en los salarios, como formas arregladas de protestas sociales, y de soluciones light que pretendían adecentar un sistema que cumpliendo con estos mínimos requerimientos, llegaría a los estadios de una sociedad ideal.

Juan Pueblo fue el signo de la defensa civil y de la desobediencia artificiosamente creada en los centros de poder de los medios de comunicación, y el hazme reír de las élites que gozaban con ese personaje bobalicón, quien sin ningún reparo político aceptaba las exclusiones sociales y la limosna, y, sobre todo, las relaciones de poder que fundaban las jerarquías en todos los órdenes de la vida.

Pero la vida tiene sus paradojas, y las burlas de los dueños del poder se han convertido en miedo, y casi pánico, ante la encarnación de ese personaje de ficción en una persona de nervio y hueso y de carácter, que ha crecido de forma aparentemente inofensiva y ha creado recelos tanto en la derecha, tomando en consideración la significativa presencia ubicua que tiene el poder para dirigir sus ataques, a través de sus mecanismos de control social, y de los métodos que utiliza para silenciar la verdad y para difundir la mentira como el pan envenenado de cada día en la mesa de los comensales de opinión pública; como también en una seudoizquierda que ha renunciado al análisis coyuntural y se ha decidido por descalificar personas y vulgarizar el debate en el terreno de la envidia, porque les resulta absurdo que el pueblo decida posiciones que están en contra de sus formas de interpretar la realidad, estos como los de la derecha subestiman al pueblo y creen que éste no piensa y no están dispuestos a someterse disciplinadamente a la decisión de las mayorías.

No es un opúsculo de culto a la personalidad, porque ni el que recibe nuestra mención pretende eso, ni sus ideales se postran ante la demagogia del mérito personal, puesto que sus luchas han sido colectivas y no de ahora, y jamás se han movido en el febril, fugaz y facilón esnobismo de la bohemia. Sin embargo, es necesario nombrarlo para que quede constancia histórica, y decir enfáticamente que ese personaje de dibujo bobalicón y con parches en sus ropa, que apenas esbozan una silueta inconfundible de paria urbano, se ha transformado en un ser de carne y hueso, y nervios y templanza, y con cara de indio cobrizo, y con una barba encanecida de luchas, que deletrea parsimoniosamente su nombre de pila, revestido de una inteligencia popular que ya la quisieran los hijos advenedizos de la imprenta siquiera para dominguear:

Juan Barahona. Su solo nombre irrita a la derecha, y a un puñado de seudointelectuales que todavía piensan que la inteligencia es gramatical, y que desde sus posiciones paternalistas al calor de un café burguesamente digerido, tienen el derecho ganado de dirigir al pueblo que para ellos no sabe y nunca sabrá nada.

Juan se ha forjado en los combates contra el orden, ha sido un hombre paciente. El junto con Carlos H reyes, han aguantado los azotes de las fuerzas de seguridad, ha sufrido persecución, y no ha claudicado en momento alguno, y cuando se han suscitado decisiones, se ha sometido disciplinadamente al veredicto de las bases. Al contrario de lo que opinan muchos, la uniformidad más que señal de ausencia de debate es un signo claro de confianza en los lideres y una flexión que comporta el cambio de posturas cuando la coyuntura experimenta un cambio, Esa es una ley de la dialéctica. Todo cambia y no podemos bañarnos dos veces en el mismo rio que planteó bellas utopías pero en el reino del idealismo y no de la praxis. Ante ello, la crítica aviesa y denostadora de nombres y ademanes, se vuelve hueca, y el lenguaje procaz es una fuente primaria para llenar los espacios que deja reservado la derecha para el circo de la traición. Me imagino a Renato Álvarez y Armando Villanueva apuntando los nuevos nombres en sus agendas para que remocen los rostros agrietados de los Juan Ramones Martínez y de los Orteces Colindres.

Manuel Zelaya Rosales ha sido igualmente denostado por un grupo de seudointelectuales cuyas elucubraciones mentales e ideológicas no pasan de lo virtual, y para llegar a ellos es necesario trasponer el laberintico espacio de las direcciones y arrobas y puertos y teclas y redes sociales.

En eso estriba la diferencia de Juan Barahona, que no han ocupado de estas mediaciones electrónicas para llegar al pueblo, y el pueblo que es sabio no puede dejar de reconocer que este conductor, pese a haber tenido posibilidades de acomodamiento se ha jugado la vida en el campo de la lucha, como lo han hecho miles y miles de hondureños sin recurrir a poses doctorales, y que nos han regalado gracias a su conducción, un lugar para la utopía y un espacio legitimo en que tienen cabida nuestras aspiraciones y sueños. Negar eso es padecer de ceguera, y adoptar con claras contradicciones ideológicas, una paciencia cristiana de esperar más de dos mil años hasta que se produzca otro nuevo apocalipsis social en Honduras.

Juan un hombre humilde, sin dotes ni aires de intelectual, ha leído con la intrepidez del sabueso y con la sabiduría popular que se forja al margen de las letras y al calor de la rica tradición oral de los pueblos, que la lucha tiene diferentes caminos y que el electoral es legitimo como legitimo ha sido en Venezuela, como legitimo ha sido en Bolivia, como legitimo ha sido en Ecuador, Paraguay, Uruguay, Argentina, y en Perú, y se vuelve una alternativa con fundamento, en un izquierda mexicana que se decantó por la auto convocatoria y que solamente encontró en ella nada más que indiferencia y apatatia, porque la ingenua creencia que a la alteridad, la podemos sustituir con análisis sociopolíticos abstractos, ha caído por su propio peso y esta lección los ha orillado a decidirse nuevamente por el camino electoral.

Juan Barahona ha elegido personalmente como ente individual que es, pero como subcoordinador ha dejado que Juan pueblo también decida, y a ese pueblo no se le puede despreciar bajo los argumentos de la uniformidad previamente consensuada. Las bases conocen a sus líderes y saben sobre todo que todas las decisiones que se adopten o los actos que se generen en el Frente, son nada más que un eslabón en la cadena de un proceso que ya tiene preocupados a las elites y desencantado a los tibios.

“Quieren contrarrestar el proyecto político de la Resistencia”

Nicaragua y Más

Por Giorgio Trucchi

El ex ministro de la Presidencia de Manuel Zelaya, Enrique Flores Lanza, regresó al país junto con el ex presidente el 28 de mayo en el marco del Acuerdo de Cartagena. Se presentó espontáneamente en los juzgados para enfrentar las acusaciones de corrupción y malversación de fondos, presentadas por el Ministerio Público. Un juez le dictó arresto domiciliario y el pago de una fianza por 27 millones de lempiras (1.4 millones de dólares), con plazo de pago a treinta días que vence el próximo 15 de julio. Flores Lanza accedió a una entrevista en exclusiva con LINyM, para sentar su posición ante la que considera una estrategia para contrarrestar el proyecto político de la Resistencia.

- ¿Por qué considera que la decisión del juez Aguilar representa una violación del Acuerdo de Cartagena? 
- Nosotros (los funcionarios del Gabinete de Zelaya) no pedimos impunidad, sino que venimos a Honduras con la frente en alto y con las manos limpias, a demostrar nuestra inocencia. Durante dos años, de manera cobarde, los medios de comunicación propiedad de los golpistas han hecho escarnio de nuestros nombres. Nosotros venimos a rendir cuentas.

El Acuerdo de Cartagena establece dos derechos para los funcionarios de Zelaya: que se nos permita defendernos en libertad y ejercer nuestros derechos políticos. Entramos en el marco del Acuerdo, nos presentamos voluntariamente a la justicia y ya se conoce lo que hicieron.

Hasta sabemos que la noche anterior a que se me impusieran estas arbitrarias medidas, hubo una reunión en el despacho del presidente de la Corte Suprema de Justicia en la que participaron varios políticos, incluyendo al presidente del Congreso Nacional, hombre de confianza de Porfirio Lobo.

Ahí se tomó la decisión de aplicar estas medidas inéditas y nunca vistas en Honduras. Los jueces que las ejecutaron son sicarios judiciales y cumplen órdenes de la oligarquía, que es la que en Honduras controla todo.

-En los días pasados la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, habría dicho que el Acuerdo de Cartagena no cubre casos de corrupción. ¿Habló del tema con los miembros de la Comisión de Verificación que llegaron al país para analizar el estado de cumplimiento del Acuerdo? 
- El jueves 23 de junio me visitaron los miembros de la Comisión de Verificación. Les hice ver que era prematuro dar ese tipo de declaraciones antes de que los enviados pudieran darle algún tipo de información. El Acuerdo no habla de impunidad, sino que los funcionarios de Zelaya tienen el derecho a defenderse. Sólo eso es lo que estamos pidiendo que se cumpla.

- ¿Cuáles serían, entonces, los objetivos que están detrás de la que considera una maniobra judicial? 
- Yo no soy nada más que una persona colocada en un momento histórico determinado. El FNRP y el mismo Manuel Zelaya entienden claramente cuál es el mensaje: contrarrestar nuestra propuesta para crear una fuerza política que termine con el bipartidismo en el país y que, durante los próximos 30 años, realice los cambios que este país necesita; su refundación.

La oligarquía no acepta este planteamiento y utiliza al sistema de justicia y los jueces como sicarios, para que se nos nieguen los derechos, garantías y los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Cartagena.

- ¿Qué papel está jugando Porfirio Lobo? ¿Tiene poder y autonomía para cumplir el Acuerdo de Cartagena o son otros los actores que controlan la situación? 
- Porfirio Lobo ha sido y sigue siendo parte de la estructura que dio el golpe de Estado y que sirve a la oligarquía para mantener el control de ese país. Aún y cuando él trate de disfrazar la cosa, todos sabemos que está coludido con el aparato que dio el golpe.

- ¿Tiene responsabilidad en la decisión que tomó el poder judicial? 
- Es evidente que es una política de Estado, una persecución sistemática a la oposición. Mientras los responsables del golpe, de la persecución, de los crímenes de lesa humanidad gozan de total impunidad, las víctimas y los opositores al régimen sufrimos una persecución judicial con fines políticos.

- Se ha denunciado una primera violación del Acuerdo de Cartagena por la persecución judicial en su contra. ¿La persistente violación de los derechos humanos podría ser una segunda violación de dicho Acuerdo? 
- Muchas personas y periodistas me preguntan qué va a pasar dentro de 20 días y si voy a ir a prisión. Esa no es la pregunta. La pregunta es cuáles van a ser las consecuencias de este gesto. Va a quedar evidenciada la doble moral (del gobierno): por un lado firma el Acuerdo para regresar a la OEA y tener acceso al financiamiento de la cooperación internacional y por el otro, no está dispuesto a cumplir los compromisos.

Al final los países de la comunidad internacional le van a dar la razón a Ecuador, cuando nos dijo que no podíamos confiar en un régimen surgido de un golpe de Estado. A nivel interno va a polarizar las contradicciones y profundizar la polarización.

- ¿Pero podemos hablar de otra violación al Acuerdo de Cartagena? 
- No hablamos de otra violación, sino que es algo que va a terminar con el proceso de reconciliación, que era el objetivo del Acuerdo de Cartagena. ¿Cómo podemos seguir confiando si hay una clara violación, falta de interés y de voluntad política para cumplir el Acuerdo?

- ¿De verdad esperaban algo diferente de sectores que ya, en diferentes ocasiones, han demostrado no cumplir con lo que firman y prometen? 
- Sinceramente sabíamos que entrábamos a una situación adversa, pero no pensábamos que lo iban a hacer de una manera tan burda, grosera y tan violatoria de los más elementales principios de defensa para los ciudadanos. Tuvimos que asumir este riesgo porque era el momento histórico en el cual el presidente Zelaya iba a entrar al país, para asumir la conducción de esta lucha en la cual el pueblo hondureño ha demostrado ser heroico, exigiendo libertad y justicia.

- ¿Van a tener que ceder algo para que se acabe la represión? Es decir, ¿Estamos en medio de una negociación con los sectores golpistas?
- Con el presidente Zelaya hemos venido a contribuir a darle soluciones a esta crisis que se generó con el golpe. No obstante, nuestro compromiso es con el pueblo y no existirá ninguna negociación que vaya a afectar los intereses del pueblo hondureño.

Sabemos que nuestra propuesta política incomoda a varios sectores y que van a reaccionar, tanto de manera legal y pacífica como también de manera ilegitima y violenta. Estamos conscientes de eso y dispuestos a enfrentarlo.

Jueza sobresee juicio contra policías torturadores


Defensores en Línea

Por Dina Meza

La justicia quedó burlada este martes 28 de junio cuando la jueza Marta Marlene Murillo Castro, sobreseyó un juicio por Torturas y Detención Ilegal contra Edwin Robelo Espinal, del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, a quien cinco policías preventivos le lanzaron gas pimiento a sus ojos, le dieron choques eléctricos y lo llevaron detenido, el 30 de junio de 2010.

Los hechos que están quedado impunes
El 30 de junio a eso de las 11 de la noche Robelo Espinal estaba frente a la casa de un amigo en su auto, en la colonia Flor del Campo, tenía unos 15 minutos de estar allí cuando llegaron los policías que se conducían en la patrulla DCMS-010, de inmediato lo bajaron para que les mostrara la licencia de conducir, lo detuvieron, le dieron empujones y patadas.

Un oficial de nombre Walter Isaías Burgos Vargas sacó un spray y se lo roció en la cara y todo el cuerpo, los demás policías de nombres, José Luís Alemán Pérez, Daniel Roberto Rocríguez, Kelvin Robledo Calero y Alfredo Bermúdez Rodríguez, quienes lo agarraron y lo lanzaron a la paila de la patrulla.

Después lo anduvieron “paseando” por varios sitios aproximadamente por unos 40 minutos , golpeándolo en la cabeza y a la vez lo insultaban diciéndole maricón, hijo de p…, vas a ver quién manda en este barrio, comunista zelayista y por qué está en esa m….. del Frente Nacional de Resistencia”.

Según relató el afectado ante el COFADEH, lo llevaron a un lugar el cual no pudo identificar por los efectos del gas pimienta , allí l le tomaron fotografías, le quemaron y le picaban los ojos, los policías se comunicaban por teléfono con alguien, uno de ellos se le acercó y le dijo que si quería sentir el flujo de la electricidad y le preguntaba por qué era de la resistencia, comunista y zelayista, dándole toques eléctricos en el abdomen y una oreja, lo que le hizo perder el conocimiento parcialmente.

Luego lo llevaron a la Cuarta Estación Policial en el barrio Belén, lo empujaron cuando se iba a bajar de la paila, él se cayó y nuevamente le dieron toques eléctricos en uno de sus costados y en las orejas y lo obligaron a permanecer por dos horas en el patio de esa posta policial para después llevarlo a una celda, donde no le permitieron un médico, a pesar que lo solicitó a gritos.

El joven quedó en liberad por las gestiones del COFADEH que llegó a la posta de policía para exigir su libertad porque hubo una detención ilegal y torturas en contra de él.

No se acreditó la existencia de un delito señaló la jueza
Las abogadas del Área de Acceso a la Justicia del COFADEH, Kenia Oliva y Karol Cárdenas, se hicieron presentes a la Audiencia Inicial donde Edwin declaró como víctima.

Aún con la presentación de evidencia, no fue prueba suficiente según la jueza La jueza Murillo Castro, quien en su resolución señaló que “los encausados actuaron de acuerdo al Artículo 5 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y el artículo 31 de la misma Ley, ya que establece que solamente se considera legítimo el uso de la fuerza cuando se emplee una medida estrictamente necesaria para el eficaz desempeño de sus funciones…”.

Aunque el propio oficial Burgos Vargas admitió haber utilizado el gas pimienta contra el afectado y existió contradicciones con otro de los agentes que dijo que fue un accidente el lanzamiento del gas, la togada echó al piso la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de la cual Honduras es suscriptor.

Dicha Convención establece que “No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas.

Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario pueden justificar la tortura.

Para la Jueza no tuvo ningún efecto la declaración de la víctima quien incluso le relató que días después los mismos policías continuaron intimidándolo, dándole seguimiento hasta su casa. En una de esas ocasiones al bajar de su vehículo el policía Vargas Burgos le dijo que cómo se sentían los gases pimienta y cargó el fusil que portaba.

Otro de los hostigamientos fue estacionar las patrullas obstaculizando el movimiento del carro de Robelo Espinal, con la misma patrulla en que lo detuvieron.

COFADEH apelará esta aberrante decisión
Según la abogada Karol Cárdenas, del Área a la Justicia del COFADEH la jueza ha dado una resolución parcializada, alejada del marco legal, más enmarcada a una visión de defensa y no de una jueza porque ya el Código Penal establece que los jueces tienen que utilizar la sana crítica y no lo hizo.

“Esta resolución nos tiene sumamente preocupadas como defensoras de derechos humanos porque le está dando pie para que los policías reaccionen de esta manera contra la ciudadanía”, sentenció.

La Juez no quiso valorar el fondo del examen forense donde lo que se pretendía acreditar la forma en la que el joven fue sujeto y el uso excesivo de la fuerza, pero ella se amparó en un manual de la policía, denunció la profesional del derecho.

La titular del Juzgado Murillo Castro, decretó sobreseimiento definitivo a pesar que el Código Penal ya establece que en la Audiencia Inicial solamente se puede acreditar un mínimo indicio racional, con esto, ya no se daría el juicio oral y público, pero vamos a apelar la decisión porque promueve la impunidad y la repetición de estas graves prácticas”, destacó.

“Imagínese estos policías están libres, está en riesgo la vida de Edwin, porque todos los policías en toda la audiencia tuvieron una actitud prepotente y ellos no solo actuarán contra Edwin sino contra otras personas, advirtió.

Organizaciones internacionales han pedido protección para Edwin Robelo Espinal
Entre ellas la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) que a través de su Secretario General, de Ginebra Suiza, solicitó al Estado hondureño “las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Edwin Róbelo Espinal, de todos los miembros de su familia así como de sus personas allegadas”.

Por su parte la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, debido a la gravedad del caso decretó medidas cautelares a favor del afectado y solicitó al Estado de Honduras que:

1.- Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de Edwin Robelo Espinal.

2.- Concerte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes;

3.- Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

La CIDH también solicitó al Estado hondureño la presentación de información sobre el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas, dentro del plazo de 15 días y actualizar dicha información en forma periódica.

¿Qué libertad de expresión necesitamos para Chile ?

Benoit Hervieau visita el país en el marco de los 20 años de Radio Tierra
Twitcam en http://twitcam.livestreamm.com/sgmoe
Streamming directo en : www.radiotierra.cl

Benoit Hervieau ofreció una conferencia en Radio Tierra en el marco de la celebración de sus 20 años. El periodista francés es el responsable para las Américas de Reporteros sin Fronteras.

En el encuentro se abordaron las principales tensiones e interrogantes involucradas en el ejercicio de las libertad de expresión en la actualidad: acceso a frecuencias radiotelevisivas, Internet y redes sociales como campos de ejercicio de derechos, la responsabilidad de los estados en cuanto a regulación, las políticas anti concentración y el conjunto de temas que configuran hoy los debates mundiales de defensa de las libertades fundamentales.

Reporteros sin Fronteras hace una exhaustiva labor de investigación, denuncia y apoyo en temas de libertad de expresión en todo el mundo. Desde 2008 ha trabajado en conjunto con AMARC (Asociación Mundial de Radio Comunitarias ) en misiones de observación en Honduras después del golpe de estado , en Colombia en los últimos comicios. El carácter independiente de su trabajo ha sido valorado por el sistema internacional de Derechos Humanos y sus informes y comunicados , son referentes para la defensoría de periodistas y comunidades afectadas por la conculcación a sus libertades de expresión y opinión.

El programa de actividades de celebración Radio Tierra 20 años de libertad, se inicia con este diálogo y contempla además el Coloquio Poder Social y Poder Político organizado junto a las Organizaciones SUR y JUNDEP asociadas a ALOP, programada para el mes de julio y los encuentros con Bruce Girard activista y experto en usos sociales TICs ; y con Candido Gribosky líder del Foro Social Mundial sobre medio ambiente y democracia, durante el mes de agosto.

El diálogo con Benoit Hervieau ¿Qué libertad de expresión necesitamos para Chile? se realizó en el auditorio de Radio Tierra ubicado en Purísima 251 y fue transmitido en directo por streamming en www.radiotierra.cl y por Twitcam en : http://twitcam.livestreamm.com/sgmoe.

Más información con: 
Leandro Segovia, periodista 
E-correo: leandrao55@gmail.com
Móvil: 9/766 62 49

Feministas logran detener temporalmente cierre del Ministerio de la Mujer


SEMlac

Por María Suárez Toro

La movilización de las organizaciones feministas en Haití detuvo, al menos temporalmente, la propuesta del primer ministro designado por el nuevo gobierno, Daniel Gérard Rouzier, quien pretendía desmantelar el Ministerio de la Condición de la Mujer y sus Derechos.

Luego de dos semanas de pronunciamientos públicos, declaraciones y reuniones de las feministas sobre el tema, la jefa de la cartera de la Mujer, Marjorie Michele dijo el 13 de junio que el ministro designado le ha prometido que desistirá de su propuesta original.

Al anunciar varias propuestas de cambios en la estructura del gobierno de Haití para el nuevo año fiscal, Rouzier había declarado el 6 de junio que mandaría al Congreso, en junio, una propuesta para cerrar el Ministerio de la Mujer y sus Derechos, pasando algunas de sus funciones a la cartera de Asuntos Sociales.

Inmediatamente, las organizaciones feministas se manifestaron en contra de tal iniciativa y enviaron cartas a Rouzier y al presidente Michel Martelly para que desistiera de adoptar y ejecutar esa política. Adicionalmente, solicitaron a la ministra Marjorie Michele que se pronunciara al respecto y abogara por su Ministerio.

La existencia del Ministerio "fue el resultado de la lucha feminista haitiana para contar con un mecanismo del más alto nivel que les permitiera promover sus derechos y elevar la condición de las mujeres en el país", dijo a SEMlac Marie Frantz Joachim, de la organización feminista no gubernamental Solidarité Fanm Ayisyen (SOFA).

"Sin ese mecanismo no es posible asegurar que se implementen las políticas públicas que tienen que ver con sus derechos y que responden a los compromisos internacionales del Estado", abundó.

Otra de las organizaciones feministas haitianas, Documentation et d'Information des Femmes en Haiti (ENFOFANM), ha realizado una campaña pública por radio y prensa, manifestándose también contra la propuesta.

"Por el momento han prometido que el Ministerio queda como está y eso es un logro de nuestras movilizaciones, pero hay que estar pendientes pues este es un momento de nombramientos y habrá que ver qué pasa después", dijo a SEMlac Clorinde Zephir, integrante de esa organización no gubernamental de información y comunicación.

Por su parte, Kay Fanm (Casa de la Mujer), SOFA y la Coordinadora Nacional de la Mujer (CONAP) han hecho públicas declaraciones en igual sentido. "El Ministerio de la Condición de la Mujer y sus Derechos es una señal positiva del Estado, reconociendo los problemas que enfrentan las mujeres y las niñas en nuestra sociedad y un compromiso de tratar de cambiar esa situación", indica la CONAP en un comunicado del 31 de mayo en Puerto Príncipe, capital haitiana.

CONAP es una coordinadora no gubernamental que reúne más de 30 organizaciones a lo largo y ancho del país para promover sus derechos.

Añade que, desde la década del 30 hasta hoy, las organizaciones de mujeres no han dejado de luchar en medio de dictaduras, y después de ellas, por el reconocimiento y el respeto de sus derechos individuales como ciudadanas y que por eso la sociedad reconoció en el proceso iniciado tras la dictadura de Jean Claude Duvalier que no puede haber democracia sin la participación plena de las mujeres.

Otras 22 organizaciones firmaron la inicitativa de Kay Fanm, entre ellas la Concertación Nacional Contra la Violencia, el Centro de Promoción de Mujeres Obreras, el Colectivo por la Participación Política de las Mujeres y el Movimiento de Mujeres por la Educación y el Desarrollo, que abarcan todas las regiones del país.

Las razones dadas por el gobierno no satisfacen a las organizaciones firmantes: fondos insuficientes, ineficacia e inutilidad. En cuanto a fondos, las organizaciones informan que el presupuesto para el 2010- 2011 no hace mella a los problemas económicos del país.

Sobre el argumento de la "ineficacia", dicen las feministas que, aunque el Ministerio tiene algunas debilidades, como las tienen los demás, es necesario porque "las mujeres constituyen los más altos índices de analfabetismo, la mayoría dan a luz sin atención médica y la mortalidad materna es una de las más altas en el mundo."

En torno al último punto, acerca de la "inutilidad", alegan que tal Ministerio se justifica porque las relaciones de género impactan todas las áreas de la vida de la sociedad haitiana.

"El Ministerio es importante porque esa ha sido una lucha nuestra que no tiene marcha atrás, ya que la situación de las mujeres es de falta de respeto a sus derechos y por eso necesitamos una voz fuerte en el Gabinete de Gobierno", aclara Zephir.

La función del Ministerio actual es la de "promover y defender los derechos de las mujeres, contribuyendo a crear una mayor cohesión social", lo que -según el comunicado de las organizaciones de mujeres- llena el requisito de la Constitución de 1987 y los compromisos del Estado haitiano cuando firmó los tratados internacionales de derechos humanos y de los de las mujeres.

Esa misión sigue vigente en un país donde ellas han logrado importantes conquistas, pero también falta mucho por recorrer. Entre los logros resalta la creación misma del Ministerio en 1994. Adicionalmente, el Estado haitiano firmó y ratificó en 1981 la Convención por la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y hace reportes a la Comisión que vela por esa convención desde el 2006.

Haití firmó la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, conocida como "Belem do Para Convencion" en 1996. Además, desde 2005 la violación es considerada una ofensa criminal.

Según las feministas, falta mucho para lograr la igualdad y ello justifica la necesidad de un Ministerio para atender esas necesidades. Han declarado que celebrarían el día en que una entidad así no fuese necesaria "porque las mujeres habrían logrado sus derechos".

Según cifras oficiales, eso está lejos. En 2010, de 135 escaños parlamentarios en Haití, apenas ocho eran ocupados por mujeres. En ese país la población femenina constituye 52 por ciento de los 10 millones de habitantes.

De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2010, 42 por ciento de las mujeres tienen menos de 15 años. Entre cinco y nueve años de edad, todas las haitianas que trabajan lo hacen en el sector informal y 60 por ciento de las mujeres y niñas no saben leer o escribir. Ellas ganan menos de la mitad del salario de un hombre y la mayoría está empleada en el sector informal.

Adicionalmente Haití tiene los más altos índices de fertilidad (4,8 por mujer entre los 15-49 años de edad) y el más elevado nivel de mortalidad materna (670 por cada 1.000 nacidos).

Es importante que las feministas y organizaciones de derechos humanos latinoamericanas y del Caribe manifiesten su apoyo a nuestra exigencia de que se mantenga el Ministerio en Haití, porque esta lucha es de toda la región, sostiene Joachim, de SOFA. "El gobierno entrante debe saber que esta no es una lucha solo de Haiti, sino de toda una región", insistió.

Las guerras de EE.UU. serán cada vez más secretas

Antiwar

Por John Glaser

El gobierno de Obama respondió esta semana a la presión sobre la legalidad de la participación militar estadounidense en Libia afirmando que la Resolución de Poderes de Guerra no se aplica en este caso. Atribuyéndole un papel de apoyo limitado a la intervención de la OTAN, el presidente decretó que la legislación de los años de Vietnam, que requiere la aprobación del Congreso para cualquier enfrentamiento militar superior a 60 días, es irrelevante en el contexto actual.

La Cámara de Representantes aprobó una enmienda, el pasado lunes, a un proyecto de ley de asignaciones militares que prohíbe toda financiación de la guerra de Libia, que habrá costado 1.100 millones de dólares hasta septiembre. Además, un grupo de diez diputados de la Cámara de Representantes ha presentado una denuncia formal contra el presidente Obama y el secretario de Defensa saliente, Robert Gates, basándose en que la intervención en Libia es ilegal e inconstitucional. No obstante, el Gobierno se niega a pedir permiso al Congreso y sigue manteniendo, como ha afirmado el asesor legal del Departamento de Estado, Harold Koh, que está actuando conforme a derecho.

El desafío del Gobierno en este sentido implica atribuir una mayor autoridad al Poder Ejecutivo, sin las restricciones del sistema tradicional de checks and balances, en relación con los poderes para hacer la guerra. Además, la postura jurídica que han adoptado, en el sentido de que el apoyo, la planificación y la realización de ataques desde el aire no equivale a las "hostilidades" especificadas en la Resolución de Poderes de Guerra, no es muy sostenible. De hecho, la ley exige que el presidente obtenga la aprobación del Congreso "en cualquier caso en que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se encuentren: (1) en hostilidades o en situaciones en las que sea claramente inminente la participación en hostilidades, con arreglo a las circunstancias ..."

La capacidad del presidente para ir a la guerra contra la voluntad del Congreso y el pueblo estadounidense se ha incrementado espectacularmente con los años. Pero, los avances tecnológicos del arma aérea están empezando a permitir que las nuevas guerras, en la plena acepción del término, se lleven a cabo sin la presencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en ningún escenario de conflicto. Como el ex fiscal general adjunto de la Oficina de Asesoría Jurídica del gobierno de Bush, Jack Goldsmith, dijo al New York Times, "La teoría del Gobierno implica que el presidente puede hacer la guerra con aviones teledirigidos y todo tipo de misiles lanzados desde alta mar sin tener que preocuparse por las limitaciones temporales de la Resolución de Poderes de Guerra."

Obama ha aumentado significativamente el programa de aviones no tripulados en Pakistán durante su mandato. Estos vehículos aéreos dirigidos por control remoto han permitido al Gobierno llevar a cabo una agresiva campaña de bombardeos en la provincia de la frontera noroeste, con los pilotos sentados cómodamente lejos de la zona en cuestión. El programa lo gestiona la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y, aunque sea ampliamente conocido por la opinión pública, se trata técnicamente de acciones encubiertas, que excusan al Gobierno de responder a cualquier pregunta al respecto o de atenerse a los requisitos legales de solicitud de la aprobación del Congreso.

Diferentes informes han confirmado que el gobierno Obama ha estado librando otra guerra por medio de aviones no tripulados en Yemen durante casi dos años, con al menos 15 ataques y 130 muertos en lo que llevamos del presente mes. Estas operaciones se han realizado además sin ningún tipo de rendición de cuentas, justificación jurídica o presión del Congreso, como ha sido el caso de Libia.

La importante diferencia entre las guerras de Obama en Pakistán y Yemen y su guerra de Libia no está en el nivel de las hostilidades o los intereses de seguridad, sino más bien en la posibilidad de calificar una de ellas de guerra secreta y la otra de pública. Esta constatación, junto con la tecnología punta que hace posible este tipo de guerras en la sombra, tiene perspectivas funestas de cara al futuro. Si este gobierno, o un sucesor, se enfrenta a la disyuntiva de librar una guerra en campo abierto y asumir la responsabilidad, o en secreto y evitar cualquier responsabilidad o control de su poder, el atractivo de esta última opción puede resultar demasiado tentador. Una inminente desintegración del imperio de la ley, que antes limitaba la capacidad del gobierno para hacer la guerra con impunidad, es la lamentable y previsible consecuencia.

No sólo se vuelven obsoletas las leyes que limitan la guerra, o se las ignora, sino que la jurisdicción legal y geográfica de Estados Unidos se extiende a todo el globo. Cualquier oscuro rincón o enclave aparentemente amenazador de cualquier país del mundo de repente se halla sujeto a la discreción del presidente en una guerra de aviones no tripulados. Si se funciona con arreglo a protocolos secretos, como se ha hecho en Pakistán y Yemen, no será necesaria ninguna sanción legal del Congreso ni ninguna justificación ante el pueblo estadounidense, y no habrá límite a las prerrogativas bélicas del presidente.

Está por ver si la posición jurídica del Gobierno con respecto a la guerra de Libia será aceptada por la mayoría de un Congreso generalmente ineficaz. La presión a favor de la responsabilidad y el cumplimiento de la ley pueden estar de más en este caso, pero Obama y su equipo de seguridad nacional han aprendido la lección. Su próxima guerra probablemente evitará un escrutinio público de este tipo.

John Glaser es periodista y redactor jefe adjunto de Antiwar.com

sábado, 2 de julio de 2011

TELESUR transmitirá el documental QUIÉN DIJO MIEDO...

TELESUR
transmitirá el documental
QUIÉN DIJO MIEDO, honduras de un golpe...
de la directora hondureña Katia Lara

DOS ENTREGAS
Sábado 2 de julio y
Domingo 3 de julio

19:30 hrs Honduras
20:30 hrs México
21:00 hrs Venezuela
21:30 hrs Cuba
21:30 hrs Bolivia
22:30 hrs Argentina
03:30 hrs Madrid

http://quiendijomiedofilm.blogspot.com/
http://www.facebook.com/quiendijomiedohonduras
Ver en Vivo: TeleSUR/

Dos años de resistencia de un pueblo que despertó ante la violencia del golpe de Estado

Nicaragua y Más

Por Giorgio Trucchi
Lista Informativa 'Nicaragua y más'

El 28 de junio de 2009, Honduras amaneció con la noticia de un golpe de Estado que había derrocado y deportado ilegalmente a Costa Rica al presidente legítimo Manuel Zelaya. Dos años después, en la ciudad norteña de San Pedro Sula, miles de hondureños conmemoraron ese segundo aniversario junto con el mismo Zelaya, quien regresó al país el 28 de mayo, después de la firma del Acuerdo de Cartagena, impulsado por los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez y de Colombia, Juan Manuel Santos.

“Aquel 28 de junio el pueblo explotó de manera espontánea ante algo que se pensaba que ya no podía ocurrir en nuestro continente. Levantó su voz y exigió el regreso de Zelaya y la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente”, dijo Bertha Cáceres, coordinadora nacional del Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).

Según ella, esta dramática experiencia permitió al pueblo hondureño salir de su invisibilización y darse a conocer “por su lucha y valentía”. “Los golpistas nunca pudieron gobernar libremente y tuvieron que arreciar la violación a los derechos humanos, para tratar de dominar un pueblo que había despertado y tomado conciencia”, afirmó la dirigente indígena.

Durante la actividad en San Pedro Sula, el presidente Zelaya arremetió contra la dirigencia del Partido Liberal, después de haber sido expulsado este mismo día por haber optado integrarse a otra fuerza política que, según ellos, pretende impulsar el socialismo en Honduras. “Son los mismos que apoyaron el golpe y que secuestraron el Partido Liberal. No representan a nadie, no tienen legitimidad y son ellos los que serán expulsados por el pueblo a través del voto”, dijo Zelaya.

El ex presidente de Honduras promovió el domingo pasado (26/6) la creación del FARP (Frente Amplio de Resistencia Popular), una nueva fuerza política integrada por diferentes organizaciones que integran la resistencia hondureña y que pretende ser una alternativa al bipartidismo nacional, durante las próximas elecciones presidenciales del 2013. “A dos años del golpe intentan otra vez golpearnos. Unámonos en esta organización popular, democrática, revolucionaria y de resistencia, porque la refundación de Honduras es una labor del FARP”, sentenció Zelaya.

El asamblea extraordinaria también fue notoria la presencia de organizaciones que integran el FNRP que no estuvieron de acuerdo con la decisión tomada por la mayoría de los más de 1,5 mil delegados acreditados. Según ellas, “aventarse a la arena electoral arriesga el proceso de autoconvocatoria a una Constituyente refundacional y la construcción de poder popular desde abajo. Sería una legitimación del golpe de Estado y una reconciliación en base al olvido y no podemos aceptarlo”, sostuvo Cáceres.

Un pueblo despertó
De acuerdo con Wilfredo Paz, dirigente magisterial y coordinador del FNRP en el departamento de Colón, esos dos años de resistencia significaron un gran avance organizativo y el despertar del pueblo. “Un pueblo que hoy está consciente de la necesidad de refundar nuestra patria”.

Sin embargo, Paz considera que aún no se ha logrado recuperar la democracia perdida a raíz del golpe. “Ha habido avances y conquistas, como el regreso de Manuel Zelaya y de varios exiliados al país, pero falta mucho camino por recorrer para recuperar un verdadero Estado de derecho”, afirmó el dirigente magisterial.

Pese a lo que el gobierno de Porfirio Lobo pretende aparentar a nivel internacional, Honduras no es un país pacificado. “Sigue la represión y la violación a los derechos humanos y la total impunidad. Son cosas que no podemos olvidar y exigimos que se castiguen a los responsables”, aseveró.

No a la militarización
Diferentes organizaciones que integran el FNRP decidieron conmemorar esta fecha movilizándose hacia la base militar estadounidense de Soto Cano (Palmerola), la más grande de la región, en el marco del Encuentro Internacional contra la militarización, ocupación y represión en Honduras.

La protesta fue reprimida por las fuerzas del ejército y la policía. “A dos años del golpe, estamos recordando que Estados Unidos ha jugando un papel fundamental en este delito contra nuestro pueblo. Un vez más, la protesta social está siendo reprimida y criminalizada y lo estamos denunciando ante el mundo”, concluyó Cáceres.
Galería fotográfica

Manuel Zelaya y su estrategia de armar un país dentro de otro


Rebelión

Por Carlos Aznárez

Cumpliendo con lo que había anticipado en el exilio forzoso al que lo había condenado el golpe cívico-militar hondureño, Manuel Zelaya aprovechó el segundo aniversario de su derrocamiento y la euforia despertada por su regreso al país, para avanzar en la idea de convertir a la Resistencia en la promotora de un partido politico denominado Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP). Esta nueva organización fue lanzada a la superficie en el marco de un plenario multitudinario (1500 delegados del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), pertenecientes a 19 departamentos), y aprobada casi unánimemente.

Para que esto sucediera, Mel, como cariñosamente lo apodó el pueblo hondureño, mantuvo, en los días previos, prolongadas reuniones con los dirigentes de la Resistencia que le son más afines, como Juan Barahona y Rafael Alegría. A ellos les explicó que era necesario no desaprovechar la oportunidad que se ha abierto con su presencia en el país “gracias a la movilización popular y al esfuerzo internacional de nuestros mejores amigos”. De allí, a convencerlos que es “ahora cuando”, para la constitución de un partido que reuna a lo mejor y más combativo de los cuadros de la Resistencia, hubo un margen donde ambos dirigentes plantearon su aceptación, siempre y cuando se respete la diversidad política que aglutina el Frente. Según Barahona, ese es el factor fundamental que les ha permitido mantenerse unidos durante los dos difíciles años que van desde el golpe de Estado a este presente.

Zelaya repitió la operación con otros referentes frentistas y fue destruyendo una a una las dudas que se le planteaban sobre “los peligros que encierra la partidocracia”, como le comentaran delegados del departamento de Intibucá, quienes advirtieron al líder hondureño que la propuesta podía echar por tierra todo el esfuerzo realizado por la Resistencia.

Zelaya, que sin dudas ha hablado de esta iniciativa con sus aliados latinoamericanos (sobre todo con el presidente venezolano Hugo Chávez y con Daniel Ortega de Nicaragua), se da cuenta que el gobierno de Porfirio Lobo no las tiene todas consigo a nivel politico y económico y que por ello se hace preciso pasar a la contraofensiva, ya que el 2013 –fecha de las elecciones- puede ser la posibilidad concreta de su retorno al poder.

Esta misma discusión sobre “partido si, partido no”, se bajó a las bases frentistas y a los comités municipales y barriales, preparando de esta manera la Asamblea Extraordinaria.

Es en esos ámbitos populares donde se alzaron voces contrarias a lo propuesto por Zelaya. Una de las más rotundas críticas provino de las filas del histórico Copinh (Consejo Popular de Organizaciones Indígenas de Honduras), que lideran Berta Cáceres y Salvador Zuñiga. No sólo insistieron en que es erróneo pensar que el golpismo busca reconciliaciarse, sino que para no retroceder en la lucha, el FNRP no debe ser partido politico ya que “eso es más de lo mismo”. Por ultimo, expresaron a Zelaya que el Frente de Resistencia no debe posicionarse para ninguna elección, salvo para la de Constituyentes.

En términos similares, se expresó otro dirigente de peso en el andar de la Resistencia, Carlos Reyes, quien con ironía dejó traslucir su desengaño con el hecho de votar partidos, ya que luego “el aparato de la burguesía logra que los obreros y los campesinos voten a capitalistas y terratenientes”.

Con todas estas voces a favor y en contra, Zelaya convocó la gran asamblea frentista y allí se dio cuenta que gran parte de los concurrentes coincidía con su visión de la realidad hondureña. Por eso, puso primera y mediante un apasionado discurso, sumó todos los elementos a favor que significará contar con una herramienta política. Por un lado, no renunciar a ninguno de los planteamientos históricos de la Resistencia, sobre todo el de la Asamblea Constituyente. Zelaya hizo ver a sus seguidores que el partido que recién nace es la principal fuerza política del país, ya que cuenta con 1.300.000 firmas de apoyo, y que ésa es la mayor garantía para exigir la Constituyente.

En lo estrictamente ideológico abogó por una propuesta de “inclusión social y en paz”, y adelantó una señal del rumbo que tendría su gestión si gana las elecciones del 2013, apuntando que enfocará los cañones contra la burguesía y que construirá un socialismo democrático, al que caracterizó como “liberalismo prosocialista”.

Con esas definiciones, y la certeza de que el FNRP no se disuelve en el nuevo partido, sino que por el contrario, lo motorizará, se puntualizó que la participación dentro del mismo es individual y no como organizaciones, para evitar cualquier tipo de conflictos no deseados.

La respuesta de las bases fue de aprobación por aclamación de la constitución de la herramienta política frentista. Sólo los militantes del Copinh y otras pequeñas organizaciones departamentales no convolidaron el paso dado, y dejaron abierta la puerta –ad referendum de una asamblea de sus afiliados- para decidir si continúan o se van del Frente.

Para Mel Zelaya, la nueva batalla hacia el poder ha pegando así un salto cualitativo. Conocedor calificado del entretejido politico de su país, sabe que con su presencia y con el accionar movilizador de la Resistencia, las contradicciones de sus adversarios seguirán aflorando. De allí, que a través del nuevo partido se propone comenzar una campaña de denuncia contra la represión, por el castigo de los culpables de haber violado los derechos humanos y por la resolución de los conflictos sociales y sindicales que afectan al país. De hecho, Zelaya ya se está moviendo como representante de una nación (gestada por la Resistencia) que día a día desborda el frágil escenario construido por el actual gobierno continuista. Desde esa perspectiva, el 2013 queda a la vuelta de la esquina.