El Grupo Sociedad Civil (GSC), plataforma de movimientos sociales y organizaciones populares, conformada por 12 sectores de la Sociedad Civil, entre los cuales se incluyen campesinos, obreros, micro y medianos empresarios, sector social de la económica, dirigentes comunitarios y pobladores, organizaciones que trabajan en el sector niñez y juventud, indígenas y afrodescendientes, organizaciones de mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), y 5 foros regionales que inciden en las regiones norte, sur, centro, occidente y litoral atlántico del país, con motivo de la realización del foro “Las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Demandas y Compromisos desde la Sociedad Civil”, a realizarse en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día 27 de junio del año 2012, a las autoridades estatales, organismos de la cooperación internacional y ciudadanía en general, hace saber el posicionamiento político respecto al cumplimiento las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, en los siguientes términos:
1) Es importante avanzar en la comprensión ciudadana de lo acaecido antes, durante y después de la ruptura constitucional generada a raíz del golpe de Estado del 28 de junio del 2009. En ese sentido, si bien es cierto, el informe de la CVR, no llena todas las expectativas de los hondureños, pues se construyó sobre la base del nombramiento de una Comisión designada sin la participación de las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC), y sin tomar en consideración los aportes de un significativo número de víctimas y actores protagónicos de la crisis política, valoramos que tiene algunos elementos dignos de tomar en consideración para dejar constancia histórica de lo que verdaderamente sucedió en el segundo semestre del año 2009, proceder a sancionar a quienes transgredieron la Ley y tomar las medidas pertinentes para que estos repudiables hechos no vuelvan a suceder. Estamos a la espera de la culminación y publicación del Informe de la Comisión de Verdad, que organizaciones defensoras de derechos humanos han estado elaborando, para darle estudio y valoración, y –así como a este informe que hoy nos ocupa- seguimiento a las recomendaciones que –desde la perspectiva de las OSC- estimemos conveniente cumplir.
2) Las autoridades estatales no muestran una activa y generalizada voluntad política de implementar las recomendaciones contenidas en el informe de la CVR; existe desconocimiento, falta de apropiamiento y ausencia de un plan articulado para el cumplimiento de las mismas, lo que puede evidenciarse en la exclusión de dichas encomiendas en los planes estratégicos institucionales, planes operativos anuales y presupuestos de las instituciones que dependen de los distintos poderes del Estado, organismos fiscalizadores y operadores de justicia. Dicha omisión institucional es repudiable ya que por falta de ese decidido accionar, muchas de las recomendaciones están en peligro de poderse implementar, tal es el caso de aquellas que tienen relación con las reformas en el marco constitucional y las vinculadas a las elecciones generales de 2013.
3) Las autoridades estatales, especialmente los operadores de justicia, no han ejecutado acciones contundentes en procura de combatir la impunidad, especialmente en lo relacionado a la violación de los derechos humanos y actos corruptos, que, durante la crisis política, se ejecutaron; respecto a estas recomendaciones, que son prioritarias y que lograrían satisfacer el anhelo popular, no hay una acción contundente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ministerio Público (MP) y Corte Suprema de Justicia, por lo que en el imaginario colectivo se percibe que no se hace lo necesario para sancionar a culpables, ni para reparar a las víctimas.
4) Consideramos que algunas acciones por parte del Gobierno de la República, en lugar de ir alineadas al espíritu de las recomendaciones del informe de la CVR, se contraponen a ellas, tal es el caso del rol que deben desempeñar las Fuerzas Armadas de Honduras en la vida nacional; no existe voluntad de evitar que las mismas se involucren en la vida política nacional y se circunscriban a labores de defensa de la soberanía nacional, sino que mediante iniciativas que surgen del Poder Ejecutivo y Legislativo, se les ha asignado funciones propias de la institucionalidad civil, tal es el caso de la seguridad pública y lucha contra la criminalidad común.
5) Ante esta abulia oficial y falta de compromiso de la institucionalidad estatal, se requiere que los Poderes del Estado y demás entidades del Estado, ejecuten una acción coordinada y complementaria en la implementación de las recomendaciones contendías en el informe de la CVR. Urge que se nombren oficialmente a los responsables de liderar el proceso de implementación de dichas recomendaciones, en el marco de una Estrategia de Cumplimiento. Valoramos los esfuerzos de la Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones del Informe de la CVR (USCVR), adscrita a la Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos (SJDH), sin embargo, se hace impostergable y obligatorio que la misma sea transformada en una Unidad de Implementación de las recomendaciones antes mencionadas; resulta paradójico que el Gobierno de la Republica tenga una dependencia que de seguimiento y monitoreo a un proceso, pero no tenga institucionalidad específica para cumplirla, y mucho menos un plan o estrategia ad-hoc.
6) Debe realizarse un mayor esfuerzo por socializar los hallazgos y recomendaciones del informe de la CVR, a fin de que la ciudadanía se apropie de las mismas, y tenga más consciencia de las causas, los actores y las consecuencias de la crisis generada a raíz del golpe de Estado de 2009; es muy importante y necesario que se elabore una versión sintética y popular, dirigida a los distintos sectores de la sociedad hondureña. De igual forma, es necesario que se conforme un grupo de especialistas, tanto en la Sociedad Civil como en el andamiaje estatal, para el diseño conjunto de estrategias particulares en el marco de cada una de las recomendaciones.
7) Es responsabilidad de las OSC dar monitoreo al cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la CVR, desde un enfoque institucional, sectorial y territorial, para lo cual se deben desarrollar capacidades, organizar redes y diseñar las estrategias del caso, con el propósito de mejorar las condiciones en que el Estado hondureño pueda afrontar situaciones como las acaecidas en el año 2009, mismas que aun representan un riesgo para el incipiente Estado de Derecho con el que contamos.
El GSC reitera su compromiso de acompañar procesos que mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía y con el fortalecimiento del sistema democrático en que todos tenemos derecho a vivir, no obstante, demandamos de las autoridades del Estado igual compromiso y accionar.
Tegucigalpa, MDC
27 de junio de 2012
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