Por Emilio Marín
El derrocamiento del presidente Lugo en Paraguay debe ser bien meditado por las fuerzas democráticas de Argentina. Surgen del mismo enseñanzas para gobernantes y gobernados, de acá y allá. Hasta el jueves la situación argentina estaba atravesada por un eje fundamental: la confrontación entre el sindicato de Camioneros de Hugo Moyano y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y esa contradicción sigue ardiendo, por supuesto, y tendrá un momento de mayor ebullición todavía el miércoles, con la movilización convocada por el titular de la CGT. Entre los sectores enfrentados menudearon las descalificaciones, incluso denuncias penales del gobierno contra los sindicalistas, de modo que parecía que ese tema quedaría instalado como central hasta el 27 de junio. Sin embargo, el golpe de Estado expréss en Paraguay, producido el viernes 22, se instaló rápidamente como el principal de la agenda política, en Buenos Aires y las demás capitales latinoamericanas. Es que lo sucedido en el vecino país tiene sus peculiaridades, pero también sus rasgos generalizados a la región. Allí están Monsanto y grandes jugadores del agrobusiness que quieren marcar la agenda a los gobiernos democráticos y deponerlos si es preciso. También menudean las policías bravas capaces de agujerear con balas a los campesinos sin tierra, los pobladores urbanos sin techo, los jóvenes trabajadores precarizados, etc. En todos estos países, salvo los más avanzados como Venezuela, las Fuerzas Armadas y de Seguridad están infectadas de elementos que provienen de las dictaduras anteriores y están vinculados con la represión, el narcotráfico, etc. Y como si lo anterior fuera poco, hay que agregar que los sistemas políticos latinoamericanos están partidos al medio, porque hay gobiernos y dirigentes democráticos y progresistas, como los del Mercosur y UNASUR, pero también los hay bien corridos al extremo derecho, como los de Colombia, México, Chile y Panamá. Fernando Lugo era parte del espectro progresista, sobre todo por su política regional y no tanto por su gestión doméstica. El golpe de Estado “institucional” en su contra es una afrenta a la democracia guaraní, que había elegido a aquél en 2008, pero también una advertencia de la reacción latinoamericana a todos los mandatarios de la UNASUR. A todos ellos se los amenazó, por elevación, con un juicio sumarísimo en 24 horas, con dos horas para defenderse y una votación previsible. Lo bueno del caso es que ese golpe puso en alerta a la democracia latinoamericana. Y allí se vio a la UNASUR y no a la OEA como avanzada de esa resistencia al putsch. Los cancilleres de aquel espacio estuvieron en Asunción el mismo jueves. Cristina Fernández, Rafael Correa, Hugo Chávez y Dilma Rousseff han manifestado que no reconocerán al nuevo gobierno del golpista Federico Franco. Van a debatir en una próxima reunión cómo aislar y sancionar esa interrupción del orden constitucional que violó el derecho de defensa de Lugo. Esto es lo positivo: en la región hay más claridad que antes en armar la guardia para que los golpes de Estado reaccionarios no peguen en las mandíbulas de la democracia.
Los pecados de Lugo
El mayor pecado del ex obispo no fue tener hasta ahora dos hijos que él no había reconocido hasta que debió hacerlo luego del reclamo de sus respectivas madres. Ese fue un pecado menor, del que ya habrá obtenido el perdón celestial. El último error suyo fue aceptar mansamente el golpe, esbozar una defensa jurídica sin movilizar a sus partidarios en contra del linchamiento y aceptar rápidamente la resolución del Senado oligárquico. Esto se llama rendirse sin pelear. Y es una derrota desmoralizante para sus electores y para todos los que hicieron causa común dentro de la Patria Grande Latinoamericana. No se esperaba de Lugo una conducta heroica como la de Salvador Allende, que murió peleando en el Palacio de la Moneda, pero al menos se creía que aquél no aceptaría en pocas horas la solución golpista. Se despidió del gobierno casi amablemente. El derrocado mandatario cumplió de antemano con lo que al día siguiente planteó el Departamento de Estado: “instamos a todos los paraguayos a que actúen de forma pacífica, con calma y responsabilidad, conforme al espíritu de los principios democráticos de Paraguay”. Gran cinismo el del gobierno estadounidense, porque el “principio democrático” suponía respetar el mandato de Lugo hasta el 15 de agosto de 2013, cosa que el sumarísimo juicio senatorial frustró, con la violencia de sus minorías parlamentarias. Esto, más el lobby terrateniente, de los grandes medios de comunicación, la embajada yanqui y la policía que reprimió el viernes con palos, gases y balas de goma a los manifestantes antigolpistas. La pérdida del gobierno se explica porque Lugo no implementó cambios significativos en la estructura terrateniente. Unos pocos miles de latifundistas, pooles de siembra, Monsanto y otros monopolios agrupados en la UGP (Unión de Gremios de la Producción), le sabotearon las tímidas intenciones de favorecer los reclamos de campesinos sin tierra. Y frente a esos poderes, el mandatario “arrugó”, como se dice en Argentina. No sólo eso, a veces permitió que jueces, policías y ministros de su mismo gabinete permitieran el desalojo violento de los sin tierra. Y en varias oportunidades, no sólo en Caraguaty, hubo muertos y heridos. Lugo no pudo lograr en cuatro años que el Senado admitiera a Venezuela en el Mercosur. Dio prórroga a la base de marines en Mariscal Estigarribia, donde se instalaron desde 2006. Y aprobó una “ley antiterrorista” a pedido de Estados Unidos, con nuevas misiones de efectivos mandados por Barack Obama en el norte de Paraguay. Con esto no sólo se mancillaba a la patria guaraní sino que se permitía amenazar al vecino Brasil y la Amazonia, una función que el derechoso Franco cumplirá con mucho mayor oficio que Lugo.
Ni golpe ni claudicación
La presidenta argentina estuvo rápida de reflejos para condenar la asonada en Paraguay y mañana podría hablar en una sesión del Congreso sobre este tema. La defensa de la democracia, en Paraguay y en Argentina, debe contar con el beneplácito de la población; a contrario sensu, el “plan Cóndor” de las dictaduras de Alfredo Stroessner y Jorge R. Videla, arruinó y quitó la vida de paraguayos y argentinos (amén de uruguayos, chilenos y brasileños, entre otros). Lo que no estaría bien es que CFK o sus ministros quieran equiparar el golpe de Estado paraguayo con la marcha de los Camioneros, prevista para el miércoles. Tratar de golpistas a ese y otros gremios que piensan ir hasta la Plaza de Mayo con dos reclamos básicos sería un grave error. Esta marcha se llamó para pedir la anulación del impuesto a las ganancias o bien la elevación sustancial del monto mínimo no imponible, y la universalización de las asignaciones familiares, dos objetivos bastante módicos salvo que la situación fiscal del gobierno sea mucho más desesperada que la confesada en los números oficiales y ni qué hablar de muchas administraciones provinciales. Pero en ese caso -que las dificultades financieras sean tan graves- primero que nada habría que blanquearlas y no acusar de “destituyentes” a sindicatos que demandan un par de puntos admitidos por casi todos –oficialistas y opositores- como justos y relativamente accesibles. Moyano no es lo que se dice un arquetipo de sindicalista democrático y pluralista. Esto es verdad, aunque también se debería anotar que sus enemigos dentro de la CGT, tales como Oscar Lescano, Andrés Rodríguez, Armando Cavalieri, Carlos West Ocampo, Luis Barrionuevo y Rodolfo Daer, son bastante peores porque además de burócratas fueron y son socios de las grandes empresas y los peores gobiernos. Algunos, como Gerardo Martínez (UOCRA) están acusados de haber sido “buchones” del II Cuerpo de Ejército durante la dictadura militar. Lamentablemente, la presidenta y sus colaboradores vienen llevando adelante un plan político para derrocar a Moyano de Azopardo 802 e imponer allí a los “Gordos”, “independientes” y “No Alineados”. Lo único cierto de estas etiquetas es la cuestión de peso, no así las otras dos, falsas. Las acusaciones en contra del gremio de Camioneros, en el sentido de “destituyente”, requieren de pruebas que hasta ahora no se dieron. En cambio, está a la vista que las sanciones en contra de Moyano son desproporcionadas y poco democráticas. Por ejemplo, se le decretó la conciliación obligatoria, una multa de 4 millones de pesos, se le hizo una denuncia penal muy grave que puede significar penas de varios años de cárcel y se le envió la Gendarmería con equipos listos para reprimir su gente. Además se lo amenazó con la ley de Abastecimiento, que luego se enfiló contra la patronal camionera y no el sindicato. Parece una respuesta políticamente incorrecta. Nótese que a la Mesa de Enlace Sojera no se le impuso ninguna de esas sanciones por cortar centenares de rutas durante tres meses, con graves pérdidas. Y otra comparación: al laboratorio anglo-norteamericano GlaxoSmithKline se le impuso en enero de 2012 una multa de 400.000 pesos por un plan de investigación con vacunas que causó la muerte de 14 niños. ¿No parece un poco mucho multarlo a Camioneros con una cifra de un cero más, cuando no mató a nadie?
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