jueves, 5 de noviembre de 2020

Honduras podría estar a las puertas de otro desastre ambiental y social


Radio Progreso

Honduras vuelve a sentirse altamente vulnerable con la llegada de la tormenta tropical Eta, porque el Estado ha sido incapaz de brindar las herramientas necesarias para que la población disminuya el grado de vulnerabilidad en sus comunidades, y con ello, evitar la pérdida de vidas humanas, dijo en entrevista a Radio Progreso el experto en gestión de riesgo e integrante del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric-sj, Jerónimo Carranza.

En Honduras la atención de las autoridades se centra en los operativos de la Semana Morazánica, a pesar que en otros países de la región comenzaron a tomar acciones por la magnitud de la tormenta tropical que, en las próximas horas podría alcanzar la categoría de huracán frente a la costa de Honduras y Nicaragua. Se pronostica que esta tormenta puede generar el mismo o mayor impacto que tuvo el huracán Mitch hace 22 años.

“Ante la inoperancia de las autoridades le toca a la ciudadanía tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida”, aseguró animando a los patronatos y dirigentes de barrios y colonias a organizarse y comenzar a trabajar para evitar muertes y daños graves en las comunidades.

Jerónimo Carranza expresó que, en el marco de la pandemia por la Covid-19, otra emergencia en Honduras sería catastrófica para la gente, pero una bendición para los políticos que aprovechan esas tragedias para aprobar fondos que al final son desviados para financiar campañas políticas, sin importar que la vida de la gente está en peligro de muerte.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), Eta hizo que la actual temporada empate el récord en cantidad de tormentas registradas, igualando la temporada del 2005.

De acuerdo con el boletín del NHC emitido a las 10 a.m. del domingo (01/11/2020), el sistema se encontraba a 225 millas al sur de Kingston, Jamaica, y a 400 millas al este de Cabo Gracias a Dios, en la frontera entre Nicaragua y Honduras.


150 razones para actuar


Defensores en Línea

Entramos a la recta final hacia el examen periódico que realiza la ONU a los Estados parte en materia de respeto a los derechos humanos.

El próximo jueves 5 de noviembre, en horas de la tarde en Ginebra, el Estado de Honduras deberá responder por 150 recomendaciones que recibió en 2015.

Las recomendaciones son relativas a la vida, la intergidad física, la libertad, la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por ningún motivo.

También la evaluación de hace cinco años incluye recomendaciones sobre el proceder de las instituciones, del Estado en su conjunto.

Está fresco en la memoria colectiva de Honduras el éxodo de niños y niñas no acompañados en 2015, por las violencias que habían expulsado antes a sus padres hacia México y Estados Unidos.

La destrucción de los derechos económicos y sociales con 160 leyes habilitantes del sistema de corrupción capitalista fomentado desde el Congreso de la impunidad.

El asesinato de Berta Cáceres en 2016 y la impunidad oficial sobre la familia Atala, que encabeza la dirección ejecutiva de la empresa eléctrica que planificó, financió y ejecutó ese crimen.

El fraude electoral monstruoso, vulgar y violento de 2017 dirigido por la teniente Fulton, en nombre del supremacismo blanco estadounidense, apoyado por la obediente Europa, la “políticamente correcta”.

Las represiones violentas de 2017 que identifican a los militares y a los policías-militares como responsables de torturas, desapariciones y asesinatos, como está probado en el informe de Naciones Unidas.

La entrega total de la justicia en 2018 a las mafias corruptas que destruyeron el presupuesto nacional y que destruyeron la comisión contra la impunidad creada por el Consejo Colonial Imperialista que dirige Almagro, el yesman de Washington.

Nadie olvida que hacia finales de 2018 las tropas militares que Miguel Facussé heredó a Lenir Pérez entraron violentas a destruir el campamento ciudadano que defiende la montaña “Carlos Escalreras”, en Tocoa, Colón.

Desde aquel momento lamentable el río Guapinol arrastra el estiércol de la industria minera a cielo abierto y la comunidad sufre todavía hoy el encarcelamiento injustificado de sus liderazgos como consecuencia de su heroísmo ambiental.

En 2019, las caravanas de migrantes climáticos expulsados del sur de Honduras por la sequedad, los perseguidos de la violencia del crimen organizado, las familias peregrinas sin trabajo ni esperanza, expulsados todos por el gobierno impostor continuista del golpe religioso-militar pro gringo.

Durante 2020 más de 60 manifestaciones causadas por la desigualdad, que ha sido profundizada por la pandemia del Covid 19, han sido reprimidas de modo violento en todo el país. Y las ejecuciones extrajudiciales mediante la modalidad de “masacres” continúan en pleno confinamiento.

Un confinamiento obligatorio, irregular, arbitrario y violento ha sido impuesto a la sociedad hondureña por el régimen militar, suspendiendo abusivamente derechos civiles y políticos aún hasta nuestros días.

En nombre de la pandemia, la dictadura inmoral ha robado miles de millones de dólares que no llegaron para la salud del pueblo, causando la muerte de más de 2000 seres humanos hasta la fecha.

En medio de ese confinamiento abusivo, controlado exclusivamente por los uniformados armados, la comunidad Triunfo de la Cruz y la Organización Fraternal Negra de Honduras, reclaman con vida a cinco personas desaparecidas hace tres meses.

En otros puntos del país, en Santa Bárbara, Choluteca, El Paraíso y Francisco Morazán, otras 12 familias reclaman con vida a sus seres queridos desaparecidos por militares o policías, o por miembros del crimen organizado, que en el contexto actual de Honduras equivalen a la misma identidad.

Estas son apenas algunas de las imágenes que pasan a través de la memoria colectiva a pocas horas que el Estado de Honduras responda qué hizo con 150 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace cinco años.

En cuanto al Cofadeh, organización responsable de estas voces contra el olvido, ha presentado propuestas de recomendaciones a varios Estados a través de sus diplomáticos en Tegucigalpa y Ginebra.

En diferentes reuniones de incidencia el Comité ha insistido en la urgencia de parar la criminalización de los liderazgos sociales que defienden sus territorios, sus comunidades y  sus medios de vida. Ha puesto, igualmente, un énfasis particular contra la militarización oprobiosa de Honduras y contra la impunidad de las desapariciones forzadas de 1980, de 2009 y 2020.

Este próximo martes, a través de distintas plataformas de transmisión en vivo, la organización símbolo contra la desaparición forzada en Honduras y la FIDH-Federación Internacional por los derechos Humanos, ofrecerán una rueda de prensa a las 9:30 de la mañana hora centroamericana para revelar hechos y recomendaciones.

Como ha expresado la coordinadora del Cofadeh, Bertha Oliva, esto que ocurrirá el próximo jueves en Ginebra, “no es un concurso escolar de quién hizo la tarea”. Es una evaluación seria en la que están de por medio vidas humanas, libertades y dignidades de personas concretas de carne y hueso. Por eso no es tolerable banalizar este momento.


FMI llegó, pero la piñata sigue


Alainet

Por Javier Suazo

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra en Honduras para conocer la evolución de los principales indicadores de la economía hondureña, especialmente en lo que respecta al primer semestre del año, y la efectividad de las medidas de política económica, sectoriales e institucionales tomadas para enfrentar la pandemia y evitar un mayor deterioro en las condiciones de vida de la población. Honduras había firmada un Acuerdo Stand Bay y Servicio de Crédito por el orden de los 311.13 millones de dólares en julio de 2019, para un periodo de dos (2) años, pero en mayo el personal técnico del FMI propuso aumentar el acceso a 222 millones de dólares para enfrentar la pandémica Covid-19.

El FMI ha puesto énfasis en el manejo de las finanzas públicas, en el marco de Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada, donde se ponen techos al gasto y masa salarial, entre otras metas a cumplir. Igual, busca un manejo satisfactorio de la crisis que enfrenta la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), de la que es co/responsable, ya que la mayor parte de las acciones ejecutadas por el gobierno han contado con su aval, ejemplo la aprobación de la nueva Ley del Sector Eléctrico, el funcionamiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), e incluso la creación de una Comisión Interventora que todavía no encuentra el rumbo para contribuir a eficientar la prestación del servicio a la población, ampliación de la infraestructura y reducción de las perdidas técnicas y no técnicas. 

Otro tema que preocupa, pero a escondidas, al FMI, es la falta de transparencia y corrupción. Es difícil pensar que funcionarios de este organismo y del gobierno, cataloguen de exitosa un programa de estabilización económica, cuando existen altos niveles de corrupción. Simplemente, avalan que el ajuste económico y compromisos futuros, los paga la población sin derecho a protesta.

Un tercer frente es la liberalización de la tasa de cambio, que se ha parado por el Covid-19 y la entrada de recursos vía préstamos, remesas y canalización de fondos del gobierno a la banca privada para apoyar a sectores como las MiPymes, turismo y los trabajadores que han sido afectados. De hecho, todavía, no se ha renunciado al objetivo de una liberalización total de la tasa de cambio, cuando se ha aprobado que 60% de las divisas no sean controladas por el Banco Central, sino por los agentes económicos (exportadores), y de cambio como los bancos.

En el caso de la ENEE, no se sabe que pasará en el Post-Covid-19. Por un lado, las perdidas (distribución y trasmisión) han aumentado y fijan en un 38.6% al mes de agosto de 2020, con impacto de 10, 698.5 millones de lempiras dejados de percibir (ENEE: boletín mensual). Se habla incluso de un déficit operacional de 85,000 millones de lempiras, por la incapacidad para reducir las pérdidas y no controlar el robo burocrático atribuido a la corrupción. La empresa está a las puertas de pagar 614 millones de lempiras por títulos de propiedad e indemnizaciones a propietarios de tierras que fueron desplazados con la construcción de la represa hidroeléctrica Patuca III, donde se asumió que los derechos de propiedad de los ocupantes no existían como tales.

A ello se suma, una posible renegociación del contrato con la Empresa Energía Honduras (EEH), encargada, en otras cosas, de eficientar la empresa y reducir las pérdidas anuales no técnicas de distribución en 17 puntos durante 7 años, que no se ha logrado. Esta renegociación puede ser desfavorable para el gobierno y ENEE, ya que la evidencia demuestra que no se ha logrado alcanzar dicho objetivo y EEH ha estado obteniendo unos 10.5 millones de dólares mensuales por su operación. El Congreso de la República aprobó cinco (5) contratos de energía eléctrica sin consultar a la CREE y violando la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE). Se habla que estos contratos se aprobaron inicialmente a 0.18 y 0.20 centavos de dólar el kilovatio hora, los más caros de la región.

EL FMI, no se ha pronunciado acerca de las denuncias sobre el manejo de los recursos públicos destinados a la pandemia Covid-19. El caso más sonado, donde el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), lo ha tipificado como una operación de compra de insumos médicos poco transparente, es la adquisición de hospitales móviles por IINVEST-H, una especie de supra ministerio creado para arreglar las carreteras de país, pero no para compras médicas. Al parecer, nadie ira a la cárcel por este delito, pero la población se pregunta, ¿Acaso el FMI podrá ayudar a recuperar el dinero perdido por la excesiva sobre/valorización?

La misión del FMI se ha reunido con representantes del sector privado aglutinados en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), para conocer, además del cierre de empresas y pérdidas de empleos, las estratégicas para reactivar la economía. La propuesta del sector privado es que se permita a partir del lunes 9 de noviembre de 2020, la circulación total de las personas sin excepción, para dinamizar la producción, turismo, ventas y el empleo. Pero los médicos advierten de un rebrote mayor del Covid-19, especialmente en el interior del país y ciudad capital, lo que puede significar una vuelta al encierro total, tal como puede estar sucediendo en países como España y Alemania. Igual, el COHEP, cierra filas frente a la amenaza del anuncio de nuevos impuestos para 2021, lo que no debe permitirse ya que las empresas están en una fase primaria de recuperación económica.

Es de esperar que, en 2021, 2022, 2023, tal como se da a entender en el Marco Macro Fiscal para 2020-2024, exista una baja en el techo de las metas del déficit del balance global del Sector Público No Financiero (SPNF) e incremento anual del gasto corriente, lo que implica que la “flexibilidad” introducida a las reglas fiscales iniciales ( techos al gasto) se desvanezca periódicamente, por lo que los hondureños deben esperar ajustes económicos a partir de 2020. Ello introducirá un sesgo recesivo mayor en la economía a mediano plazo, lo que afectará la tasa de crecimiento del PIB real, el gasto de inversión pública y generación de empleos de buena calidad.

EL FMI no se ha reunido con los dirigentes de los partidos políticos de oposición, lo que se considera una mala práctica, ya que muchas de las recomendaciones y acuerdos de finales y principios de año, afectarán el proceso de toma de decisiones en materia de política económica a futuro, especialmente en 2021 y una vez que sea electo el nuevo presidente de la República, diputados y alcaldes. Desde ya, parte de las políticas del FMI chocan con los planteamientos de los principales líderes de oposición.

Choluteca, Honduras, 29 de octubre de 2020


América Latina contra las cuerdas de la pandemia


Rebelión

Por Sergio Ferrari 

América Latina y el Caribe constituyen ya la región del mundo más golpeada a nivel económico y laboral. Producto de la crisis sanitaria se perderán 44 millones de puestos de trabajo. A fin del 2020, el nivel de pobreza será igual que en el 2005.

Organismos internacionales calculan para fines de este año una caída del Producto Interno Bruto (PIB) regional de -9.4%. Algunos datos recientes anticipan, sin embargo, señales tibias de un lento y largo proceso de recuperación en puerta.

El mazazo pandémico es contundente, si se analizan los datos provenientes de nueve países del continente que concentran el 80 % de la población activa total y sobre los que se tiene información actualizada: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Paraguay y Uruguay. Cifras que son sistematizadas en la segunda edición del informe Impactos en el mercado de trabajo y los ingresos en América Latina y el Caribe(https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—americas/—ro-lima/documents/publication/wcms_756694.pdf) que acaba de publicar, a inicios de octubre, la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

¿Se está ya tocando el fondo de la crisis económico-sanitaria? El informe destaca “que, a partir del tercer trimestre de 2020, los niveles de actividad económica han mejorado un poco”. Algunos datos reflejan una incipiente recuperación del empleo y el retorno de un número de trabajadores a la fuerza laboral.

En su presentación del estudio Vinicius Pinheiro, director Regional Latinoamérica y el Caribe de la OIT, subraya que “los indicios preliminares de recuperación son una noticia positiva, pero el impacto de la COVID-19 en el trabajo y en las empresas fue enorme, y el camino por recorrer es largo”. Por lo cual “es fundamental relanzar las bases para la recuperación de la economía con seguridad sanitaria, asegurando condiciones favorables para el funcionamiento de las empresas y para la creación de más y mejores empleos”.

Pinheiro, además, señala que “es fundamental fortalecer los mecanismos de diálogo social para la concertación de pactos o acuerdos nacionales que apunten hacia una recuperación con transformación productiva, formalización, universalización de la protección social, transición justa hacia modelos de desarrollo más sostenibles e inclusivos”.

“Enfrentamos un desafío sin precedentes”, subraya. “El de reconstruir los mercados laborales de la región, lo cual implica abordar las fallas estructurales que se han agudizado con la pandemia, tales como la baja productividad, el nivel elevado de informalidad, y la desigualdad de los ingresos y de oportunidades de trabajo decente”.

A fin de abordar los efectos de la pandemia, los países en la región han adoptado una combinación de medidas dirigidas a proteger los empleos, los ingresos y las empresas. “La pronta adopción de estrategias que continúen atenuando estos impactos y que apuntalen la recuperación será esencial. También es fundamental fortalecer las instituciones laborales, en particular en lo que se refiere a las políticas activas del mercado de trabajo”, destaca en su documento la OIT.

El empleo en caída libre

Impactos en el mercado de trabajo y los ingresos señala que, en el primer trimestre de 2020, la tasa de empleo se situó en 51.1 %, una disminución de 5.4 puntos porcentuales en relación al mismo período del año anterior y que representa “un valor mínimo histórico”.

América Latina y el Caribe constituyen la región con mayor contracción en las horas de trabajo en todo el mundo, con una reducción estimada de alrededor de 20.9 % para los primeros tres trimestres de 2020. Esta cifra casi duplica la estimación media mundial, del 11.7 %. Por su parte, los ingresos por trabajo se contrajeron en 19.3 %, también muy por encima de la tasa mundial del 10.7 %.

Dado que los ingresos laborales representan, en promedio, de un 70% a un 90 % de los ingresos familiares totales, estas reducciones han significado grandes pérdidas para numerosos hogares, con impactos significativos sobre los niveles de pobreza, afirma la OIT.

Niños de la calle en Brasil

Esta organización advierte, además, que la crisis podría agravar las desigualdades existentes antes del brote de la pandemia. Los trabajadores más afectados por la crisis están entre los sectores más pobres de la población, con empleos informales o en una situación de desventaja. Las mujeres y los jóvenes -menores de 24 años- son especialmente vulnerables. Ambos sectores son los que salen más golpeados en estos primeros 9 meses del año en curso.

“La peor crisis en un siglo”

El continente es el más afectado a nivel mundial en cuanto a horas trabajadas y a ingresos laborales. El segundo trimestre constituye, hasta ahora, el peor momento, con 33.5% de horas perdidas. En el tercer trimestre la caída es de menor intensidad y representa un 25.6%.

La pandemia provocó en América Latina y el Caribe una recesión económica de una magnitud y extensión sin precedentes. El Fondo Monetario Internacional proyecta una contracción del PIB regional en -9.4% para 2020. Lo que correspondería a caídas del -11% en México; -9.1% en Brasil; -9.9 en Argentina; -7.5 % en Chile; -7.8% en Colombia y -13.9% en Perú. La actualización a septiembre que elaboró la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para los países del G20, agudiza el panorama de Argentina, con una caída proyectada de -11.2%, y sugiere una perspectiva menos pesimista para Brasil (-6.5%) y México (-10.2%).

Si se trata de proyecciones hacia el futuro, el FMI estima que el crecimiento para el año próximo será más débil que el observado luego de crisis anteriores y, además, que se producirá a velocidades diferentes, dependiente de cómo seguirá afectando la pandemia a los distintos sectores de la actividad económica. Calcula para el continente un crecimiento del orden del 3.7% en 2020, significativamente más bajo que el observado en el 2010 (6.3%), luego de la crisis del 2008/9, cuando la economía logró recuperarse de forma más robusta.

El último Estudio económico anual 2020 de la  Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, (https://www.cepal.org/es/comunicados/la-recuperacion-la-transformacion-economias-sustentables-sociedades-inclusivas-se) presentado el último martes 6 de octubre en Santiago de Chile es contundente en algunas de sus constataciones.

Dicho informe subraya que la región está viviendo “su peor crisis económica en un siglo” y prevé que para fin del año el nivel de PIB per cápita sería igual al de 2010, es decir, “habría un retroceso de 10 años con un fuerte aumento en la desigualdad y la pobreza”.

La CEPAL analiza como posible el cierre de 2,7 millones de empresas formales en 2020, y un nivel de desempleo de aproximadamente 44 millones de personas (con un incremento de 18 millones de personas respecto al nivel de 2019, el mayor aumento desde la crisis financiera global).

Sobre estos parámetros económicos el organismo regional anticipa que la pobreza podría alcanzar los mismos niveles observados en 2005, lo que indicaría un retroceso de 15 años. Y golpearía a 231 millones de personas, mientras que la pobreza extrema llegaría a los niveles de 1990, lo que implicaría un retroceso de 30 años, y la condena de unos 96 millones de personas a dicha situación.

¿Recuperación?

Aunque la tendencia económico-laboral es frágil y el impacto de la pandemia en los próximos meses es imprevisible, hacia mitad del año se percibe el comienzo de un proceso de recuperación, con variaciones nacionales.

“Parece observarse un punto de inflexión en esta dinámica contractiva y el comienzo de un proceso de recuperación durante el mes de mayo o junio, dependiendo del país “, indica el informe de la OIT. Sin embargo, advierte, los registros de junio /julio son más bajos que los niveles a comienzo del 2020, lo que relativiza el proceso ascendente.

Aun cuando el continente parece haber comenzado una etapa de retorno y lenta normalización de la actividad productiva, y con ello del empleo, las brechas respecto de la situación previa a la pandemia son aun muy significativas, subraya el informe de 39 páginas.  Por eso, la OIT, no grita victoria. “De cara a los próximos meses es esperable que algunas trayectorias se potencien a la vez que otras se debiliten”. En particular, el retorno a la fuerza de trabajo continuará de la mano del desconfinamiento y el ingreso a etapas más flexibles…

Aliviar la deuda, combatir la evasión fiscal

Para la CEPAL, las perspectivas rosas en el continente no existen. La recuperación de la crisis económica será “muy larga y lenta”. Debido a esta proyección, dicho organismo propone varias pistas “macro” a nivel fiscal y monetario.

“Debemos prepararnos para una recuperación que no se va a dar en el 2021, ni probablemente en el 2022 o 2023”, comentó Alicia Bárcena, directora de la CEPAL al presentar el estudio en Santiago de Chile. Son necesarias “políticas macroeconómicas activas para retomar el crecimiento y promover una agenda de transformación estructural.

El estudio señala que para mantener una política fiscal activa en un contexto de mayor endeudamiento hace falta que los países latinoamericanos y caribeños aumenten su recaudación tributaria, que actualmente es de 23.1% del Producto Interno Bruto de la región, comparado con el 34,3% de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En paralelo, es fundamental “combatir la evasión tributaria, que llega al 6,1% del PIB regional, consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones, extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, establecer impuestos a la economía digital…”.

En cuanto al siempre actual tema de la deuda, el informe resalta que es necesario “el alivio y restructuración de la deuda para países con vulnerabilidades y alta carga de pagos de intereses”.

Actualmente, los países de renta media concentran el 96% del total de la deuda de los países en desarrollo (excluyendo a China e India), por lo que es urgente que la comunidad financiera internacional amplíe las condiciones de liquidez para hacer frente a las necesidades de financiamiento a nivel general. “En el mundo hay liquidez, pero está mal distribuida”, enfatizó la directora de la CEPA quien considera que “en este campo se debe capitalizar las instituciones de crédito multilaterales para ampliar su capacidad de financiamiento y liquidez tanto en la coyuntura como con una mirada más larga”.

La CEPAL propone institucionalizar la cooperación entre los bancos centrales para sostener tanto las políticas monetarias expansivas como aquellas dedicadas a la preservación de la estabilidad microfinanciera, junto con ampliar la red de seguridad financiera mundial y regional para contrarrestar los efectos negativos de la volatilidad de los flujos financieros en momentos de crisis sistémicas.

El continente latinoamericano -al igual que otras regiones del mundo- confronta su peor etapa en lo que va del siglo. La pobreza, el desempleo y la desigualdad en aumento, marcarán el rostro continental, por lo menos, durante los próximos cinco años. Los expertos lanzan pistas globales para la recuperación económica, que se muestran interesantes pero que son insuficientes. Poco se enfatiza, por el momento, la necesidad imperiosa de explorar una verdadera integración continental a fin de encontrar salidas comunes a la crisis. Esto supondría una posición única, por ejemplo, en temas esenciales como la deuda continental, la evasión de capitales, las políticas tributarias para las grandes fortunas y para los sectores exportadores, entre otros. Y poco se escucha, hasta ahora, la voz de los movimientos sociales y de la sociedad civil continental, actores claves de cualquiera salida viable para la pospandemia.


La pandemia no ha hecho sino profundizar las desigualdades en el espacio urbano


Ecologistas En Acción

Con motivo de la celebración de Octubre Urbano, Ecologistas en Acción denuncia las políticas urbanísticas que se han desarrollado durante la pandemia, y que han agudizado los problemas de un modelo de desarrollo que ya existía.

Según la organización ecologista, la especulación urbanística y la construcción ilimitada en las ciudades ofrece la falsa idea de desarrollo económico y supone un peligro para el medioambiente y la calidad de vida de sus habitantes.

El control de los precios de los alquileres, la renaturalización urbana o la descarbonización de la movilidad, son algunas propuestas para exigir un urbanismo sostenible e inclusivo. 

Naciones Unidas ha declarado la celebración de un Octubre Urbano, un mes marcado por el Día Mundial del Hábitat (5 de octubre) y Día Mundial de las Ciudades (31 de octubre). Ecologistas en Acción aprovecha esta fecha para denunciar problemas como la especulación urbanística y para reivindicar un desarrollo sostenible e inclusivo de las ciudades.

Este mes de octubre la humanidad se enfrenta a nuevos retos en materia de habitabilidad a causa de la pandemia de la COVID-19. Retos que, para Ecologistas en Acción, se suman a problemas que desde hace décadas sufren las ciudades, como la especulación urbanística que expulsa a la población de menor ingreso de sus residencias; o el crecimiento de asentamientos de infravivienda, que coloca a su población en una situación de vulnerabilidad ambiental, inseguridad e insalubridad.

Ecologistas en Acción ha recordado que la pandemia no ha hecho sino profundizar las desigualdades en el espacio urbano. Los impactos sanitarios, sociales y económicos se han hecho más latentes en la población más vulnerable, precisamente por sus condiciones de habitabilidad relacionados con el empobrecimiento: hacinamiento, insalubridad, falta de espacios libres, carencia o dificultad de acceso servicios sanitarios y sociales.

Según la organización ecologista, la crisis sí ha abierto algunas ventanas de oportunidad. En las ciudades ha supuesto un cierto alivio en algunas de las presiones más fuertes que estas padecen, como el turismo y sus fenómenos asociados. Uno de ellos son los pisos turísticos, con fuertes efectos sobre el derecho a la vivienda, la calidad de vida en los tejidos urbanos tradicionales y la inclusión.

Asimismo, también se ha producido la caída de la demanda y de los precios de algunos productos como el terciario hotelero y oficinas, lo que podría favorecer la mezcla de usos y actividades, frente al “monocultivo” en esos mismos productos de muchos centros o áreas urbanas.

Por ello, Ecologistas en Acción señala que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030 de Naciones Unidas son la guía necesaria para las políticas públicas y las prácticas privadas ante los grandes desafíos del planeta para ‘Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles’.

En el Estado español, la organización ecologista apunta a la necesidad de revisar el impacto de un desarrollo urbano basado en la especulación, que en algún caso todavía puede frenarse. En concreto señala “las grandes operaciones inmobiliario-financieras, que son desarrolladas con la complicidad pública, ignorando el interés común y amenazando con infringir nuevos impactos al tejido urbano y social”, según ha declarado Luis Suárez, portavoz de Ecologistas en Acción.

Además, Ecologistas en Acción denuncia las iniciativas de algunos parlamentos y gobiernos regionales –como Andalucía, Región de Murcia y Comunidad de Madrid- que en plena pandemia han desarrollado planes que van en contra de los retos y compromisos citados. Estas comunidades autónomas han impulsado la urbanización del territorio  -incluso aquellos protegidos- poniendo en peligro a los ecosistemas.

La relación de desarrollo económico y urbanización ilimitada que proponen estas políticas no es nueva. Se trata de la misma fórmula desarrollista de los años 60 y 70 y que culminó con la burbuja inmobiliaria de principios del siglo XXI. Estos procesos, recuerda Ecologistas en Acción, han provocado la degradación generalizada de los ecosistemas y un modelo económico frágil ante los ciclos internacionales, insostenibles y de muy baja competitividad.

Suárez ha explicado: “La misma demagogia irresponsable que ha llevado a la relajación prematura de medidas de contención del virus, oponiendo economía y salud, utiliza el señuelo de la desregulación urbanística como mecanismo anticrisis. Más ladrillo para hacer renacer el mercado inmobiliario y turístico con la promesa ilusoria del empleo. Esto es pan para hoy, hambre para mañana”.

Por todo ello, Ecologistas en Acción anima que Octubre Urbano sea un mes de reivindicación ciudadana para exigir coherencia de las políticas públicas urbanas y territoriales. Y para demandar una salida a la crisis que camine hacia un urbanismo sostenible e inclusivo, donde la ciudad sea un derecho y se priorice lo público, la transición ecológica y la economía circular. 

Algunas medidas para conseguir estos objetivos son: el control de los precios de los alquileres, la creación de parques públicos de vivienda social, la renaturalización urbana, la descarbonización de la movilidad y la implantación de modelos de ciudad de proximidad y de los cuidados.


miércoles, 4 de noviembre de 2020

Tepesianos piden a comunidad latina votar contra el racismo y la xenofobia

Radio Progreso

Migrantes beneficiarios del TPS en el estado de Atlanta.

De cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la Alianza Nacional de TPS, conformada y dirigida por beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, TPS, en su mayoría centroamericanos, quienes piden a la comunidad latina votar en contra del racismo y de las políticas anti migrantes que impulsa el presidente y candidato Donald Trump.

Bajo la consigna “En Camino por la Justicia”, unos 40 integrantes de la Alianza TPS recorren a bordo de un autobús las principales ciudades de Estados Unidos, mostrando que la comunidad tepesiana se ha ganado el derecho a una residencia permanente.

El autobús salió el 21 septiembre de Los Ángeles, California y el día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos se prevé llegará a Boston, Massachusetts, pero será hasta el 13 de noviembre que finalizará su recorrido en Washington DC.

Se estima que unos 45 mil hondureños y hondureñas viven amparadas en el TPS que, en marzo de 2021 llega a su fin definitivo por iniciativa de Donald Trump. Este beneficio fue aprobado en 1998 como un apoyo del gobierno estadounidense en la reconstrucción de Honduras por los estragos causados por el huracán Mitch.

En entrevista con Radio Progreso, Mardoel Hernández, migrante hondureño e integrante de la Alianza TPS, dijo que la política anti migrante de Estados Unidos no es responsabilidad exclusiva de Donald Trump, sino de un sistema de gobierno injusto y racista. “Estas elecciones son la oportunidad para votar en contra de la persona que en los últimos años más daño ha provocado a la comunidad migrante”, apuntó.

La Alianza Nacional TPS, lucha por una residencia permanente para unos 400 mil ciudadanos de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Haiti, Yemen, Nepal entre otros países de África, que llevan más de 20 años viviendo en Estados Unidos, y cuyos hijos e hijas han nacido en ese país.

“Tenemos un derecho ganado porque le hemos dado nuestra fuerza de trabajo a este país, y no podemos dejar a nuestros hijos solos”, dijo el hondureño resaltando que unos 130 mil migrantes con TPS se han mantenido en la primera línea de batalla contra la Covid-19 y merecen ser reconocidos con su estatus de residencia.

“Honduras necesita que sus migrantes continúen amparados con el TPS o residencia, porque más del 20 por ciento del Producto Interno Bruto es gracias a las remesas, además, el país no está preparado con empleos para recibir a los migrantes que tendrán que retornar con sus hijos e hijas. Solo van a provocar una oleada de caravanas de migrantes”, señaló.

Mardoel cuenta que el TPS fue cancelado bajo la administración de Donald Trump, quien desde un inicio se ha referido a los migrantes con desprecio y odio. “Recordemos que ganamos el TPS en la Corte, pero él apeló esa decisión, y es por eso que se canceló definitivamente. Si ese señor es reelecto vamos a vivir una amenaza diaria de deportación”, aseguró.

Sin embargo, dice que Joe Biden, candidato demócrata a la Casa Blanca, no es garantía para los migrantes. “Aunque se refiere de forma respetuosa hacia nosotros, sabemos que la política anti migrante no se trata de personas, sino de un problema estructural”.

Desde la Alianza Nacional TPS se cree en la necesidad de organizarse, de crear espacios de debates entre los funcionarios estadounidense para lograr consensos entre los demócratas y republicados, quienes podrían a través de una ley hacer realidad el sueño de una población que se vio obligada a migrar de sus países de origen en busca de oportunidades.



"No hay reformas políticas, solo ajustes para un nuevo competidor"


Radio Progreso

Honduras se prepara en medio de la pandemia para las elecciones tanto primarias como generales programadas para el próximo año. Sin embargo, el panorama no pinta muy bien para el fortalecer la democracia y enmendar los errores cometidos en el pasado, sobre todo de las elecciones de noviembre 2017.

Escenarios

“Creo que algunos niveles de incertidumbre que estaban muy marcados, en estos momentos han bajado un poco. Y para que hayan bajado me parece que hay dos condiciones: la primera, es ese aparente retorno que le han llamado reapertura, hay una idea que pareciera que estamos en una situación de post pandemia lo que me parece que no es cierto. Y el otro elemento es el tema de los acuerdos a los que tres partidos políticos han ido llegando”, sostuvo en entrevista con Radio Progreso, el sociólogo y analista político Eugenio Sosa.

Para Sosa los tres partidos políticos (Libertad y Refundación, Libre, Liberal y Nacional), han tomado decisiones en medio de sus polarizaciones, con sus vaivenes, con sus estiras y encojes. Sus decisiones más importantes son sobre la tarjeta de identidad, Censo Electoral y sobre una nueva Ley Electoral.

Sosa advierte que el proceso electoral se puede agravar el próximo año con el comportamiento de la pandemia que ha tenido unos rebrotes importantes en otros continentes, y más porque Honduras es un país con una institucionalidad tan débil, extremadamente precaria, deficiente y allí se incluye a la misma institucionalidad electoral.

Primarias poco votadas

Eugenio Sosa es del criterio que hay un elemento que debería preocupar y es el desgaste político. Asegura que como nunca está creciendo la idea de no saber por quién votar, no tener claridad por qué partido político ni qué candidato.

Eugenio Sosa ve que la afiliación dura de partidos políticos es bastante reducida, y es reducida hasta en el mismo Partido Nacional que se ha ufanado de ser el partido mayoritario. “Y entonces uno de los escenarios, y combinado con la pandemia, es que el proceso electoral primaria sea poco votado como reflejo de un desgaste de los partidos como también el reflejo de una disminución del entusiasmo”, sentenció Sosa.

Bipartidismo o tripartidismo

Consultado por Radio Progres sobre si el sistema político hondureño pasó de ser bipartidista a tripartidista, manifestó con mucha seguridad, que hay diferencias marcadas en los partidos. Reconoce que aunque puede haber muchos vicios en todas estas fuerzas e incluso en las emergentes, en el caso de Libertad y Refundación, Libre, todavía, hoy por hoy, tiene un aura de lo popular que no se le puede quitar porque es real, y la ciudadanía así lo percibe.

“Es el único partido que abrió puertas a los sectores populares para su participación política, ya los resultados de lo que hicieron y no hicieron, es otro balance”, manifestó Sosa.

Pero asegura que la gran tragedia para la izquierda hondureña es que no logró consolidar una corriente de izquierda dentro de Libre que sea totalmente diferenciada de lo que ha sido el ala liberal.

“Pero en medio de esos matices y de esas diferencias podemos hablar de un sistema de partidos más plural, de tres fuerzas políticas por lo que se puede decir que ya es multipartidario o tripartidario”, aseguró Eugenio Sosa.

Pero analizó que el tripartidismo, como lo llaman algunos, tiene que ver con algo que tiene cierta razón, y es que absorbió, en su comportamiento, mucho de la conducta del bipartidismo. “Es decir, alguien pudiera decir una frase como esta: tenemos un sistema de tres partidos políticos con diferencias importantes pero que el sistema, aun con tres partidos políticos, sigue siendo culturalmente y políticamente bipartidista”, manifestó el Sociólogo.

Opinó que no hay reformas electorales que signifiquen un avance, un salto adelante a la democratización. Sostuvo que se están teniendo cambios en los organismos electorales y en la Ley Electoral pero que son ajustes a un nuevo competidor.

Explicó que antes se tenía un sistema de partidos adecuado y ordenado para dos competidores fuertes, y así funcionaba y así funcionó todo el sistema electoral hasta 2017, pero al ver una fuerza, con la potencia electoral que ha tenido Libertad y Refundación, se le abrió la puerta para que participe de ese mismo sistema que es culturalmente e históricamente construido de manera bipartidista, culturalmente construido bajo la idea de acuerdos, culturalmente construido bajo la idea de que te doy y me das. Para Sosa, en la actualidad, eso sigue funcionando igual.

El sociólogo Eugenio Sosa expuso en Radio Progreso que el desgaste de los partidos lleva a presuponer que cualquier triunfo por un sólo partido político sería un triunfo minoritario, sería un triunfo pírrico.

“En la llamada oposición, todos son confesos ante la ciudadanía y ante los electores de que si no hay alianzas le van a dar la continuidad al régimen. Si no lo hicieran sería una tremenda irresponsabilidad histórica. Sería la principal promesa fracasada y de engaño a la ciudadanía si insisten en que hay que ir a la alianza y luego no van”, manifestó Sosa.

Manifestó que la discusión en el país es sobre si habrá alianza o alianzas. “El problema es que algunos actores, que debería tener una alianza cuasi natural, su nivel de diferencia, si no es igual que la del régimen, es bastante profunda. Miro profundas las diferencias discursivas y narrativas de una segunda alianza entre Libre y Nasrlalla, hay muchas fuerzas allí que casi la consideran inviable, y hasta inaceptables la consideran otros”, aseguró.

Sosa sostuvo que una alianza entre Libre y Luis Zelaya también está complicada. Señaló que algunos hablan de mayor cercanía entre Yani – Libre, y de Luis Zelaya con Salvador Nasralla.

“Uno de los actores más importantes para la posible alianza y qué tipo de alianza es el resultado del Partido Liberal. Si ganara Luis Zelaya podríamos tener una alianza  entre Luis Zelaya y Nasralla sin Libre. Si gana Yani, hace poco Yani expresaba que reconoce al ex Presidente Zelaya toda su vocación política y a su padre su vocación empresarial, entonces imagínense una alianza Yani – Libre con Nasralla solo”, analizó el Sociólogo.

Concluyó que si sólo hay una alianza entre dos fuerzas, y queda por fuera una fuerza importante, sería el escenario perfecto para el Partido Nacional busque la continuidad.

Caso Yani

Con respecto a la precandidatura presidencial en el Partido Liberal de Yani Rosenthal, quien estuvo preso en Estados Unidos acusado de Lavado de Activos para la organización criminal Los Cachiros, Eugenio Sosa manifiesta que algunos se preguntan cómo un ex convicto se atreve a venir ser presidente del país.

“El problema más grave no es que Yani se atreva a ser candidato, eso lo puede hacer cualquiera, la pregunta que si nos debe alertar es cómo un partido que quiere renovarse, que quiere reentrar a la política hondureña, que viene de toda una tradición, se entusiasma y acepta esa candidatura, eso es grave. Pero también cómo hay sectores de la sociedad que ya están pensando en una alianza si gana la candidatura al interno del partido liberal”, dijo Sosa.

“La pregunta es qué le pasa a la sociedad hondureña que podría llegar a tolerar, a aceptar y a animar una posibilidad de ese triunfo, entonces allí lo que tenemos es un quiebre moral como sociedad y un quiebre moral como Partido Liberal”, manifestó el sociólogo Eugenio Sosa.


Más de 48 médicos han muerto por COVID en Honduras


Radio Progreso

Cada 27 de octubre se conmemora en el país el Día del Médico Hondureño, esta es una fecha para rendir homenaje a la labor que realizan los profesionales de la medicina en Honduras. Sin embargo, producto de la emergencia nacional por el Covid-19, unido al mal manejo de la pandemia por parte del gobierno, este día es de luto y dolor para los médicos.

La doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), explica que para ellos es una situación sumamente difícil y compleja, porque la muerte de sus colegas se debe a la falta de equipo de protección personal, a las largas jornadas sin cambiarse ese equipo de protección y obviamente a las condiciones en las que se labora en el sistema de salud.

“Muchos de ellos no encontraron respuesta en el sistema público, incluso en los hospitales privados. Es difícil ejecutar la garantía de un seguro privado porque no se les está atendiendo, también a los colegas se les están negando incluso el aseguramiento de vida al momento de alguna situación que lo requieran”, dice Figueroa.

La presidenta de los médicos explica que 48 galenos han muerto de forma directa por la COVID-19, y otros que han fallecido de otras causas, pero que la pandemia y la falta de garantías al derecho a la salud es lo que les ha producido indirectamente la muerte.

“Es una situación difícil en donde igual que el gremio médico, el pueblo hondureño está expuesto. Sin embargo, los trabajadores y trabajadoras de la salud están en condiciones especiales y se ha puesto de manifiesto que obviamente la mayor muerte de profesionales, es reflejo de la sobreexposición y del mal manejo de la pandemia”, señala.

Apunta también que, producto de la corrupción nunca se compró el suficiente número de mascarillas, el equipo que se adquirió es defectuoso y no era para uso médico. “No tenemos instalaciones sanitarias adecuadas, y podemos demostrar que esos Hospitales Móviles no tienen el recambio de aire que deberían tener para atender una patología como el COVID-19, además el hacinamiento de camas es enorme. También el hecho que no se les haya dado permanencia a los médicos habiendo un decreto que ellos mismos hicieron, son algunas de las difíciles situaciones que hemos vivido durante la pandemia”, puntualiza.

Contagio masivo

En medio de la crisis sanitaria todos los trabajadores y trabajadoras de la salud se han visto seriamente afectados por la pandemia. El presidente de la asociación de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana explica que la pandemia ha dejado estragos en la organización, porque a la fecha se han contagiado arriba de 2,300 trabajadores auxiliares de enfermería en el país y 25 de ellos han fallecido.

Explica que la situación es complicada porque no sólo se contagia el compañero o compañera, sino también su familia. Hasta la fecha tienen el dato que 299 familiares de enfermeras han fallecido por COVID-19.

“No sólo le pasa factura al trabajador que está en primera línea, sino a su familia. Hay compañeras y compañeros que han perdido su papá, su mamá, sus hijos e hijas. Es una escena dantesca y de terror que vivimos, y sobre todo en este momento que la población se relajó creyendo que la pandemia ya no está en el país” dice.

Josué Orellana señala que el contagio entre los trabajadores y trabajadoras de la enfermería se debe al poco equipo de bioseguridad y la inoperancia de algunas autoridades hospitalarias.

“Hay muchos directores que son inoperantes, por ejemplo, en el Hospital Tela o el Hospital de Olanchito que no entienden que se debe cuidar a los trabajadores y a las personas que están en primera línea”, expresa.

Semana Morazánica

Honduras se encuentra a las puertas de la “Semana Morazánica» que este año debido a la pandemia se dará el feriado en la primera semana de noviembre. A criterio de Suyapa Figueroa, es otro tema que mantiene preocupado al gremio médico, porque nuevamente ha comenzado a elevarse el número de médico enfermos en las áreas de atención de los hospitales, y obviamente si se abre el comercio y la gente hace caso a la invitación que está haciendo el gobierno, será una infección masiva y los médicos se verán nuevamente en una situación de colapso.

“Probablemente no van a existir suficientes camas para poderles atender y obviamente no van a haber suficientes médicos porque están enfermos. Es una situación difícil, nosotras le decimos a la población que ante esta invitación al contagio masivo que hace el gobierno, tomen sus medidas de seguridad y le den prioridad a su salud”, señala. 


Por una teoría social crítica


Mientras Tanto

Por Antonio Antón 

Introducción

Desde una perspectiva transformadora hay dos aspectos fundamentales en los que profundizar y, específicamente, explicar su interacción para promover un cambio social progresivo o alternativo: avanzar en una teoría social crítica y definir e implementar los proyectos y las estrategias de progreso, por un modelo social y democrático avanzado.

En los últimos años, en diferentes medios se ha ido analizando el declive de la socialdemocracia española y europea, el agotamiento de la llamada tercera vía o nuevo centro, así como sus dificultades para desarrollar un discurso y una política económica y social diferenciada de las derechas hegemónicas y conseguir los suficientes apoyos sociales para un proyecto transformador progresista.

El nuevo sanchismo no tiene un pensamiento social definido, diferenciado del liberalismo social, o una estrategia y un modelo social, democratizador y plurinacional claro de sociedad y de país (de países) para garantizar a medio plazo una transformación de progreso. Lo defino como un vacío teórico socialista, relleno de tacticismo coyuntural tras el interés de su hegemonismo en el control del poder institucional. No obstante, en el equipo económico del Gobierno de coalición predomina el liberalismo económico o, si se quiere, el socioliberalismo. Es, por tanto, pertinente un estudio en profundidad de la interpretación liberal de la cuestión social y sus implicaciones estratégicas para las políticas públicas y el Estado de bienestar y elaborar una teoría social alternativa.

Al mismo tiempo, en esta década, se ha ido consolidando una corriente social crítica y una importante movilización ciudadana, un nuevo campo sociopolítico, electoral e institucional que puede favorecer la constitución de un bloque social y político alternativo y diferenciado delPartido socialista, cuya consolidación necesita nuevos discursos, liderazgos y estructuras organizativas. Su representación política son las llamadas fuerzas del cambio de progreso, en particular Unidas Podemos y sus confluencias.

Pues bien, en términos políticos hay un acuerdo básico de mutua necesidad y conveniencia de ambas formaciones progresistas o de izquierda frente al acoso de las derechas y de respuesta a los dos grandes retos de la sociedad española: por un lado, una salida de progreso a la crisis socioeconómica, la grave desigualdad social, la precarización laboral y las insuficiencias del Estado de bienestar; por otro lado, una democratización institucional, incluido el imprescindible encauzamiento de la plurinacionalidad y el conflicto catalán. Además, contando con el fuerte impacto de la crisis sanitaria, de cuidados y económica por la pandemia, se acumulan otros factores de crisis, como la medioambiental, la desigualdad de género, la construcción europea, los conflictos geopolíticos o la convivencia intercultural y la inmigración.

De la capacidad transformadora y la consolidación de este gobierno progresista de coalición, su orientación estratégica y sus vínculos con una amplia base progresista, va a depender el futuro del país. No entro en ello. Solamente sitúo un marco básico de la encrucijada política del cambio de progreso para poner el énfasis en los elementos teóricos que predominan en las élites dirigentes, fundamentalmente del ámbito socialista, condicionan sus análisis, discursos y estrategias y constituyen un foco de conflicto en el Gobierno de coalición. Por otra parte, tengo en cuenta el sustrato cultural o político-ideológico en las bases sociales de progreso, mayoritariamente de izquierdas y progresistas, detalladas en otro estudio (Ver primera parte y segunda parte).

Se trata de aportar algunos elementos de reflexión para elaborar un pensamiento social crítico, superador de los esquemas liberales, las inercias deterministas o esencialistas y los enfoques posestructuralistas, predominantes en muchos ámbitos progresistas. Una amplia valoración la he tratado en tres libros recientes: Movimiento social y cambio político. Nuevos discursos(UOC, 2015), Clase, nación y populismo (Dyskolo, 2019) e Identidades feministas y teoría crítica (Dyskolo, 2020).

Parto, por tanto, desde la tradición de la teoría crítica, superadora a mi modo de ver del bloqueo producido por la prevalencia y la polarización entre dichas corrientes. Solo cito dos autores, especialistas en movimientos sociales en el marco más general del cambio social: E. P. Thompson y Ch. Tilly.

Un pensamiento crítico se distingue por estos tres rasgos fundamentales: realismo analítico (objetividad y procedimientos científicos), finalidad transformadora (ética y sociopolítica) y función identificadora (cohesionadora y legitimadora) para la formación de un actor o sujeto colectivo. Los tres están en tensión, en una interacción compleja respecto de las prioridades y necesidades de la acción colectiva. No se pueden valorar en abstracto, cada uno tiene sus propias reglas y su integración es difícil.

Existe la dificultad para mantener el rigor (principios, valores y procedimientos) de la ciencia y evitar su subordinación al poder, neoliberal o liberal, así como es necesario defender su autonomía y su papel. Aunque sea difícil la neutralidad de la llamada ciencia, especialmente, en las ciencias sociales, hay que reafirmarse en el valor de la ciencia (auténtica) y desenmascarar la pseudociencia, con el irracionalismo y el subjetivismo. Después es cuando viene la complejidad de su relación con el comportamiento social y los intereses materiales de la gente, así como con la psicología, la ética y las teorías sociales, más o menos científicas y/o utópicas.

Aquí, de forma complementaria a la crítica al liberalismo realizada en dos artículos recientes, Los fallos del mercado e Insuficiencias del liberalismo, explico un aspecto particular: la importancia de un enfoque y una actividad críticos en el terreno de las ideas, la importancia de la nueva cuestión social y las implicaciones prácticas de la reflexión y el debate críticos.

Son cuestiones ya tratadas hace siete años en mi libro Ciudadanía activa. Opciones sociopolíticas frente a la crisis sistémica (Sequitur, 2013), en el contexto del primer lustro de la protesta social en España (2010/2014). Las he reelaborado ante la experiencia de este segundo lustro (2015/2020) de consolidación de un espacio político-electoral e institucional, democrático, crítico y popular, diferenciado de la socialdemocracia y con responsabilidades gubernamentales compartidas con el Partido Socialista, con los correspondientes desafíos inmediatos para la unidad de su referente político, Unidas Podemos y sus confluencias, así como para la articulación de un amplio bloque alternativo y un cambio real de progreso.

Importancia de un enfoque y una actividad críticos en el terreno de las ideas

Esta sección es una reflexión sobre uno de los temas relevantes para la gente alternativa y de izquierdas: las dificultades para elaborar un pensamiento crítico, con un enfoque social diferenciado del discurso liberal dominante, así como superador de límites y deficiencias de otras corrientes ideológicas, como las ideas postmodernas y populistas o el propio marxismo más determinista.

Se trata de analizar en qué situación estamos la intelectualidad progresista, qué orientación y características tiene la actividad en la esfera de las ideas, qué impacto práctico tiene esa dificultad de menor intensidad y calidad de la teoría social y qué dependencias o eclecticismos se pueden conformar respecto de otros pensamientos dominantes en la sociedad que dificulten el sentido de la realidad y la labor crítica y transformadora.

Al mismo tiempo, se trata de abordar qué contenidos de interés existen en las aportaciones de diversas escuelas de pensamiento, para integrarlos con el conveniente reciclaje. La teoría social depende de la calidad y la influencia de la acción práctica de la izquierda social y política, de los movimientos sociales progresistas, pero también de la actividad específica en el plano de la investigación y el debate científicos.

Existen muchas investigaciones sociales y variada elaboración de ideas ‘parciales’ (y algunas cosmovisiones) en el mundo académico y asociativo, con distintas perspectivas teóricas, así como diferentes combinaciones entre ellas con diversos equilibrios e influencias doctrinales e intereses contrapuestos. La labor de discernimiento crítico es compleja, la valoración de su validez es difícil, y la simple asimilación y adaptación funcional o instrumental con pequeñas correcciones es lo usual. Es la tendencia dominante entre las gentes progresistas y los activistas sociales y políticos. En particular, existen un relativo eclecticismo, con la combinación o suma de ideas de diversas escuelas liberales y postmodernas, y una desideologización respecto de los cuerpos doctrinales más sistemáticos y compactos como el marxismo, del que se conservan algunos aspectos en distintos sectores sociales.

Al mismo tiempo, hay un relativo estancamiento teórico de las ciencias sociales, incluido en el ámbito académico, junto con un enmascaramiento o deformación, mayor o menor, de la realidad. Existe una relativa crisis del pensamiento social, en general, y del pensamiento progresista y de las izquierdas, en particular: social-liberal, socialdemócrata, marxista, anarquista, populista… Respecto de la acción social, hay teorías más deterministas y otras más voluntaristas, y, en otro plano y combinadas con ellas, algunas más inclinadas hacia la armonía y el consenso y otras hacia el conflicto.

Aparte del intento de contrarrevolución conservadora y neoliberal, irracional, idealista y regresiva, las ideas dominantes, más o menos sistemáticas, en ese ámbito de lo social se asientan, sobre todo, en ideologías, ideas y enfoques con sesgos liberales. Se pueden citar tres. 1) Elpositivismo: infravalorando el sentido de los hechos, su conexión interna y su relación con los procesos y los contextos; 2) el formalismo: relativizando el significado u otros elementos sustantivos de la realidad distintos a las formas o apariencias; 3) el posibilismo, como simple adaptación, embelleciendo o sobrevalorando el peso del poder y las estructuras sociales y desconsiderando la ética progresista, los conflictos sociales y las tendencias de la sociedad por el cambio.

En la izquierda social o la ciudadanía indignada esas ideas confluyen y pugnan con otras tradiciones y culturas básicas, condicionadas y canalizadas a través de la experiencia popular y la ilustración de los distintos medios. Entre ellas se puede destacar, por su relevancia en el comportamiento colectivo, una cultura progresista (ideas, valores o actitudes) de justicia social y equidad (o de derechos civiles, democráticos, sociales y económicos) frente a privilegios, desigualdades y discriminaciones. Todo ello se asienta en distintas posiciones socioeconómicas, de poder y de estatus. Sobre ese substrato, en conciliación y conflicto, hay que intentar elaborar un pensamiento social específico.

Especialmente, la máxima dificultad interpretativa —rigurosa y adecuada— se encuentra respecto de la combinación entre distintos procesos sociales y las apuestas normativas y éticas de cambio social, igualitario y solidario. Y, particularmente, en relación con el papel de los distintos agentes sociales o sociopolíticos, las respuestas del mundo asociativo y las izquierdas sociales y políticas y fuerzas alternativas, y, por el otro lado, los intereses y la legitimación de los poderosos. De todo ello depende la configuración de sujetos sociales y las expectativas ciudadanas de cambio sociopolítico y su orientación.

Un problema particular respecto de la elaboración de ideas, en este plano social, afecta a la conformación de los cimientos organizativos o elementos identitarios de los distintos grupos sociales, a su actividad y su bagaje cultural. La renovación y la adecuación del pensamiento social, así como el debate de ideas condicionan la legitimidad y la operatividad de líneas de actuación, posiciones sociales y liderazgos de las distintas élites sociopolíticas. Muchas veces no estamos solo ante un estricto debate intelectual sino ante diagnósticos, propuestas y actividades expresivas o reformadoras ligadas a la consolidación o no de un proyecto asociativo o político, por lo que hay que acotar y diferenciar planos.

Por todo ello, la discusión teórica se hace más compleja. Es evidente en las actuales polémicas feministas, especialmente sobre la conformación del sujeto, donde convergen ideas esencialistas y deterministas con discursos posmodernos y culturalistas. E, igualmente, en el espacio de las llamadas fuerzas del cambio, Unidas Podemos y sus convergencias, donde confluyen distintas tendencias ideológicas y culturales e intereses de las distintas élites políticas.

Aquí voy a hacer referencia a una temática particular dentro de las ciencias sociales, la llamada cuestión social, dada las nuevas características y la relevancia que tiene y que exige una nueva interpretación. Por tanto, se debe realizar un esfuerzo específico para superar viejos esquemas interpretativos que distorsionan la realidad y profundizar en los nuevos hechos con rigor y objetividad.

Nueva importancia de la cuestión social, inercias y debate interpretativo

En estos años de crisis socioeconómica, y sin que la mayoría social hubiera salido de ella, se han visto incrementadas sus graves consecuencias por la actual crisis sanitaria y económica y, particularmente, se ha ampliado la conciencia cívica de su injusticia. Paralelamente, ha tomado mayor relevancia teórica y sociopolítica el tema ya clásico de la cuestión social. Según las interpretaciones modernizadoras (y postmodernas) estaba superada y desaparecida, aunque siempre ha estado presente; ahora resurge como una realidad grave para la población y la principal preocupación de la ciudadanía.

Presenta, al menos, cinco planos interconectados diferentes a la época anterior de crecimiento económico y ascenso social: 1) la crisis socioeconómica: sus características y consecuencias sociales (paro, desigualdad, empobrecimiento, exclusión social…), junto con la responsabilidad de los poderosos; 2) la gravedad de las políticas regresivas iniciales, todavía no revertidas: recortes sociolaborales y reestructuración del Estado de bienestar; 3) la gestión antisocial de las élites políticas incluido los aparatos socialdemócratas gobernantes; 4) el distanciamiento del poder y su carácter elitista y dependiente de los mercados, respecto de los ciudadanos, o bien el debilitamiento de la calidad democrática de las instituciones, y 5) las respuestas de la sociedad: desafección, indignación/resignación, ciudadanía activa, resistencias…

Las grietas económicas y sociopolíticas producidas, especialmente las brechas internas y entre países, el Norte y el Sur, han supuesto que, ahora, las políticas económicas dominantes en la Unión Europea y, específicamente, su nuevo plan de reconstrucción económica para los próximos años haya tenido que abandonar la rigidez austeritaria y adoptar medidas más expansionistas.

En este tema y sus apartados se están produciendo en el ámbito social y académico distintas discrepancias no sólo analíticas sino de enfoques y prioridades. Es difícil el consenso, o dicho de otra forma, en el mundo asociativo, institucional e intelectual hay pluralidad de posiciones. En una primera aproximación se puede decir que las ideas diversas en este campo específico están condicionadas por dos tipos de rasgos.

Uno es de carácter teórico. Parto de la insuficiencia del marxismo economicista clásico para analizar la sociedad; su crítica es necesaria. También se han quedado viejas las interpretaciones, liberales o modernizadoras y postmodernas, que relativizaban la importancia de la problemática socioeconómica, ante la evidencia y la subjetividad popular de su gravedad. Además, hay que hacer frente a la construcción de una interpretación de esa realidad distorsionada por enfoques liberales dominantes en el poder económico, institucional, mediático y académico, que pretendía minusvalorar esa situación y la conciencia social sobre ella. La tarea intelectual es doblemente necesaria: por un lado, crítica, deconstructiva, de ideas falsas o erróneas; por otro lado, analítica, interpretativa y normativa. Se hace difícil la aprehensión completa de la realidad, y es imprescindible el rigor analítico y la ausencia de prejuicios. Y también hay que evitar la interpretación de las discrepancias o la crítica a otras posiciones por la vía de adjudicarles una intencionalidad o su carácter erróneo por su dependencia de tal o cual prejuicio o adscripción; sería un mal debate.

El resultado, en un entorno social progresista, es una pluralidad de ideas, más o menos consolidadas, que refleja insuficiencias en tres planos: rigor científico en el análisis de los hechos; comprensión y unidad en los enfoques interpretativos, y apertura de miras y talante modesto y autocrítico para aprender y cambiar. La diversidad de opiniones puede ser positiva o simplemente reflejar distintas sensibilidades. En distintos grupos sociales, desde partidos políticos, movimientos sociales y sindicatos hasta el asociacionismo solidario, es preciso convivir con una relativa pluralidad de opiniones.

El problema, a mi modo de ver, es que, en distintos ámbitos, cuesta analizar con rigor algunas realidades nuevas de la sociedad, elaborar ideas apropiadas y, en particular, reconocer la relevancia de la cuestión social y la emergencia de una ciudadanía activa frente a la desigualdad social y el déficit democrático de las instituciones públicas y privadas. Esa dificultad es mayor porque se enfrenta al pensamiento liberal dominante que intenta relativizar y enmascarar esa realidad en una coyuntura crucial para el devenir de la sociedad, el modelo social y la legitimidad de diferentes actores.

La cuestión es que sectores amplios de la propia sociedad han desarrollado, en aspectos concretos relacionados con el sentido de la justicia social, una capacidad crítica y un pensamiento más acertado y, sobre todo, más justo que la mayoría de las élites institucionales y la clase política. Es más, millones de ciudadanos han adoptado posiciones críticas más realistas que, incluso, el aparato socialista y gran parte de la élite académica e investigadora. Eso se ha producido con fenómenos como la desafección hacia el Gobierno socialista de Zapatero o la indignación y la resistencia ciudadanas frente a las consecuencias de la crisis y su gestión regresiva que culminó en un nuevo espacio político, las llamadas fuerzas del cambio.

Dicho de otro modo, parte de la actividad interpretativa en los medios de comunicación ha estado a la zaga de la evolución de la conciencia crítica de sectores relevantes de la propia sociedad o la ciudadanía activa, tanto respecto de la comprensión de aspectos significativos de la realidad cuanto de su transformación. La labor selectiva y crítica se complica. Las dificultades son diversas, pero una de ellas tiene que ver con prejuicios teóricos, liberales y postmodernos, e inercias intelectuales que dificultan el análisis de la realidad para transformarla.

Implicaciones prácticas del esfuerzo reflexivo y crítico (o su ausencia)

Otro rasgo que condiciona las ideas es de carácter práctico y normativo. Aparecen, con otras formas, dos viejos debates sobre la orientación general de las izquierdas o fuerzas alternativas: 1) la importancia de la acción por la igualdad, en todos sus aspectos e incluida la de género, junto con la diferenciación con la pasada gestión liberal o retórica de la socialdemocracia y la reaccionaria de las derechas; 2) las formas organizativas y de acción social y política para propugnar el cambio y la mejora de la sociedad. Y ligado con ello, 3) cuáles son las necesidades y perspectivas teóricas para favorecer una interpretación más rigurosa y realista, que sirvan para mejorar la acción práctica y la conformación de un bloque social progresista y alternativo y, en particular, una configuración más sólida de las propias bases del espacio del cambio de progreso.

Junto con la necesaria crítica a las rigideces doctrinarias, en la conformación cultural de los miembros activos de las organizaciones políticas, sindicales y sociales progresistas, además de la exclusiva investigación empírica rigurosa o la experiencia práctica, cada cual (o por grupos o sensibilidades internas) también recoge ideas o interpretaciones, académicas o de diferentes medios, y se forma su punto de vista, su particular sentido común. Y en ese proceso tiene relevancia su relación interpretativa, analítica, sintética con las ideas más generales del corpus asociativo, la propia capacidad crítica individual, el arraigo social, el compromiso solidario y la actitud psicológica y ética. Esto último, la conformación moral o el compromiso ético con la igualdad y la solidaridad, es fundamental para cimentar un pensamiento crítico con un enfoque social. Pero todavía es insuficiente para garantizarlo.

Gran parte de jóvenes son ahora más ilustrados que la generación anterior. No obstante, entre las personas más activas y solidarias, son necesarios un esfuerzo y una actividad específicamente reflexiva y de debate, teórica y crítica. No es imprescindible participar directamente en investigaciones empíricas o tener un nivel cultural cualificado o académicamente alto, cosa que muchos actuales jóvenes tienen más que muchos mayores cuando éramos jóvenes; pero sí realizar una labor de selección de ideas, tener una opinión más o menos fundada y enmarcarla en un contexto social y una dinámica histórica. Y, particularmente, desarrollarla desde una perspectiva que se puede definir como social y crítica.

No existe una teoría social acabada y menos una ideología como cosmovisión sistematizada que pueda auxiliar a una interpretación realista y rigurosa de la dinámica social. En los activistas sociales y políticos progresivos existen ideas compartidas o comunes con distintas corrientes de pensamiento. Es imprescindible la actividad autocrítica sobre las distintas tradiciones culturales —liberales, socialdemócratas, marxistas, postmodernas, populistas, anarquistas…— que condicionan a las distintas élites asociativas, partidarias o grupos de activistas. Existe una experiencia diferente de las dos cosas en cada generación: la adulta, formada en los años setenta y ochenta; la intermedia, socializada desde los años noventa y primeros dos mil, con relativo ascenso social y de empleo, aunque precario, y la más joven, afectada directamente por las crisis socioeconómicas y la precarización mayoritaria, aunque con otra experiencia sociopolítica frente a las injusticias, incluido el potente y masivo movimiento feminista, y nuevas expectativas de cambio político. Todas ellas se enfrentan a grandes bloqueos estructurales y a la necesidad de una profunda transformación socioeconómica e institucional.

Pero esa labor deconstructiva, aunque se haga bien, es medio camino. El otro medio es el análisis concreto de la situación concreta y la pugna cultural frente a las ideas problemáticas dominantes, sobre todo, las justificaciones liberales, más complejas. En otro sentido, las ideas conservadoras y de ultraderecha, aunque teñidas de liberalismo, tienen mayor rechazo social entre la gente progresista, y hay que hacer hincapié contra ellas para la movilización en su contra. Por otro lado, las ideas izquierdistas aunque con cierta relevancia todavía en algunos círculos, están bastante desacreditadas en la mayoría de la población.

Por tanto, la cuestión a valorar es que el debilitamiento de la dimensión, la profundidad y la unidad de ideas propias, independientes y críticas, en las izquierdas, incluida las alternativas y radicales, así como en distintos movimientos y agrupaciones sociales y políticas progresistas, facilita el relleno con ideas ajenas a esa tradición, heterogéneas entre sí y acríticas y dependientes de otras instituciones y grupos mediáticos. La dificultad para elaborar ideas diferenciadas del discurso liberal dominante y mantener un pensamiento social progresista y democrático facilita la permanencia de una cultura más o menos ecléctica en asuntos clave. Las condiciones de la pugna cultural son muy desiguales. 

Estudio y debate sobre los cambios sociopolíticos

En círculos sociales y políticos progresistas perviven retazos esquemáticos y rígidos de viejas ideologías de las izquierdas: socialdemocracia clásica, marxismo, anarquismo… con diversas variables, eclecticismos y combinaciones con ideas postmodernas o populistas. En esas mismas personas y en la mayoría de la opinión pública (publicada) influyen, no obstante, dos corrientes dominantes de pensamiento: liberal-conservadora, y liberal-social.

No existe, siquiera, un pensamiento coherente de izquierda reformista o progresista y, últimamente, la tercera vía del liberalismo social ha demostrado su fracaso como corriente diferenciada y con arraigo social. El republicanismo cívico es un pensamiento de interés en defensa de la democracia y la no dominación, pero quedó desfigurado e instrumentalizado en manos del equipo de Zapatero y después fue desconsiderado por la nueva dirección socialista. Hay un vacío teórico socialista que afecta también al tacticismo del sanchismo. Dicho de otra forma: hay muchas aportaciones concretas interesantes, entremezcladas con ideas menos valiosas, y poca teoría social crítica y científica. Dejo aparte las ciencias naturales y la tecnociencia con grandes implicaciones en aspectos como el aparato productivo o la ecología.

Una asociación sociocultural o un movimiento social pueden ir perdurando con sólo algunos valores básicos y distintas ideas parciales, justas y acertadas, en algunos campos específicos. Una gran y duradera movilización cívica, como la del movimiento feminista, o, bien, un sindicato o un partido político deben poseer además un programa básico de actuación que fije prioridades, propuestas más globales y horizontes a medio plazo. Incluso para satisfacer una demanda mínima en esos ámbitos ya es necesaria una gran labor de elaboración y confrontación con el resto de las ideas, de todo tipo y orientación, que convergen en cada campo particular.

Pero, para impulsar una corriente sociopolítica más amplia o unificar un bloque social y político más complejo, por las diferentes sensibilidades existentes y su configuración plurinacional como el configurado por las fuerzas del cambio, es más necesaria una actividad crítica y teórica significativa, al menos en las élites de las organizaciones sociales y políticas, y madurar una comunidad intelectual progresista y con cierta actividad divulgativa. En particular, es una tarea ineludible para Unidas Podemos y sus confluencias, el incrementar su labor de estudio, debate y formación de cuestiones más teóricas que atraviesan y condicionan los programas de acción práctica y la propia viveza, participación y cohesión organizativas.

Se han producido, en los últimos años, grandes cambios en la situación socioeconómica, las respuestas individuales, colectivas y del mundo asociativo, así como en diversas esferas de las políticas institucionales, incluido la experiencia de la gestión regresiva del segundo gobierno socialista de Zapatero y el lustro posterior de pugnas internas, que sigue lastrando la representatividad del Partido Socialista. E, igualmente, hay que tener en cuenta la nueva expectativa del Gobierno de coalición progresista entre PSOE y Unidas Podemos y sus confluencias y sus dificultades para la consolidación de ese espacio político.

Me refiero, ahora, solamente a este ámbito más específico, los cambios sociopolíticos. Como en otras elaboraciones de pensamiento social se pretende favorecer la labor interpretativa y la acción práctica, crítica y transformadora. Aquí se intenta poner de relieve la importancia de las nuevas condiciones materiales de existencia, la nueva subjetividad, experiencia y actitud de la población, los nuevos procesos de interacción social y la necesidad de nuevas teorías interpretativas. Hay que valorar la actualidad, con una nueva dimensión, de la clásica cuestión social, o la diferenciación por clases o capas sociales y distintos procesos de discriminación. O si se prefiere, adquiere más relevancia la acción contra la desigualdad, social, de género, territorial, y por la distribución, la solidaridad y la justicia social, en otro plano distinto a la anterior época de los años noventa y hasta la crisis que comienza en el año 2007.

Esos temas se han asociado al marxismo o a la vieja izquierda (o los sindicatos), pero son preocupaciones fundamentales de la ciudadanía y los jóvenes. Todo el proceso de protesta social del lustro 2010/2014 tuvo, junto con el eje de acción por más democracia, la oposición a los recortes sociales y la pugna por la justicia social, y están presentes en la actual exigencia de un cambio social y político de progreso. Por ello exige una mayor labor crítica, ya que estas cuestiones sociales y democráticas están cargadas de fuertes condicionamientos, históricos e intelectuales. Es un motivo más para el análisis riguroso y el estímulo para elaborar un pensamiento diferenciado en ese ámbito tan sustancial para la mayoría de la sociedad. La gravedad y la urgencia para responder a esa temática ha empujado a diferentes representantes sociales y políticos a utilizar las armas interpretativas disponibles, desde el marxismo, el anarquismo y la teoría populista hasta el liberalismo o el simple empirismo.

Entre la intelectualidad progresista y las élites políticas y asociativas es necesario un impulso crítico, científico, para analizar también este campo, en pugna con las interpretaciones irracionales e idealistas, o simplemente superficiales. El aspecto central no es exclusivamente mejorar el conocimiento de la realidad, que ya es importante, sino prepararse mejor para dar respuestas adecuadas y justas ante esos problemas: conocer la realidad para transformarla. En ese sentido, es conveniente modificar y adecuar los esquemas interpretativos del pasado para analizar la sociedad actual y particularmente las nuevas generaciones y sacar las correspondientes enseñanzas para renovar el pensamiento social y ayudar a esclarecer y adaptar las prioridades prácticas y teóricas del mundo asociativo, las izquierdas y las fuerzas alternativas.

En definitiva, es conveniente un esfuerzo en el terreno de las ideas, cultivar la actividad reflexiva y crítica y avanzar en la elaboración de un pensamiento social riguroso y comprometido, que sirva para favorecer la transformación progresista, igualitaria-emancipadora, de la sociedad.


Propuestas para erradicar el narcotráfico


Comando Central ELN

La política antinarcóticos de los Estados Unidos y del Gobierno colombiano siguen fracasando pues nada nuevo han podido presentar al mundo, distinto a las fumigaciones con Glifosato y la erradicación forzada.

Son salidas carentes de sentido común pues un fenómeno económico, social, ambiental y cultural, sólo podrá superarse con iniciativas políticas de la misma naturaleza: económicas, sociales y culturales, no con medidas policiales y nula atención a la realidad de los campesinos y sus comunidades o de los millones de adictos.

La Fiscalía Federal y el Departamento de Estado de los EEUU se vuelven a equivocar al pretender decirle al mundo que han capturado a 3 personas sindicadas de ser narcotraficantes, y supuestamente integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia; tendrán que digerir su propio engaño y luego tendrán que decir que ninguno de ellos tiene vínculo alguno con el ELN, porque es la verdad.

Quienes deben aclararle al mundo sobre sus vínculos con el narcotráfico son las propias autoridades norteamericanas y su servil burguesía colombiana; las primeras, a lo largo de su historia han financiado Guerras contra los pueblos haciendo uso de este negocio poco santo, como quedó demostrado con el escandalo Irán-Contras en la década de los 80 del siglo pasado, cuando autorizaron a personal de inteligencia (CIA) a realizar operaciones militares junto con la contra nicaragüense, financiándolas con dineros del narcotráfico; también le dieron patente de corso a los paramilitares colombianos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la década de los 90 del siglo pasado, para que se financiaran del narcotráfico y enfrentaran a la guerrilla.

Acaso los mayores narcotráficantes no son la DEA con sus famosos «embarques controlados», donde por medio de agentes encubiertos inducen negocios para luego quedarse con los embarques de los narcóticos, a la vez que encarcelan o negocian con los mismos que ellos involucraron en el negocio. ¿Desde  cuándo es ley que una institución policial incite al delito y luego juzga y condena; mientras el incitador se beneficia doblemente?

En Colombia, el narcotráfico por dirección política del Estado se convirtió en la principal actividad económica, siendo el primer exportador mundial de cocaína, fusionando los principales grupos económicos nacionales con el capital transnacional y ha financiado los ejércitos irregulares del paramilitarismo, para adelantar “la Guerra antisubversiva” y el Terrorismo de Estado, manteniendo el Genocidio en las últimas cuatro décadas, produciendo una simbiosis de intereses oligárquicos donde el narcotráfico se ha legalizado en todas las instituciones estatales, generando una narco República.

De otro lado, debe esclarecerse cómo se financió la campaña donde salió electo el Presidente Iván Duque, porque el interrogante sigue vivo y quienes aportaron esos narcos capitales han venido entregando esas evidencias.

La opinión nacional e internacional debe preguntarse quiénes son los que permiten que la cocaína de Colombia salga por aeropuertos, carreteras, ríos y mares; varias investigaciones han demostrado que primero está el cheque por cientos de miles o millones de dólares para que salgan los embarques, y eso no lo cobran los particulares, sino la Policía, las Fuerzas Militares y la Fiscalía.

El ELN nada tiene que ver con el narcotráfico ni con ninguna fase de su cadena: no tenemos cultivos, laboratorios, cocinas, pistas, rutas ni exportaciones de cocaína; tampoco tenemos nada que ver con negocios de precursores químicos.

Esta es la política definida democráticamente en todos los Congresos Nacionales del ELN a lo largo de su historia; no hay nada que nos comprometa, porque nada de lo que se nos sindica hacemos ni haremos.

Lo único que está autorizado es el cobro de impuestos a los compradores, porque son los que se lucran del negocio en una actividad comercial que realizan en los territorios donde nuestras guerrillas ejercen control territorial; igual cobramos impuestos a las distintas actividades económicas, como lo hacen los Estados para financiarse.

Las fumigaciones con Glifosato y las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito solo producen desastres ambientales y sociales, que ya acumulan décadas de fracasos.

Ante la responsabilidad que nos asiste, proponemos:

1. Realizar un debate nacional e internacional, donde se analice si lo que hace el ELN es distinto a lo que aquí expresamos.

2. Conformar una Comisión Internacional para que verifique sobre el terreno si el ELN tiene cultivos, laboratorios, infraestructuras o rutas para el narcotráfico, o si tiene negocios con precursores químicos usados en la producción de cocaína.

3. Invitar al Consejo de Seguridad de la ONU y a un emisario del Secretario General a participar en este debate y en la Comisión de verificación.

4. Pactar un Cese el Fuego Bilateral y Temporal con el Gobierno Nacional como lo han exhortado el Secretario General de la ONU, el Papa Francisco y el Consejo de Seguridad de la ONU, para realizar de mejor manera las labores humanitarias requeridas para enfrentar el Covid-19; cese que también permitiría crear condiciones para realizar dicho debate así como para el trabajo y garantías de la Comisión Internacional que proponemos.

5. Retomar las propuestas expuestas en distintas oportunidades por el ELN, con el propósito de llegar a un Acuerdo que supere el fenómeno del narcotráfico que cuente con la participación de la comunidad internacional, las comunidades de las regiones que padecen este flagelo y los diversos sectores de la sociedad colombiana.

El ELN ha sido claro en plantear que:

 * Solo la legalización de las sustancias psicoactivas acabará con las ganancias extraordinarias del narcotráfico y su razón de ser.

 * Se necesita un pacto de responsabilidad compartida entre países productores y consumidores de narcóticos.

 * Los narcos dependientes son enfermos que deben atender los Estados y no deben ser perseguidos como delincuentes.

 * Los campesinos que trabajan en cultivos de uso ilícito, deben tener planes alternativos de producción alimentaria o de materias primas industriales, financiados por los Estados, para que puedan resolver su subsistencia sin recurrir a los cultivos de uso ilícito.

 * Además de perseguir los Carteles de los países que producen narcóticos, también se debe perseguir los Carteles de distribución en los países industrializados consumidores; así mismo, a los Carteles de precursores químicos y de lavadores de los narcos dineros en el sistema financiero internacional, y en los paraísos fiscales.

Nunca nuestro corazón ha sido ni será de traficantes, porque nos regimos por fundamentos éticos y de respeto a la humanidad.

Cordialmente,

Comando Central

Ejército de Liberación Nacional

¡Colombia… para los trabajadores!

¡Ni un paso atrás… Liberación o Muerte!