jueves, 6 de octubre de 2016
S.O.S. por la comunicación para la emancipación
Rebelión/Universidad de la Filosofía
Por Fernando Buen Abad Domínguez
Todo escenario de guerra es un nudo de tensiones desiguales y combinadas que cobran fuerza y se debilitan al fragor de victorias y derrotas que se ven, o que no se ven, según convenga o según se pueda. La guerra mediática, asimétrica, perversa y camuflada... no es distinta. En situación de guerra mediática los errores se notan rápido y operan en contra nuestra de inmediato. Toda información que se confunde, que se demora, que no llega, que se intercepta o que no produce los efectos previstos, abre fisuras riesgosas, genera debilidad y permite filtraciones cargadas con peligros incalculables. Las víctimas llegan a adorar a sus victimarios. En la guerra mediática corregir errores rápidamente en una obligación de supervivencia.
Nada es infalible. Incluso las tácticas y las estrategias más meditadas y probadas, suelen sufrir derrotas. Los tropiezos, en todas metodologías, deben ser parte del presupuesto y cada fracaso hipotético debe contener variables para su solución y superación en plazos muy cortos. Incluso los aciertos y las victorias, en su carácter efímero y relativo, deben acompañarse con dispositivos de re-aseguro y duración dialécticos. Todo está en movimiento permanente y el quietísimo es un peligro siempre.
Países como Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Cuba y Venezuela que en intensidades diversas, pero con ataques permanentes, enfrentan una guerra mediática sistemática, deben contar con modelos de adaptación y avance muy dinámico y muy efectivo para dar respuesta a la metralla mediática que los agobia sin reposo. Deben ensayar estrategias y tácticas -defensivas y ofensivas- que exigen artillerías bien entrenadas y calificadas para perfeccionar tareas vitales de información, puesta en común, feed back, propaganda, agitación y orientación política... minuto a minuto. Lo que falla debe ser reparado rápido, lo que triunfa debe ser blindado y profundizado. Horas perdidas son peligros acumulados y derrotas seguras.
Por impericia, por ignorancia, por lecturas erróneas del escenario de guerra o por burocratismo, se descuida la lucha y se la banaliza con rutinas desacertadas mientras el enemigo ataca con sus mejores tecnologías, su mayor creatividad y sus mejores laboratorios de guerra psicológica. Cada una de las herramientas debe ser analizada permanentemente y ninguno de sus dispositivos lógicos puede dejarse al azar o a la improvisación boba. Todo debe operar con acuerdo a un plan general emancipador y nada puede quedar sin ser evaluado para que ofrezca su mejor aporte. ¿Existe semejante “plan” emancipador?
Todo parece indicar que para combatir a la guerra mediática burguesa predomina en “nuestras filas” la improvisación, la egolatría, la sordera y el subjetivismo. Que derrochamos recursos y oportunidades de manera irresponsable y suicida mientras creemos que nuestros formatos y nuestros gustos, sacados de los formatos y gustos oligarcas, serán suficientes para reducir y superar a la andanada mediática enemiga. Cometemos errores de errores y hemos llegado a circunstancias muy graves por no haber sabido ni podido contrarrestar la parte de la guerra económica del capitalismo contra los pueblos que se desarrolla en el campo de la “comunicación”. “En la demora está el peligro”. Decía José Eloy Alfaro.
Y, encima de todo, las buenas y promisorias estrategias que una vez se desarrollaron (aun incipientemente) sufren hoy por estancamientos y retrocesos de todo tipo y combinación. Por la fuerza de la rutina y la esclerosis burocrática van pareciéndose cada día más a lo que hacen y dicen, de forma y fondo, los “medios” enemigos de los pueblos trabajadores. Y no hay quien escuche con sensibilidad comprometida. Se comprende, quizá, el problema como algo secundario o como algo postergable, si acaso se lo comprende.
Es nuestra prerrogativa y nuestra obligación ofrecer perspectivas críticas, y autocríticas, liberadas de la palabrería oportunista, didáctica o pedante... purgada de tufos apocalípticos. Es una responsabilidad ética, propia de la fraternidad revolucionaria, advertir a todos, y a nosotros mismos, las consecuencias de esos errores que pueden ser terminales y que pueden llevarnos a escenarios infernales. Especialmente cuando nuestra producción crítica es susceptible de ser usada por los enemigos de clase para golpearnos con sus tergiversaciones, des-contextuaciones y calumnias de siempre. Pero las precauciones no son frenos. Si la crítica científica, que asume su responsabilidad colaborativa, ha de ganarse antipatías, esas serán producto de que alguna de las partes no entiende que Revolución es necesariamente crítica fraterna. Mucho peor que el enojo del algunas vanidades es la derrota de todos por los egos de algunos y por las irresponsabilidades en combate.
Hoy hace falta una re-ingeniería integral de todas nuestras herramientas de lucha mediática. Reinventar TeleSur, TVES, VIVE, Venezolana de Televisión... Prensa Latina, La Jornada... con acuerdo en un plan continental de lucha que nos defienda y nos libere de las mentiras imperiales infiltradas a todas horas en las cabezas y en los corazones de los pueblos. Un plan que nos garantice que la información que nos importa llegue a donde nos urge. Que los frentes de lucha tengan aseguradas las palestras donde expongan sus principios y sus fines. Que la denuncia a las canalladas enemigas se propague por todo el mundo y tenga efectividad en la ética de los pueblos para movilizar a la justicia social. Que conquistemos la prerrogativa de la organización para la movilización y la acción con el poder donde debe estar que es en el pueblo trabajador. Que nos ayudemos entre todos a destrabar los flujos y que si alguien nos bloquea hagamos fisuras inmediatas por todas partes para que nadie se quede sin saber que estamos todos en pie de lucha tratando de unificar todas las luchas contra el capitalismo... en todo el mundo.
Es urgente una re-ingeniería del método emancipador de contenidos y enriquecedor de experiencias formales, en una dialéctica poderosa que no pueda ser degollada por burocracia alguna, por el cambio de jefes ni por aventurerismo de arribistas, oportunistas o trepadores. Es urgente una re-ingeniaría consensuada desde la semántica hasta la distribución táctica. Hace falta dar ese paso, por fin, que tanto han pedido los líderes más avanzados y los pueblos en combate. Hace falta tomar la decisión por un nuevo orden mundial de la información y de la comunicación, por la paz, por los derechos humanos… por la revolución de la comunicación que tanto anhelamos, que tanto importa y que tanto nos urge.
martes, 4 de octubre de 2016
Una semilla de Berta
EnREDando
Por Fabián Chiaramello
La rueda de saqueo extractivista no cierra sin el avasallamiento de los derechos de las comunidades. A seis meses del asesinato de la líder indígena hondureña Berta Cáceres se realizó en Rosario una actividad en homenaje de la que participó Laura Zúniga, una de sus hijas. EnREDando dialogó con ella.
Hondureña, líder indígena y defensora del medioambiente. Berta Cáceres fue asesinada el pasado 2 de marzo. Era la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización que cofundó hace más de veinte años.
Berta fue una incansable luchadora por los derechos humanos y en defensa de la naturaleza, pero en los últimos años -puntualmente, a partir del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009- su lucha contra el extractivismo en los territorios del pueblo indígena Lenca se fue acrecentando paralelamente iban creciendo los proyectos hidroeléctricos para abastecer a otros emprendimientos, principalmente mineros. La rueda de saqueo extractivista no cierra sin el avasallamiento de los derechos de las propias comunidades -que no son consultadas sobre sus propios territorios- y la criminalización, persecución, represión y asesinato contra todos aquellos que se atreven a cuestionar ese modelo.
Por el asesinato de Berta hay seis detenidos, varios de ellos con probada relación directa con Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la empresa financiada por organismos internacionales que está detrás del megaproyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en territorio lenca. Contra la construcción de esta represa -entre muchas otras- se enfrenaron duramente tanto la Copinh como la propia Cáceres. Por esta resistencia recibió decenas de amenazas, fue criminalizada y hasta recibió el mayor reconocimiento otorgado a quienes luchan por la defensa del medioambiente: el Goldman Environmental Prize, entregado pocos meses antes de su asesinato.
Pero no sólo la empresa está implicada: al menos tres de los detenidos tienen relación directa e indirecta con el Ejército hondureño. Con esto también se demuestra aquello que denunciaron desde un primer momento los familiares de Berta y sus compañeros de lucha: el gobierno del actual presidente Juan Orlando Hernández también es responsable. El rol de Estados Unidos en la situación que atraviesa Honduras y en el asesinato de la activista social también es central. La potencia del norte financia desde hace años a las fuerzas de seguridad -tanto policiales como militares- bajo el pretexto de la lucha contra el crimen. Además, ha aportado con entrenamiento. Esas mismas fuerzas son las que persiguen, reprimen y asesinan a luchadores del país centroamericano (ubicándolo como uno de los países más peligrosos del mundo para quienes se manifiestan contra el saqueo de los bienes comunes y exigen el respeto de sus derechos).
Luego del asesinato de Berta -y pese a las denuncias y presiones de distintos organismos internacionales- la impunidad que rodea al caso continúa casi sin sobresaltos. Esta situación es la que permite que las muertes de luchadores sociales hondureños se extiendan cuando ya pasó medio año desde que el mundo perdió a una de sus más valiosas protectoras.
Pero por otro lado, Berta sigue multiplicándose. Así lo gritan sus compañeros y compañeras de lucha y sus familiares. La resistencia del Copinh no cesó pese a tantas pérdidas y presiones. Tampoco la de su familia. La líder indígena dejó a grandes y fieles representantes para que continúen el camino de lucha emprendido desde hace décadas. Sus hijas son las que levantan las banderas no sólo para pedir justicia por su madre cobardemente asesinada, sino también en defensa de los derechos humanos, en defensa de la naturaleza, contra el saqueo y la explotación extractivista que acecha a toda América Latina.
Matando una Berta sembraron miles
A seis meses de su pérdida, se realizó en Rosario un homenaje a la lucha de Cáceres. En la actividad, desarrollada en el Centro Cultural La Toma, estuvo presente Laura Zúniga, una de sus hijas. La joven hondureña esparce las semillas de su madre por todo el continente, no sólo denunciando tantos atropellos e impunidades, sino también con la convicción de que crear otro mundo todavía es posible. EnREDando charló con ella sobre la situación de Honduras, las responsabilidades detrás del crimen y la situación latinoamericana.
– ¿Cuál es el contexto de Honduras en el que se da el asesinato de Berta?
Para empezar a hablar acerca del contexto hondureño, podríamos empezar a hablar más bien del 2009, a partir del golpe de Estado en el que se abre toda la institucionalidad para poder empezar a entrar más de lleno con el extractivismo. Después del golpe de Estado, se hace una serie de concesiones que empiezan a ser efectivas en estos últimos años y es lo que va desencadenando en la cantidad de violencia que hay en los territorios a causa de empresas que entran sin permiso de las poblaciones; empresas que vienen con toda la estructura y el aparato militarista (habilitado también en 2009) y con toda la estructura paramilitar que viene y se estructura en ese marco de golpe de Estado. A partir de ahí, hay un aumento en la violencia, la persecución desde las empresas, el paramilitarismo, pero también desde la institucionalidad del Estado, en la criminalización de los luchadoras y las luchadores.
Con el asesinato de Berta Cáceres, de mi mami, se da un mensaje claro hacia los luchadores y las luchadoras: se ataca a la persona, o una de las personas más visibles en relación a la lucha en contra del extractivismo en Honduras, pero que también es un símbolo internacional, entonces se da el mensaje de “si podemos asesinar a esta persona, con este alto reconocimiento internacional y que a pesar de la presión internacional para que haya justicia sigue en impunidad, se va a ir contra cualquier luchador y luchadora”. Es lo que en estos meses venimos viviendo, que es la persecución, la violencia, contra las personas, sobre todo líderes comunitarios y los compañeros y compañeras del Copinh que están siendo perseguidos por los militares, la policía y las empresas y además siendo amenazados. Entonces, yo creo que viene esto: el recrudecimiento de la represión y la violencia.
– ¿Cuál es el entramado -político, militar, judicial- que hay detrás de la persecución de militantes y activistas?
Creo que la introducción del sistema extractivo y, sobre todo, en la escala en la que estamos viendo en Honduras (en la que también creemos que es un momento de experimentación, incluso de cómo reaccionan las poblaciones a las empresas y de qué forma las empresas pueden librarse de estas reacciones), tiene que ver con algo económico, algo político y, sobre todo, porque el golpe de Estado en Honduras y toda la estructuración actual del Estado también tiene que ver con algo político, económico, que es más sistémico. Y además que es el papel histórico que ha jugado Honduras, que tiene que ver con eso: ser laboratorio y base militar de los Estados Unidos; entonces, creo que pasa por eso. Y la persecución de los luchadores (no sólo en los territorios en los que se están enfrentando a los sistemas extractivos, sino también a los territorios como, por ejemplo, en el ámbito educacional, en el ámbito de la salud) tiene que ver con el control de la población, tienen que tener una población sumisa, una población que no reaccione ante toda la violencia que se viene, para poder así instalar todo, como todo este sistema que se intenta hacer en Honduras, de despojo y persecuciones… Se podría complejizar más, pero sería el por qué hoy en Honduras se está persiguiendo. Y además, la instalación de una estructura de violencia represiva dictatorial que es la que estamos viviendo.
– ¿Cómo se refleja esta persecución que vino con el golpe de Estado en otros países del continente y qué importancia tiene que se expanda la lucha?
Creo que tiene que ver con varios cosas: una es que el asesinato, la persecución y la violencia que viven compañeros y compañeras en Honduras (que están defendiendo los territorios, enfrentándose a las políticas de violencia extractivas) es algo que sea como sea nos tiene que golpear a todos. Que asesinen a Berta Cáceres, que es un referente, por ejemplo, afecta al movimiento social latinoamericano y también mundial. Pero también, por otro lado, es lo que venimos viendo y lo que decía antes: esta instalación de Honduras como un laboratorio de distintas cosas y que se va a seguir replicando en distintos lugares; como se replica hoy (y se replicó en Paraguay y en Brasil un golpe de Estado institucionalizado), también se van a seguir replicando las políticas extractivas y también se van a seguir utilizando las formas de represión y de control en los territorios que hoy se utiliza en Honduras. También en los lugares donde se intenten instalar estos proyectos extractivos, como por ejemplo aquí en Argentina el fracking o el monocultivo.
– En este contexto, ¿qué rol juegan los medios de comunicación tanto hegemónicos, como alternativos y comunitarios en la cobertura del asesinato de Berta y de la lucha que vino después ?
En relación con los medios hegemónicos, por lo menos lo que hemos venido viviendo en Honduras es, primero, acallar y calmar lo que está pasando. Y por otro lado también es transformar y lavar la figura de mi mami; o sea, empezar a sacarle y vaciar el significado que tenía su lucha, su historia, para empezar también a vaciar esa historia y ese símbolo de rebeldía que es para el pueblo hondureño. Y por otro lado, también es acallar la lucha que nosotros estamos haciendo, no sólo como familia sino también como organizaciones, como Copinh, que es la de exigir justicia, apostándole a una justicia lo más integral posible, que tiene que ver con que justicia para Berta es parar los proyectos hidroeléctricos, parar las mineras que hoy en día están atacando el territorio indígena lenca, pero también que están atacando al pueblo hondureño. Y también es sacar la vinculación directa que tiene el asesinato de mi mami con el Estado hondureño y el papel que ha jugado. Por otro lado (y es por qué también le apostamos a los medios contrahegemónicos muchas veces en Honduras, con radios comunitarias) es, al poder romper este cerco, también apostar a construir (incluso a partir de la indignación que causa este asesinato) a base del ejemplo y lucha de mi mami: organización, resistencia y pensamiento crítico.
– Hablaste de los golpes de Estado en Honduras, Paraguay y Brasil, ¿pero cuál es rol que jugaron los gobiernos progresistas latinoamericanos en la instalación del extractivismo y la criminalización?
Yo creo que tiene que ver con no plantearse otras formas de relacionarse con los pueblos y con las tierras, digamos. A pesar de que los gobiernos progresistas han hecho avances, nunca se replantearon los modelos energéticos y cómo esos funcionan, para qué y para quiénes. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes deudas. Y también, en relación a Honduras, a pesar de todo se olvidó el golpe de Estado y se dejó pasar y hoy estamos viviendo las consecuencias de que Honduras haya sido incorporado, que el golpe de Estado se haya olvidado; también en relación a que se retomaron las relaciones diplomáticas con un gobierno, un Estado golpista, que hoy ejerce el terror sobre la población.
– Estando en Argentina, ¿percibís que hay acompañamiento a la lucha de Berta y los pedidos de justicia? ¿Hay algún mensaje para dar?
Yo creo que lo que tiene Argentina es una historia de memoria y de lucha que incluso para nosotros como pueblo ha sido importante tomar. Ejemplos concretos como las Madres de la Plaza resistiendo durante muchos años han sido los que nos han ayudado a fortalecernos, a enarbolarnos, y hemos sentido acompañamiento. Creo que todavía no se alcanza a dimensionar qué es Honduras y cuál es la situación concreta y hay que empezar a trabajar en relación a eso: de cómo nos afecta verdaderamente el sistema extractivo, la violación de derechos humanos sistemática en América Latina, en territorios concretos. Creo que sí sería bueno profundizar alrededor de eso y después empezar a ver cómo el ejemplo y la lucha de mi mami son un ejemplo acá en Argentina (lo que hablaba antes: el fracking, la minería, el monocultivo, son cosas que no son exclusivas de Honduras sino que también se ven acá; y el accionar de las empresas en relación a parar estas resistencias que se dan alrededor de todas estas violencias también está comunicado, porque son muchas veces las mismas empresas, son los mismos financiadores, los que están aquí o en Honduras, o aquí y en Panamá). Entonces, empezar a entender la vinculación, la red que hay detrás de todas estas violencias que estamos viviendo, es algo que puede ayudar para fortalecernos y seguir juntos como pueblos del mundo defendiendo lo que nos toca, que es la vida y es hacernos cargo de esta historia dura que nos ha tocado, pero que también es un momento que nos permite como seres humanos crear, digamos, otro mundo.
La dictadura de la transnacional Fyffes
Rel-UITA
Por Giorgio Trucchi
La compañía frutera irlandesa Fyffes produce melones en el sur de Honduras a través de tres subsidiarias. En sus plantaciones, el 80 por ciento de la mano de obra es femenina y temporal. La mitad de estas mujeres son madres solteras. El simple hecho de querer ejercer su derecho a organizarse para defender el trabajo decente se ha convertido en una pesadilla.
En enero de este año, el Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS) notificó la creación de una subseccional en Sur Agrícola de Honduras SA (Suragroh), una de las tres empresas subsidiarias [1] de Fyffes en Honduras. También hizo entrega del pliego de peticiones para la negociación de un convenio colectivo.
No habían pasado ni 24 horas cuando la transnacional reunió a los integrantes de la junta directiva y los hizo renunciar al Sindicato. Tras un segundo intento fallido, en el mes de abril el STAS volvió a conformar una subseccional, esta vez en Melon Export SA (Melexsa).
La reacción de la empresa fue aún más brutal.
“Antes de que pudiéramos notificar la conformación de la subseccional la empresa despidió a 21 trabajadores, incluidos los directivos que, además, tenían un contrato permanente”, dijo a La Rel, Nelson Núñez, asesor técnico del STAS y de Festagro [2].
“No nos dimos por vencidos y volvimos a nombrar a otra junta directiva, al tiempo que comenzamos a investigar todas las violaciones de derechos laborales que se estaban dando”, agregó Núñez.
Después de reunir todas las pruebas, 92 trabajadores y trabajadoras decidieron demandar a la empresa en los tribunales por el no pago de las prestaciones sociales adquiridas.
Una transnacional antisindical Derechos por el suelo
En víspera de la nueva temporada de melones que inicia en octubre, hay temor que ninguna de las tres subsidiarias de Fyffes contrate a personas vinculadas con el Sindicato.
La subseccional del STAS denuncia que se han creado listas negras. “Vos la cagaste con esto de meter sindicatos. Ya estás colorado y nunca más vas a tener empleo”, le dijo recientemente un capataz a uno de los directivos.
Tanto el gobierno nacional como el municipal de Santa Ana Yusguare, los patronatos y hasta un sacerdote de la zona están respaldando la violación de derechos. Aducen que trabajadores temporales no pueden pertenecer a una instancia permanente como es el sindicato.
Una explicación burda que para el STAS oculta el verdadero objetivo de la transnacional irlandesa: seguir acumulando ganancias a costa del sudor de las y los trabajadores.
La lista de violaciones de derechos laborales es infinita, y las que más sufren son las mujeres.
“La empresa aprovecha la temporalidad del trabajo para chantajear a las trabajadoras. Las jornadas de trabajo son extenuantes, no pagan horas extra, ni vacaciones proporcionales. Tampoco acumulan antigüedad, ni cotizan a la seguridad social”, explicó Tomás Membreño, presidente del STAS.
Hay mujeres con 25 o más años de trabajo en las meloneras o que ya están en edad de jubilación que siguen trabajando. Saben que nunca recibirían sus prestaciones, ni una pensión.
“Otras fueron despedidas por estar embarazadas o por haberse lesionado en el trabajo. Son muy pocas las que denuncian esta situación, porque temen represalias contra sus familiares que también trabajan en las meloneras”, añadió Membreño.
También hay malas condiciones higiénicas y de seguridad. En diciembre de 2015, unas 100 mujeres sufrieron una intoxicación por una combinación de herbicida y cloro que estaban aplicando en una parcela colindante.
Amenazas y persecución ¿Fyffes empresa ética…? ¿Usted, qué opina?
La lucha por organizarse también ha acarreado serios problemas de seguridad.
En más de una ocasión, los directivos de la subseccional han sido acosados por miembros de la seguridad privada de la empresa para que renuncien al Sindicato.
La semana pasada, el mismo Nelson Núñez ha sido amenazado de muerte. “Dejaron una nota anónima en la oficina de Festagro en Choluteca, pidiéndome que deje de organizar sindicatos o que me atenga a las consecuencias”, dijo Núñez a La Rel.
Pese a la difícil situación, las y los trabajadores están dispuestos a seguir luchando para que Fyffes cumpla con la ley.
“Se mantienen firmes. Saben que es la única forma de romper con un pasado sin derechos”, concluyó Núñez.
Varias organizaciones internacionales, incluyendo la UITA, están preparando una campaña de denuncia y pronto viajarán a la zona, y ya se pidió oficialmente la expulsión de Fyffes de la Iniciativa de Comercio Ético (ETI).
Notas:
[1] Melon Export SA (Melexsa), Sur Agrícola de Honduras SA (Suragroh) y Soleado SA (Solesa), ubicadas en Santa Ana Yusguare y El Corpus, Choluteca.
[2] Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria. http://www.fyffes.com/
Alerta en Trujillo por construcción de una refinería
La exuberante Bahía de Trujillo, ubicada en el departamento de Colón, al Norte de Honduras, se caracteriza por sus aguas cristalinas, vida natural, preservada principalmente en el área de reserva del Parque Nacional Capiro y Calentura (PNCC) y en el Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto, sin embargo esa riqueza natural de se ve amenazada ante la posible construcción de una refinería petrolera.
Dicha refinería sería construida en la Bahía de Castilla. Según los pobladores del sector, no se ha socializado con las comunidades y ya han comenzado con el proceso de exploración, destruyendo manglares, y la zona núcleo de la laguna Guaimoreto.
Las alarmas en la población se encendieron cuando se dieron cuenta que hay una oficina administrativa registrada como Castilla Refinería S.A de C. V, misma que se encuentra ubicada en la bahía de Trujillo.
Fue la iglesia católica de Trujillo la que denunció a través de un comunicado que en ese municipio de estaba tratando de instalar una refinería o destilería petrolera.
Según el párroco de la Iglesia San Juan Bautista, Hermenegildo Ramírez, no hay duda que algunos empresarios locales y nacionales pretenden instalar la refinería. Su instalación significaría contaminación ambiental, y desplazamiento para las comunidades que viven en los alrededores de la bahía.
Por su parte, el dirigente del frente amplio para la defensa de tierras y el territorio comunal en Trujillo, Santiago Ruiz, expresa que en los trabajos de exploración, los miembros de la empresa han comenzado a deforestar el área donde supuestamente la instalarán. La misma sería instalada entre Puerto Castilla y Trujillo.
En denuncias realizadas por la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), señalan que el proyecto se trata de un reciclaje de una refinería que presentó serios problemas en Guatemala.
Investigación
Recientemente, la fiscalía especial del ambiente y la unidad municipal del ambiente (UMA) inició un proceso de investigación sobre los daños en la laguna de Guaimoreto. Luego de corroborar in situ, la veracidad de los daños, la UMA remitió la denuncia al Ministerio Público.
En el marco de la celebración del día de San Francisco de Asís (4 de octubre), Patrono de la Ecología, quien se distinguió por su devoción a la naturaleza como “magnífico don hecho por Dios a la humanidad”, la Diócesis de Trujillo y la Parroquia San Juan Bautista realizarán este sábado 1 de octubre una movilización en defensa de la Madre Tierra, pasando por las principales calles del municipio.
El padre Hermenegildo Ramírez, manifiesta que la movilización iniciará desde las 8:00 de la mañana, comenzando desde la pista de aterrizaje y saldrán con rumbo al parque central.
¿Puede Monsanto mejorar Bayer?
Por Victor Grossman
Traducido del inglés por Beatriz Morales Bastos
El matrimonio de Monsanto con Bayer rompe récords no solo debido a su envergadura sino por su mal olor, y no solo debido a la reputación de Monsanto de dejar una estela mortífera en todo, desde la desaparición de las flores silvestres y las mariposas a los agricultores abocados a la pobreza por estar obligados a comprar sus semillas y pesticidas.
Bayer, quizá más conocido por sus aspirinas, tan eficaces desde 1897, u otros medicamentos útiles, tiene un historial marcado por unas cifras de muerte mucho, mucho mayores. Bayer, junto con otras dos empresas químicas gigantes, BASF y Hoechst, fue quien desarrolló en terrible gas cloro que se utilizó en la Primera Guerra Mundial. En 1925 las tres empresas formaron un cártel gigante, IG Farben (Joint Interest Association Dyes), que se convirtió en el líder mundial de las farmacéuticas, los tintes y los productos químicos, a menudo después de tratos con DuPont y Standard Oil.
Durante los primeros años de la década de 1930 IG Farben se convirtió en el mayor donante de la campaña electoral de Adolph Hitler. Aunque al principio era ligeramente reticente debido a que algunos de sus científicos clave eran judíos, en los años decisivos antes de que Hitler lograra el poder IG Farben donó 400.000 a este y a su partido nazi, lo que fue ampliamente recompensado: IG Farben, con Bayer, se convirtió en el mayor especulador de las conquistas alemanas en la Segunda Guerra Mundial.
En una carta dirigida al director de IG Farben, Fritz ter Meer, a principios de 1941 el Dr. Otto Ambros elogió la amistad de IG Farben con las SS que aceleró la construcción de su fábrica de Auschwitz-Buna y escribió acerca de un banquete ofrecido por la administración del campo en el que “ se elaboraron todas las medidas para utilizar la verdaderamente excepcional gestión del campo de concentración de la manera más ventajosa para la fábrica de Buna ”.
Aunque Auschwitz fue el mayor y más espantoso emplazamiento de la historia destinado a aniquilar seres humanos, su objetivo básico había sido un gigantesco complejo de IG Farben para producir gasolina y caucho como parte de sus planes de conquistar Europa y el mundo .
A IG Farben no le interesaban únicamente el carburante y el caucho. La correspondencia entre los directores de Bayer y el comandante de Auschwitz incluía intercambios del siguiente tipo: “Con vistas a los experimentos que tenemos planificados con un nuevo fármaco para provocar el sueño, agradeceríamos si pudiera poner a nuestra disposición unos cuantos presos […]” – “Confirmamos su respuesta, pero consideramos que el precio de 200 RM [Reichmark] por mujer es demasiado elevado. Proponemos pagar no más de 170 RM por mujer. Si les parece aceptable, las mujeres pasarán a ser posesión nuestra. Necesitamos unas 150 mujeres […]” – “Confirmamos su aprobación del acuerdo. Les ruego que nos preparen 150 mujeres que tengan la mejor salud posible […]” – “Recibida la orden para 150 mujeres. A pesar de sus malas condiciones, fueron consideradas satisfactorias. Le mantendremos informado de los acontecimientos referentes a los experimentos […]” – “Los experimentos se llevaron a cabo. Todas las personas con las que se experimentaron murieron. En breve contactaremos con usted para un nuevo envío”.
IG Farben también tenía otro interés en Auschwitz. Para aquellas personas que eran demasiado ancianas, demasiado pequeñas o demasiado débiles para trabajar, tenía Zyklon B, diseñado y producido por la empresa subsidiaria de IG Farben, Degesch.
Cuando se vinieron abajo sus planes de conquista y acabó su genocidio, el mundo esperaba que semejantes hombres fueran castigados y en agosto de 1947 comenzó el Tribunal de Crímenes de Guerra de Nuremberg contra IG Farben organizado por Estados Unidos y en el que el fiscal estadounidense Telford Taylor afirmó: “Son estos criminales de IG Farben y no los locos nazis fanáticos los principales criminales de guerra. Si no se saca a la luz la culpa por estos criminales y si no son castigados, representarán una amenaza mucho mayor para la paz mundial que Hitler si todavía estuviera vivo”.
Pero la atmósfera había cambiado en Alemania, los viejos enemigos fueron sustituidos por nuevos. En julio de 1948, casi un año después, diez de los 24 acusados fueron absueltos y aunque 12 de ellos había sido declarados culpables de crímenes como asesinato masivo, esclavitud y crímenes contra la humanidad, fueron condenados a penas leves de entre año y medio, y ocho años de cárcel, incluido el tiempo que ya habían estado en la cárcel.
IG Farben también se dividió. Pero sus tres componentes principales, ahora separados de nuevo y urgentemente necesitados de un apresurada Guerra Fría, crecieron hasta convertirse cada uno de ellos en 20 veces más grandes de lo que había sido el conjunto de IG Farben en su mejor momento en 1944, el último año de la guerra. Para 1952 el gobierno de la nueva Alemania Occidental de Konrad Adenauer había amnistiado y liberado al último de los encarcelados, que rápidamente volvieron a sus prominentes posiciones en el mundo de las empresas químicas y farmacéuticas.
Los dos hombres citados en la carta antes mencionada, Fritz ter Meer, miembro del consejo de administración de IG Farben desde el principio al final, y Wartime Manager, responsable de IG Auschwitz, declararon en su defensa ante el tribunal: “El trabajo forzado no infligió a los presos ningún daño, dolor o sufrimiento importante, particularmente porque la alternativa para esos trabajadores habría sido la muerte de todos modos”. Pocos años después de ser puesto en libertad Fritz ter Meer recuperó su puesto como miembro del consejo de administración de Bayer. En poco tiempo las tres empresas hermanas, BASF, Bayer y Hoechst (que posteriormente se fusionó con la empresa francesa para formar Aventis), cubrieron sus puestos más importantes con exnazis.
El hombre que escribió la carta citada antes, Otto Ambros, que había sido responsable de la elección de la ubicación, de la planificación, la construcción y el funcionamiento de IG Auschwitz en su calidad de gerente de operaciones, recibió la condena “más dura”, por esclavitud, a ocho años de cárcel. Tras salir en libertad en 1952 fue sucesivamente vicepresidente, presidente y miembro del consejo de administración de una docena de empresas químicas. Más conocido fue Chemie Grünenthal, que fue culpable de vender el fármaco talidomida (o Contergan) mucho después de que pareciera evidente que si lo tomaban las mujeres embarazadas, sus bebés podían nacer sin alguno de los miembros o padecer otras deformaciones. Hasta 1959 se vendía en 46 países con una etiqueta que afirmaba que se podía “dar con total seguridad a mujeres embarazadas y madres lactantes”. Unos 10.000 niños se vieron afectados.
En 2008 un os investigadores de Inglaterra descubrieron una relación entre la talidomida y las drogas investigadas durante la guerra, muy probablemente una de las desarrolladas bajo la dirección de Otto Ambros al investigar el gas nervioso. Hasta entonces la empresa siempre había alegado que se habían perdido los datos de las investigaciones previas, supuestamente durante la guerra .
Sin que las dudas le preocuparan lo más mínimo, el Departamento de la Energía estadounidense (anteriormente Comisión de la Energía Atómica) contrató a Ambros como asesor en la hidrogenación del carbón en base a una investigación de I G Farben. Al ser preguntado por el hecho de contratar a un criminal de guerra convicto, el Departamento insistió en que toda la documentación pertinente se había perdido.
Cuando un periodista del San Francisco Chronicle preguntó a Ambros en una entrevista telefónica por su condena en 1948 en el juicio de Nuremberg por asesinatos masivos y esclavitud, contestó: “Aquello ocurrió hace mucho tiempo. Implicó a judíos. Ya no pensamos en ello”.
Aquellos hombres de IG Farben en la época de la guerra están todos muertos. Sus empresas prosperan. Y en los últimos años se ha acusado a Bayer de hacer experimentos médicos no éticos, de vender fármacos que se ha demostrado que son peligrosos, de poner dificultades a que los países en desarrollo produzcan medicamentos vitales y de utilizar materiales de importación producidos gracias al trabajo infantil. Quizá la acusación más importante sea que una filial de Bayer, H.C. STARCK, fue en parte responsable de la sangrienta guerra en la República Democrática de Congo y estuvo implicada en la obtención de diferentes minerales, pero sobre todo el valioso coltán, del que es el principal productor.
Hasta ahora la empresa hermana BASF era la mayor química del mundo. Si se mantiene el acuerdo, Bayer-Monsanto la superará ahora. Cualquier esperanza de que Bayer mejore de alguna manera en sus formas bajo la influencia de Monsanto parece cuando menos poco realista.
La moneda de la paz
Hoy el país se encuentra con gran expectativa, esperando el inicio de la implementación de los Acuerdos de La Habana, sin embargo, es válido interrogarnos por el impacto real de dichos acuerdos en la cotidianidad del pueblo colombiano y es ahí donde nos estrellamos con un sin número de paradojas e incertidumbres que revelan otras intenciones del régimen y una vez más queda en duda su voluntad de paz y de alcanzar una solución política.
La moneda de la paz evidencia grandes contrasentidos, pues no hay correspondencia de la cara que se anuncia con los Acuerdos de La Habana y la cara espantosa de la realidad colombiana.
Siendo el Estado el responsable de masacrar y desplazar para luego legalizar territorios y entregarlos a los terratenientes y al interés extranjero, además de montar el paramilitarismo y financiarlo con el narcotráfico, es inadmisible que fruto de unos acuerdos entre partes iguales, ahora el Estado resulte exculpado de sus responsabilidades en el genocidio y la insurgencia sea mostrada como la causante de los males históricos del país. Si bien se acordó la creación de una comisión histórica de la verdad, ésta nunca logró ponerse de acuerdo y emitir veredictos sobre las responsabilidades de cada parte.
Se deja impune el terrorismo de Estado, aun cuando la misma ONU en uno de sus informes responsabilizó al Estado colombiano de causar el 80 por ciento de la violencia en el conflicto armado, ya sea por sus operativos militares de tierra arrasada, o por la guerra sucia encubierta, o por el exterminio social encomendado al paramilitarismo. Mientras la insurgencia ha causado el 20 por ciento, resistiendo ante dicha criminalidad estatal e intentando frenar la violencia en contra de las comunidades.
Sin cambiar nada, ahora se evaporan las causas que originan el conflicto social y el alzamiento armado, muestra de ello es que para los negociadores del gobierno, la rebelión sigue estando tipificada como un delito y no como un derecho ante la violencia impuesta de los poderosos. Sin importar que solamente el hecho de iniciar una negociación con la insurgencia, de manera implícita es reconocer su legitimidad como un contradictor político beligerante.
Esta ambigüedad en el concepto y tratamiento del derecho a la rebelión, permite que el Estado manipule la opinión pública, presentando que el gran logro del proceso de paz es quitarle las armas a una guerrilla que perdió sus fines políticos y eludiendo el debate de ideas que permita consensuar un nuevo pacto social.
En el tema de tierras sigue la ambivalencia, por un lado se pacta en la Habana las intenciones de adelantar una Reforma Rural Integral, pero la realidad nos muestra las verdaderas intensiones del gobierno de Santos con la reglamentación de la ley de Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social), que plantea extender el latifundio en zonas apartadas de los centros urbanos para ser explotados por manos privadas nacionales o extranjeras, con zonas francas para no pagar impuestos.
Las Zidres son auspiciadas por el Ministerio de Agricultura, que es el mismo que dispondrá de las tierras para el ¿Fondo de Tierras? previsto en el Acuerdo de La Habana, dando prioridad a la asignación de tierras a las empresas privadas, desconociendo a los campesinos. Así mismo, a sangre y fuego se sigue impidiendo el retorno de los campesinos desterrados. De manera que las instituciones y las leyes siguen siendo pensadas bajo los intereses del capital y con el fin de perpetuar el saqueo y la explotación.
Se anunció con gran fervor el acuerdo sobre participación política y garantías para la oposición, y una vez más el régimen juega en contravía de lo prometido y previniendo el aumento de la conflictividad popular y la protesta social, Santos arremete con duros golpes, primero con anuncios sobre el aumento del pie de fuerza y mayor presupuesto para el escuadrón de la muerte Esmad, acto seguido las luchas de campesinos, indígenas, negros, estudiantes, jóvenes y demás sectores sociales son reprimidas de forma cruel bajo un tratamiento de guerra que les permite la ley de seguridad ciudadana.
Sumado a esto se sanciona el nuevo código de policía que impide el libre ejercicio de la movilización, la protesta social y restringe las libertades civiles. Los últimos avances de las fuerzas militares y su nueva doctrina de guerra junto con la vinculación de Colombia a la OTAN, dejan claro que la paz está muy lejana. El Estado excluyente y militarista se fortalece y no existen garantías para la oposición política, así le otorguen, temporalmente, unos pocos escaños parlamentarios a los exguerrilleros desarmados.
Otra concesión que se le hace al Estado, se da frente a los incumplimientos de los acuerdos, dado que se establecen drásticas sanciones penales para los desmovilizados, pero no queda ninguna cláusula que penalice al Estado si incumple. Para la muestra, tenemos que 17 días después de la firma del cese el fuego bilateral y definitivo, el ejército colombiano lo violó, pero ningún mando resultó responsable o sancionado. Luego de que las FARC dejen las armas por completo, muy seguramente los incumplimientos de los gobiernos de turnos no serán castigados por la ONU. Pasará lo mismo que sucede en Ruanda, Israel, Palestina, Siria, Libia y demás países donde la impunidad, el incumplimiento y la falta de seriedad de los Estados campea sin Dios ni ley.
Con lo dicho anteriormente, el régimen está interrogado en su voluntad de cumplir y si la tuviera está limitado para hacerlo, pues la característica histórica de esta oligarquía siempre ha sido el servilismo a los intereses del imperialismo y el capital extranjero.
Con la serie de Tratados de Libre Comercio; con el consenso de Washington, las imposiciones de la OCDE, el FMI o el BM; con el acuerdo militar del 2009, donde toda Colombia queda a disposición de los Estados Unidos, instalando 7 bases militares gringas ilegales en nuestro territorio; con el acuerdo de cooperar con la OTAN; el gobierno nacional queda limitado para cumplir lo pactado en La Habana.
Pareciera que la paz de Colombia queda al golpe de suerte de una moneda que se lanza al aire y el poder mediático crea la ilusión que la moneda va a caer favorable al pueblo, pero la oligarquía, que es la dueña de la moneda, no le apuesta al azar, sino que se asegura de ganar siempre y por eso la moneda tiene su misma cara por ambos lados.
La realidad colombiana, como una moneda, tiene dos caras, la del poder oligárquico, que pregona la paz sólo como el desarme de la guerrilla, mientras mantiene todos sus privilegios, y, la cara del pueblo que lucha por empoderarse, construyendo la paz con transformaciones estructurales de la sociedad y el Estado, que permitan la dignidad, la soberanía, la equidad y la felicidad para todas y todos.
Roban expediente del caso de Berta Cáceres en Honduras
teleSUR TV
Tras el asesinato de Berta Cáceres el 3 de marzo de 2016 se han registrado protestas que cuestionan las políticas de Estado en Honduras. | Foto: EFE
El documento fue robado a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras.
El expediente del caso de la activista indígena Berta Cáceres, asesinada en marzo pasado, fue robado por un grupo de presuntos ladrones a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Honduras.
El hecho se registró mientras la representante del CSJ conducía su vehículo, el cual fue interceptado por 4 hombres fuertemente armados que la amenazaron, informó La Tribuna.
¿Por qué la funcionaria portaba el expediente de Cáceres?
De acuerdo con medios locales, la magistrada portaba el documento con el fin de "estudiarlo en su casa y redactar las sentencias para los imputados".
Funcionarios de la CSJ informaron que el ente que representan tiene una copia completa del expediente, el cual contiene datos de los presuntos autores del crimen contra la dirigente indígena.
¿Quiénes son los responsables?
El pasado 21 de junio el exsargento primero Rodrigo Cruz de las Fuerzas Especiales del Ejército de Honduras confesó que su unidad recibió la orden de asesinar a varios dirigentes sociales en su país, entre ellos la luchadora ambientalista Berta Cáceres, según una publicación de esa fecha en The Guardian.
Se estima que los presuntos implicados en el asesinato de Cáceres recibieron unos 2 mil 200 dólares, según una publicación del diario El Heraldo.
¿Cuándo? ¿Cómo?
El pasado 3 de marzo, la líder indígena y coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres, fue asesinada por sujetos desconocidos en el interior de su vivienda, ubicada en el sector La Esperanza, departamento del Intibucá del sur-occidente del país.
¿Por qué?
Cáceres denunció una semana antes de su muerte, el asesinato de cuatro dirigentes indígenas de la comunidad Lenca.
El legado de Berta
En varias oportunidades Berta Cáceres denunció la expropiación de sus territorios y las carencias en los sistemas de salud y agrícola. A su vez, rechazó la creación de bases militares estadounidenses en el territorio Lenca.
Fue una de las fundadoras en 1993 del Copinh. Por su lucha en defensa de los recursos naturales, en el occidente de Honduras en 2015, fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman.
Familiares de la líder indígena, presidentes y líderes del continente americano junto a organismos internacionales han demandado justicia por su muerte.
Campesinos criminalizados en El Paraíso conocerán veredicto judicial el 10 de octubre
Por Sandra Rodríguez
Se realizó una inspección al terreno por el que seis campesinos están procesados en los Tribunales de la ciudad de Danlí, El Paraíso, por suponerlos responsables de usurpación en perjuicio de Ramón Rosa Flores Montoya.
La acusación data desde marzo del 2012, cuando el grupo campesino Hermanos Unidos, de Rancho del Obispo, Yuscarán, decidieron recuperar 32 manzanas de tierra que -según ellos- son propiedad del Estado, pero Flores las reclama como de su propiedad. Desde entonces cumplen medidas sustitutivas a la prisión, como ir a firmar a los Juzgados, no salir del país, no acercarse a los predios ni al afectado.
Raymundo Eguigure, Alex Fernando Flores, Antonio Obando, Felipe Eguigure, Randolfo Laínez y Francisco Suazo, son parte de más de cinco mil campesinos y campesinas en Honduras, criminalizados por defender el derecho a la tierra, la que se le ha negado a más de 300 mil familias que no tienen ni donde cultivar sus alimentos.
El tribunal convocó a las partes para el 10 de octubre, donde dará a conocer la resolución, argumentando que la prueba es muy compleja y tiene que analizar las dos escrituras presentadas por ambas partes, declaró Karol Cárdenas, del Área de Acceso a la Justicia del COFADEH, quien dio acompañamiento en esta jornada.
Llamó la atención la presencia de agentes policiales, quienes ingresaron al tribunal una vez que el debate había iniciado.
“Fue atemorizante la entrada de un cuerpo policial a la sala de juicio, como medio de intimidación a las personas”, expresó Patricia Eguigure, de la Red de Defensoras/es de Derechos Humanos de El Paraíso que acompaña el COFADEH.
El viernes 9 de septiembre se inició el juicio oral y público contra los seis campesinos en los Juzgados de la ciudad de Danlí, que continuó el martes 13, para evacuar las pruebas documentales, peritajes y testimoniales, y hoy fue la inspección al terreno en litigio.
Durante el juicio se ha hablado de dos propiedades y no de una sola, como ha pretendido hacer creer el señor Ramón Rosa Flores Montoya, quien en su declaración ante los jueces señaló que esa propiedad fue heredada a sus padres, quienes la adquirieron en el año 1934 y que él en 1978 le compró a sus otros seis hermano la parte que les correspondía.
Declaró que del terreno tiene escritura a su nombre, pero dijo desconocer cuanto medía su propiedad.
El sistema carcelario debe priorizar la rehabilitación
Gran revuelo está causando en el país el traslado de privados de libertad considerados de alta peligrosidad por el gobierno de Juan Orlando Hernández. El traslado se realizó a la cárcel de máxima seguridad que abrió sus puertas hace unas semanas en el municipio de Ilama, Santa Bárbara.
El proceso ha sido seriamente criticado por organismos defensores de los Derechos Humanos que ven más allá de dichos traslados y de la construcción de más centros penales. Desde dichas organizaciones se denuncia la ausencia de medidas adecuadas de seguridad, supervisión y control interno de las cárceles de Honduras.
Pero el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, anunció la puesta en marcha de un plan de reforma. “La construcción del nuevo sistema carcelario va a requerir una nueva normativa, estamos preparando toda esta normativa para enviarla al Congreso y en lo que corresponda pasar por la autoridad del Congreso Nacional, lo haremos,” anunció JOH.
Estándares internacionales
En 2015 mediante un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo un llamado al Estado hondureño a implementar acciones que tengan un impacto real en la situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas de libertad. Esto incluye adecuar las condiciones de detención de los centros de reclusión a los estándares internaciones y adoptar acciones inmediatas, además de planes a mediado o largo plazo, para garantizar la vida y la integridad personal de las personas privadas de libertad.
“Esta es una problemática de larga data, más de 20 años de historia que se viene suscitando en diferentes momentos con altos niveles de violencia, hubo sentencias incluso condenatorias, recomendaciones planteadas por el sistema de Naciones Unidas en diferentes momentos, amparos emitidos por la sala constitucional, sentencias emitidas por la sala constitucional” manifestó Odalis Nájera, integrante del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, MNP-CONAPREV.
En abril de 2012 fue creada la Ley de Sistema Penitenciario, un instrumento que da vida al Instituto Nacional Penitenciario, INP. Esta legislación quitó de la Policía Nacional la administración de las cárceles y la cede al INP. Sin embargo han pasado cuatro años, y las cárceles están en manos de ahora de los militares.
Pero en el plan de reforma que propone el gobierno también incluye la preparación del nuevo recurso humano que debe tener. “Porque puede tener todas las mejores instalaciones una cárcel pero si el recurso humano nos falla, falla todo el sistema” manifestó el presidente.
“Los funcionarios del sistema penitenciario que están en esta cárcel del Pozo, como ustedes llaman, pasaron por un proceso de entrenamiento y un proceso de revisión de su hoja de vida y cuáles son sus amigos, sus parientes, pero también deben de pasar por un proceso periódico de pruebas de confianza” dijo Juan Orlando Hernández.
Privilegiar la rehabilitación
“El Estado debe recuperar la gobernabilidad al interior de los centros penales porque los que mandan al interior de los centros penales ha habido un desorden, un mercado persa, qué es lo que no se encuentra la interior y lo que menos hay es rehabilitación” dijo el coordinador general del Comité de Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado.
La abogada Odalis Nájera asegura que llegó el momento de tomar decisiones con el tema del sistema penitenciario en el país, porque prácticamente ha colapsado y se requiere que el Estado tome decisiones para aprobar una política penitenciaria que marque un rumbo.
“El sistema penitenciario prácticamente ya tocó fondo, y por haber tocado fondo ya es necesario y perentorio que a nivel del Estado se tomen decisiones de alto nivel” dijo Nájera.
Pero para Monseñor Rómulo Emiliani, obispo auxiliar de la Diócesis de San Pedro Sula, la gran reforma que hay que hacer es que sean centros donde se rehabiliten a los internos. “No existe en ningún presidio un sistema adecuado para rehabilitar, salvo lo que presenta la Iglesia Católica y también grupos evangélicos y algunas Ong´s que entran temporalmente, no hay un sistema de rehabilitación que funcione” aseguró Emiliani.
“Con la nueva modalidad de las nuevas penitenciarías que se piensa construir en el país, debe respetarse lo mínimo que son las reglas mínimas del sistema de Naciones Unidas en favor de los privados de libertad” dijo por su parte Hugo Maldonado.
Una visita al Pozo
Esta semana, varias organizaciones que defienden y promueven los Derechos Humanos hicieron una visita a la cárcel de máxima seguridad de reciente construcción bautizada como “El Pozo” en Ilama, Santa Bárbara.
“Hablamos con el 90% de los privados de libertad, anduvimos celda por celda, cada uno de ellos está en una celda de dos metros por dos metros, significa que en cuatro metros hay una camita que es lo único que tienen, pero lo que más les preocupa a ellos es no tener ninguna relación con sus vínculos familiares”, dijo Hugo Maldonado.
Por su parte, Orle Solís, integrante del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, MNP-CONAPREV, dijo que lo que encontraron en la cárcel de máxima seguridad es que cumple con los estándares internacionales en materia penitenciaria y que no se han violentado los derechos de los privados de libertad.
“Lo que sí hay es un grave problema por hacinamiento en las cárceles, situación que debe mover al gobierno a buscar soluciones inmediatas a fin de evitar tragedias” manifestó Solís.
Pero el presidente Juan Orlando Hernández manifiesta que el éxito del sistema penitenciario es tener al personal motivado y con buenos salarios. “El Estado de Honduras, a quiénes arriesgan su vida por el resto de nosotros llámese bomberos, llámese policías, llámese militares, llámese guardias u oficiales penitenciarios, debe remunerarlos de manera especial” finalizó JOH.
Bayer-Monsanto: Una unión diabólica
Rebelión
Por Hedelberto López Blanch
Las empresas Bayer y Monsanto, en muchas ocasiones en vez de beneficiar con sus medicinas y alimentos transgénicos a la población mundial, provocan en cambio graves enfermedades y hasta la muerte a numerosas personas, a la par que amplían constantemente sus enormes ganancias.
Después de varios meses de negociaciones, la compañía farmacéutica alemana Bayer confirmó la compra del fabricante estadounidense de Transgénicos Monsanto por 66 000 millones de dólares .
El acuerdo se deberá cerrar para finales de 2017 y si por cualquier motivo fracasa, Bayer indemnizaría a Monsanto por 2 000 millones de dólares.
Para el convenio, la enorme compañía alemana hará una ampliación de capital y contratará un crédito puente de 57 000 millones de dólares de los bancos Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan. La adquisición de Monsanto convertirá también a Bayer en el mayor productor de semillas y pesticidas del mundo.
Ambas compañías tienen un enorme y peligroso expediente contra la salud de las personas relacionado con productos creados a partir de la utilización de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
Veamos algunos de los grandes problemas creados por esas compañías. Las pastillas confeccionadas a base de la hormona drospirenona le han costado 2 000 millones de dólares, en pago a cerca de 10 000 mujeres para evitar largos debates judiciales y más escándalos.
Medios de prensa reportaban en diciembre de 2015 que Felicitas Rohrer se enfrentó al laboratorio Bayer en un juicio “simbólico” en Alemania, por haber puesto en peligro su vida con un anticonceptivo oral del tipo Yasmin que engloban Yasminelle y Yaz.
Rohrer de 25 años padece embolia pulmonar, pierde el aliento y debe tomar un anticoagulante que rebaja sus posibilidades de tener hijos.
En junio de 2009 tuvo un paro cardíaco de 10 minutos, tenía en sus pulmones coágulos de sangre y tras varios estudios se demostró que las pastillas de tercera y cuarta generación (a base de drospirenona y otras progesteronas recientes) multiplican por dos el riesgo de tromboembolismo, con respecto a las de segunda generación.
Un grupo de ayuda mutua recogió unos 1 250 testimonios de mujeres con efectos secundarios similares .
Otro caso anterior muy sonado ocurrió en enero de 2010 cuando en Barcelona, España, la compañía fue condenada por daños provocados al vender el fármaco Liposterol (cerivastatina) para tratar el colesterol.
Tras ingerir el medicamento, varios de los demandantes sufrieron de rabdomiolisis, (insuficiencia renal y síndromes psiquiátricos) .
El consumo de la cerivastatina ha producido la muerte de varias personas. Al ser retirado del mercado, la propia Bayer reconoció que en el mundo se habían producido al menos 100 muertes relacionadas con el medicamento . Los familiares de los fallecidos solo recibieron de compensación unos 5 000 dólares.
En Canadá, la farmacéutica enfrenta demandas por 150 millones de dólares debido a daños que causa su medicamento anticoagulante Xarelto. El fármaco produce sangrados excesivos que pueden conducir a la muerte, y se calcula que sólo entre 2012 y 2013 han fallecido al menos 130 personas. Las acusaciones a la empresa están relacionadas con la falta de información y advertencias sobre los posibles graves daños de Xarelto.
El proceso de aprobación de Xarelto cuyo principio activo es rivaroxaban resultó difícil desde el principio por los efectos secundarios y sus no aclaradas reacciones adversas a largo plazo. Pese a todo, en Estados Unidos, Xarelto se comercializa con la advertencia de que los pacientes no deben dejar de tomar el medicamento sin consultar a su médico, pues puede incrementarse un riesgo mayor de accidentes cerebrovasculares.
Pasemos ahora a la ya tristemente famosa Monsanto cuya hoja de incidencias contra la salud humana se hace interminable, según diversos estudios científicos.
Fundada en Missouri, en 1901, con el objetivo de producir sustitutos del azúcar para la compañía Coca Cola, los estudios realizados en 1970 por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, reveló que la sacarina que fabricaba provocaba esa enfermedad en mamíferos utilizados en los experimentos.
En una de sus plantas ubicada en Anniston, Alabama, produjo en la década de 1920 el bifenilos policlorados, líquido refrigerante para condensadores, transformadores y motores eléctricos. Cincuenta años más tarde, la Agencia de Protección del Medio Ambiente (APMA), probó que ese elemento provoca cáncer en humanos y animales. Monsanto pagó más de 600 millones a los residentes en Anniston, pero el daño y los sufrimientos ocasionados a sus pobladores fueron irreparables.
En 1980 la APMA prohibió a la transnacional fabricar poliestireno sintético para empacar alimentos por sus dañinos efectos pero aún se continúan produciendo. Monsanto se convirtió en 1944 en uno de los primeros creadores del insecticida DDT, utilizados contra los insectos y en la agricultura y en 1972 se confirmaron sus efectos cancerígenos.
Aliada a las grandes corporaciones militares estadounidenses, Monsanto produjo el agente naranja que fue lanzado en Vietnam, causante de defoliaciones ambientales y diferentes tipos de cáncer en esa población asiática.
También desde la década de 1950 elabora el herbicida 2,4,5-T, a base de dioxina, uno de los precursores del agente naranja que durante la cadena alimentaria se acumula debajo de la piel de los animales y al consumir los humanos esas carnes (vacuna, bovina, caprina, avícola) les puede afectar el sistema inmunitario, interferir en las hormonas Y, y motivarles cáncer.
Para aumentar la producción de leche en las vacas, Monsanto creó la hormona modificada, somatotropina bovina recombinante (rBGH). Investigaciones efectuadas indican que la leche rBGH esta relacionada con el cáncer de mama, de colon y de próstata en los humanos. Ya esa hormona esta vetada en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Israel, la Unión Europea y Argentina.
Científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts opinan que los productos de Monsanto podrían llevar a una mayor tasa de autismo en el país y aseguran que el uso de nuevos tipos de fertilizantes agrícolas y herbicidas en Estados Unidos conducen a la alteración del desarrollo del cerebro en los recién nacidos.
La científica Stephanie Seneff, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, denunció que “según la tasa de hoy en día, para el 2025 en Norteamérica, uno de cada dos niños será autista".
Seneff demostró en un reciente evento científico la existencia de una correlación notable entre el aumento del uso del herbicida Roundup con su ingrediente activo, glifosato, en los cultivos, y las crecientes tasas de autismo.
Ha quedado demostrado que el glifosato está presente en la leche materna de las madres estadounidenses en niveles peligrosos. Además, se sabe que los niños autistas cuentan con biomarcadores que indican una excesiva concentración de glifosato en su cuerpo.
En 1975, uno de cada 5 000 niños en el país norteamericano eran autistas, mientras que hoy, uno de cada 68 niños sufre de esta enfermedad, mientras el uso de Roundup, se ha hecho obligatorio para la producción de cultivos sembrados con semillas genéticamente modificadas por la empresa de biotecnología Monsanto.
Después de este pequeño resumen en el largo historial de perjuicios provocados por Bayer y Monsanto, ¿podremos dormir tranquilos mientras nuestros familiares y nosotros mismos consumimos numerosos alimentos (carnes, leches, huevos, maíz, soya, etc) con elementos genéticamente modificados por Bayer y Monsanto? Resulta innegable que si la negociación de las dos compañías se concluye en 2017, será una desastrosa unión diabólica para la humanidad.
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