El Foro de Mujeres por la Vida propone refundar Honduras con la lucha

Radio Progreso

El Foro de Mujeres por la Vida, organización feminista de la zona noroccidental de Honduras, invitó a 17 organizaciones de mujeres y feministas de la zona norte y Tegucigalpa para analizar la coyuntura actual  y aportar al nuevo movimiento autodenominado “indignados e indignadas” que hace un mes salió a las calles portando antorchas exigiendo una Comisión Internacional contra la Impunidad y la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. 

La situación actual convulsionada por los actos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social que causaron la muerte de casi 3 mil personas, es catalogada como un quiebre en la dinámica política del país que desde el golpe de Estado de 2009 ha acelerado un proceso de deterioro institucional que hoy saca a la gente a las calles pidiendo la renuncia del presidente y castigo a los corruptos.  

Las mujeres dieron sus propuestas resaltando que es importante debatir el tema de intervencionismos y de cómo la sociedad hondureña debe ir construyendo una nueva institucionalidad sin estar bajo la sombra de Washington, la ONU o “comunidad internacional”. 

Como es característico de los encuentros feministas, el análisis comenzó desde el compartir de sentimientos. Y esos sentimientos se dividieron en alegría y esperanza pero también en miedos y escepticismos. 

“Este es un momento muy distinto al post golpe de Estado, aquí están saliendo a las calles los chavos y chavas que nos señalaban de vándalos a quienes salimos en aquel momento. Hay un cambio en el imaginario colectivo respecto a salir a las calles y eso genera esperanza”, expresaba Carmen López, integrante de la Red de Mujeres jóvenes de Cortés.

Sin embargo Nelly del Cid, de la organización Tejedoras de Sueños apuntó que hay escepticismo e incertidumbre ya que la situación de las calles ha cambiado de 2009 a este momento. “Ahora no hay represión, la calle nos da libertad y esa libertad puede ilusionarnos demasiado porque al salir a protestar parece que no retamos ¿cómo vamos a reaccionar cuando esas condiciones cambien y comiencen a agredirnos?”.

Por su parte la artista Karla Lara, parte de la Red de Defensoras de derechos humanos aseguró que este momento interpela a los históricos movimientos sociales y los antiguos liderazgos. “Este es un momento retador para las viejas y las nuevas guardias porque este es el momento de redefinir muchos paradigmas que nos han movido durante años, por ejemplo, la militancia en izquierdas”.

Un proceso largo

Maritza Paredes del Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras (EMIH) resaltó la importancia de recuperar la memoria histórica para recordar que esta no es una lucha de ahora, que apenas comienza, ésta es una lucha que viene de muchas personas años atrás y que no hay que olvidarlos.

“Recuperar memoria histórica nos dice que estos procesos no son de la noche a la mañana, que son luchas que le han costado también a quienes antes fueron jóvenes y hoy son esos viejos liderazgos, que contra lo que luchamos es un sistema enraizado en hechos del pasado que se agudizan ahora”, expresó.

Una sola lucha 

En el encuentro participaron mujeres de comunidades que libran luchas contra la explotación minera irracional, la concesión de sus ríos, la militarización y el acaparamiento de tierras; comunidades que son amenazadas constantemente y que han luchado por generaciones. Estas mujeres que llevan luchas territoriales se han sumado a las movilizaciones de las antorchas y reconocen este espacio como suyo también. 

Uno de los acuerdos fue mostrar que estas luchas territoriales son parte de este sistema de corrupción e impunidad que la gente expresa en las calles ya no quiere más. Exigir la renuncia de un presidente y pedir intervención internacional da la pauta de que la gente no cree en la institucionalidad hondureña, esa misma institucionalidad que ha violentado por años a los pueblos en defensa de su territorio. 

“Las luchas territoriales son lentas porque desafían un sistema, pretenden refundar. Yo no quiero recomponer una democracia, quiero otra”, dijo Karla Lara.

El movimiento de indignados e indignadas debe estar consciente que no logrará todo lo que exige pero que alcanzará poco y eso es ganancia, dijo Irma Lemus, campesina del Aguán. “Y también debe ser consciente que aunque se logre algo, la movilización no debe parar, la población debe estar siempre atenta”, expresó esta campesina quien agregó que aunque en el Aguán la gente está saliendo a las calles, la represión militar sigue contra quienes ya están identificados como líderes comunitarios.

La CICIH no es solución

La Comisión Internacional contra la Impunidad es la exigencia más firme del movimiento de Indignados e indignadas inspirados en la experiencia de Guatemala, que tiene funcionando una desde hace 7 años y ha logrado judicializar casos de corrupción en los que han estado involucrados gobernantes, como la ex vicepresidenta Roxana Baldetti quien recientemente renunció. 

En este encuentro varias mujeres expresaron que aunque la petición de una CICIH es el reclamo de una sociedad que no cree en la institucionalidad, la instalación de ésta refuerza el imaginario de que solo la “comunidad internacional” puede ayudarnos a resolver nuestros problemas, situación que también prevaleció durante el golpe de Estado y otras crisis.

“Tenemos que preguntarnos si la llegada de la CICIH podría ser un respiro del sistema, o si la llegada de la CICIH aplacará el movimiento popular. Tenemos que debatir sobre esto”, dijo Carmen López.

En un programa de televisión nacional, Ana Silvia Monzon de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Guatemala, habló sobre la Comisión que anhela el movimiento de indignados. Exclamó que a pesar de ser una gran ayuda, solo es un camino pero no puede ser la solución que busca una lucha. "Es un monstruo de muchas cabezas, las cuales deben de ser eliminadas una a una" - Para Monzon, la presión social no debe terminar.

Por esto, una de las propuestas sometidas a debate fue la promoción de Tribunales éticos populares. Estos tribunales mostrarían que la sociedad hondureña quiere más que una intervención internacional, quiere un cambio radical en el sistema de justicia que ha mordido siempre a los más desposeídos y que mantiene en cárceles de lujo a quienes generan toda la crisis nacional.

Diálogo

Aunque el gobierno ya instauró un diálogo nacional con actores afines, al movimiento sigue debiéndose la instalación de una mesa de diálogo interno. El movimiento feminista, reunido en este encuentro propone consensuar, llevar su visión y forma de vida a este movimiento, no como imposición sino como suma a la diversidad del mismo. 

La construcción horizontal que promulga el feminismo, plantearla en los espacios de análisis que van dando contenido a las movilizaciones y especialmente la erradicación de las muchas formas de machismo que también se expresan en la protesta popular. 

Las calles se han llenado de indignados pero también son miles las indignadas que desde lo cotidiano van construyendo y convocando. Mujeres no organizadas que salen con sus hijos e hijas en brazos, que viven las violencias que tanto se desean erradicar desde el feminismo. Por eso, las mujeres organizadas vieron la necesidad de sentirse parte de este espacio y construir dentro de él nuevas formas de relacionarse y de comenzar a construir el poder colectivo. 

Indignados en huelga exigen juicios políticos para destitución de jueces, magistrados y fiscales

Defensores en Línea

Por Sandra Rodríguez

El panorama en el entorno de Casa de Gobierno continúa igual, policías, militares, vallas metálicas, calles cerradas, y unas tiendas de acampar dónde están tres jóvenes indignados sin probar alimentos sólidos desde la semana pasada, y que hoy se cumple ocho días de la manifestación.

Con un notable deterioro físico, han pasado este día de huelga de hambre, Germán Ayala, Gerson Suazo y Hernán Silva, acompañados en esta lucha por dos jóvenes de 19 años, David Velásquez y Erlin Mejía ambos de 19 años de edad, que realizan jornadas de ayunos, todos para exigir la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras,  CICIH, y poner un alto a la impunidad que impera en el país.

Ayala es del departamento de Cortes (norte), Suazo de Santa Bárbara (occidente), Silva de Choluteca (sur), Velásquez de Francisco Morazán (centro) y Mejía de El Paraíso (oriente), por lo que todo el país está representado en esta manifestación contra la impunidad.

A ello se suman hondureños en diferentes regiones, en muestras de solidaridad con los jóvenes en huelga de hambre, este día hubo una toma de carretera entre Santa Bárbara y Copán. Hay personas en ayunos solidarios en San Pedro Sula, Olancho, entre otras ciudades; y plantones en diferentes embajadas y consulados hondureños en América y Europa, desde que inició el movimiento de los Indignados con antorchas a nivel nacional, hace más de dos meses, por el saqueo de 7 mil 300 millones de lempiras del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, y que ha cobrado al menos 3 mil vidas por falta de atención médica oportuna.  

Mientras German y Gerson permanecen acostados, porque su salud no es la óptima, Hernán compartió un comunicado de prensa, en el que se dirige al pueblo hondureño dentro y fuera del país, a la comunidad internacional y a la organización de las Naciones Unidas, que ellos continúan en de hambre indeterminada.

“La huelga de hambre nunca ha sido suspendida, que se continua con el mismo amor patrio con el que se inició, y que mientras le pueblo este con nosotros, seguiremos con esta lucha, que nuestras exigencias son las mismas que tiene el pueblo indignado en las calles”.

En primer punto se refieren a que “se solicite a la ONU, la instalación de la CICIH porque no creemos en la resquebrajada  institucionalidad del país”.

Segundo que “Que se inicie en el Congreso Nacional el proceso de juicio político, encaminado a la destitución del Fiscal General del Estado, Fiscal Ajunto por su probada incapacidad, parcialismo y negligencia”.

Y tercero “que se destituya a los magistrados de la Sala de lo Constitucional por su nombramiento ilegal impuesto por Juan Orlando Hernández y sus actos de traición a la Patria, solo así podemos dar inicio a un diálogo transparente, honesto, honesto y verdaderamente incluyente”.

Finalmente, dice el comunicado “exigimos que en este momento histórico sea de inmediato cumplimiento nuestras peticiones, solicitudes y exigencias”, manifestó Hernán Silva, quien tiene ya más de 48 horas en huelga de hambre, por lo que es el que aún puede dar declaraciones a los medios de comunicación, bajo cuidado médico.  

Instó a quien quiera, que entren a sus carpas, y vean que no hay nada de alimentos sólidos, sino agua, miel y suero, que es traído por personas solidarias, ya que se rumora que están ingiriendo alimentos.

“No estamos engañando a nadie, puede la oposición o el gobierno mandar a sus doctores de Salud Pública a que nos chequeen. Los médicos nos han dicho que aun, nos pueden hacer placas de ultrasonidos y no van a ver nada en nuestro interior”, afirmó.

Hernández permanece a unos 50 metros de la Casa de Gobierno, en el boulevard Juan Pablo II, movido por la indignación causada por la corrupción que impera en el país.

Jóvenes en huelga

David Velásquez, de 19 años, con sus pocas palabras, afirma que “de aquí yo no me muevo, no tengo miedo, porque estamos luchando por un mejor país, estoy tranquilo”, tras 27 horas de ayuno.

Erlin Mejía, contó que permaneció por seis días dentro del retén militar policial, donde estaban los primeros indignados en huelga de hambre, al salir de la zona el sábado anterior, con Alejandro Bardales, Ariel Varela, Miguel Briceño, y Ariel Calona un día antes, el joven que se moviliza en una silla de ruedas, permanece en ayunos fuera del retén, porque para él p rimero es Honduras, y pese a sus malestares físicos, estará en las afueras de Casa de Gobierno.

JOH ha hecho su propuesta de un dialogo, pero los huelguistas “no aceptan dialogar con los mismos” sino que sea la ONU quien intervenga, para que se garantice la aplicación de justicia.

Más de tres millones de hondureños son jóvenes, y justo fue ese sector que inicio el movimiento de las antorchas, para protestar por la corrupción generada desde la clase políticas, en el saqueo del Seguro Social, y que según investigaciones del Ministerio Público, envuelve a empresarios, políticos y familiares de dirigentes del IHSS, que administraban empresas fantasmas o de maletín, que supuestamente les vendían servicios varios.

JOH usted es malo, dice esposa de indigno

Por su parte, Maricela Perdomo, esposa de German Ayala, denunció el acoso de parte de policías, militares y personas, que en las noches llegan a interrumpir el silencio en el que deben estar los huelguistas.

Exigió a JOH -con palabras abatidas por el llanto- “como mujer, como hondureña, como madre, le exijo que tenga corazón y que suelte ese poder”.

“Sabe que señor Juan Orlando, el problema no es usted, el problema es la calidad de ser humano que es usted. Si usted estuviera haciendo las cosas bien, lo aplaudo, le beso la mano, pero sabe qué, usted es malo, no sé si es usted o los malos asesores que lo están asesorando, porque no quiere soltar el poder, esas comodidades, ese enriquecimiento, esa arrogancia”.

Sabe qué, el pueblo hondureño viven con 20 32 lempiras diarios, no necesitamos tanto dinero, ¿cómo es posible que haya tanta gente ganando 80 mil, 90 mil, 200 mil lempiras mensuales? Podemos vivir con 10 mil ó 20 mil lempiras mensuales, pero hay mala distribución de las riquezas, reflexionó Perdomo.

Agregó que, la solución a este país está en las manos de cada uno de nosotros, todos somos seres humanos y pensamos, podemos rescatar este pedacito del planeta porque somos un país rico en recursos naturales.

“Sigamos en las calles, con nuestras antorchas que son la luz de esperanza que nos guiará  el camino de justicia porque solo unidos lucharemos y podremos recuperar a este país que es la esperanza para nuestros hijos”, concluyó la esposa de German Ayala, mientras cargaba a su pequeña hija, quien ignora lo que sucede en Honduras, y lo que está haciendo su papá, pero que es por su futuro y la de millones de hondureños víctimas de la corrupción e impunidad de parte de un gobierno autoritario y violador de los derechos humanos.

Organizaciones de DDHH han manifestado su acompañamiento y labor de observación en pro de garantizar el derecho a la vida de los jóvenes en huelga de hambre desde el pasado 22 de junio, entre ellas el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH. 

Las mesas de indignación

Radio Progreso

La población indignada necesita saber canalizar sus iniciativas y creatividades para no caer en la improvisación. Es necesaria una estructura organizativa que articule las diversas demandas, tanto la que exige el enjuiciamiento de todos los que saquearon al Seguro Social y la instalación de la CICIH, como las demandas territoriales de rechazo a los proyectos extractivistas, las ciudades modelo así como el respeto a las culturas y territorios.

Es necesario echar la mirada más allá de la coyuntura entusiasta. La población antorchada ha identificado la lucha contra la corrupción y la impunidad como los quehaceres centrales de las movilizaciones. Y la corrupción y la impunidad no se reducen al IHSS ni a la administración actual de Juan Orlando Hernández. Una vez que se identifica un caso de corrupción, el mismo remite a otros y así hasta caer en la cuenta que la lucha contra la corrupción y la impunidad es infinita. Para ello, es necesario saber organizarse.

Las “Mesas de la Indignación” pueden ser el camino articulador de un proceso donde se incluyan temáticas, actores y sectores. Las mesas de la indignación han de partir de la base, es decir, las mesas comunitarias de indignación, que pueden instalarse en un barrio, una colonia o una aldea. En un municipio pueden existir diversas mesas de la indignación, y en cada una de ellas los ciudadanos pueden tratar asuntos que implican a la comunidad.

De la mesa comunitaria de indignación se avanza hacia la mesa municipal o sectorial de indignación, hasta lograr la instalación de la mesa Nacional de la Indignación, en donde se recogen demandas, inquietudes, propuestas de todo el país para que se impulsen propuestas o acuerdos nacionales de lucha.

Si se busca que el fenómeno de la población indignada convierte la ausencia de institucionalidad así como la injusticia social, la corrupción y la impunidad en oportunidad para que emerja “la primavera hondureña” es necesario prepararse no solo con antorchas. Si se busca obligar a que se enjuicie a todos los que saquearon al Seguro Social, a la renuncia del fiscal general y su adjunto, así como aprobar un mecanismo que asegure la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia independientes de otros poderes del Estado, entonces habrá que saber organizarse para una lucha intensa y coherente.

Para implementar un proceso de profunda transformación para rehacer los tejidos institucionales, políticos, sociales, culturales y éticos, es condición obligada que se articulen las diversas fuerzas y liderazgos no solo para la presente coyuntura, sino para los desafíos en el mediano y largo plazo.

El Reto de Construir una Nueva Relación con un Estado Racista y Discriminatorio

Rebelión

Por Tobías Roberts

Para los pueblos indígenas de Guatemala que buscan reivindicar su autonomía es necesario avanzar en la construcción de un Estado Plurinacional que respetará la soberanía territorial de cada uno de los pueblos de Guatemala. Pero, ¿cómo se construye una nueva relación con el Estado un pueblo indígena que históricamente ha sido pisoteado por ese mismo Estado?

Lo más fundamental es de comenzar adentro fortaleciendo las autoridades ancestrales y tradicionales y reconstruyendo las estructuras de autonomía comunitaria. Construir una nueva relación con el Estado implica no depender de ese Estado sino tener las estructuras organizativas propias para vivir soberanamente.

El pueblo Ixil ha estado metido en este proceso desde hace 15 años, emergiendo del Conflicto Armado con una determinada audacia de reconstruir el tejido social arruinado a través cinco siglos de invasiones y el genocidio cometido por el ejército en la década de los 1980´s. Desde la firma de los Acuerdos de Paz, el pueblo Ixil ha estado reconstruyendo las diversas instituciones, organizaciones y colectividades ancestrales y novedosas que permiten un ejercicio de su autonomía.

A nivel política, las autoridades ancestrales comunitarias se han restituidas como los dirigentes de la vida comunitaria orientando al pueblo en la gobernanza de sus territorios. A nivel municipal, las Alcaldías Indígenas se han formado como voceros de las comunidades en la defensa del territorio y en el enfrentamiento con las políticas de explotación del Estado. A nivel jurídico, estas mismas autoridades están retomando su rol ancestral de administradores de justicia comunitaria.

La Universidad Ixil nació hace unos años como un esfuerzo de reivindicar la epistemología propia del pueblo Ixil. Busca valorar el conocimiento propio de los ixiles, desmentir la supuesta superioridad del conocimiento occidental, y renovar la tan importante transmisión del conocimiento de anciano a joven que asegura la continuidad de este conocimiento. También se han emprendido impulsos para revalorar y consolidar la agricultura campesina como estilo de vida propio y digno.

No es suficiente, sin embargo, confinar los esfuerzos solamente a la edificación de la autonomía territorial de los pueblos indígenas. También es necesario exigir cambios dentro del Estado que muy insólitamente esté dispuesto a los cambios que buscan el fortalecimiento de un Estado Plurinacional. Por eso, es necesario buscar aliados dentro de este Estado despótico quienes estén dispuestos a refundar esa relación. Tampoco hay que caer en la tentación fatalista de considerar que todos dentro del gobierno están en contra de los pueblos Indígenas. Al encontrar estos aliados, hay que exigir la institucionalización del respeto mutuo que sería la base de esta nueva forma de relacionarse.

En el caso del pueblo Ixil, se ha encontrado dos aliadas en posiciones de mucha influencia dentro del Estado Guatemalteco. Estas aliadas son Thelma Aldana, fiscal general de la nación y Gloria Porras, presidenta de la Corte de Constitucionalidad. En sus respectivas instituciones, tanta Aldana como Porras comienzan a afianzar los fundamentos de una nueva forma de relacionamiento con los pueblos indígenas en Guatemala.

Este naciente respeto, sin embargo, no es solo simbólico ni coquetería sin diente. Tanta Aldana como Porras, en los últimos meses, han firmado instrumentos que crean importantes precedentes legales para la nueva forma de relacionamiento entre el Estado y los Pueblos indígenas de Guatemala.

Es importante y alegórico que la apertura a la construcción de un país pluricultural en este momento ocurre dentro de las instituciones de justicia de Guatemala. La justicia guatemalteca históricamente ha sido la herramienta más utilizada en contra de los pueblos indígenas de Guatemala. La Reforma Liberal de Justo Rufino Barrios, para nombrar solo un ejemplo, usó la “ley” para expropiar grandes extensiones de tierra de los pueblos indígenas para favorecer los grandes terratenientes de café. Hoy, sin embargo, por fin se está construyendo una nueva legalidad que reconoce los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas.

¿Cómo son estas aperturas hacia un país pluricultural que están floreciendo dentro de la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público de Guatemala?

Gloria Porras, presidenta de la Corte de Constitucionalidad, logró pasar un fallo histórico a un amparo presentado por la Alcaldía Indígena del municipio de Cotzal. Las comunidades indígenas de Cotzal alegaron en este amparo que no habían sido consultados por el Estado ni por la empresa en un proyecto de transmisión de energía producida por una mega-hidroeléctrica también construida sin previa consulta. La Corte de Constitucionalidad, por voto mayoritario, falló a favor de las comunidades indígenas de Cotzal, reconoció su derecho de ser consultado sobre el modelo de desarrollo que se construye en sus territorios ancestrales, y exigió al Estado Guatemalteco realizar una consulta al pueblo Ixil de Cotzal.

Esta decisión, sin embargo, no solo reconoció y defendió el derecho de la consulta del pueblo Ixil. Dentro de la redacción del fallo, también aparece una legitimación de las autoridades ancestrales ixiles. Según la CC, las “instituciones como las municipalidad o alcaldías indígenas—distintas de las corporaciones municipales previstas en la ley ordinaria—dimanan de la tradición histórica de los pueblos originarios cuyo antecedente se remonta a la época colonial y su estela se extiende hasta tiempos contemporáneos…son percibidas como tradicionales e importantes autoridades locales….El hecho de que Cotzal cuente con Alcalde electo…no excluye la posibilidad de (autoridades tradicionales)”.

También reconoce que la relación entre los pueblos indígenas y sus territorios ancestrales sobrepasa una relación únicamente de propiedad privada. Otra vez la CC: “La consulta…debe ser configurada en conexión con…la exigencia de distinguir y proteger la singular significación que entraña para los pueblos indígena el vinculo con la tierra… (con sus) valores espirituales de esos pueblos que reviste su relación con las tierras o territorios que ocupan….La relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento materiales y espiritual.”

En el caso del Ministerio Público, Thelma Aldana, la fiscal general de la nación, visitó el pueblo Ixil el 22 de junio para acompañar el día que el pueblo Ixil conmemora el fusilamiento de 7 principales por renegar el trabajo forzado exigido por el dictador ubico. El propósito de su visita era para firmar una Carta de Entendimiento de Coordinación y Cooperación entre el Ministerio Público y el Consejo de Autoridades Indígenas Ixiles .

Esta carta surge del reconocimiento de la fiscal general de las formas autóctonas de administración de la justicia del pueblo Ixil y consiente la necesidad de coordinar los esfuerzos entre dos entidades de justicia que existen equivalentemente en la Región. La carta se compon e de siete compromisos que incluyen la instalación de una mesa de trabajo que promoverá el intercambio de experiencias y la coordinación de un proceso de formación y capacitación para profundizar el conocimiento de los fundamentos y procesos propios de ambos sistemas de justicia con el objeto de mejorar la atención ciudadana de las comunidades. Por primera vez, una máxima entidad de justicia de Guatemala reconoce y respeta otro sistema de justicia y autoridad que existe fuera de las instituciones tradicionales del Estado.

La señora Aldana firmó este convenio no solo porque es una responsabilidad ética y legal del Estado de Guatemala de reconocer y respetar las formas ancestrales de justicia de los pueblos originarios. También firmó el convenio porque un estado pluricultural que acepta y celebra diversas formas de ejercicio de la justicia es un estado más funcional.

Miguel de León Ceto, secretario de la Alcaldía Indígena de Nebaj, explicó la funcionalidad del sistema de justicia ancestral en la Región Ixil así:

“Nuestro sistema de justicia funciona porque conocemos a nuestros vecinos. Si hay un malhechor en nuestra comunidad, no puede esconder sus actos porque las autoridades lo conocen como un vecino. La gente que comete crímenes o delincuencia en las comunidades de la Región Ixil muchas veces prefieren ir con el juez o el Ministerio Público porque saben que es más fácil engañar al juez o el investigador del Ministerio porque ellos no le conocen de la misma forma que la autoridad comunitaria que es su vecino también. Lo que pasa en nuestras comunidades es que muchos malhechores tienen miedo de acudirse a las autoridades (de justicia) tradicionales porque saben que ellos conocen sus vidas y sus prácticas. ”

De León Ceto se refiere al tema de la intimidad o cercanía comunitaria que existe en las aldeas comunitarias que posibilita una efectiva administración de justicia. Dentro de las comunidades y aldeas Ixiles, la gente se conoce. Se conoce lo bueno y lo malo que cada quien hace y eso cohesión y proximidad comunitaria permite que la justicia sea eficiente y efectiva. A nivel del Estado, sin embargo, la justicia se aleja de esta proximidad comunitaria. El juez o el fiscal no conocen el entorno comunitario y por eso es más fácil para tergiversar los hechos.

De esta forma, el convenio firmado entre el Ministerio Público y las autoridades ancestrales ixiles, no solo es un paso hacia el respeto gubernamental de los derechos de los pueblos indígenas, sino también un avance para el mejoramiento del sistema de justicia en todo el país.

El reto del convenio es demostrar la veracidad de las palabras del fiscal Aldana: “Guatemala es un país multiétnica y multilingüe…Nos debemos respeto mutuo; tenemos que coexistir y coordinar acciones para construir un mejor país…Este convenio abre camino para la coordinación entre el Ministerio Público y los Pueblos Indígenas…y solo con esta coordinación podremos avanzar hacia la paz social.”

Un estado plurinacional y plurietnica que reconoce la autonomía de los pueblos Indígenas y celebra la diversidad no solo beneficia a los pueblos indígenas sino también es fundamental para que el país pueda avanzar hacia la tan anhelada paz social. Los niveles de violencia en el país demuestran claramente que hasta ahora el sistema “oficial” de justicia no ha sido adecuado para construir la paz social en Guatemala.

Imaginemos un Estado que abraza la diversidad y plurinacionalidad. Dentro de unos años, el Ministerio Público podría facilitar un intercambio entre líderes comunitarios de un barrio violento de la Zona 18 y autoridades ancestrales ixiles. En este intercambio, las autoridades ancestrales ixiles compartirían sus esfuerzos históricos en la administración de la justicia comunitaria. Explicarían, como hizo el señor Miguel de León, como la proximidad comunitaria permite una justicia más eficiente y efectiva. Compartirían las formas como se aprovechan de la proximidad e intimidad comunitaria para ejercer una justicia eficaz, firme y equitativa. Aquellos líderes del barrio de la zona 18 regresarían a sus comunidades y en coordinación con el Ministerio Publico y la Policía construiría sus propias estructuras de justicia comunitaria en coordinación con el Estado.

Solo es un ejemplo iluso, pero demuestra las posibilidades que existen cuando un Estado intenta construir políticas que permiten que florezca la diversidad y la pluriculturalidad. La nación Ixil avanza en esta importante tarea de construir un país que se abre a la riqueza de experiencias que nacen de la particularidad de cada pueblo. Es un avance que no solo le beneficia a su pueblo, sino a todo el país. 

Se profundizan los acuerdos para fortalecer la “Doctrina de Inseguridad Nacional”

Batalla de Ideas

Por Del Rosario Ignacio Denis *

“Todavía existe una mentalidad colonial de invasión y dominación que provoca enfrentamiento”, lamentó. Sí confió en que los dos continentes se conviertan en regiones “sin invasores ni invadidos, sin dominados ni dominadores”.

Evo Morales

El Consejo Conjunto sobre Comercio e Inversión acordado entre Estados Unidos (EEUU) y Paraguay es para fortalecer los planes del imperialismo norteamericano en la región, lo que significa que no está fuera del contexto internacional, como el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea (UE) y EEUU que van avanzando con mucha discreción y sin ninguna transparencia democrática entre la dos potencias en crisis. Con este plan pretenden crear la mayor zona de libre comercio del planeta, con cerca de 800 millones de consumidores, y que representará casi la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) mundial y un tercio del comercio global, en su búsqueda por detener a China y al BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

El canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, y la subsecretaria de Estado de los EEUU para Gestión y Recursos, Heather Higginbottom, firmaron un memorando de entendimiento en materia de derechos de propiedad intelectual “para mejorar la protección de los derechos de autor y las marcas registradas en Paraguay y fortalecer la aplicación de normas”. Igualmente acordaron “continuar las visitas de alto nivel entre los dos países para fortalecer las relaciones bilaterales” y seguir con la “cooperación en el combate al narcotráfico, el crimen trasnacional, el lavado de dinero y el terrorismo”. Estados Unidos y Paraguay se comprometieron asimismo a mantener este año una reunión del Consejo Conjunto sobre Comercio e Inversión para “aumentar y revitalizar” la cooperación en esa materia.

Estos acuerdos, sin duda, siguen el mismo libreto de la Doctrina de Seguridad Nacional de la llamada Guerra Fría, el lobby neoliberal del gobierno de Paraguay es la única ficha de los EEUU como país integrante del MERCOSUR (Mercado Común del Sur) para empujar los planes en los ámbitos comerciales y militares en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con la UE. Actualmente, los países del Mercosur (excepto Venezuela) negocian con la UE un acuerdo que incluye un tratado de libre comercio, aunque esas negociaciones están estancadas precisamente por falta de consenso en el ámbito comercial. En la última Cumbre, Evo Morales criticó duramente y dejó clara su posición en defensa de la Región Nuestra Americana y Caribeña: “Preferimos ampliar nuestro mercado regional solos [antes] que ser cómplices de una política inhumana que hace daño a las mayorías y beneficia a las minorías”, señalo el presidente de Bolivia en esa oportunidad.

Los defensores del mal llamado “libre mercado” desean eliminar aranceles y abrir sus respectivos mercados a la inversión, los servicios y la contratación pública; en el caso del Paraguay, se tienen todas las posibilidades con la Ley de Alianza Público-Privado (APP), pero sobre todo intentan homogeneizar los estándares, las normas y los requisitos para comercializar bienes y servicios protegiendo a los llamado inversionistas, de ahí que resulta una prioridad para los EEUU un acuerdo y asesoramiento con relación a la Propiedad Intelectual, abrir las puertas a demandas multimillonarias de empresas privadas en tribunales internacionales de arbitraje, todos ellos al servicio de las grandes corporaciones multinacionales contra los Estados por querer estos proteger el interés público, es decir: la educación, salud, agua, electricidad, comunicación, toda la biodiversidad, están comprometidas para formar parte de la apertura de mercado.

Las concreciones de estos acuerdos bilaterales del Imperio con países con características de estados coloniales, alimentan los planes y la estrategia de reacomodo global en crisis. En el caso de Paraguay, con el “Nuevo Rumbo” del gobierno de Horacio Cartes, mientras se van estructurando estrategias imperialistas de esta naturaleza, es ingenuo pensar en un golpe de Estado, sea uno duro, suave, militar o parlamentario. Todas estas prácticas son pensadas y planificadas desde la Embajada de los EEUU y solo es posible y latente en el continente cuando surgen gobiernos soberanos que apuestan por la integración de los pueblos y empujan un comercio de solidaridad y no de competitividad, priorizando lo social, lo ambiental y lo humano. Sigamos pariendo en la calle la conciencia política del pueblo organizado que con su ejemplo y dignidad de patria enfrentan la vieja práctica política del caudillo, del correligionario, del grupito y siembran confianza y fuerza moral, patriótica para la re-fundación democrática de un nuevo Paraguay.

Notas:

http://ea.com.py/v2/paraguay-y-ee-uu-se-comprometen-en-lucha-contra-el-terrorismo-y-mantenimiento-de-la-paz/

http://ea.com.py/v2/militares-norteamericanos-marcharon-durante-acto-oficial/

http://www.rodolfowalsh.org/spip.php?breve2398

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=185037

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=181431

* Del Rosario Ignacio Denis. Ingeniero Agroecológico graduado en Instituto Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire (IALA)

Twitter: @yiyoparaguay

Indígenas con Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH se unen a la huelga de hambre

Defensores en Línea

Por Sandra Rodríguez

En horas de la mañana un grupo de indígenas dela Etnia Tolupan, ubicado al norte del departamento de Francisco Morazán y Yoro, se unieron a la huelga de hambre en su noveno día exigiendo al gobierno de Juan Orlando Hernández, la instalación de una Comisión Contra la Impunidad en Honduras, CICIH.

EL 18 de diciembre DEL 2013, la CIDH otorgó medidas de protección a favor de 18 indígenas así como de sus familiares, siendo en total 38 personas, luego de los actos de hostigamiento, amenazas y agresiones que han sufrido como consecuencia de sus acciones en defensa del medio ambiente.

Con la llegada de Antonia Cabrera, Ramón Matute, José María Pineda, Darlin Emilio Soto, Santos Antonio Cardona,  Sergio Ávila y Juan Samael Matute, son once las personas sin probar alimentos sólidos, hasta que la CICIH esté a cargo de investigar los actos de corrupción en diferentes entidades gubernamentales, específicamente el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, durante la administración del doctor Mario Zelaya, quien guarda prisión en un recinto militar, junto a otros implicados por el saqueo de 7 mil 300 millones de lempiras.

El IHSS, es uno de los resultados de la conocida “huelga del 54”, cuando obreros cansados de las violaciones a sus derechos se manifestaron en 1954, con el objetivo de transformar la vida de miles de trabajadores y sus familias, por lo que el Seguro Social sería la solución para ser atendidos de manera adecuada por médicos capacitados, adquirir sus medicamentos y prever una jubilación y pensiones dignas.

Sin embargo, en los últimos años,  ha sucedido lo contrario, más de 2800 personas han perdido la vida a consecuencia del descalabro financiero, que se ha hecho público en los últimos dos años, y que según investigaciones del Ministerio Público, unas 25 personas están implicadas,  desde la compra de objetos personales de lujo, creación de empresa fantasmas y viajes.

Todo esto, ha detonado en la indignación del pueblo hondureño, quienes no les ha bastado irse a las calles con antorchas en mano durante la noche, sino que desde hace nueve días, iniciaron una huelga de hambre, que ha sido continúan y apoyada por la sociedad.

Por lo que hoy estos siete Tolupanes (una mujer), de la tribu de San Francisco Locomapa, con mucho entusiasmo y decisión, dejaron su montaña, sus tierras, su familia, y con apenas su vestimenta indígena, llegaron a los alrededores de Casa Presidencial, para hacer visible su inconformidad ya que la justicia tampoco llega a ellos, pese a que se juega con la vida humana y quienes defienden sus bienes comunes.

Primera mujer, indígena y víctima en huelga de hambre

Alejandrina Cabrera, de 31 años de edad, es madre de cinco hijos, quienes eran hasta hace dos años, cuidados por su abuela, que fue asesinada en su propia casa, tras una manifestación en defensa de su tierra, allá en Locomapa.

Ella manifestó que está muy “encachimbada” por tanta impunidad, y porque no se castiga a los responsables de la muerte de su madre, María Enriqueta Matute quien el 25 de agosto del 2013, fue asesinada junto a Armando Fúnez Medina, y Ricardo Soto Fúnez, tras 12 días de protesta en una toma de carretera pacífica por parte de la comunidad. Pese a las denuncias  nacionales e internacionales, este caso es amparado por la impunidad judicial.  

Juan Samael Matute de 65 años, reiteró que mientras no cese la impunidad en el país, ellos no se retiran de la huelga de hambre, pues como Tolupanes, ni siquiera pueden ir tranquilos a la milpa, porque hay sicarios vigilados, y es necesario que se haga justicia.

Mientras que José María Pineda, quien es parte de 30 beneficiarios de las Medidas de Cautelares otorgadas por la CIDH, se vino a manifestar a Tegucigalpa, ya que de otra forma no se les escucha, y tampoco el gobierno no cumple con las responsabilidades de protección de la vida humana.  

Ramón Matute, el vocero del grupo Tolupan, leyó el siguiente comunicado público:

Nosotros miembros y miembras de la Tribu de san Francisco de Locomapa nos declaramos en HUELGA DE HAMBRE INDEFINIDA, haciendo nuestra la lucha de los indignados e indignadas hartos de tanta corrupción que se vuelve más evidente y ofensiva con el saqueo del seguro Social. Muy molestos además por tanta corrupción en el departamento de Yoro, que sólo puede detenerse con la destitución y enjuiciamiento de los funcionarios involucrados en los más grandes y vergonzosos actos delictivos y criminales contra los bienes públicos y los bienes comunes del pueblo Tolupan en el departamento de Yoro.

La corrupción del actual gobierno y de los que le antecedieron ha hundido en la miseria y el despojo a los más pobres de Honduras, pero en el pueblo Tolupan esta corrupción ha significado más que en cualquier otro sector poblacional el abandono absoluto en materia de salud, educación, vías de comunicación y justicia, culminando con la muerte de nuestros líderes locales que se atreven a defender sus bienes naturales.

La corrupción nacional ha convertido al pueblo Tolupan en zona de despojo, robo y saqueo de sus bienes naturales y ha condenado a muerte a más de 100 indígenas sin que sus casos hayan sido llevados a la justicia ante tribunales competentes. Tenemos identificados a nuestros asesinos pero las autoridades se vuelven cómplices al no proceder a capturarlos y todo se queda en órdenes de captura que no se materializan.

Con esta huelga de hambre queremos llamar la atención de la opinión pública nacional e internacional para que exijan el fin de la matanza a que nos condena el Estado junto con los matones pagados por empresarios pero protegidos por las autoridades nacionales y departamentales que no cumplen con la ley sino que en nombre de ella nos atemorizan, amedrentan y asesinan a quienes defienden los bienes comunes y el derecho a la vida.

En virtud de lo anterior definimos nuestra lucha en los siguientes términos:

1.- Nos solidarizamos con los y las indignadas a favor de la instalación de la CICIH, y rechazamos la propuesta del falso diálogo del régimen de Juan Hernández, que además es actor principal en el desfalco de las instituciones del Estado.

2.- Condenamos la labor de los fiscales Oscar Chinchilla y Rigoberto Cuellar además de Eli Mauricio Murillo Fiscal del Ambiente de Yoro por dejar en la completa Impunidad a los asesinos de 5 compañeros defensores de los derechos ambientales y el derecho a la vida.

3.- Exigimos la captura de Selin Eliazar Fúnez Bonilla y Carlos Roberto Varela Laques, actores materiales del asesinato de María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina así como el asesinato de Luis Reyes de Masías y Eracimo Vieda. No abandonaremos la huelga hambre hasta que sean capturados estos asesinos.

4.- Exigimos se cumpla con la consulta previa, libre e informada como lo estipula el convenio 169 de la OIT sobre cualquier actividad de extractivismo que se realice en el pueblo Tolupan.

Tegucigalpa, 29 de junio del 2015

Indignados en huelga de hambre se sienten prisioneros

Defensores en Línea

El aislamiento al que han sido sometido en contra de su voluntad por las fuerzas de seguridad del Estado los jóvenes indignados que desde el lunes realizan una huelga de hambre en las cercanías de Casa Presidencial, pone en precariedad su salud.

Desde el lunes que Ariel Varela y Miguel Briceño iniciaron la huelga de hambre como medida de presión para que el gobierno de Juan Orlando Hernández solicite ante las Naciones Unidas la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICI) en el país, la fuerza de seguridad del Estado comenzó violentándole muchos derechos a los jóvenes y a las personas que circulan por ese sector.

La policía colocó vallas de tela metálica en la zona para impedir el paso de vehículos y de las personas, violentando uno de los derechos fundamentales del ciudadano, la libre locomoción.

Varias organizaciones de derechos humanos han estado en el lugar, para interceder para que los jóvenes en ayuno tengan garantizadas las mínimas condiciones.

Los jóvenes en huelga de hambre denunciaron este jueves, al cumplirse cuatro días de ayuno indefinido, sentirse prisioneros, que tienen restricciones de toda clase, que no les permiten el ingreso de sus familiares, amigos y personal de apoyo.

Esta denuncia ha sido constada desde el primer día por varias organizaciones de derechos humanos, quienes han realizado las acciones correspondientes y este jueves fue verificada por Linda Lizzie Rivera, comisionada adjunta del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

La funcionaria señaló que harán las acciones para que la policía y militares procedan a quitar las vallas que han colocado a lo ancho de la calle, cerrando la circulación peatonal y vehicular por ese lugar.

Comerciantes de la zona interpusieron también una denuncia ante el Conadeh porque el cierre de la zona les está provocando enormes pérdidas económicas.

Los militares y policías que están en este operativo han señalado que el cierre del perímetro es por garantizar la seguridad de las personas en huelga de hambre.

“Este tipo de condiciones pone en precariedad la salud de los muchachos que están en huelga de hambre, tanto de los que están afuera y dentro del perímetro cerrado”, expresó uno de los promotores de derechos humanos que permanece vigilante en el lugar.

Son ocho personas las que están ya en huelga de hambre en Tegucigalpa, donde en la parte de afuera de la valla que tiene cerrado el lugar, hay cuatro y otro número igual en la carpa donde están Ariel Varela y Miguel Briceño.

El grupo de médicos que están pendientes de la salud de los jóvenes, han señalado que los huelguistas están en condiciones que ya no se pueden estar movilizando como el primer día.

Indicaron que, gracias a la intervención de los organismos nacionales de derechos humanos, los cuatros que están dentro ya tienen las garantías mínimas, como ser baño y los familiares ya tienen acceso a ellos, ya se les puede llevar agua, medicamentos y suero.

Pero han solicitado a los oficiales encargados del operativo que permita que las cuatro personas que están afuera en huelga de hambre puedan ingresar donde están los otros, porque estos están a la intemperie y “nos preocupa por el hecho que sucedió el martes, donde hubo un acto violento”.

Asimismo señalaron que el estado físico de estos cuatro que se han sumado a esta protesta es un estado de vulnerabilidad, porque ya llevan más de 36 horas de estar en ayuno.

Las personas que ingresan son registradas por los policías, quienes les apuntan el número de identidad, organización a la que pertenece, si es familiar a quien va a visitar, lo que tiene en alerta a las personas porque es una manera de estar levantando perfiles.

“Hemos solicitado que los metan en el perímetro de restricción, para hacer un mejor monitoreo y garantizarles su salud, pero la petición ha sido negada por los policías y militares”.

“Veo que a ciertas personas no se les impide el paso, pero al ciudadano simple si se nos impide”, protestó una de las personas que está de apoyo a los huelguistas y que tiene cuatro días de acompañamiento y necesita ser relevado para descansar un poco, pero los policías y militares se niegan a que ingrese otro compañero a cubrir su turno.

“Hemos expuesto ante el Conadeh las violaciones que sentimos como ciudadanos que se están cometiendo en este perímetro que se ha instalado y queremos saber quiénes son las cabezas que han ordenado esto, porque los soldados solo reciben órdenes y queremos saber quién es la mente responsable de esto”.

Asimismo le envió un mensaje al presidente Juan Orlando Hernández: “quite esta valla, escúchenos e instale la Comisión Internacional Contra la Impunidad”.

El personal de apoyo de los huelguistas tiene más de tres días sin que puedan ser relevados, ya que la seguridad policial no deja entrar a las otras personas que harían turno. Los encargados del operativo habían acordado con los defensores de los derechos humanos que se dejaría entrar a los relevos, pero los militares y policías lo están incumpliendo.

Este jueves, Luis Munguía, un empleado de Hondutel, que fue suspendido por este gobierno,  se unió a la huelga de hambre de los indignados.

Munguía señaló que se une a esta juventud indignada por ser una noble causa.

“Venimos porque es demasiado el desfalco que han hecho contra todas las instituciones del Estado, instituciones que han sido nobles, como por ejemplo Hondutel, el caso del Seguro Social”.

Este hondureño relató que tuvo a sus dos hijas menores con chikungunya, que las llevó al Seguro Social y que no había acetaminofén, y que eso lo ha indignado por lo que invitó al pueblo hondureño a que se sume a la indignación de los jóvenes.

El Movimiento de Indignados e Indignadas

Radio Progreso

A más de un mes de protestas masivas y una semana de que varios jóvenes comenzaron una huelga de hambre exigiendo la comisión internacional contra la impunidad, la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández y juicio político a implicados en desfalco del IHSS; la represión aumenta y coloca en extrema vulnerabilidad a personas que lideran el movimiento. 

El sábado pasado después que la población se movilizó en todo el país para retomar las exigencias y apoyar la huelga de hambre que 5 jóvenes emprendieron afuera de Casa Presidencial; Miguel Briceño, uno de los líderes del movimiento Indignados en Tegucigalpa e iniciador de la huelga fue agredido por un policía. Ariel Varela y él, minutos después de la agresión, anunciaron que se retirarían. Ellos estaban dentro de un perímetro de seguridad instalado por el gobierno de la república, que los separaba de German Ayala, Gerson Suazo y Erlin Mejía quienes se sumaron a la huelga durante la semana. 

Dentro de la valla de seguridad, Ariel y Miguel expresaban que temían por sus vidas por la actitud intimidatoria de los entes de seguridad; ahora los tres jóvenes que permanecen, tras 6 días sin comer, expresan que están más vulnerables porque están a la intemperie y con el peligro que cualquier persona los pueda agredir y que nadie los socorra. 

German Ayala tiene dos hijas y viajó desde San Pedro Sula para unirse, su familia lo apoya con un pequeño campamento. "Seguimos para adelante, me siento un poco débil pero estamos aquí", dijo a Radio Progreso. "Tenemos temor, el hecho de que estamos aquí afuera expuestos es peligroso pero más peligroso es que las cosas sigan iguales en este país", expresó Ayala.

Ayer domingo se unió Hernan Silva quien desde Choluteca viajó para comenzar huelga de hambre junto a Ayala, Mejía y Suazo. 

Gerson Suazo, con su salud muy deteriorada y con mucho cansancio y debilidad en la voz dijo a Radio Progreso que él estaría todo el tiempo necesario hasta que en el país se instale una comisión internacional contra la impunidad. 

Desde ayer Ariel Varela viene denunciando que una patrulla con policías vestidos de civil lo perseguían, él se ha mantenido en la palestra pública. De Briceño aun no se sabe nada después del altercado. En un programa de televisión, miembros del Centro de Investigación y Promoción a Derechos Humanos (Ciprodeh) acusaron a los jóvenes retirados de la huelga de haber "vendido" la lucha. Varela se ha mostrado molesto por esta acusación. 

Los jóvenes aun en huelga compartieron un comunicado esta mañana para exigir al gobierno de Honduras que respete sus vidas y la de sus familias y que se escuche el clamor del pueblo que exige castigo para los corruptos. Mientras en el resto del país se siguen convocando las movilizaciones de las antorchas que acuerpan estas exigencias en medio de la represión militar que poco a poco aumenta y un gobierno que ha llamado a un diálogo sin condiciones en el que propone la instalación de un sistema local contra la corrupción que los indignados e indignadas rechazan. 

El espíritu de Lempira revive en Río Blanco que sigue resistiendo ante la amenaza de la Hidroeléctrica

Radio Progreso

Con el orgullo de su identidad, con la memoria insurgente  y con sentido de la historia que están protagonizando; el pueblo Lenca de la comunidad Río Blanco, Intibucá,  acompañados de una pequeña llovizna y los rayos del sol,  ratificaron su accionar en la  defensa del territorio y del sagrado Río Gualcarque, amenazado por la instalación de la hidroeléctrica Agua Zarca. 

“Las comunidades en asambleas hemos hablado y decidido hacer el  ejercicio de poder y soberanía indígena.  Nosotros mismos expulsamos desde el año pasado  a las empresas DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima) y SINOHYDRO. Sin embargo el proyecto hidroeléctrico se pretende construir más arriba del lugar”, indicó Adelaida Gómez, del Consejo Indígena Lenca de Río Blanco Intibucá.    

La dirigente indígena aseguró que hace más de un mes la empresa DESA está desarrollando los preparativos  para instalar el proyecto hidroeléctrico en el sector de la comunidad San Ramón, unos dos kilómetros arriba del primer punto que fue expulsada. 

“El problema es que es nuestro río el que se pretende represar no importa el lugar donde se quiera instalar la represa hidroeléctrica, pero nosotros vamos a luchar hasta expulsar definitivamente de nuestra zona a la empresa DESA”, aseguró Adelaida Gómez.   

“Nuestras acciones nacen por la negligencia, la complicidad y la falta de respuesta de las autoridades centrales a las demandas legítimas de nuestras comunidades, que hace años  estamos exigiendo pacíficamente la salida definitiva del proyecto hidroeléctrico”, manifestó Tomás Gómez, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).  

Indicó que “este tipo de proyectos representa la entrega de nuestros ríos a manos privadas, violentando nuestra coexistencia, nuestra vida comunitaria y cultural. Ante todo esto no estamos dispuestos a dejar que nos arrebaten lo que es y ha sido ancestralmente de las comunidades indígenas”.  

El  rechazo de las comunidades al proyecto hidroeléctrico se fundamenta según Gómez,  en que el mismo agrede el hábitat, privatiza el Río Gualcarque y sus afluentes por más de 20 años, destruye patrimonios culturales y económicos, y significa la pérdida del derecho humano al agua. 

“La privatización del río constituye también una abierta violación a los derechos individuales y colectivos del Pueblo Lenca y violenta los convenios internacionales en los que se protege a los pueblos indígenas”, indicó Gómez.

Lucha permanente 

Las mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos y ancianas de las comunidades de Río Blanco, están firmes en su puesto y  llevan más de dos años  montando vigilancia  en la ruta que va hasta el río Gualcarque, para impedir la instalación del proyecto hidroeléctrico.  

Esta lucha la realizan conscientes de su decisión, que ya les dolió la muerte de una hermana lenca, Paula (en un accidente en la carretera mientras participaba en una acción de práctica de soberanía); y el asesinato de un líder de la comunidad, Tomás García, fusilado por el Ejército hondureño, que también hirió a su hijo, Allan García, mientras participaban en una protesta contra el proyecto hidroeléctrico.

“La criminalización de la protesta indígena, la persecución   de muchos modos, la estigmatización de sus líderes en los medios de comunicación, intentando desprestigiarlos, y presentarlos al mismo tiempo como violentos, corruptos, inflexibles y negociadores de la lucha, son parte de una operación de manual contra  las comunidades y contra el Copinh  quienes hemos sostenido con firmeza la defensa de nuestros territorios, de los bienes comunes, de nuestra  identidad y dignidad”, indicó Tomás Gómez.  

Pero todas esas campañas  y amenazas  se olvidan y desvanecen, cuando  las comunidades están en su lugar luchando  por su presente y por su futuro. Por la continuidad de una lucha que no nació hace dos años, cuando decidieron defender el río sagrado Gualcarque. Es una lucha que nació hace más de cinco siglos, y que tiene nombres emblemáticos en la memoria colectiva: los nombres de los caciques Lencas Lempira, Etempica y Mota, quienes se enfrentaron a los invasores hasta el final.

Banco Mundial desampara a quienes se oponen a sus proyectos

IPS Noticias

Por Kanya D'Almeida

Un informe de Human Rights Watch (HRW) concluyó que el Banco Mundial ignora sistemáticamente las denuncias de abusos contra los derechos humanos vinculados a los proyectos que financia la institución financiera multilateral con sede en Washington.

En el papel, al menos, tanto el Banco Mundial como su sucursal de préstamos al sector privado, la Corporación Financiera Internacional (CFI), se comprometieron a consultar y proteger a las poblaciones afectadas por los proyectos que financian.

Pero una investigación realizada entre mayo de 2013 y mayo de 2015 en Camboya, India, Kirguistán y Uganda, recogida en el informe de HRW titulado A su propio riesgo, concluyó que los funcionarios del Banco ignoran sistemáticamente las denuncias de represalias severas contra quienes se manifiestan contra los proyectos financiados por la institución.

En algunos casos, el Grupo del Banco Mundial incluso omitió dar asistencia a integrantes del personal local que trabajan con sus funcionarios.

La autora del informe, Jessica Evans, destacó en conferencia de prensa el lunes 22 un incidente en el que un intérprete del Panel de Inspección del Banco Mundial, el órgano de control de la institución financiera internacional (IFI), fue enviado a la cárcel pocas semanas después de que el Panel concluyera su proceso de revisión.

Sin mencionar la identidad de la víctima para proteger su seguridad, Evans señaló que, aparte de interrogar a funcionarios gubernamentales “a puerta cerrada”, el Banco mantiene un completo silencio sobre la suerte del activista independiente que trabajaba para fortalecer el propio proceso de la institución.

Este tipo de acciones, o su omisión, “se burlan del compromiso declarado (del Banco) con la participación y la rendición de cuentas”, determina el informe.

HRW identificó decenas de casos en que activistas afirman haber sufrido acoso, maltrato, amenazas o intimidación por expresar sus objeciones ante iniciativas financiadas por el Banco o la CFI por motivos sociales, ambientales o económicos.

Debido a que las poblaciones próximas a los grandes proyectos de desarrollo tienden a ser muy pobres o vulnerables, y por lo tanto no tienen la posibilidad de presentar formalmente sus denuncias, el número real de personas que sufrieron este tipo de represalias con “seguridad” es mucho mayor que lo señalado en el informe, según los investigadores.

“Con respecto al tema de las represalias el silencio y la inacción del Banco Mundial ya cruzaron la línea” hacia el ámbito de la complicidad, afirmó Evans en diálogo posterior con IPS.

El Panel de Inspección planteó la cuestión de las represalias en 2009, lo cual le dio tiempo de sobra al Banco Mundial para que tomara las medidas necesarias con el fin de remediar el problema crónico y generalizado, añadió.

En cambio, sigue relacionándose con gobiernos que tienen malos antecedentes en materia de derechos humanos mientras que hace oídos sordos a las presiones y demandas de la sociedad civil para fortalecer los mecanismos que protejan a las comunidades indefensas y marginadas de las represalias violentas.

Un ejemplo es el caso de Elena Urlaeva, que dirige la Alianza de Derechos Humanos de Uzbekistán, con sede en Tashkent, y que fue detenida en un campo de algodón el 31 de mayo de 2015, mientras documentaba el sistema de trabajo forzoso que aplica el gobierno uzbeko en la producción algodonera.

Según HRW, Urlaeva fue detenida y sufrió abuso sexual durante una exploración sumamente violenta de sus cavidades físicas. Médicos y policías de sexo masculino, en búsqueda de una tarjeta de datos de su cámara, realizaron un procedimiento tan invasor que la hicieron sangrar.

A Urlaeva se le prohibió usar el baño y se la obligó a salir de la comisaría, en presencia de policías que la llamaron “puta” y la filmaron mientras hacía sus necesidades. Luego la amenazaron con publicar el video en Internet si denunciaba el tratamiento que le propinaron.

Evans recordó a IPS que todo esto ocurrió en el contexto del incremento del apoyo financiero del Banco Mundial al sector algodonero uzbeko. La institución ya comprometió 450 millones de dólares para financiar tres grandes proyectos agrícolas del gobierno, aunque existen pruebas de que el sector se basa en un sistema de trabajo forzoso.

Como no existe un mecanismo sólido dentro del Banco Mundial para hacer que su financiación cumpla con las normas internacionales de derechos humanos, hay un “riesgo real” de que los observadores independientes y activistas sigan soportando situaciones tan violentas como la de Urlaeva, subrayó Evans.

Reacción “decepcionante”

El Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas se pasan mutuamente, de un foro al otro, la responsabilidad por la violación de los derechos humanos relacionados con el desarrollo.

En su informe de mayo de 2015 para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, criticó los intentos de varios Estados miembros por mantener la economía, las finanzas y el comercio internacional “en cuarentena” en el marco de los derechos humanos.

El funcionario australiano criticó a las IFI por contribuir con esta cultura de la impunidad.

“El Banco Mundial puede negarse simplemente a comprometerse con los derechos humanos en el contexto de sus políticas y programas, el Fondo Monetario Internacional hace lo mismo, y la Organización Mundial del Comercio no es muy diferente”, aseguró Alston, añadiendo que estos organismos le pasan el problema al Consejo de Derechos Humanos, y este lo devuelve al campo financiero.

“No se puede tener un desarrollo próspero sin una participación sólida de la sociedad civil para fijar las prioridades de desarrollo, diseñar proyectos y supervisar su aplicación”, comentó Gretchen Gordon, coordinadora de la organización Bank on Human Rights, una alianza mundial de movimientos sociales que trabajan para que las IFI cumplan con sus obligaciones de derechos humanos.

Si los bancos y sus Estados miembros no asumen el liderazgo e implementan los protocolos y políticas necesarias “van a seguir experimentando el aumento de los fracasos en materia de desarrollo, los abusos de derechos humanos y los conflictos”, advirtió.

Aunque los investigadores de HRW buscaron el aporte del Banco Mundial y la CFI enviándoles una serie de preguntas en abril, solo recibieron una “respuesta sosa” que no abordó la cuestión de las represalias y se limitó a señalar que el Banco “no es un tribunal de derechos humanos”.

“Esperaba una conversación muy constructiva con el Banco Mundial. En cambio, todo lo que oigo son respuestas vacías. Propusimos recomendaciones muy pragmáticas sobre la forma en que el Banco puede trabajar con eficacia en entornos difíciles, pero estamos muy lejos de eso”, pronosticó Evans.

Tanto el Panel de Inspección del Banco Mundial como el Asesor en Cumplimiento /Ombudsman de la CFI recibieron el informe de HRW con entusiasmo, pero son organismos independientes y sin el poder necesario para lograr un cambio real en el Grupo del Banco Mundial.

Ese poder yace con el presidente de la institución, Jim Yong Kim, que tendrá que “tomar la iniciativa y enviar un mensaje claro a su personal que la cuestión de las represalias es un tema prioritario”, concluyó Evans.

Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga