miércoles, 2 de octubre de 2013

FIDH escucha testimonios de familiares y víctimas de violaciones a DDHH


Por Sandra Rodríguez

Siempre necesitamos momentos para dialogar, compartir y luchar juntos para que nuestros casos no se queden en la impunidad, es una forma de no estar solas, sentirnos acompañadas, de escucharnos y darnos fuerzas, pues aunque sabemos que las soluciones no son inmediatas, tenemos que insistir en la búsqueda de justicia.

Estos son parte de los sentimientos manifestados de más de una docena de familias que a raíz de la persecución política, desde el año 2009, sufren por el asesinato, desaparición forzada, ataques y hostigamiento contra familiares y su propia vida, tal como se lo expusieron a Luis Guillermo Pérez Casas y Magdalena Garcés, que integran la misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, que recientemente esta en Honduras.

Defensoresenlinea.com, hace dos días informó que Pérez y Garcés, llegaron a Honduras, para documentar sobre la situación de los derechos humanos en el país y entregar un informe ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, para sustentar el examen preliminar solicitado ante esta Corte por la Federación antes mencionada desde el año 2011.

Parte de la agenda de la misión internacional, contempla reuniones con organizaciones de la sociedad civil, autoridades gubernamentales, aspirantes a la Presidencia, autoridades del Ministerio Público,  representantes de la Unión Europea en Honduras, entre otros.

Esta tarde, en la oficina del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, se dieron cita con familiares de asesinados políticos, perseguidos y presos políticos, defensores de derechos humanos atacados, perseguidos o desaparecidos, desde el golpe de estado del 2009, a la fecha.

“Compartimos su dolor, tristeza y repudio a la impunidad, sepan que están bien acompañados por el COFADEH, que es una organización que ha luchado para tratar de reconstruir el respeto a los derechos humanos”, dijo el abogado colombiano Luis Guillermo Pérez, secretario general de la FIDH.

Previo a que los y las familiares ahí reunimos, compartieran sus experiencias y cómo ven el manejo de sus casos, en materia de investigación y reparación, Luis Casas, les explicó que dichos casos serían mencionados en la reunión que sostengan con representantes del Ministerio Publico y Poder Judicial.

Para el representante de la FIDH, es importante escuchar la percepción de cada una de las personas con respecto a la situación de sus casos, que ellas mismas les cuentes como se sienten y como ven la situación en materia de justicia.

Doña Adelina López, mamá del profesor Félix Murillo López, asesinado el 17 de septiembre del  2009, dijo que, han pasado cuatro años y aún espera la respuesta de parte de las autoridades del Ministerio Publico, en torno a la investigación de la muerte de su hijo.
Murillo, era testigo del primer maestro asesinado –Roger Gonzales-, Tenía promesa de ser testigo protegido y días después fue asesinado. Este es uno de los 11 casos de maestros que COFADEH ha seleccionado como emblemáticos, explicó la coordinadora de esta institución, Bertha Oliva.

Al tener este tipo de misiones internacionales y que nos pregunten por nuestros casos, me da fortaleza, yo sólo quiero que se haga justicia, en mi caso es por dos hermanos, dijo Gloria Trejo Cabrera, refiriéndose al abogado Antonio Trejo, defensor de los campesinos del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán, MUCA, asesinado el 22 de septiembre del 2012; y su el defensor de la tierra,  José Trejo Cabrera, asesinado 16 de febrero del 2013, con el segundo, Gloria daba seguimiento a las investigaciones del asesinato del abogado de los campesinos.

Aunque se diga que hay unos sospechosos en la cárcel de Trujillo, por la muerte de mi hermano José, no sabemos nada en concreto, mientras que la muerte de Antonio sigue en la impunidad, pese a que él había hecho públicas las amenazas contra su vida, de parte de terratenientes de la zona, como Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales, expresó su hermana Gloria Trejo, quien es víctima de percusión.    

La familia del fiscal de Choluteca, Manuel Eduardo Díaz, a un año de su asesinato, denunció que no les han  dicho nada de la investigación de ése crimen, aunque se rumoró que uno de los hechores está muerto, pero no hay nada conciso, dijo una de sus hermanas.
Díaz, era un fiscal  que llevaba casos delicados, era muy imparcial y además dejó siete hijos menores de edad, lamentaron sus hermanas, mientras su madre no pudo contener las lágrimas.

También asistieron parientes del campesino José Antonio López Lara, cuyo cadáver fue exhumado hace unos meses en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón, luego de un año de desaparecido; ahora que se ha confirmado, científicamente, que el cuerpo es de su pariente, esperan por fin, darle sepultura, esto se los agradecemos al COFADEH que llevó a expertos de Guatemala, hasta nuestra comunidad, manifestaron los dolientes.

La FIDH, se informó del asesinato de la profesora Ilse Ivania Velásquez, en una brutal represión contra el magisterio el 18 de marzo del 2012, tal como lo explicó su hija Ruth.  

A través del COFADEH logramos la exhumación del cadáver de mi mamá, ya se quería cerrar el caso, que actualmente es llevado por la fiscal Leyla Alemán; Pese que el Estado hondureño, se quiso lavar las manos, culpando al conductor del vehículo de un canal de televisión, como que él la había atropellado, pero fue a causa de la represión que ella cayó al suelo, dijo entre lágrimas la también profesora Ruth Velásquez.

“En el Ministerio Público, sólo dicen que hay dos hipótesis, pero no dicen cuales son”, afirmó una de las hijas de Rubén Méndez, quien era agente de investigaciones, encargado de monitoreo de medidas cautelares, que fue asesinado el 20 de agosto pasado. El agente policial investigaba casos en la fiscalía de DDHH.

Otro caso emblemático, que se expuso esta tarde fue el del joven de 16 años, Ebed Jassiel Yánez, asesinado por militares en la madrugada del 27 de mayo del 2012.  

“Se me salió de la casa, al volver en la madrugada no obedeció la señal de parada de un retén militar, lo siguieron y lo asesinaron. Hay una persona detenida. El caso está en la fiscalía de DDHH lo inició Germán Reyes y ahora Luis Fernando Padilla. Se ha presentado requerimiento contra altos mandos, y en esa lucha estoy”, expuso Wilfredo Yánez, padre de Ebed, cuyo caso es representado legalmente por el Área de Acceso a la Justicia del COFADEH.

Isaura Cruz, dijo que a dos años de la desaparición forzada se su hermano Reinaldo Cruz Palma, el 30 de agosto del 2011, en San Pedro Sula “hasta el día de hoy, no sabemos absolutamente nada del paradero de mi hermano, se murió mi mamá y mi papá sin saber nada, mi familia está destruida, su esposa y nosotros estamos muy mal”, este caso se denunció ante la fiscalía de DDHH en SPS, y lo llevaba el fiscal John Cesar Mejía, explicó Isaura.

Criminalización a manifestaciones populares
Sosteniéndose con mucha dificultad, ayudado por un bordón, debido a las graves secuelas de una bala disparada por un militar, Neptalí Esquivel, vino desde Sonaguera, Colón, para mostrar como cambió su vida desde el año 2011, “fue un militar del ejército, no lo pude identificar porque andaba cubierto, me agarraron a golpes y me tiraron al suelo, perdí el conocimiento y cuando volví a reaccionar, ya estaba en el hospital”, ese día cientos de campesinos participaban en una protesta popular, en la comunidad de Planes.  

“He quedado muy mal de salud, no ha habido respuesta de las autoridades, ni ningún tipo de  ayuda, ha pasado más de dos años y medio desde el atentado”.

Esquivel, quien es un hombre joven, pero imposibilitado ya para trabajar, dijo a los comisionados de la FIDH que su vida, no es fácil, porque ese tiro le destruyó parte del hueso, casi no puede caminar.

Manifestó que el COFADEH ha estado promoviendo el caso, en búsqueda de justicia y “aunque  parezca que esto ya se haya olvidado, para mí no, si hay manera de seguir con la investigación del caso, yo voy a seguir, porque no veo la intención del gobierno de hacer justicia por los más pobres”, afirmó Neptalí Esquivel, atacado por un militar.

Otra muestra de las represiones a las manifestaciones populares, fue la expuesta por la defensora de derechos humanos Alba Ochoa, quien habló en nombre de un grupo de 28 personas que fueron los primeros presos políticos del golpe de Estado, el 12 de agosto del 2009.
Recordó que había dos menores de edad, un adulto mayor, un colombiano, mujeres y hombres, fue después de una manifestación social, la mayoría de detenidos no habíamos participado en ella.

Ese día la policía no andaba palos de madera, sino de metal, tenían sometido a un joven, yo estaba filmando y les dije que lo soltaran, el comisionado de los Cobras, Elder Madrid, de manera grosera dio la orden que me apresaran, fuimos víctimas de tortura y demás violaciones a nuestra derechos, hasta que llegaron procuradores de DDHH del COFADEH y CIPRODEH, nos sentimos más tranquilos.

Nos dictaron medidas cautelares con acusaciones falsas, hemos seguido un largo procedimiento judicial y demandado a las y los policías que nos golpearon, vemos que hay parcialidad a favor de nuestros atacantes, a Elder Madrid lo han premiado con otros cargos.
También Yoni Rivas, secretario del Movimiento Unificado Campesino del Aguan MUCA, expuso el caso de la detención de 22 compañeros campesinos 21 de agosto del año pasado, mientras estaba en una protesta en favor de sus derechos, en ese grupo estaba el abogado Antonio Trejo, asesinado el 22-9-12.

Desde entonces mantengo medidas sustitutivas a la prisión, entre ellas ir a firmar a los juzgados, pero desde ahí me dan vigilancia  que más bien se pone en riesgo mayor, mi vida, dijo Rivas, quien fue víctima de persecución entre una ciudad y otra el pasado mes de marzo, con el vocero del MUCA, Vitalino Álvarez.

La información obtenida de esta reunión, seria mencionada en la reunión que la comisión de la FIDH sostendría con las nuevas autoridades del Ministerio Público.

“Cuenten con nuestro afecto y condolencias para todos ustedes, esto no va a terminar de la noche a la maña, es algo complejo y largo. Es importante que ustedes se sigan movilizando. Que hay mucho apoyo”, exhortó Guillermo Casas a los y las familiares de víctimas de violaciones a ddhh.

La FIDH está coordinando esta visita con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH y el Centro de Promoción e Investigación de los Derechos Humanos, CIPRODEH, que forman parte de este organismo internacional.

Jóvenes realizan análisis de la situación que viven en su comunidad


La Red Juvenil del Cofadeh de Santa Ana y Ojojona, se reunieron para hacer un análisis de la situación que viven en el sector, donde destacaron que la falta de empleo y la inseguridad son los problemas más significativos que tienen en sus municipios.

El conversatorio se llevó a cabo  en el Hogar contra el Olvido, monumento de memoria que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), ha construido en la comunidad de La Joya, jurisdicción del municipio de Santa Ana, Francisco Morazán.

Los jóvenes expusieron una serie de problemas que enfrentan en su entorno, pero para ellos, que son estudiantes y que este año terminan su secundaria, los más significativos son la falta de oportunidad de un trabajo y la inseguridad.

Indicaron que por la falta de fuentes de empleo, muchas personas del sector se están perdiendo, porque al sentirse frustradas por no encontrar una oportunidad, han buscado el alcoholismo, como una medida de aliviar sus penas.

Esto, según los jóvenes, también permite que la delincuencia se incremente, porque muchos al no encontrar trabajo o espacios de recreación para despejar la mente, se van por lo más fácil, que es delinquir.

Asimismo expusieron que la falta de comunicación en el hogar, ha permitido que muchos jóvenes hayan caído en las garras del alcohol, el tabaquismo y que las jovencitas se embaracen.

Son del criterio que para que no haya malcriadeza ni rebeldía de los hijos, los padres deben de sentarse a platicar, a exponer sus inquietudes, ya que esto los llevará a que haya mayor confianza entre ellos y así se fortalecerá la familia.

Los jóvenes también señalaron que no son tomados en cuenta en política, que solo son utilizados para que vayan a pegar afiches y banderas, y a darles vivas a determinado candidato. Que en sus municipios los políticos no les han hecho un planteamiento de propuesta que puedan ejecutar en su gobierno municipal a favor de la juventud.

Ellos consideraron que Ojojona y Santa Ana son un pueblo muy conservador y de mucho tradicionalismo y que con esas actitudes, se le cierran aún más las posibilidades de oportunidades a la juventud.

Los jóvenes denunciaron que otro de los problemas que enfrenta es que las autoridades municipales, especialmente el alcalde de Ojojona y quienes lo rodean, violentan los derechos de las personas y que la gente se queda callada, unas por desconocimiento y otras porque tienen miedo.

Asimismo expresaron que otros que abusan de las personas son los policías. “Tratan a las personas como ellos quieren y nadie dice nada porque no hay quien pueda defender, ni la gente se puede defender”.

Durante la jornada, que duró aproximadamente cuatro horas y que fue facilitada por Tomas Nativí del área de capacitación del Cofadeh y Nelson Rodas de la Red de Defensores del Sur, los chavos coincidieron que entre más trabajen en la articulación y en la formación de la red juvenil, tendrán una generación diferente, donde se cambiarían los esquemas y las actitudes que hay en esa zona.

El conversatorio realizado es parte del trabajo de consolidación y formación de la Red Juvenil de Ojojona y Santa Ana.

A través del proceso de formación en la defensoría de derechos humanos, el Cofadeh ha podido conformar varias redes juveniles en Francisco Morazán, Olancho, Siguatepeque, Cortés, Yoro y en Santa Bárbara.

Con el apoyo del gobierno de Finlandia, por medio del proyecto “Ampliación y Fortalecimiento de las Redes de Jóvenes Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en seis regiones geográficas de Honduras”, se han fortalecido los conocimientos de los jóvenes en el área de la defensoría.

Injusticia, mucha tierra y playas en pocas manos



Por Sandra Rodríguez

Los y las integrantes de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, REDEHSUR, organizada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, se reunió para analizar sobre los problemas, especialmente de tenencia de tierra, que presenta en sus comunidades. 

Con el acompañamiento de defensores y defensoras de derechos humanos del COFADEH, a cargo del Proyecto “Educándose e Informándose en Derechos Humanos” en la Zona Sur y Centro de Honduras, debatieron en diferentes grupos, su perspectiva sobre la realidad que enfrentan.

¿Cómo se aprecia el latifundio o minifundio en su comunidad?
Es más notable el latifundio en la Península de Zacate Grande, que en las demás comunidades donde hay presencia de la REDEHSUR.

Y es que ahí ven el problema como algo injusto, criminal y hasta salvaje, pues la isla tiene 5,700 hectáreas es alrededor de 8,300 manzanas, de las cuales el terrateniente Miguel Facussé tiene 3,800 manzanas escrituradas, el resto es de los millonarios. Se reparten 4000 manzanas de tierra según datos ofrecidos por los defensores de la Isla. 

Además, hay 59 playas privadas y 4 en poder de los pobladores y hay que agregar que se observan cercos y guardias de seguridad privada en lugares de acceso a las tierras altas de la península.

Es así que se muestra mucha tierra, playas e islas en pocas manos.

Hay gran cantidad de tierra sin producir, atrapadas por un cerco, que ha puesto un solo hombre que dice ser dueño.

En el minifundio hay una gran población que no tiene donde cultivar y construir sus viviendas, por lo que deben construir a la orilla de la carretera, sin ninguna seguridad social.


Mientras que en el municipio de Santa Ana, a unos 23 kilómetros al sur de Tegucigalpa, la mayoría de tierras está en poder de los empresarios que ejecutan el proyecto en el Cerro de Hula, que está a cargo de la compañía Globeleq Mesoamérica, a través de su subsidiaria Energía Eólica de Honduras.

¿Qué estamos haciendo ya, para transformar esa estructura injusta en nuestro país?
“Deberíamos de articularnos más para nuestra lucha.  En occidente hay comunidades que ya tienen sus títulos comunales de tierra, lo que hace un escudo ante las compañías mineras, eólicas y demás que destruyen la tierra”, compartieron los y las defensoras.

Por eso es necesario, que para mantener esta lucha por nuestros derechos nos capacitemos continuamente y actualicemos nuestros conocimientos.

Así vamos concientizando, transformando, organizando y manifestándonos contra autoridades violadoras de nuestros derechos, expresó la REDEHSUR. 

Debemos tratar de cambiar este sistema neoliberal capitalista y poner nuestras autoridades que estén al servicio del pueblo, para poder aplicar los artículos de la Constitución de la República que garantizan nuestros derechos, pues hemos recuperado tierras que estaban en poder de los terratenientes y eso demuestra nuestra entrega.

Entre las políticas del modelo neoliberal, compartieron que el Estado ya no tiene dominio sobre los bienes naturales, mete leyes para el acaparamiento de los recursos naturales públicos como aire, agua, ríos, bosques, después nos vende energía y a precio muy alto, por lo que las concesiones de nuestros recursos sólo nos dejan contaminación. 

Vivimos situaciones complicadas, ya que  no hay respeto a las leyes ni a las personas.

En nuestras comunidades estamos en extrema pobreza, no hay solvencia economía, debido al desempleo, cambio climático y falta de todo tipo de oportunidades, así que nosotros debemos aprovechar estos espacios de formación, para ser agentes de cambio desde el aprovechamiento de los recursos que aún nos quedan o podemos rescatar, acordaron los y las defensoras de la REDEHSUR.

¿Qué más podemos hacer?
Unirnos y crear nuevas alianzas con otras organizaciones para poder desalambrar  nuestras tierras que las tienen privatizadas.

Seguir concientizando a nuestra gente porque nuestro objetico es la recuperación de las tierras y liberación de las playas.

No nos queda más que “seguir luchando y luchando”…

El proceso de ocupación de América Latina en el siglo XXI

Rebelión

Por Ana Esther Ceceña

Las lógicas del poder, que se transforman aparencialmente de acuerdo a las situaciones y circunstancias históricas, adoptan formas imperiales, como las que se expresan con los procesos de militarización, pero también formas consensuales para imponer sus reglas del juego. Los acuerdos aprobados en la OMC, las reglas legitimadas del FMI, las disposiciones perversas de los tratados de libre comercio e incluso las reglas de las democracias formales que padecemos son algunas de las más destacadas formas de establecimiento consensual de las relaciones de dominación. El imperialismo es una de las formas que asume la dominación, pero no es la única. Con la desaparición del imperialismo no se resuelve la dominación que abarca dimensiones tan complejas como las de las relaciones de género, de cultura, de lengua, de especie y muchas otras que ocurren en las prácticas relacionales en los micro y macroniveles.

Como estudiosos de los fenómenos económicos y sociopolíticos contemporáneos, como pensadores críticos y actores políticos, estamos obligados a ser muy precisos y desentrañar la sustancia oculta de éstos sin simplificaciones abusivas que en vez de contribuir a una buena comprensión y al diseño de estrategias de lucha inteligentes, nos lleven a enfrentamientos de conjunto, incapaces de penetrar por las porosidades del poder.

En la lucha de los pueblos americanos el problema no se terminaría aboliendo las relaciones de explotación, aunque seguramente es un punto fundamental, sino que tenemos que enfrentar simultáneamente problemas de clase, de discriminación racial, de género y muchos otros que tienen que ver con la difícil conformación de una socialidad impuesta, contradictoria y resistida. La colonización no sólo se realizó en la esfera del trabajo o de la producción, aunque también, sino que se enfocó centralmente a los cambios de mentalidad, a la extirpación cultural e histórica de los pueblos mesoamericanos, caribeños y andinos, a la conquista de las mentes.

La esencia de las relaciones sociales, de las relaciones entre sujetos que no están establecidos o conformados de una vez y para siempre, no emanan naturalmente de las estructuras. Los sujetos se construyen a sí mismos en el proceso social, en la lucha, en la resistencia y a través de esa lucha es que se van modificando también las formas y modalidades de la dominación.

No sería posible explicar de otro modo la tónica militarista que invade las escenas de la “libertad de mercado” impulsadas por el neoliberalismo como mecanismo privilegiado de reordenamiento social. No hay más libre mercado, si es que lo hubo. Las normatividades que se van estableciendo universalmente por la vía de los tratados económicos y de las negociaciones en organismos internacionales como la OMC, no propician la libertad sino la imposición, pero además se acompañan, cada vez más, de medidas de control militar y militarizado ahí donde el rechazo de la población se manifiesta de forma organizada y/o masiva.

La modalidad militarizada del capitalismo de nuestros días juega con mecanismos de involucramiento generalizado y aborda científicamente [1] la dimensión simbólica y de creación de sentidos que permite construir un imaginario social sustentado en la existencia de un enemigo siempre acechante y legitimar la visión guerrera de las relaciones sociales y las políticas que la acompañan (Ceceña, 2004). Esto supone que la militarización de las relaciones sociales es un fenómeno complejo que no se restringe a las situaciones de guerra abierta sino que incluye acciones de contrainsurgencia muy diversas, que comprenden el manejo de imaginarios, todos los trabajos de inteligencia, el control de fronteras, la creación de bancos de información de datos personales, la introducción de nuevas funciones y estilos en las policías ocupadas de la seguridad interna, e incluso la modificación del estatuto de la seguridad en el conjunto de responsabilidades y derechos de los Estados.

Caracterizar el momento actual sobre la base de la militarización de las visiones y estrategias hegemónicas no descarta la identificación de la guerra, de la sustancia de la guerra, como un elemento inmanente, consustancial, a las relaciones capitalistas. Pero si bien la guerra es sólo otra forma de entender la competencia, históricamente se van modificando los énfasis o los terrenos en los cuales se desatan las estrategias de clase, en este caso de la clase dominante, y en que se configuran las diferentes modalidades o momentos en las relaciones de dominación. Hace algunos años nadie hablaba del militarismo como elemento dominante y sin embargo estábamos en este mismo sistema. Se hablaba del neoliberalismo, del mercado, de que el eje ordenador de la sociedad eran las relaciones de mercado y que era a través de estas relaciones de mercado como se disciplinaba y como se concebía a la sociedad en su conjunto.

Hoy eso nos es insuficiente para entenderla, pero también le es insuficiente al poder para reorganizarla y controlarla; entre otras cosas porque es una sociedad que se mueve tanto, que se insubordina tanto, que no permitió que el mercado la disciplinara, obligando a los poderosos a usar otro tipo de herramientas. No quiere decir que el mercado desaparezca como disciplinador, quiere decir que la dimensión militar se sobrepone al mercado desplazándolo de su carácter de eje ordenador, que la visión del mundo adopta un contenido particularmente militarizado, y que es a partir de la visión militar que la totalidad no sólo se reordena sino que cobra un nuevo sentido.

La hegemonía consiste en universalizar una visión del mundo, pero la universalización se hace de muchas maneras. A través de imágenes, a través de imposiciones, de discursos, de prácticas.

Con respecto a la militarización de los últimos tiempos la batalla más importante la están ganando los poderosos en el terreno cultural, a través de una serie de mecanismos entre los cuales destacan los medios de comunicación. Están ganando la batalla en la medida en que logran convencer de que el mundo es un lugar de competencia, de disputa, en el que tenemos que batirnos unos con otros para ocupar nuestro espacio, por lo demás, siempre incierto. Tenemos que competir entre nosotros por un empleo, por los planes de desempleo, por la seguridad social. Batirnos a muerte por ser incluidos en el reino de los explotados y precarizados, como si esa fuera nuestra utopía de mundo para el futuro.

Esa batalla cultural es una batalla por la construcción de sentido, no es de colocación de bases militares. La militarización se está metiendo en las cabezas y no solamente en las bases militares. Se está metiendo en las leyes, antiterroristas o simplemente de control de movimientos como son los regímenes de tolerancia cero que nos convierten a todos en sospechosos.

Percibo que en términos de los paradigmas de militarización para América hay una construcción de capas envolventes en las cuales se van abarcando diferentes dimensiones de establecimiento de relaciones de sometimiento. Entre esas capas envolventes se encuentran, como círculos concéntricos, los cambios de normatividad, el establecimiento de normas continentales para la seguridad interna, el cuidado de las fronteras, los ejercicios militares en tierra, los ejercicios en los ríos y canales de internación en los territorios, el establecimiento de una red continental de bases militares y los ejercicios navales que permiten circundar todo el continente, estableciendo una última frontera, más allá de las jurisdicciones nacionales.

Desde Irak hasta la Patagonia, los poderosos han puesto especial cuidado hoy en construir una legalidad que justifique sus acciones de intromisión. Ante una legitimidad fuertemente cuestionada se generalizan las leyes antiterroristas que tienden a crear, por un lado, una complicidad entre todos los Estados y por esa vía van imponiendo políticas y juridicidades supranacionales y, por el otro, una paradójica situación similar a la de un estado de excepción permanente en el que todos los ciudadanos serán rigurosamente vigilados porque todos son sospechosos, aunque todavía no se sepa ni siquiera de qué. Generalmente de pretenderse sujetos. El derecho se coloca al servicio de la impunidad aunque se reivindique democrático y los cuerpos de seguridad empiezan a construir el panóptico que vigila desde todos los ángulos: con cámaras de video en los bancos, en los semáforos, en las calles transitadas; que permite la intercepción telefónica en casos que así lo ameriten; que permite la tortura cuando se trata de detenidos catalogados como terroristas sin ningún juicio previo, y que admite la detención de cualquier ciudadano sin orden de aprehensión previa, simplemente para investigar. Es decir, se trata de imponer la cultura del miedo en una población que no podrá saber previamente a la detención si era sospechosa de algo, como medio para paralizar y disuadir de conductas terroristas, insurgentes o tímidamente disidentes. Los delincuentes comunes tienen construida toda otra red de relaciones que sólo casualmente son tratados de acuerdo a estas mismas normas.

Como parte del panóptico y nuevamente como otra de las paradojas de los discursos del poder, al lado de la pregonada libertad de tránsito para las mercancías, las inversiones y los cuerpos de seguridad, se ha ido restringiendo cada vez más el libre tránsito de personas. Los mejores y más trágicos ejemplos son las fronteras impuestas al pueblo palestino en su propia tierra y los muros de contención a migrantes desesperados en la frontera entre México y Estados Unidos y en el sur de España, no obstante, las fronteras no siempre se cierran de manera tan visible y evidente. Mucho más sutil pero quizá más peligroso por la amplitud y alcances que puede llegar a tener es el control de inteligencia que hoy utiliza los adelantos de la tecnología para aprovechar el tránsito a través de las fronteras como mecanismo de seguimiento personalizado. El panóptico se materializa en las nuevas fotografías que incluyen los pasaportes, con reconocimiento de iris o con otro tipo de identificación biogenética que inmediatamente incorporan los movimientos de la persona a un banco de datos centralizado en Estados Unidos y que está a disposición de los servicios migratorios de la región (en el caso nuestro del Continente americano) como en otro momento y con menos recursos tecnológicos ya se hizo con el Plan Cóndor. Hoy, las revelaciones de Edward Snowden sólo confirman lo que evidentemente ocurre desde tiempo atrás.

La eficacia macabra con la que el Cóndor desarticuló los movimientos sociales en los años de las dictaduras militares en América del Sur tiene hoy posibilidades multiplicadas al poder usar tecnologías que son a la vez mucho más precisas y mucho más abarcantes; sin embargo tiene en contra, evidentemente, el aprendizaje de los pueblos y su capacidad de lucha y resistencia.

Este control de fronteras y la imposición de leyes con implicancias supranacionales, combinado con la dilución de los límites internacionales, convierten en una ilusión las soberanías nacionales. La pretensión de privatizar las aduanas de México, los tratados transfronterizos para la gestión de recursos naturales que caen bajo la jurisdicción de más de un Estado y que están permitiendo evadir leyes nacionales, por ejemplo, son mecanismos de conculcación de soberanía. En el acuífero Guaraní, por citar un caso muy delicado y relevante, la negociación se hace entre los cuatro países implicados y con la intervención de Estados Unidos (en el esquema del cuatro más uno) mediante el apoyo experto del Banco Mundial. Lo mismo ocurre con selvas, oleoductos u otros recursos que pasan a ser tratados ya sea como novedosos y por tanto no contemplados en las legislaciones nacionales, ya sea como problemas de “seguridad nacional”. Y en este continente se sabe que seguridad nacional es seguridad de Estados Unidos en el territorio que no es de Estados Unidos, o no sólo en territorio que es de Estados Unidos. Las fronteras, que hasta ahora eran custodiadas por las fuerzas garantes de la seguridad interna en la vieja acepción, hoy se han convertido en zonas de seguridad estratégica custodiadas cada vez más por los cuerpos de seguridad del gendarme mundial.

En diversos casos los ríos o lagos son los que marcan las fronteras. Pues bien, estos son justamente los espacios privilegiados de localización de los ejercicios militares conjuntos (con Estados Unidos, se entiende) actualmente. Los ríos son un canal de penetración muy distinto al que se estaba utilizando cuando se hacían los ejercicios directamente en tierra y permiten además no sólo la utilización de fuerzas anfibias sino la definición de actividades tanto en agua como en tierra, matando dos pájaros de un tiro. En esta situación se encuentra la zona del río Paraná, y en algún momento estuvo la del río Usumacinta, entre México y Guatemala. Curiosamente, cuando se trata de ejercicios ribereños, es más fácil evadir la aprobación de los Congresos de los países limítrofes porque el río aparece como territorio relativamente neutro. Es como si se estuviera ante una legislación ausente o vacía ya que se refiere a un territorio fluido y no fijo.

Una de las capas envolventes más importantes por su capacidad de influir en los modos de uso de los territorios y en los modos de control de los sujetos críticos consiste en la colocación de bases militares de Estados Unidos en puntos seleccionados del continente con dos propósitos explícitos y evidentes: garantizar el acceso a los recursos naturales estratégicos y contener, disuadir y/o eliminar la resistencia ante las políticas hegemónicas y la insurgencia abierta. Actualmente Estados Unidos cuenta con un sistema de bases que ha logrado establecer dos áreas de control: 1. el círculo formado por las islas del Caribe, el Golfo de México y Centroamérica, que cubre los yacimientos petroleros más importantes de América Latina y que se forma ya no solamente con las bases de Guantánamo, Reina Beatriz, Hato Rey, Lampira, Roosevelt, Palmerola-Soto Cano y Comalapa, como fue hasta 2009, sino que ahora incorpora las nuevas posiciones convenidas con Colombia (7), Panamá (11) y Honduras (2), además de las bases itinerantes, mucho más flexibles, ubicadas en los 43 buques de guerra que Costa Rica ha permitido actuar en sus aguas territoriales desde julio de 2010; 2. el círculo que rodea la cuenca amazónica bajando desde Panamá, en el que el canal, las riquezas de la región y la posición de entrada a América del Sur han sido esenciales, y que se forma con las bases colombianas ya viejas (Larandia, Tres Esquinas, Caño Limón, Marandúa y Riohacha), con las posiciones que comparten en Perú (Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas y Chiclayo), y con todas las nuevas de Colombia y Panamá.

Algo que podría ser concebido como la última frontera o la capa envolvente más externa, está conformada por los ejercicios militares en los océanos Pacífico y Atlántico y en el Mar Caribe: en todo lo que circunda a América Latina. Hasta ahora la percepción que se tenía era la de ejercicios circunstanciales y esporádicos y en parte por esa razón no se les ha concedido demasiada importancia. Mucho menos se les ha considerado parte de la estrategia continental de control. Sin embargo, se trata de ejercicios sistemáticos, que permiten realizar un patrullaje constante alrededor de América Latina y mantener ahí una presencia más o menos permanente. Son ejercicios que tienen un carácter secuencial, evolutivo, y que marcan en verdad un circuito de frontera que, por ser externa a las aguas territoriales de los países correspondientes, queda a cargo, nuevamente, del gendarme mundial a través de su IV flota.

Ahora bien, estas capas envolventes, que atañen a América Latina en su conjunto, van a estar focalizadas en tres áreas distintas en las que parecen atender a tres estrategias diferenciadas. Esas tres subregiones se caracterizan también por tres paradigmas distintos de dominación y sus diferencias geopolíticas son muy claras. En los tres casos, por diferentes razones, se trata de puntos estratégicos tanto por los recursos que albergan como por su posición geográfica específica.

La primera región es la constituida por Colombia y su área circundante. Yo destacaría dos elementos en este caso, relacionados con la estrategia contrainsurgente y de ocupación militar: 1. el experimento de la polarización, acompañado de una sistemática ruptura de tejido comunitario, para valorar hasta dónde es posible dominar, controlar e incluso hegemonizar a través de un esquema de polarización exacerbada con sólo dos opciones, evidentemente antagónicas, y 2. hasta dónde es posible, a partir de asentamientos o de construcciones sociales como la colombiana, el control de la que Estados Unidos considera la mayor amenaza hoy en el continente, que es Venezuela, evaluando el carácter de las tensiones fronterizas que se desarrollan y la capacidad de control de la insurgencia venezolana desde Colombia.

La segunda subregión es la del Caribe y la cuenca del Golfo de México, extendida hasta Venezuela. La estrategia regional en esta zona avanza por dos líneas: la ocupación directa por un lado, y la creación de acuerdos que propician la extraterritorialidad de Estados Unidos, asumida por el Comando Conjunto mediante el establecimiento de la jurisdicción del Comando Norte del ejército abarcando el área Canadá-Estados Unidos-México completa, por el otro.

El enclave paradigmático de ocupación directa en este momento se localiza en Honduras, después de un golpe de estado, y en Haití, aunque, evidentemente, con fuertes implicaciones para Cuba. Haití es un caso muy importante porque es donde se está ensayando otra manera de establecer la hegemonía a través de la complicidad casi obligatoria de todos los ejércitos del continente, sin olvidar la de Francia, que asegura tener ahí un conflicto de intereses. La ocupación de Haití, así sea por los llamados cuerpos de paz, es una ocupación militar, impuesta. Todos sabemos que la figura de cuerpos de paz fue creada como parte de los mecanismos de penetración contrainsurgente de la USAID en los momentos inmediatos posteriores a la Segunda guerra mundial. Aunque ahora esta figura esté sancionada por la ONU, la conformación latinoamericana de los ocupantes de Haití está involucrando una estrategia que hasta ahora no había tenido éxito, y es que los países de América Latina todavía no acaban de aceptar en las Conferencias Hemisféricas la construcción de la fuerza militar hemisférica, como fuerza multinacional, porque saben el riesgo que tiene en términos de pérdida de soberanía, y sin embargo en los hechos ha sido puesta en funcionamiento a través de su participación en Haití; son Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Bolivia los que están a cargo del disciplinamiento y la represión al pueblo haitiano, de la destrucción de sus organizaciones políticas en razón de su supuesta incapacidad para autogobernarse.

Después del terremoto de 2011 la ocupación militar de Haití cambió de carácter pues fue directamente el Comando Sur quien se estableció en este territorio, subordinó a la misión internacional de la ONU y tomó el control de las comunicaciones y del funcionamiento interno del país, estableciendo un enclave militar de primer nivel en el centro del Caribe.

La línea de la extraterritorialidad que ha impulsado Estados Unidos avanza en el otro costado del Golfo de México bajo el manto de un acuerdo, una alianza , que construye como fronteras externas las que circundan el bloque trinacional de América del Norte. Frontera externa compartida que debe ser defendida en colaboración por los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas de los tres países cuyos territorios conforman el área de seguridad interna. La Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), mediante un acuerdo ejecutivo no sometido a las instancias de representación ni mucho menos a la sociedad en su conjunto, ha entregado la soberanía, de manera voluntaria, a las fuerzas del orden de Estados Unidos y abrió la puerta para implantar el Plan México (Iniciativa Mérida), que combina y en cierto sentido supera al Plan Colombia.

De este modo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se amplía hacia la integración energética que resolverá la crisis de Estados Unidos en este renglón y hacia la integración de políticas y acciones de seguridad bajo los criterios dictados por el Comando Conjunto de Estados Unidos que incluyen, entre otras cosas, la misión de garantizar el acceso irrestricto a los recursos considerados indispensables para la seguridad nacional (de Estados Unidos, claro). Es decir, las riquezas de México quedan legítimamente encadenadas a los intereses estratégicos estadounidenses, además de la extensión de las medidas adoptadas después del 11 de septiembre de 2001 en la Ley patriótica, referentes al combate a la subversión, terrorismo y disidencia. La conculcación de derechos ciudadanos a que se ha sometido al pueblo estadounidense se extiende al tratamiento de los pueblos canadiense y mexicano.

Ahora bien, desde una perspectiva geopolítica, poner a las fuerzas de seguridad estadounidenses como custodia de las fronteras mexicanas no afecta solamente a los mexicanos sino a toda la región caribeña y centroamericana.

Con la ASPAN, la Iniciativa Mérida y la ocupación de Haití; con el golpe en Honduras, las bases militares y los patrullajes y ejercicios constantes en esta región se garantiza el cuidado de las cuencas petrolíferas del Golfo de México y Venezuela; se controlan los pasos más importantes de los migrantes y las drogas; se mantiene bajo vigilancia los procesos cubano, venezolano y en general del bloque del ALBA; y se sienta el precedente de los nuevos tratados de integración que se intenta imponer en el continente y que han permitido recientemente la creación de la Iniciativa de Seguridad del Caribe.

El otro eje del paradigma, el otro ensayo de estrategia, es el caso de Paraguay. Corazón de una subregión que si bien ha sido escenario de acción de dictaduras militares que se significaron por su creatividad perversa en todo tipo de torturas y por ser máquinas implacables de desaparición y muerte, hasta ahora sólo tenía la base de Mariscal Estigarribia, con una pista de aterrizaje para tránsito pesado en el centro de la zona hidrocarburífera (el Chaco). Los ejercicios conjuntos en Paraguay han sido sistemáticos y hoy se complementan con la instalación de una Base de Operaciones en la zona norte, concedida a Estados Unidos.

El cono sur concentra una enorme porción del agua dulce del planeta en sus abundantes ríos y lagos, en los acuíferos subterráneos y en los glaciares del sur, además de minerales y otros recursos valiosos como petróleo y gas, particularmente en Brasil, Argentina y Bolivia. Es en este sentido de una importancia indudable.

El sobredimensionamiento de la presencia militar estadounidense en la región amazónico-caribeña ocurrido en los últimos 5 años principalmente, permitía prever que los próximos movimientos se harían hacia el sur, intentando llenar los vacíos o escasos posicionamientos en la región rioplatense.

Paraguay ha sido hasta ahora uno de los principales puertos de entrada y es donde tienen ya sentadas algunas posiciones importantes. Ha sido un país amigo y colaborador desde la época del Plan Cóndor y era el lugar perfecto para empezar a voltear la dinámica del sur. A pesar de la resistencia popular, que no ha cesado en décadas, se perpetra un extraño golpe de estado en el que el Presidente electo entrega el gobierno sin mayor dificultad.

Perú es el otro punto con el que se logran tender algunos entramados que en conjunto permiten un control bastante aceptable de la región. Después de asumir funciones Ollanta Humala y después de un pequeño periodo de espejismo de las izquierdas, la estrategia trazada previamente siguió su curso y se ha ido permitiendo una nueva situación de dominio y articulación continental a través de la Alianza del Pacífico, del nuevo estilo del protagonismo colombiano con el presidente Santos y de la complicidad de las oligarquías locales con los proyectos de Washington.

Hoy no está más el presidente Chávez en nuestro continente y las amenazas hegemónicas se recrudecen. Se va creando un ambiente en el que ya no va a ser sorprendente un golpe de estado más y en el que con toda impunidad avanza el proyecto de los poderosos, sea mediante empresas mineras y saqueadoras de las riquezas de Nuestra América, castigos financieros, operativos de desestabilización, nuevas posiciones militares, espionaje directo o mediante cualquier otro de los mecanismos de ocupación conocidos o por conocer.

Sólo la resistencia de los pueblos está poniendo freno al avasallamiento y ahí es donde es necesario dar la pelea, que en este caso, es por la vida. Para nosotros, pensadores críticos y luchadores sociales, esta coyuntura abre nuevos retos y desafíos más profundos. 

Nota:

[1] Así como la introducción del taylorismo y fordismo supuso un estudio cuidadoso de los procesos de trabajo y su transformación científica con base en su desagregación en tiempos y movimientos, a la vez que el ambiente y organización del trabajo era objeto de la aplicación de dinámicas de estimulación y corresponsabilidad, recientemente los estudios sobre sistemas complejos experimentan con estímulos al comportamiento de colectivos diversos y los medios de comunicación buscan las mejores alternativas para la creación de sentidos, no sólo en términos de contenidos sino de imágenes y manejo de tiempos y secuencias. Todo esto vinculado a los campos de control y contrainsurgencia directamente generados por el Comando Conjunto de Estados Unidos.

* Ana Esther Ceceña. Coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El capital no simbólico


Atlática XXII, número 27

Por Belén Gopegui

Lo respetable es un concepto extraño que acaba penetrando en todos los espacios de lucha, incluso en los más alternativos y radicales. Digo extraño en la medida en que no explicita el para quién, respetable para quiénes. Un medio alternativo se encuentra con un texto cuyos argumentos parecen difícilmente rebatibles; sin embargo, están expresados de un modo brusco, sin matices, sin hermosas metáforas, de un modo, en fin, muy poco respetable. Un colectivo político organizado concibe una acción y la lleva a cabo, y la acción es poderosa y quienes la hacen se juegan la piel, pero no acaba de encajar, su estilo no es el que habríamos imaginado, sus ecos adquieren tintes gruesos, y entonces hay quien piensa que es una pena que no se haya dicho lo mismo pero de otro modo, más sutil, afinado y respetable. Y se producen los debates, y con toda honestidad se argumenta que quienes luchan, los de abajo, las de abajo, no deben renunciar al estilo, no deben permitir que la amplia cultura y el lenguaje feraz y el dominio del marketing sean patrimonio exclusivo de la clase dominante. Es razonable el argumento. Sin embargo, me gustaría contar que existe el camino y recordar que ante artículos mal escritos, poemas sonrojantes y actos sin sutileza, pocas veces hemos dicho: mirad, esos actos, esos textos, esos poemas están, a diferencia de los que a menudo aplaudimos, limpios de sangre.

Una discusión más larga atraviesa la historia de las revoluciones: la que parte de preguntarse si debemos o no renunciar a nuestra buena letra, descrita por Rafael Chirbes como el disfraz de las mentiras. ¿Debemos renegar de la alta cultura, al lenguaje cuyos significados parecen no agotarse y que por eso mismo es tan adecuado para la traición? ¿Debemos empezar de nuevo? El tema de este artículo es más leve. Trata de tener presente lo que arrastramos. Todo ese capital no simbólico que incluye viajes, lecturas, fundaciones, criterio, tiempo de reflexión, y viene con nosotros y nosotras, incluye también las formas violentas con que fue acumulado. La red ha introducido, es cierto, mayor democracia en el acceso, ahora ya no es preciso tener una biblioteca propia o una biblioteca pública cercana para poder leerlo casi todo, es un paso grande pero sabemos que no es el único. Como no es igual formarse en un país o en otro, en unas condiciones o en otras, presentar un programa político hecho en las trincheras o uno hecho en las salas de la universidad. Obremos sin paternalismo y sin compasión mal entendida. Si un texto es confuso, si tiene faltas de sintaxis, si un argumento político no está bien planteado, habrá que discutirlo y, cuando se pueda, perfeccionarlo. Pero que hacerlo no nos separe de la conciencia sobre nuestras concesiones.

El poder a menudo no necesita conspirar. Hay bibliotecas y bibliotecas, congresos y congresos, locales y locales, y prendas de vestir, gestos, formas de pronunciar, reconocimientos y subvenciones indirectas y horas. Sin explotación, sin patriarcado, sin expolio de los recursos, esa cultura con que medimos el mundo, adquirida en un tiempo que, aun sin quererlo, hemos robado, serían diferente. Y a veces nuestro apego por ella puede impedirnos ver lo que sin embargo no cesamos de buscar: un lenguaje nuevo que deberá romper tristezas, que se abrirá camino con actos y que muchas veces ya está aquí, avanzando con dificultad, con rabia, con vida, pero lo descartamos casi sin fijarnos, mientras seguimos aplaudiendo la crónica escrita con excelente vocabulario y garra de plata afilada en las joyerías del capital.

Si nuestros medios han de ser nuestros fines, quizá sea bueno recordar que sus medios son también sus fines, y al guardar sus formas, su acento, al pedir, acaso sin darnos cuenta, su aprobación, comenzamos a guardar sus contenidos, su lenguaje, sus modos de hacer. “Si dijeras lo mismo pero de otra manera, matizando, comparando, con respeto, sin maniqueísmo”, si así lo hicieras probablemente estarías diciendo algo distinto. Nos duelen esos textos que quieren, se diría, dividir, que de tan sencillos parecen toscos. Sin embargo a veces encierran el conocimiento que más necesitamos, a veces dicen cosas como que la libertad de explotar no es respetable para quienes la padecen, a veces saben, sí, esas cosas que olvidan los buenos modales.

martes, 1 de octubre de 2013

Llamado urgente de responsables de misión en Honduras de la FIDH



La Misión de Observación de la Federación Internacional de Derechos Humanos FIDH en Honduras, ha recibido de fuentes fidedignas y confiables, noticias sobre inminentes atentados contra la vida de las siguientes personas, algunas de las cuales gozan de medidas cautelares de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH:

1.- El periodista Sr. Esdras Amado López ha sido advertido por una alta autoridad del Estado, de que sería víctima de un atentado contra su vida, recomendándole que se cuidara.

El Señor Esdras Amado López ha reiterado la denuncia por  la impunidad en que se mantiene el desmantelamiento hace cuatro años de su canal de televisión Cholusat – Canal 36, por parte de las Fuerzas Armadas, comandadas entonces por el General Romeo Vásquez Velásquez, ataque en el cual también participaron efectivos de la Policía Nacional.

2.- El Señor Rafael Alegría, defensor de DDHH y Coordinador de Vía Campesina Honduras, ha sido igualmente advertido por las más altas autoridades del Estado, de que existe un plan en curso para atentar contra su vida, sin que se hayan dispuesto medidas de protección adecuadas para protegerle.   

3.- De igual forma, los comunicadores sociales Juan Ramón Flores Hueso y Claudia Garmendia y el dirigente popular Anselmo Romero Ulloa, han recibido amenazas de muerte vía mensajes de texto y/o llamadas telefónicas advirtiéndoles de la existencia de un plan para asesinarlos.

4.-Todas estas personas amenazadas de muerte son parte del Frente Nacional de Resistencia y actualmente candidatos/a a diputados/a por el Partido LibRe. La misión manifiesta su preocupación por estas amenazas y de que las personas señaladas y sus familias puedan ser afectadas en su vida e integridad física y psíquica.

5.- Por otra parte, la misión fue informada del homicidio de la coordinadora del Partido Libre, doña Silvia Ramona Aguirian y su hermana Teresa Elizabeth Aguirián, militante del mismo partido, en  Juticalpa, Departamento de Olancho, el 26 de junio del presente año. Además, se ha recibido información de otros 18 asesinatos de coordinadores y militantes de este partido, así como de múltiples amenazas y amedrentamientos a militantes y activistas de LibRe, desde junio de 2012 a la fecha. 

6.- Los hechos descritos podrían constituir un delito de persecución política de competencia de la Corte Penal Internacional. Recordamos que a partir del golpe de Estado y las graves violaciones a los derechos humanos que desde entonces se han presentado, han motivado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a abrir un examen preliminar.   

7.- Por tanto, urgimos:
- Al Presidente de la República de Honduras don Porfirio Lobo Sosa, al Ministro de Seguridad, don Arturo Corrales Álvarez, al Fiscal General de la Nación don Oscar Chichilla y a las autoridades competentes, garantizar la vida e integridad física y psíquica de Edras Amado López, Rafael Alegría, Juan Ramón Flores Hueso, Claudia Garmendia y Anselmo Romero Ulloa y de sus familias, a investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de estas amenazas y de los asesinatos denunciados.
- Al Tribunal Supremo Electoral, de ordenar el retiro de toda propaganda electoral que pueda concitar al odio, al miedo o a mayores hechos de violencia.                                       
- A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, a que solicite a la Corte Interamericana de DDHH, transformar las medidas cautelares en medidas provisionales.
-  A la Unión Europea para que integre en su misión de observación electoral un componente de derechos humanos.  
Luis Guillermo Pérez Casas                  Magdalena Garcés Fuentes

Hostigamiento judicial en contra de tres líderes indígenas del pueblo Lenca



El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Honduras.

Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido con grave preocupación informaciones de fuentes fidedignas sobre el hostigamiento judicial en contra de los líderes indígenas del pueblo Lenca la Sra Bertha Isabel Cáceres Flores, Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y los Sres. Tomás Gómez Membreño y Aureliano Molina Villanueva, integrantes de esta misma organización.

De acuerdo con las informaciones recibidas, el 20 de septiembre de 2013, el Juzgado de Letras Primero del Departamento de Intibucá dictó medida cautelar de prisión preventiva contra la Sra. Bertha Cáceres, y medida cautelar sometiendo a régimen de presentación cada quince días a los Sres. Tomás Gómez y Aureliano Molina, en la causa que se les sigue por haber presuntamente instigado a cometer los delitos de “usurpación de tierras”, “coacciones” y “daños” continuados en perjuicio de la Sociedad Mercantil Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). El Juzgado también les prohibió el acercamiento a la zona donde se produjeron los supuestos hechos delictivos. El 25 de septiembre, la defensa apeló la decisión.

Desde el pasado mes de abril, el pueblo indígena Lenca, organizado en el COPINH, se está oponiendo pacíficamente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque, ubicado en sus territorios ancestrales. El proyecto está implementado por las empresas transnacionales DESA, SINOHYDRO y el grupo FICOHSA, sin que se haya procedido a la consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas, en clara violación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por Honduras en 1995. La oposición a la represa hidroeléctrica de Agua Zarca, así como a otros proyectos similares, ha ocasionado que varios integrantes del COPINH sufrieran una serie de amenazas, ataques y actos de hostigamiento, y más recientemente, denuncias judiciales e incluso asesinatos.

En respuesta a la movilización indígena, la zona fue militarizada, y el 15 de julio de 2013 fue asesinado el líder Lenca Tomás García, presuntamente por el ejército hondureño, durante una manifestación frente a las instalaciones de la represa. La empresa DESA y el Ministerio Público acusan ahora a la Sra. Bertha Cáceres y los Sres. Tomás Gómez y Aureliano Molina de haber incitado a los miembros de la comunidad Lenca a cometer los mencionados delitos y causar daños a la empresa. La Sra. Bertha Cáceres, quien es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya está sometida a otro proceso judicial desde el mes de mayo de 2013 por el presunto delito de “porte ilegal de arma”, que habría sido puesta en su vehículo y según afirma, no le pertenecería.

Este hostigamiento judicial se desató tras una reunión sobre el proyecto Agua Zarca, realizada con el Presidente de la República y el entonces Ministro de Recursos Naturales y Ambiente, en la que no se llegó a ningún acuerdo con las comunidades pues el Gobierno hondureño habría sostenido que en este caso, no tenía la obligación de aplicar el proceso de consulta contemplado en el Convenio 169 de la OIT.

Adicionalmente, cabe destacar que el Sr. Víctor Fernández, abogado de la Sra. Bertha Cáceres y Coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, y su hermano el abogado Martín Fernández, también han sido denunciados por instigación a delinquir por la empresa minera La Victoria, tras haber investigado las supuestas irregularidades en su registro legal y actividades en el departamento de La Atlántida. El uso de esta figura penal, además de no estar fundamentado en hechos concretos, crea un precedente grave para los defensores de derechos humanos en el país, en la medida en que parece usarse para perseguir sus actividades.

El Observatorio condena el asesinato del Sr. Tomás García y manifiesta su profundo rechazo ante el hostigamiento judicial contra la Sra. Bertha Cáceres, los Sres. Tomás Gómez, Aureliano Molina, Víctor Fernández y Martín Fernández, considerando que éste se produce en respuesta a sus actividades de defensa de los derechos humanos frente a los impactos de los megaproyectos de desarrollo económico.

En este sentido, el Observatorio urge a las autoridades hondureñas a investigar con celeridad el asesinato del Sr. Tomás García y a poner fin a todo acto de hostigamiento, incluyendo a nivel judicial, contra la Sra. Bertha Cáceres, los Sres. Tomás Gómez, Aureliano Molina, Víctor y Martín Fernández, así como contra todos los líderes e integrantes del COPINH, que defienden el derecho a ser consultados sobre sus tierras, como lo establece el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:
1.- Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Bertha Isabel Cáceres Flores, de los Sres. Tomás Gómez Membreño, Aureliano Molina Villanueva, Víctor Fernández y Martín Fernández, así como de los demás integrantes del COPINH y de todos los defensores de derechos humanos en Honduras;

2.- Realizar una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial en torno al asesinato del Sr. Tomás García, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;

3.- Ofrecer una adecuada reparación a la familia del Sr. Tomás García y garantizar su seguridad e integridad física;

4.- Velar por que se ponga fin a todo acto de hostigamiento - incluyendo a nivel judicial - contra la Sra. Bertha Isabel Cáceres Flores, los Sres. Tomás Gómez, Aureliano Molina.

Misión de la FIDH recomienda destitución inmediata del presidente de la CSJ



Por Dina Meza

La misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, recomendó que como parte de las soluciones estructurales para mejorar la administración de justicia en Honduras, Jorge Rivera Avilés, presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, debe renunciar o ser destituido de inmediato, esta es una de las principales recomendaciones, entregadas a la prensa nacional este 27 de septiembre.

La misión llegó a Honduras desde el domingo anterior y tiene como objetivo verificar cómo marcha la administración de justicia en Honduras de cara al examen preliminar que está abierto contra Honduras en la Corte Penal Internacional, CPI, por el crimen de persecución política.

La delegación  está integrada por Luís Guillermo Pérez Casas, defensor de derechos humanos en Colombia y Magdalena Garcés, abogada querellante contra militares de la dictadura de Pinochet. Ambos se reunieron con diversos sectores de la sociedad hondureña y autoridades del Estado de Honduras para indagar sobre el tema.

Este viernes entregaron a periodistas de distintos medios de comunicación después de reunirse con representantes de diversos sectores sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, delegaciones internacionales acreditadas en Honduras y altos funcionarios del Estado de Honduras.

En la conferencia estuvo presente Wilfredo Méndez, Director del Centro para la Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH y Bertha Oliva, Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH. Ambas organizaciones son integrantes de la FIDH y han estado en la coordinación de esta visita al país.

Este es el texto completo del documento entregado a la prensa nacional:

Conclusiones y recomendaciones preliminares de la misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos en Honduras.

1.- Los elementos a destacar dentro de la institucionalidad
- Plan Nacional de Derechos Humanos promovido por la ministra de justicia y derechos humanos, conjuntamente con la sociedad civil.

- Recomendaciones del Consejo de Reforma a la seguridad pública al poder legislativo en relación con la autonomía e independencia del poder judicial y contra el decreto que faculta a las FF.AA para la creación de la Policía Militar y la propuesta de una policía de naturaleza civil y comunitaria.

- La existencia y funcionamiento del Comité Nacional para la Prevención de la tortura quien ha formulado recomendaciones sobre el sistema penitenciario y sobre cómo prevenir y sancionar el delito de tortura.

- La existencia de la Fiscalía Especializada en DD.HH y el compromiso de sus fiscales con la causa.

- Decisión de la Procuradora General de la República de desarrollar acciones de repetición (demanda civil) a agentes estatales responsables de atentados contra los derechos humanos, en implementación de sentencias de la Corte Interamericana de DDHH.

- Destacamos en empoderamiento de la ciudadanía hondureña de su derecho  a la participación política, que se refleja en los 27.000 candidatos inscritos para la próxima jornada electoral y la pluralidad de partidos políticos que enriquece la democracia hondureña.

2.- Observaciones sobre irregulares institucionales
- El incremento de los ataques contra defensoras y defensores de DD.HH, líderes sociales, periodistas y comunicadores sociales. La persecución judicial a Bertha Cáceres, Víctor Fernández y otros.

- Impunidad generalizada frente a las violaciones de DD.HH. En la FEDH existen 237 expedientes por homicidios en los cuales se investiga la responsabilidad de agentes estatales, sólo 38 están judicializados. La impunidad es absoluta frente a los autores mediatos o intelectuales de los crímenes.

- Constatamos la falta de recursos y de colaboración a la FEDH por parte de otros órganos del Estado, incluyendo el propio MP.

- Hay un disfuncionamiento absoluto de la justicia, concentración de poder en el presidente de la CSJ, la politización e instrumentalización de la justicia con fines electorales.

- La ley que creó el Consejo de la Judicatura no integró los derechos y deberes de los funcionarios judiciales, ni el régimen disciplinario, ni la carrera judicial para garantizar la autonomía e independencia de la justicia. Por otra parte la integración misma del Consejo ha dejado dudas sobre la idoneidad de sus integrantes.

Recibimos denuncias de distintas autoridades y de la sociedad civil, sobre hechos de corrupción que comprometerían a muchos operadores judiciales y en particular al Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Insistimos en repudiar la manera irregular en que fueron destituidos los 4 magistrados de la Sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

- La designación por parte del Congreso del Fiscal General y del Fiscal Adjunto, no habrá respetado ni el mandato legal ni el constitucional.

- Constatamos que no existe voluntad del ejecutivo nacional y de otras autoridades del Estado de implementar y de hacer respetar el Convenio 169 de la OIT, especialmente el derecho a la consulta libre e informada, que al haber sido ratificado por el Estado hondureño tiene fuerza legal.

Nos preocupa la decisión de órganos del gobierno de contribuir a la división de las comunidades indígenas, patrocinando hechos de corrupción para desconocer los derechos de estos pueblos.  

3.- Recomendaciones
1.- Desarrollar una política pública concertada con los y las defensoras de DDHH, para reconocer la legitimidad su trabajo y la seguridad que debe rodear su accionar conforme a la declaración de Naciones Unidas para la protección de Defensores/as de DDHH.

El presidente de la República debe en lo inmediato garantizar la vida e integridad de los defensores/as de DDHH y expedir una directiva para que todos los funcionarios públicos se abstengan de descalificar la labor que desarrollan.

Los procesos abiertos contra defensores/as de DDHH deben contar con garantías de un debido proceso y aquellos que han instrumentalizado la acción judicial para perseguir esta legítima labor deben ser sancionados disciplinaria y penalmente. Instamos al Ministerio Público a ceñirse estrictamente en su labor al principio de objetividad  

2.- Instamos al Congreso Nacional a derogar de inmediato  el decreto por el cual se establece la Policía Militar y se extiende la criminalización de la protesta social.

3.- Requerimos al Fiscal General y a los demás órganos del estado concernidos, que se fortalezca la FEDH. Además que se mantenga dentro de las competencias de la FEDH la tramitación de expedientes relativos a homicidios en que aparezca comprometida la responsabilidad de agentes del Estado.

Recomendamos a la Fiscalía General desarrollar una política de persecución penal que ponga énfasis en individualizar a los máximos responsables de los crímenes y a desarrollar macro investigaciones sobre los principales beneficiarios de los mismos.    

4.- Se debe establecer por el Congreso un cuerpo técnico de investigación judicial de naturaleza civil adscrito al Ministerio Público.

5.- Las recomendaciones  de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, de la sociedad civil y de otras autoridades tendientes a la desmilitarización de la institucionalidad y de la seguridad, así como de la plena autonomía e independencia del poder judicial, deben ser recogidas por el Congreso Nacional.

6.- Implementar la reforma al Código Penal que tipifique los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma, así como las normas de imprescriptibilidad e inamnistiabilidad de estos crímenes. Se debe integrar la autoría mediata de los crímenes y la responsabilidad penal de comisión por omisión en los mismos, así como sancionar penalmente el delito de odio y hostigamiento por razones políticas.

7.- Recomendamos al Congreso Nacional de abstenerse de la modificación del art. 321 del Código Penal.

8.- Instamos a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, a abrir lo antes posible en Honduras una Oficina que tenga el mandato de asesorar a las autoridades y a la sociedad civil y también el de monitorear integralmente los DDHH.

9.- A la Unión Europea, instamos a la plena implementación de sus Líneas Directrices para la protección de los defensores/as de DDHH.

10.- Invitamos al Tribunal Supremo Electoral a retirar cualquier forma de publicidad que incite al hostigamiento o al odio político o a la instrumentalización de las Fuerzas Armadas de una determinada fuerza política.   

Que la Fiscalía de Delitos Electorales actúe con absoluta independencia e imparcialidad y se ciña al principio de objetividad que la debe guiar.

11.- Instamos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que del examen preliminar pase a abrir lo antes posible una investigación sobre los máximos responsables del crimen de persecución política en Honduras 

Los funerales de Pablo Neruda

Proceso

Por Mario Casasús *

Este 23 de septiembre se cumplen 40 años de la muerte (¿asesinato?) del Poeta de América Pablo Neruda. El episodio ha sido abordado por el documental, el cine, la radio, los libros… Ahora el chileno Luis Sepúlveda y el italiano Renzo Sicco acaban de estrenar la obra de teatro El funeral de Neruda, de la cual habla el primero en entrevista. En nota aparte, el escritor Rafael Vargas Escalante sintetiza, de su libro inédito sobre las relaciones de Neruda con México, el deseo del poeta de vivir en nuestro país.

El peregrinaje de los huesos del poeta Pablo Neruda inició el 7 de mayo de 1974, cuando trasladaron el féretro al nicho 44 de la calle México, en el Cementerio general de Santiago; sus restos permanecieron inmóviles en la capital chilena hasta el 12 de diciembre de 1992. Sin embargo el día del funeral oficial regresó la represión como aquella tarde del 25 de septiembre de 1973, según recuerda la bibliotecóloga María Eugenia Velasco Martner, hija de Francisco Velasco y María Martner, los mejores amigos de Neruda en Valparaíso: “Yo estaba arriba de Isla Negra -junto a mis padres y Teruca Hamel muy emocionados con la ceremonia de la entrada de los restos-, cuando veo que dan la orden de reprimir y los carabineros bajaron por la calle que da a la playa, montados a caballo, vi a la gente arrancando por las rocas y algunas banderas tiradas en la arena. Fue un espectáculo indignante”.

Cuarenta años después, la tumba del poeta está vacía, los huesos descansan en la morgue del Servicio Médico Legal y un par de muestras óseas se encuentran en la Universidad de Carolina del Norte y en la Universidad de Murcia para intentar esclarecer, desde sus laboratorios de toxicología, el presunto asesinato de la noche del 23 de septiembre de 1973, denunciado por Proceso hace un par de años. El tercer funeral será el definitivo, un desagravio a las dos ceremonias reprimidas por el Estado en 1973 y 1992.

Dos documentales registraron el primer funeral: Santiago. Ciudad violada   (Suecia, 1973) de Jan Sandquist, y Septiembre chileno (Francia, 1973) de Bruno Muel. Se cuenta también con otros registros, pero en formato de televisión, y existen fotografías imprescindibles de la venezolana Fina Torres, del chileno Marcelo Montecino y del brasileño Evandro Teixeira, haciendo hincapié en los detalles gráficos del rostro de Neruda en el ataúd, que desmienten la caquexia (desnutrición extrema) que certificaron como causa de muerte, y muestran el peso de 100 kilos del poeta al momento de morir, por lo cual el presunto asesinato recobra fuerza.

Dos libros registraron el primer funeral: Neruda: entierro y testamento (España, 1973), escrito por Álvaro Sarmiento (con fotografías de Fina Torres), y Funeral vigilado , escrito por Sergio Villegas, que en realidad es un fragmento del libro: El Estadio. 11 de septiembre en el país del edén (Argentina, 1974).

A 40 años del suceso llega una nueva obra de teatro, escrita por el dramaturgo y novelista chileno Luis Sepúlveda y el italiano Renzo Sicco. En entrevista con Proceso, el primero cuenta los avatares tras bastidores de la pieza titulada: El funeral de Neruda.

- Luis, ingresaste a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, y militaste en las Juventudes Comunistas por influjo de la poesía de Neruda. ¿Recuerdas las dos decisiones fundacionales en tu vida al escribir la obra de teatro El funeral de Neruda?

- Cuando junto a Renzo Sicco nos sentamos a tirar línea sobre la que sería más tarde la obra, más que nada pensamos en los materiales de que disponíamos: el testimonio del chofer de Neruda, el talento de Renzo a la hora de convertir en teatro textos escritos para ser leídos como partes de un libro, y lo que los dos teníamos de información reunida sobre el tema. Renzo y su Assemblea de Teatro ha dramatizado muchos de mis libros o parte de ellos, y los resultados han sido siempre muy buenos. Ya es casi un ritual que cada vez que presento un nuevo libro en Italia, empiece por hacerlo en Turín, y que Renzo lleva a las tablas una parte del libro. Nos une una amistad de muchos años y eso facilita mucho cualquier trabajo que emprendemos.

- ¿Cómo describirías el proceso creativo junto a Renzo Sicco? ¿De quién fue la idea de escribir El funeral de Neruda?

- Con Renzo Sicco coincidimos en muchos aspectos, de una parte está mi formación teatral y de otra su larga experiencia dirigiendo y adaptando textos literarios para el teatro. La idea ya existía, Renzo había dramatizado un texto mío sobre la muerte de Neruda, y ese fue el punto de partida. No sé si se puede hablar de un proceso creativo, porque los dos tenemos experiencia, y esa experiencia nos permite decidir en qué parte de la obra hay naturalismo, en qué otra parte es aconsejable el teatro experimental, pasar de Stanislawski a Grotowski, o a Brecht y el distanciamiento, o usar elementos de la comedia del arte. Ambos tenemos conocimientos y los ponemos al servicio de la obra que queremos lograr.

- ¿Cuándo viste por primera vez los documentales europeos que filmaron el funeral de Neruda?

- Empecé a ver material documental en Europa, a partir de 1980, Los vi con emoción, desde luego. También conocí los primeros años de la Resistencia en Chile, los primeros esfuerzos organizativos y de juntar todo el material que se lograba salvar para mantener un archivo de la memoria histórica del país.

- ¿Conocían la adaptación al teatro de “Funeral vigilado. La despedida a Pablo Neruda” (1974) escrita por Sergio Villegas?

- No, ignoro si Renzo la conocía. Alguna vez, en los años 80 vi una obra que montó el Berliner Ensemble, el teatro de Brecht en Berlín oriental.

- ¿Qué tipo de comentarios recibieron durante la primera puesta en escena de El funeral de Neruda?

- Tanto en Chile como en todos los países donde se ha mostrado la obra la respuesta ha sido emotiva, entusiasta, y ha generado debate, así que con eso nos damos por satisfechos.

- ¿Reeditarán El funeral de Neruda en el resto de Latinoamérica?

- Si alguien lo quiere editar, pues muy bien, con tal que no sea la Fundación Pablo Neruda. Hay varios grupos de teatro latinoamericanos que han puesto en escena la obra y nos parece muy bien la multiplicación del esfuerzo.

- ¿Cómo registraron la muerte de Neruda en la obra de teatro?

- Evitamos el momento preciso de la muerte porque el acto de nacer y el acto de morir son las dos ceremonias más íntimas de los seres humanos, y además no queríamos hacer elucubraciones sobre la agonía, eso habría sido una morbosidad injustificable.

- ¿Qué piensas ante la posibilidad del asesinato denunciado por Manuel Araya en el semanario Proceso?

- Como se dice en la primera adaptación de un texto mío adaptado por Renzo, hay muchas maneras de matar a un poeta. Una de ellas es la denegación de asistencia médica oportuna, otra es la de condenarlo a ser testigo cercano de la muerte de tantos compañeros a los que Neruda quiso, obligarlo a saber de la persecución y muerte de la gente humilde y de los jóvenes a quienes Neruda siempre se entregó de corazón. Y está también la posibilidad del asesinato alevoso. Las declaraciones de Manuel Araya y lo que de a poco hemos ido conociendo, como que Pinochet poseía agentes neurotóxicos capaces de matar a toda la población de Santiago, hacen muy verosímil la idea del asesinato.

- ¿Leíste las noticias sobre la exhumación de Neruda?, ¿se debe desenterrar el pasado?

- Me he mantenido informado sobre todo lo que ha ocurrido con la exhumación y ahora, como muchos, espero los resultados definitivos que entregarán los forenses y los patólogos. El pasado está ahí, es muy reciente, no está enterrado. Quisieron enterrarlo pero no lo lograron.

- ¿Qué opinas del papel de la Fundación Neruda al invertir el copyright del poeta en la empresa de un asesor de Pinochet y ante su negativa para cumplir la última voluntad de Neruda?

- No comparto nada de lo que ha hecho y hace la Fundación Pablo Neruda. Me parece indigno que hayan violentado el testamento y la voluntad de Neruda. Tuve una conversación muy dura con el presidente la Fundación Neruda cuando Bush visitó Chile y su esposa pidió visitar una de las casas del poeta. Mi opinión era que simplemente le dijera que no, y sin mayor discusión, pero según él había extrañas razones de Estado que me parecieron absurdas.

* Corresponsal en México del Clarín de Chile . Entrevista publicada originalmente en el semanario Proceso.(22/09/2013).

El avance de una videovigilancia y el análisis biométrico sin garantías ciudadanas


Por Fran Andrades


Los sistemas de captación de imágenes y su integración en sistemas de reconocimiento biométrico avanzan hacia unaintegración paulatina de fuentes cada vez más diversas. De nuevo la excusa del terrorismo parece servir como paraguas bajo el que desarrollar e implementar estos sistemas.
Los atentados en la maratón de Boston pusieron de nuevo el foco en la importancia de la recopilación de datos personales a través de tomas de video captadas por cámaras de vigilancia en las calles. Todo el despliegue y la discutida actuación de la policía en torno a la búsqueda y captura de los responsables han servido para poner sobre la mesa de nuevo el debate a propósito de los fines que un sistema de vigilancia tiene.

Automatizando la vigilancia
El avance de los sistemas biométricos y de vigilancia, junto con la elaboración de bases de datos masivas que permiten una identificación sobre la marcha y un rastreo completo del individuo. Diversas naciones, entre las que destacan algunas de particular tradición democrática como los Emiratos Árabes, se encuentran en este momento desarrollando sistemas de control e identificación ciudadana.

Si este sistema se combina con otros elementos de escaneo personal, y el rastreo de terminales móviles podemos inferir que sistemas de vigilancia integrales están muy próximos a ser una realidad concreta. Así podemos argumentar que no está nada lejos un sistema de vigilancia la estilo de series como Person of interest, en donde el rastreo personal mediante una multiplicidad de sistemas integrados puede determinar nuestra ubicación, sobre todo en entornos urbanos, de forma muy precisa.

El FBI y su sistema de identificación biométrico
La Electronic Frontier Foundation (EFF) acaba de elevar una demanda de información al FBI para que explique y libere la información relativa a la base de datos biométricos de que dispone actualmente para elevar a debate público los aspectos legales y su implicación respecto a las libertades y derechos civiles.

Denominada Next Generation Identification (NGI), la gran base de datos que el FBI está elaborando es en la actualidad uno de los más potentes mecanismos de control de toda la historia. En este sentido, trabajan para ampliar los datos de huellas dactilares añadiendo información relativa a escáneres de palma de mano, del iris ocular y sobre todo de fotografías y videos. Uno de los puntos que más suspicacias ha levantado es precisamente ese nuevo método dereconocimiento facial mediante captación de imágenes por circuito de videovigilancia, un sistema que se espera tener a pleno rendimiento para 2014 y mediante el cual podemos ser ubicados sobre la marcha en cualquier lugar donde esta red de cámaras capte nuestra imagen.

El sistema de identificación dactilar de NGI a cargo de la conocida contrata Lockheed Martin, luego completada con otras empresas tecnológicas entre las que destacan IBM o Accenture, había sido en primer lugar utilizado para listar a todos los detenidos. Sin embargo, su ampliación a sistemas de vigilancia y de reconocimiento facial aumenta su rango de acción a la escala de toda la ciudadanía.

La abogada de EFF Jennifer Lynch, afirma que” NGI se traducirá en una expansión masiva de la recogida de datos del gobierno con fines criminales y no criminales” lo que significa que cada vez más mecanismos de control sin orden judicial están en poder de agencias de información. De hecho, señala que en la actualidad, el FBI cuenta con la mayor base de datos biométricos existentes en el mundo, con un total de 66 millones de registros criminales, 25 millones de registros civiles y 91 millones de huellas digitales individuales entre todos sus diferentes registros. Si a esto añadimos la progresiva privatización de los servicios de seguridad, como ha demostrado el caso Snowden, nos encontramos con un panorama en el que la vigilancia de ciudadanos sin garantías y de forma opaca pude ser la norma.

Con esta demanda, la EFF busca que el debate ciudadano y el conocimiento de las formas con las que estas nuevas bases de datos biométricos van a ser elaboradas y las garantías de protección de la privacidad que estas deben ofrecer.

Trapwire, INDECT y NDAA: Un Gran Hermano global y privado
Tres nombres destacan entre los sistemas de vigilancia y filtrado de datos biométricos, Trapwire, INDECT y NDAA. En común, todos ellos son mecanismos de control ciudadano y formulaciones que difícilmente pueden entrar en consonancia con las garantías individuales.

El caso de la compañía Trapwire y su sistema de vigilancia remota ha sido revelado por WikiLeaks en 2011 como un sistema sofisticado de seguimiento e identificación individuos basado en la integración de diversos elementos de identificación biométrica, fundamentalmente con la videovigilancia. El software de Trapwire, desarrollado en 2004 por The Abraxas Corporation, empresa fundada por ex miembros de la CIA, es fundamentalmente un sistema que emplea las cámaras de videovigilancia para procesar las facciones.

El nuevo marco legal que ampara a este sistema es la National Defense Authorization Act (NDAA). Esta ley ha estado desde su inicio en el centro del huracán mediático entre otros motivos por hacer posible lagunas de derechos como la prisión de Guantánamo. Asimismo posibilita la suspensión de derechos cívicos y da soporte legal a acciones muy discutidas en la “guerra contra el terrorismo” como la facultad para detener a capturados en campo de batalla. Esto se hace extensivo a enemigos internos considerados terroristas. En resumen esta leytransfiere al Departamento de Defensa prerrogativas propias del de Justicia. Así cualquier acusado de “terrorismo” deja en suspenso sus derechos, pudiéndose encarcelar indefinidamente a personas sin formular una acusación, imputar cargos ni emplazar a juicio. Casos como el de Barret Brown, una de las voces más reconocidas de Anonymous y actualmente en prisión es paradigmático en este sentido y aunque menos conocido es bastante similar al de Snowden.

Entre las revelaciones más significativas de Brown, destaca la progresiva privatización y delegación de servicios de seguridad y espionaje a compañías externas a los servicios estatales. En concreto, se indica que actualmente ronda la cifra de 2.000 compañías las vinculadas de un modo u otro a la seguridad privada y el espionaje.

Por último, Europa no permanece al margen y el sistema INDECT(Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment), que cuenta con una importante financiación pública por parte de la propia Unión Europea y la colaboración de estamentos públicos, entre cuerpos policiales y Universidades también avanza en una dirección similar. Arropada desde 2009 con una partida incial de 11 millones de euros en fondos de la unión y con el clásico argumentario de la seguridad, este sistema se nutre esencialmente de los circuitos de videovigilancia, que trata de intercambiar y combinar para poder realizar un seguimiento completo de “comportamientos sospechosos”.

Criticada por activistas de las libertades como un sistema orweliano de control ciudadano, INDECT, también integra herramientas de control y catalogación de conductas en la red, mediante el control de contenidos de redes P2P, foros o webs. La respuesta ambigua de la Comisión Europea, al activista Shami Chakrabarti de la ONG Liberty, emplazándolo a una eventual “auditoría ética”, aunque remarcando la importancia para la prosperidad europea de la “seguridad” no hizo mas que acrecentar las dudas al respecto.

Este tipo de sistemas debe ir acompañado, como en el caso estadounidense, de un cuerpo legal que en este caso ofrecen documentos como el denominado 8570/10, que pretenderestringir las libertades de individuos supuestamente “radicalizados”. Con ello se abre la puerta a que el sistema pueda avanzar ateniéndose a una particular interpretación del derecho.

Con este panorama, polémicas como las del reconocimiento facial integrado por Facebook el pasado año cobran una dimensión completamente diferente. Si bien es cierta su retirada, la demostración de esa capacidad tecnológica y la subsiguiente facilidad para el cruce de datos, sobre todo a la luz de sistemas como PRISM, no deja de levantar suspicacias sobre qué grado de integración de datos personales existen en la actualidad y en qué manos están.