lunes, 23 de julio de 2012

De las rupturas populistas a los gobiernos de cambio en América Latina



Por Íñigo Errejón

1.- Introducción: Crisis y postpolítica
En Europa la crisis capitalista sobreviene en medio de una crisis política expresada fundamentalmente como crisis de sentido: estrechamiento extremo del ámbito de la política, de su prestigio y de su utilidad misma para la mejora de las condiciones colectivas de vida. Los sistemas políticos hace tiempo que fueron convirtiéndose en dispositivos administrativos al interior de los cuales no subyacen diferencias ideológicas sustanciales. Con el estallido de la crisis la deriva postpolítica se acentuó, a medida que la salida regresiva y las medidas procíclicas neoliberales eran presentadas como una receta técnica, la única posible, colocando así sus presupuestos ideológicos y los intereses particulares que promueve a salvo de la discusión y la crítica.
En este contexto cultural e ideológico, la acumulación de insatisfacciones y frustraciones, incluso si produce un aumento de la desconfianza con respecto a las élites dirigentes, encuentra un bloqueo que limita seriamente su impacto sobre la correlación de fuerzas en favor de las posibilidades de cambio político.

Los efectos sobre las clases subalternas de las políticas regresivas de ajuste y la percepción de sometimiento de las instituciones de la soberanía popular a los poderes privados de la economía pueden generar fenómenos de lo que los politólogos llaman “desafección democrática”, o incluso de crisis de representación. Sin embargo, estas situaciones son relativamente compatibles con el mantenimiento del status quo en la medida en que la resignación y el cinismo bloqueen las posibles alternativas, suturando así parcialmente la brecha entre representantes y representados e impidiendo su dicotomización y por tanto la erosión del consentimiento pasivo de los gobernados hacia los gobernantes. El bloqueo de horizontes alternativos puede contribuir así a recluir las protestas en su dimensión expresiva.

En América Latina se vivieron situaciones similares entre finales del siglo XX y comienzos del XXI, algunas de las cuales decantaron en fenómenos de transformación política. En una mayoría de los países de la región se produjeron, en las últimas dos décadas, procesos agudos de crisis del sistema político y de régimen que en muchos casos generaron la apertura de un nuevo ciclo político y de reforma o refundación del Estado: en Venezuela, en Bolivia o en Ecuador. En otros simplemente han habido cambios electorales que han dado paso a gobiernos de fuerzas progresistas: en Brasil, en Uruguay, o en Argentina, en Paraguay, o, con muchas dudas, en Perú.

Todos estos procesos constituyen, por encima de sus diferencias, evoluciones y contradicciones, “momentos políticos” en los términos de Jacques Rancière: impugnaciones del monopolio de la palabra legítima por los sectores subalternos, y puestas en evidencia de la contingencia –el carácter no necesario, sino construido en una relación de fuerzas cambiante- de toda configuración de la comunidad política [2] , lo cual abre las puertas a su redefinición colectiva. En esa medida es pertinente su análisis y evaluación, precisamente desde unas circunstancias en las que la reflexión política crítica parece estrellarse siempre con el predominio de un relato que preconiza el fin de la política como actividad colectiva de transformación.

Así, este artículo se centra en aquellos momentos que parten de lo que llamaremos una “ruptura populista” con el orden constituido. Se analizan brevemente esos procesos y se discute su estado actual, con especial énfasis en los desafíos que enfrentan en la actualidad los Gobiernos que salieron de los mismos.

2.- El tránsito latinoamericano: de la crisis a la destitución y a la hegemonía “posneoliberal”

Los programas de ajuste estructural neoliberal comenzaron a ser desarrollados en América Latina en la década de los años 80 del siglo pasado (con el Chile de Pinochet como pionero y alumno aventajado de las directrices de los Chicago boys). También allí llegaron al calor de la crisis y con la deuda externa como elemento disciplinador de los diferentes gobiernos nacionales, y acorazados por un prestigio intelectual que desarmaba y aislaba las diferentes resistencias, presentando las reformas como la única vía razonable hacia el desarrollo y/o contra la crisis. Este proyecto de reforma del Estado estaba acompañado por un relato que exitosamente multiplicaba las expectativas de ascenso social individual y dinamitaba las identidades colectivas y los lazos comunitarios.

Con el nombre de “Consenso de Washington” comenzó a conocerse una agenda internacional de reformas estructurales que convertía las ideas neoliberales en un proyecto estatal [3] . El resultado en el corto y medio plazo de estas medidas ha sido abundantemente documentado, y todos los estudiosos coinciden en destacar su efecto de empobrecimiento sobre las clases subalternas, atacadas en sus empleos y en las prestaciones públicas y mecanismos ya débiles de protección social [4]. El aumento consiguiente de las quejas y protestas, se encontró con unas estructuras públicas severamente debilitadas y reducidas, incapaces de solventar las demandas que recibían. Al mismo tiempo, el éxito transversal de la ideología neoliberal disminuyó significativamente las diferencias entre los principales partidos políticos, y la corrupción favorecida durante los procesos de privatización de activos públicos -verdadero lubricante del acuerdo entre élites- profundizó el desprestigio de la política y los políticos. Esto fue agrandando la brecha entre representantes, percibidos cada vez más como una misma casta egoísta, sin importar sus diferentes siglas, y representados.

Con formas, intensidad y recorridos distintos en cada caso, las protestas sociales, inicialmente aisladas o recluidas a la fuerza en un estadío “económico-corporativo”, cobraron pronto un carácter directamente político o “ético-universal”, en términos gramscianos. La acumulación de impugnaciones particulares, que aglutinaba a un conjunto social y político muy heterogéneo, comenzó a cristalizar en reivindicaciones concretas que jugaron el papel de ariete y frontera con respecto al orden instituido. Estos procesos destituyentes no fueron nunca lineales ni unidireccionales, pero polarizaron en general sus sociedades, constituyendo una “voluntad colectiva nacional-popular” nacida de una articulación laxa de temas y aspiraciones de lo más variado, que se agrupaban en su voluntad destituyente y, más tarde, en torno a nombres necesariamente “vacíos” (fuesen estos fechas, símbolos nuevos inventados en la protesta o nombres propios de líderes carismáticos) para poder representar una totalidad tendencialmente irrepresentable. Este fue el modo general de articulación de unos sectores sociales subalternos extremadamente fragmentados y dispersos por los efectos económicos y culturales de las reformas neoliberales, y cuya subjetivación se produjo en una identidad nacional- plebeya de límites y contornos vagamente definidos. 

El “desborde populista” [5] que los sistemas políticos neoliberales sufrieron produjo situaciones agudas de crisis de régimen, en las que los grupos dirigentes fueron perdiendo la capacidad de obtener consentimiento pasivo primero, y finalmente la capacidad de conseguirlo por la fuerza después. Por esa fractura política abierta, se introdujeron actores políticos no convencionales (militares nacionalistas opuestos a la élite, académicos antineoliberales, sindicalistas campesinos, etc.) que lograron ir introduciendo una dicotomización política que finalmente les llevó al gobierno, como la encarnación del cambio que el país real, empobrecido y marginado, reclamaba frente a unas élites incapaces y supeditadas a los intereses extranjeros.

Estas fuerzas llegaron así al gobierno por un medio complejo: no se trataba de insurrecciones ni revoluciones, pero tampoco de una mera sustitución electoral de élites.

Los nuevos gobiernos se debían a una esperanza radical de cambio expresada como ruptura con el sistema político, pero no con el Estado, lo cual sería definitivo en su desarrollo: los outsiders conquistaron sólo el poder político, y se encontraron frente al resto de poderes que, en Estados de tradición oligárquica, habían regido hasta entonces la marcha de las instituciones y la sociedad. Sus mandatos, en efecto, han estado marcados de manera fundamental por las tensiones con el grueso de los aparatos estatales y poderes políticos no sometidos a la soberanía popular, como los cárteles mediáticos privados –constituidos en el principal papel opositor ante el derrumbe de los partidos tradicionales- los grupos empresariales, o la judicatura.

3.- Algunos rasgos comunes de los gobiernos “antineoliberales” en América Latina 
Pese a las importantes diferencias, se puede establecer una agenda común mínima de los gobiernos de cambio en América Latina, de la que nos ocupamos a continuación. También una serie de problemas o retos compartidos, discutidos someramente en el siguiente epígrafe.

Las rupturas populistas, como conformación de identidades populares ambivalentes y transversales por fuera y contra el orden establecido, han tenido en las últimas tres décadas en América Latina un rasgo ideológico fundamental: el antineoliberalismo (con todas las precauciones que la suma de dos prefijos parece indicar). Se trata de una interpelación programática no cerrada, marcada por contenidos mínimos para la reversión de las reformas regresivas destinadas a redistribuir la riqueza social aún más a favor de la minoría más rica y los países del norte. 

Más que “de izquierdas”, un significante con su significado puesto patas arriba por los procesos destituyentes anteriores (pero también por el compromiso con los programas de ajuste de muchos partidos e intelectuales “de izquierdas” en la región), estos gobiernos pueden ser mejor descritos como “antineoliberales”. Y de ahí se deriva su agenda para la reforma del Estado:

§ La inclusión ciudadana de las amplias capas de población que habían caído a los márgenes de la vida nacional y por supuesto de la cobertura social y el reconocimiento oficial, en particular los indígenas, con posiciones que van de las políticas de inclusión a la descolonización de los aparatos Estatales.

§ La recuperación de los recursos naturales antes privatizados y de importancia crucial en el PIB nacional; regreso del Estado a la economía no solo como garante del orden y la propiedad, sino también como promotor y coordinador del desarrollo y la diversificación, así como para la redistribución de la riqueza y la garantía de las principales necesidades sociales. 

§ La afirmación de la soberanía nacional como principio fundamental en las relaciones exteriores, la ruptura con la tutela norteamericana y la afirmación de una integración regional “posliberal” [6], caracterizada por el énfasis en los lazos políticos y sociales antes que en los comerciales. 

§ Una interpelación nacional-popular que identifica a las mayorías empobrecidas con “la patria”, y vincula la defensa de ambas en una movilización política permanente, que es, junto con la alta frecuencia de contiendas electorales, la palanca desde la que el Gobierno trata de desmontar el Estado heredado frente a la resistencia de los núcleos de poder conservadores. 

4.- Los retos de los procesos de cambio

Esta agenda común ha marcado un ciclo de auge electoral, innovación intelectual y experimentación política en América Latina. Un ciclo protagonizado por la movilización de los sectores populares primero contra los regímenes neoliberales y el intento de reducir la política democrática a una competición electoral entre élites por la administración tecnocrática de un mismo modelo; y en un segundo momento, por la movilización popular para sostener a Gobiernos que parecían haber entrado como “intrusos” en la estructura estatal dominada mayoritariamente por las élites tradicionales.
El contexto internacional ha sido excepcionalmente favorable para este ciclo de cambio político. El declive de la primacía estadounidense en la economía global y en el sistema interestatal ha limitado seriamente su capacidad de intervención en la política latinoamericana, lo cual es siempre una buena noticia para las opciones políticas de las clases subalternas. Además, los altos precios de las materias primas en el mercado internacional [7] han permitido a los nuevos gobiernos, sin mayores transformaciones económicas, altas tasas de crecimiento con importantes programas de gasto social y mejora de las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos.

Y, entonces, ¿América Latina va camino del llamado “socialismo del siglo XXI”? La importancia de los nombres en política no radica sólo en su capacidad para describir hechos sociales, sino también, de manera crucial, en su capacidad de constituir imaginarios, de influir en lo que se imagine como posible y/o deseable. De esta manera, el término ha hecho fortuna y sin duda ha contribuido a expandir el horizonte político de la región, y eso es un dato en sí mismo, por más que pueda ser equívoco si remite a una comparación con las experiencias socialistas europeas y asiáticas del siglo XX. Sostendría que el término tiene más vigor por su capacidad de señalar una agenda conjunta que como corpus ideológico. Es indudable que hay una tendencia general en la región hacia el cambio político presidido por las demandas de los sectores históricamente subordinados y excluidos, que cristaliza en los ejes ya mínimamente presentados.

No obstante, el desarrollo de un proyecto de poder político que convierta esas demandas en transformación social, en una necesaria negociación con las inercias adquiridas y las resistencias de los poderes conservadores internos y externos, pero también de equilibrio entre las urgencias a corto plazo y las del largo plazo, exige pensar en términos de transición marcada por diferentes tensiones, más o menos creativas, que constituyen los retos fundamentales de los procesos políticos latinoamericanos [8].

Merece la pena por ello apuntar algunos elementos críticos para la evaluación de estas experiencias políticas, de sus recorridos y de sus contradicciones. Los que siguen no son necesariamente todos los existentes, pero sí algunos de los más relevantes, que marcan de manera central su presente y sus posibles evoluciones futuras:

En el plano de la transformación económica, la permanencia del patrón primario-exportador dificulta los planes de diversificación y cambio de modelo productivo para una inserción menos subordinada en el sistema-mundo. No obstante, en este punto hay que ser cuidadosos para no situar la cuestión sobre un plano ético intachable pero perfectamente incapaz de impactar sobre la dinámica de transición en la que viven estos países. Los gobiernos elegidos han de responder a las esperanzas inmediatas de redistribución de la riqueza y mejora de las condiciones de vida de las mayorías subalternas, que no están dispuestas a esperar dos décadas de acumulación virtuosa, y para ello, en el corto plazo, deben emplear los recursos que tienen a su disposición. El equilibrio entre esta necesidad y la del medio/largo del cambio de modelo productivo es tan sencillo sobre el papel como complejo en la realidad, también por las inercias que el modelo extractivista ha imprimido en los últimos cinco siglos. En realidad este difícil equilibrio es básicamente el de la perspectiva transicional de Gobiernos de cambio que necesitan contemporizar con sus adversarios, modificar drásticamente una estructura históricamente consolidada, y renovar la confianza de los ciudadanos periódicamente. Está presente por ello en todos los elementos siguientes. 

Relacionada con esta cuestión está la tensión entre el desarrollismo y el llamado “posdesarrollo”, o desarrollo no devastador de la naturaleza [9]. Contrariamente a lo que parecía predicar la antigua teleología socialista, los gobiernos de cambio latinoamericanos se ven confrontados con decisiones que han de transar entre bienes públicos igualmente deseables: sin crecimiento no hay recursos para repartir, y los países pobres crecen, en el corto plazo, sobre los rubros que pueden. Al mismo tiempo, ese crecimiento hipotecará el futuro si se hace con pérdidas de biodiversidad. Estos conflictos han sacudido recientemente Bolivia por la carretera andino-amazónica o Ecuador y Perú por los proyectos de minería a cielo abierto. 

La sedimentación institucional de la actual correlación de fuerzas es otro de los complejos retos pendientes para los procesos de transformación en América Latina. El nuevo pueblo emergente, debe dotarse, además de un nuevo pacto social y una nueva constitución, de canales que vehiculen la participación, que establezcan nuevos procedimientos conocidos, eficaces y transparentes para la gestión de los bienes comunes, que ordenen los lugares y normas en la comunidad política de acuerdo a las nuevas prioridades sociales y a los mandatos de una soberanía popular particularmente activa. Los avances en política social constituyen a este respecto un buen ejemplo, central en los procesos de cambio: La canalización hacia los sectores más empobrecidos de gran parte de los excedentes recuperados de la explotación de recursos naturales ha supuesto un significativo salto adelante en la lucha contra la pobreza [10], pero su consolidación y universalización requiere ahora el paso de la política de bonos y transferencias directas de renta, a una institucionalización de servicios que, en tanto que derechos de ciudadanía, desmercantilicen la satisfacción de un número creciente de necesidades sociales básicas [11]. 

Este es el momento menos épico de los procesos de transformación, pero absolutamente imprescindible para que el empuje de los grupos históricamente subordinados se convierta en leyes y proyectos que impacten efectivamente en sus condiciones de vida y en la distribución de la riqueza socialmente producida. 

En ausencia de ésta sedimentación en nuevas instituciones, los procesos políticos se nutren de un estado de movilización constante que es extraordinariamente positivo para evitar las tentaciones de dar por concluido el momento constituyente democrático, pero que tensa permanentemente la vida política, transformando a menudo los Gobiernos en equipos de campaña más que en ejecutores de un programa de transformación social. Esta tensión remite a la inestable gestión en estos procesos de la “frontera” que marca los límites del pueblo, en construcción permanente: entre la reabsorción del adversario en la nueva hegemonía de la agenda y la narrativa “oficialista” –y el traslado consiguiente de las pugnas más importantes al interior de este campo-, y la permanente expulsión de una parte de la comunidad política como el “afuera constitutivo” frente al que se cohesiona la identidad política hegemónica [12]. 

Uno de los desafíos quizás más conocidos es el que entraña la dependencia de estos procesos de cambio de los liderazgos carismáticos que articulan el bloque social hoy hegemónico o al menos en el gobierno. Es necesario aquí traspasar los tabús liberales, y reconocer que todo liderazgo supone siempre, en contextos democráticos, una relación de representación bidireccional, en el que el líder puede serlo mientras dé forma y encarne en forma satisfactoria las esperanzas de sus seguidores, que retienen así una considerable autonomía y capacidad de revocar la confianza cuando sus expectativas no se cumplan o hayan mutado. No obstante, los hiperliderazgos que descansan en una comunicación plebiscitaria con la ciudadanía, impiden el desarrollo de dispositivos organizativos y de liderazgos secundarios que permitan sustituir el papel catalizador del nombre propio a cuya suerte biológica parece a veces ligada el del propio proceso de transformación. En todos los procesos, en los que el nombre del líder constituye la verdadera frontera que divide el campo político, queda la incógnita de si esta frontera, y su alineación oficialista mayoritaria correspondiente, sobrevivirá al cuerpo del “compañero Presidente” [13]. 

Por último, queda la disputa más abierta, por la expansión democrática al tiempo que por la reducción de la influencia en el proceso político de los poderes privados –o estatales pero no emanados de la voluntad popular, las llamadas “instituciones contramayoritarias”- que funcionan como contrapoderes conservadores en defensa de las posiciones sociales de los grupos más ricos y poderosos, tradicionalmente dominantes. Si se puede hablar de socialismo en los procesos de cambio en América Latina es fundamentalmente en relación a una oleada democrática que aspira a construir la autodeterminación de las sociedades poniendo tendencialmente todos los aspectos de la vida colectiva –la economía y la propiedad, las relaciones interétnicas y los saberes compartidos, las cuestiones ecológicas, la comunicación y el acceso a la palabra, etc.- bajo la capacidad de regulación común, derribando aquellas barreras que confinaban la democracia en los parlamentos.

5.- A modo de conclusión: ¿Un momento latinoamericano en Europa? 
Hasta aquí se ha realizado un rápido repaso de los principales rasgos comunes del ciclo de cambio político que en América Latina abrió una grieta en el dominio de las élites domésticas y los poderes financieros globales, por la que se colaron actores no convencionales, que empujados por identidades populares emergentes, accedieron al Gobierno con programas de recuperación de la soberanía económica y nacional, redistribución de la riqueza, inclusión ciudadana y democratización del Estado. Una vez en el gobierno, estas fuerzas tuvieron que enfrentarse con el conjunto del Estado y la sociedad civil oligárquicas, en resistencia para no ceder la dirección de la comunidad política. 

Se han expuesto los principales ejes de la agenda mínima compartida en los procesos de cambio en la región, caracterizados ideológicamente como “antineoliberales” o, si se quiere, “posneoliberales”. Esta denominación, aunque coyuntural, revierte hasta la fecha un carácter de horizonte insuperado para los proyectos emancipadores, no sólo en América Latina. 

Por último, se han expuesto algunos de los principales retos o tensiones que hoy atraviesan los procesos de cambio político que se reclaman emancipadores. Ellos dan cuenta de un tiempo extremadamente fértil, y por tanto conflictivo, en el que la irrupción tumultuosa de los grupos sociales excluidos de la política tecnocrática abrió las compuertas para una redefinición colectiva de las normas, valores y aspiraciones que rigen la vida en común. 

El estudio, el análisis y la discusión de los procesos de transformación política en América Latina ofrece perspectivas para pensar los problemas de la hegemonía, la conversión de un grupo particular en dirigente y constructor de un sentido general de su tiempo, y del poder, el paso de la protesta a la construcción de formas alternativas de poder político. Con todas las salvedades y distancias necesarias, permite conjurar los riesgos de dar por cerrado el momento histórico, deshistorizando los regímenes presentes, y quedando atrapados en un consenso que naturaliza el orden actual a través del borrado de las líneas de dominación en que descansa, y de los otros futuros posibles que entraña. 

Europa vive un momento caracterizado por los devastadores efectos de la crisis capitalista, la supeditación de la soberanía de los Estados –incluso los que antes eran considerados del centro- a los poderes financieros, la crisis de la política realmente existente y las dificultades crecientes de los grupos dirigentes para seguir obteniendo confianza de los subalternos en que su primacía coincide con el progreso del conjunto social. 

Momentos así, de extrema dureza en la vida cotidiana de las mayorías sociales, son al mismo tiempo aquellos en los que las lealtades y posiciones políticas anteriormente fijas quedan relativamente “sueltas”, disponibles por tanto para una intervención contrahegemónica que las articule en una interpretación y una propuesta alternativa del momento. 

En Europa y España los sistemas políticos gozan, en general, de mucha mejor salud de la que gozaban los latinoamericanos antes de su “desborde”, y los Estados están protegidos por una densa y tupida sociedad civil impregnada de la narrativa cínica y resignada del “no hay alternativa”, que es ya la principal coartada de unas élites manifiestamente incapaces. Este conjunto institucional y cultural ha dispersado, integrado y/o aislado hasta ahora la mayor parte de las quejas y frustraciones, pese a su significativo aumento. No obstante, estamos ante una dinámica que puede ir siendo más difícil de mantener a medida que se extiendan y profundicen los costes sociales de la crisis, y estos encuentren menos posibilidades de expresión y solución en un escenario político e institucional marcado por la “oligarquización” de las élites y la reducción extrema de su margen de maniobra dentro de la hoja de ruta neoliberal del ajuste estructural y la deuda. Algunas de las características de los momentos políticos latinoamericanos, aquí esbozadas, pueden comenzar a estar de actualidad, después de todo.
* Íñigo Errejón. Doctor en Ciencia Política e Investigador en la Universidad Complutense de Madrid.

Notas:[2] Rancière, J. (2011): Momentos políticos. Madrid: Clave intelectual. 
[3] Los puntos fundamentales de esta agenda, los identifica Richard Peet siguiendo al economista del Banco Mundial John Williamson, quien acuñó el término “Consenso de Washington”: disciplina fiscal y centralidad de la lucha contra el déficit público y el gasto social, reformas fiscales destinadas a aliviar parte de la carga impositiva a las empresas, liberalización de los sectores financiero –con tasas de cambio unificadas- y comercial; desregulación laboral e industrial y eliminación de las barreras y aranceles que obstaculizan la inversión extranjera, privatización de empresas y servicios públicos, y garantías robustas a la propiedad privada. Peet, R. (2002): “Ideology, Discourse and the Geography of Hegemony: From Socialist to Neoliberal Development in Postapartheid South Africa” en Antipode . Volume 34, Issue 1 . pp. 54-84. 
[4] David Harvey (2007: Los espacios del capital. Hacia una geografía crítica. Madrid: Ediciones Akal) o Boaventura de Sousa Santos (2005: El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política. Madrid: Editorial Trotta/ILSA) describen el proyecto neoliberal como una ofensiva contra los límites que el pacto social keynesiano-fordista de posguerra impuso, en pos de una masiva redistribución de riqueza a escala global en beneficio de los sectores dirigentes y los países y empresas del Norte global, que recuperase la tasa de ganancia y reafirmasen su poder de clase. Wallerstein le llama a este proceso “contrarrevolución preventiva”, por su respuesta frente al ciclo de protesta abierto en 1968 (2004: “1968, una Revolución en el sistema-mundo: tesis e interrogantes” en Wallerstein, I. Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos. Un análisis de sistemas-mundo. Madrid, Akal. pp. 345-360). 
[5] El polémico término populismo se usa aquí no en su acepción denotativa vulgar, tan extendida como imprecisa, sino en tanto que lógica discursiva que dicotomiza el espacio político y tiende a constituir al pueblo fuera de las instituciones representativas, como conjunto heterogéneo y de límites imprecisos opuesto a las élites y que necesita para su cristalización de nombre o significantes tendencialmente “vacíos” (Errejón, Í. 2011: “La construcción discursiva de identidades populares. Política, conflicto y populismo (I)" en Viento Sur , 115. Marzo 2011. pp. 105- 114. ISSN: 1133-5637 ). Se trata fundamentalmente de un momento de ruptura del orden establecido y de las lealtades políticas fijas, que tiende a producir situaciones de crisis de autoridad y, en el límite, crisis de régimen (Laclau, E. 2005: La razón populista. Fondo de Cultura Económica: Buenos Aires). [6] El concepto está tomado del trabajo de José Antonio Sanahuja: “ Post-liberal regionalism in South America: the case of UNASUR ” en EUI Working Papers . European University Institute - Robert Schuman Centre for Advanced Studies (EUI-RSCAS), Global Governance Program. No. 2012/05 [7] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2009, Santiago de Chile, Cepal, 2010. 
[8] Álvaro García Linera se refiere a estos retos, para el caso boliviano, como “tensiones creativas” (Linera, 2011: Las tensiones creativas de la Revolución. La quinta fase del Proceso de Cambio. Vicepresidencia de Bolivia: La Paz), en una perspectiva que evidentemente mezcla su posición como intelectual y su responsabilidad como Vicepresidente. Sin embargo, el de las tensiones en procesos de transición sí resulta un enfoque más útil para pensar los procesos de cambio que las diferentes versiones (aclaratorias de unos y condenatorias de otros, o viceversa) de la versión de las “dos izquierdas latinoamericanas”, difundida por pensadores conservadores y pronto recogida desde algunos sectores de la izquierda. 
[9] Esta perspectiva de un modelo alternativo de desarrollo, o “posdesarrollo”, está particularmente desarrollada, en relación con los retos de la transición para los gobiernos de cambio en América Latina, por René Ramírez, quien fue Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo en el Gobierno Ecuatoriano, y destacó por sus esfuerzos de conjugar las necesidades de desarrollo y crecimiento económico con una perspectiva ecológica, descolonial y despatriarcal (Ramírez Gallegos, R. 2010: “Socialismo del sumak kawsay o biosocialismo republicano” en Los nuevos retos de América Latina: Socialismo y sumak kawsay. SENPLADES: Quito. pp. 55-77). 
[10] Ver al respecto el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir. 2010. Brasilia.