La catástrofe medioambiental en las playas de Lima -ocasionada por Repsol- ha destapado las prácticas de una de las empresas que más contaminan en el mundo. Violación de los derechos humanos de comunidades indígenas y locales, represión a opositores, sobornos para conseguir concesiones e influir en procesos electorales, tráfico de influencias y aportaciones a las cloacas del Estado. La presencia de Repsol en Perú y América Latina está patrocinada por el Gobierno español y la máxima jefatura del Estado, el rey.
La actividad de Repsol afecta a la protección del medio ambiente al tratarse de actividades extractivas de fuerte impacto en el entorno y los recursos naturales. En Perú, más de 800 pescadores y otros 400 trabajadores de altamar han sido afectados por un vertido tóxico que alcanza 2,9 kilómetros cuadrados de mar y costa, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
El vertido de 6 mil barriles de petróleo de la compañía Repsol se produjo cuando se descargaba el hidrocarburo en el Terminal Multiboyas N° 2 de la Refinería La Pampilla de Repsol. La misma refinería que visitó, en noviembre de 2018, el rey Felipe VI, que acompañó al presidente de Repsol, Antonio Brufau, -el mismo que pagó a Villarejo para espiar a otros empresarios- para inaugurar las nuevas unidades de gasolina baja en azufre. No nos consta que esta vez, el representante de la monarquía se haya interesado por las víctimas de este ecocidio, ni retirado su apoyo a una empresa que ha sembrado de muerte las costas de Lima.
Repsol, que no es española porque su capital mayoritariamente está en manos de inversores extranjeros, pretende ser la campeona mundial de la transición energética, pero es una de las que acumulan más deuda histórica de destrucción del clima a escala global. Con estos mimbres, Repsol pretende ser una de las corporaciones que más beneficio sacarán de los fondos Next Generation que repartirá el Gobierno español con la excusa de la transición verde.
Hasta ahora, la empresa ha basado su éxito en un modelo de alta contaminación, en la presencia de bancos y de fondos de inversión en su consejo de administración… y grandes campañas de imagen, publicidad y patrocinio, desde equipos de motociclismo campeones del mundo hasta entrega de trofeos de vela con el monarca presente.
Una prueba ha sido los medios masivos desplegados con #ElFuturoNoseDetiene, la última campaña institucional que lanzó en enero de 2020. La campaña pone en valor su papel en la transición energética. Una iniciativa para un momento clave, tras el anuncio de que Repsol será una compañía de cero emisiones netas en el año 2050. En la campaña han colaborado con Repsol agencias del sector comoHavasen la estrategia y planificación de medios,McCannMadriden la parte creativa, el realizador Lluis Freixa y Harold Entertainment a cargo de la producción.
Repsol es responsable del 0,23% de todas las emisiones mundiales históricas de gases de efecto invernadero. Forma parte del selecto club de apenas 90 transnacionales que han producido dos tercios de todas las emisiones que están deteriorando gravemente la composición de la atmósfera desde el principio de la revolución industrial.
Hay muchas posibilidades, pues, de que Repsol siga encabezando durante bastante tiempo más los rankings de las empresas más contaminantes, también a escala española. Ahora bien, puede que eso no genere grandes titulares, porque desde 2019 la marca se ha convertido en el primer anunciante en energía del Estado español.
Aniquilamiento de comunidades indígenas
Por otro lado, la actividad de Repsol está matando, literalmente, a varias comunidades indígenas.
El ambientólogo y activista Marc Gavaldà llama la atención sobre tres comunidades indígenas en América del Sur duramente acosadas por la corporación. Los waorani son una etnia del oriente ecuatoriano. Viven en el Parque Nacional Yasuní, un gran enclave amazónico, que constituye un refugio del pleistoceno con especies conservadas desde hace 20.000 años. Esta reserva de la biosfera, sin embargo, está invadida por innumerables explotaciones petroleras y gasistas. Repsol participa con un 30% del capital en el oleoducto de crudos pesados (OCP) que atraviesa 485 kilómetros de la Amazonia ecuatoriana hasta la costa del Pacífico. El 7 de abril de 2020, el OCP se rompió, hecho que provocó el desprendimiento de la mítica cascada de San Rafael y la erosión del río Coca en medio del pánico de las comunidades indígenas. Los waorani han pasado a ser la mano de obra barata y aculturada de las explotaciones petroleras.
Otro grupo son los tagaeri, en aislamiento voluntario todavía, que está acosado por la continua ampliación de los campos petroleros. A Repsol no parece importarle, ya que prefiere una “colonización sin testimonios”, afirma Gavaldà. En Ecuador, la empresa petrolera tiene buenos protectores como Marcelo Mata, ministro de Ambiente por segunda vez entre críticas de ecologistas: repite cargo por los servicios prestados como responsable ambiental de Repsol en el Bloque 16.
Camisea es uno de los complejos gasistas más productivos del continente americano. Está ubicado en la Amazonia peruana, en el bajo Urubamba, un río que nace a los pies del Machu Picchu -llamado Monte viejo- en el Valle sagrado de los incas, región de Cusco, en una de las áreas con más biodiversidad del planeta. Alberga ocho grupos indígenas como los ashaninca o los kakinte, que han vivido en estado de aislamiento voluntario hasta que la eclosión del tránsito ha convertido el Urubamba en una autovía fósil. Eso y la perforación progresiva del territorio con oleoductos han deteriorado de manera radical sus condiciones de vida.
Ahora bien, la colonización fósil de América Latina cuenta con la protección de poderosos grupos socioeconómicos españoles como la Fundación Carolina, creada en el año 2000 para favorecer la Hispanidad con el pretexto de la cultura y los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. Reúne un club exclusivo que junta 17 transnacionales como Repsol, Prisa, ACS, Santander o Inditex, además de entidades oficiales como el Instituto de Crédito Oficial o la Cooperación Española, bajo la dirección de la presidencia del Gobierno español y del núcleo duro (sin Unidas Podemos) del Ejecutivo. Y siempre la monarquía presente y avalando: la presidencia de honor recae en Felipe de Borbón. No encontramos ninguna representación institucional, económica o social latinoamericana ni, mucho menos, indígena, según afirma Joan Buades desde Climática.
Según Climática, Repsol participa en todo tipo de lobbies fósiles: “World Energy Council, el World Petroleum Council, Fuels Europe, la International Oil & Gas Producers y la International Emissions Trading Association (IETA), sin olvidar la ultraliberal Atlantic Council que la sitúa en un lugar central del poder industrial”.
En Perú, Repsol es miembro del más influyente lobby en la expansión de la economía fósil del país, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, siempre según Climática.
Pero Repsol no solamente mata a través de la contaminación sino que ha sido involucrada en episodios de represión policial-militar a la población. Ocurrió en la movilización social contra la exportación del gas boliviano a Estados Unidos, conocida como la Guerra del Gas de 2003 en Bolivia (todavía bajo un gobierno de extrema derecha), las movilizaciones contra el expolio de los recursos naturales por empresas multinacionales en Cuzco de 2010, o Pico Truncado y Las Heras en Argentina en 2004. También se ha vinculado Repsol con la presencia del paramilitarismo y graves crímenes de lesa humanidad (como desplazamiento forzado, asesinatos, amenazas de muerte, etc.) en el departamento de Arauca en Colombia, según el informe de Amnistía Internacional, “Colombia, un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca. Abril 2004”.
Privatización, corrupción y Fujimori
Repsol llega a Perú en 1996, en pleno régimen autoritario de Fujimori, coincidiendo con la llegada a la presidencia del gobierno español de José María Aznar, que a su vez privatizó Repsol.
Repsol ha ido consolidando su influencia gracias a los favores políticos de los sucesivos gobiernos instalados en la casa de Pizarro en Lima. En la Constitución de 1993, diseñada por Fujimori, se sentaron las bases para garantizar por ley los negocios de las multinacionales y la creación de una nueva élite empresarial construida en torno al negocio extractivo. Repsol se convirtió en un “actor destacado en este entramado de poder”, relata una investigación del Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL).
Actualmente, las grandes multinacionales españolas dominan amplios sectores que fueron privatizados durante la gestión de Alberto Fujimori. Una vez acallada la oposición parlamentaria, judicial y mediática con el autogolpe de 1992, Alberto Fujimori se lanzó a privatizar las principales empresas públicas del país. La corrupción y las irregularidades que rodearon esas operaciones, de las que se beneficiaron sobre todo las transnacionales españolas, aún resuenan.
Una de las primeras grandes privatizaciones, en 1994, fue la de Entel, que terminó en manos de Telefónica, la cual negoció con el régimen de Fujimori “condiciones para evitar la libre competencia” y asegurar así sus beneficios en el país con los precios más altos de la región, según denunció el sindicato Sutep. Ayudó mucho meter en plantilla a Santiago Fujimori, hermano del exdictador y tío de Keiko Fujimori. Hoy, Telefónica tiene 20 millones de clientes en el país a través de las marcas Movistar y Tuenti, pero no consigue deshacerse de los fantasmas del pasado. En 2019, un escándalo afectó a la imagen de la compañía española por negarse a entregar información a la Fiscalía sobre Keiko Fujimori. Pedro Cortez, presidente de Telefónica de Perú, lo reconocía de esta forma en ese año: “La corrupción ha hecho que todas las empresas estemos bajo sospecha”.
El BBV, ahora BBVA, fue otro de los grandes beneficiados de la red de corrupción del régimen fujimorista: el banco fue acusado e investigado por el juez Baltasar Garzón de sobornar al presidente Fujimori y a su asesor de Inteligencia, Vladimiro Montesinos, para la compra del Banco Continental en 1995.
El BBVA vinculado al narcotráfico
En 2018, el medio de investigación OjoPúblico desveló que diversas organizaciones ligadas al narcotráfico y otros negocios ilegales se servían de la filial peruana del BBVA como vía para el blanqueo de dinero, según los informes financieros del Gobierno y de la policía del país sudamericano. Bajo el título de #DineroLeaks, OjoPúblico implicaba al banco español en una trama de narcotráfico, corrupción de cargos públicos y evasión de impuestos. Según esta filtración de fuentes oficiales, el BBVA recibió 2.200 millones de dólares de “clientes sospechosos por sus nexos con el crimen organizado y la evasión fiscal”.
El pasado 3 de febrero, las diputadas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso español, María Dantas y Marta Rosique, registraron varias preguntas dirigidas al Gobierno. Una de ellas dice: “¿El Gobierno tiene conocimiento de que, según Jorge Barata (ex representante de Odebrecht en Perú), Repsol participó en una reunión organizada por directivos de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), en la cual se acordó entregar en secreto dos millones de dólares para la candidatura de Keiko Fujimori?”
Otra de las preguntas que espera respuesta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez dice: “¿El Gobierno tiene conocimiento de la declaración hecha ante la fiscalía anticorrupción del que fue representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, que ha denunciado la participación e injerencia de Repsol en las elecciones presidenciales de 2011 en ese país?”
A estas alturas, está bastante claro que Repsol no sólo mata, sino que contamina. Sólo que ahora las armas del nuevo saqueo no son la espada y la cruz, sino la corrupción, el soborno, el tráfico de influencias, el abuso de poder.
No sólo arrasa con las comunidades locales e indígenas, sino que reprime y alienta la formación de grupos paramilitares. Pero además Repsol utiliza todos los recursos para aumentar y garantizar sus beneficios: lavado de capitales, uso de paraísos fiscales, sobornos, e intromisión en los procesos electorales en los países que mantiene alguna actividad.
Repsol apoyada por el Gobierno con la complicidad de la monarquía
La seguridad jurídica que proclaman “no puede ser utilizada para justificar el saqueo impune y permanente de nuestros pueblos por empresarios trasnacionales”.
Repsol es un ejemplo de empresa que evade impuestos. Es una de las multinacionales con sede en España (que no española) que cuenta con más presencia en paraísos fiscales, en donde tiene 13 filiales a través de las cuales minimiza el pago de impuestos, según afirma el Informe Repsol en deuda de OMAL.
El que fue vicepresidente de Repsol, José Ramón Blanco Balín, amigo de Aznar y asociado al Partido Popular (PP), participó en la trama mafiosa de Gürtel y llegó a formar parte de los consejos de administración de algunas empresas de Correa: Orange Market, Hator Consulting, Osiris Patrimonial e Inversiones Kintimani. Desde su propia empresa “R. Blanco Asesores Fiscales SL, ubicada en la calle Guzmán el Bueno, 133, de Madrid, ejerció como asesor fiscal, se especializó presuntamente en facilitar la fuga de capitales a paraísos fiscales, como el Principado de Liechtenstein”, asegura www.elplural.com.
Pero Repsol no sólo contamina o atenta contra el hábitat de las comunidades indígenas, sino que también se mueve en las cloacas del Estado.
Repsol y las cloacas del Estado
Según El Periódico de España, para lograr que la actriz Bárbara Rey no vendiera al que fue banquero, Mario Conde los vídeos que había grabado en su alcoba cuando estaba encamada con el entonces rey, los servicios secretos pagaron a la vedette alrededor de 5,4 millones de euros, a los que hay que añadir otros 8 millones a la condesa italiana Olghina de Robilant –ya fallecida- para evitar que se hicieran públicas las relaciones sexuales mantenidas con ella. Por supuesto, ese dinero nunca fue declarado a Hacienda, a pesar de que una parte salió de los fondos reservados estatales y otra de multinacionales españolas como Repsol, Telefónica y el Banco Santander, según publicó El Periódico el 14 de diciembre de 2021. Es decir, Repsol aportó dinero para que los líos de cama del rey no salieran a luz. Una aportación al Estado de derecho…
Repsol ha utilizado todos los recursos a su alcance para mantener su poder e influencia. El presidente de Repsol contrató al ex comisario Villarejo para que realizara labores de espionaje a otra empresa. El pasado 7 de febrero, el diario El País informaba que “la Audiencia Nacional revoluciona el caso Villarejo. La Sala de lo Penal ha admitido el recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ha vuelto a imputar a Repsol…, así como al actual presidente de la petrolera, Antonio Brufau…” Fuentes jurídicas señalan que se investiga cómo Repsol y CaixaBank contrataron a Cenyt, el grupo empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo, para ejecutar una supuesta operación de espionaje en 2011 contra Luis del Rivero, entonces presidente de Sacyr y que pretendía hacerse con el control de Repsol tras un pacto con la mexicana Pemex.
Y cuando a través de vías legales no ha podido obtener la rentabilidad deseada, Repsol no ha dudado en ampliar las posibilidades de negocio hacia el intercambio de favores, los sobornos, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Así es como, en resumen, las grandes empresas españolas y Repsol en particular –con el apoyo del Gobierno español y la complicidad del rey- se transformaron en multinacionales y llegaron a dominar sectores clave de las economías latinoamericanas.
* Pepe Mejía es corresponsal de Lucha Indígena en Europa. Miembro del Colectivo de Peruanxs en Madrid
