Por Kirstin Garrison
Muchas escuelas del Distrito Central están ubicadas en barrios conflictivos donde en cualquier momento ocurren nuevos incidentes de disparos que podrían provocar alguna tragedia. // Foto Kirstin Garrison
Roxana mira hacia arriba desde su escritorio con una mirada fija. Una mujer pequeña en una silla baja, está prácticamente escondida detrás del gran escritorio que denota su posición como directora del centro educativo.
Sobre este escritorio hay una pila de 39 solicitudes de traslados para alumnos.
“En todos el motivo del traslado es inseguridad,” dice Roxana.
(Por su seguridad hemos cambiado los nombres de los maestros, administradores de centros escolares y voluntarias citados en este reportaje).
Ella es la directora de un centro educativo en una colonia pequeña ubicada algunos kilómetros al norte de la cuidad de Tegucigalpa. Por muchos años la colonia fue un refugio tranquila aparte del bullicio de la cuidad. Pero según la directora, hace un año empezaron los disparos y no han cesado.
“Antes fue una alegría ir al trabajo. Fue relajado salir de la cuidad y ver los árboles,” dice la directora. “Quedarnos [en el centro educativo] hasta las 3 de la mañana trabajando y salíamos sin problema.”
Todo cambió cuando una guerra territorial empezó entre dos pandillas, supuestamente el Combo que No se Deja y la Mara Salvatrucha, según gente de la colonia, en el mes de marzo del 2016. Desde allí han tenido alrededor de siete incidentes de disparos cerca de la escuela.
El 27 de febrero del 2017, las balas penetraron adentro de las aulas.
La directora estaba en su oficina como cualquier día cuando a la 1:30 p.m., los disparos comenzaron. Esta vez se escuchaban diferentes.
Estaban más fuertes, de armas pesadas, y más cerca de la escuela. Las balas empezaron a impactar contra el segundo piso del centro educativo, donde los alumnos de séptimo, octavo y noveno estaban recibiendo clases.
La directora corrió hasta el segundo piso, donde algunos de los alumnos ya estaban sentados contra la pared y otros, acostados en el piso.
Ella y un maestro los dirigieron al aula de computación en el primer piso, donde había menos ventanas.
La directora encontró en el segundo piso a varios alumnos sentados contra la pared y otros, acostados en el piso.
Roxana les dijo a los alumnos que revisaran sus cuerpos para heridas. Una muchacha vio que su pantalón estaba roto. Metió su dedo en el hoyo y sintió sangre. Tres muchachas más encontraron heridas en sus brazos, piernas y cabezas donde las balas les pegaron.
Algunos alumnos con heridas en la cabeza, brazos y piernas.
Los disparos duraron 15 minutos. Los maestros sospechan que el Combo que No se Deja disparó desde la cima de la colina hacia unos miembros de la MS-13 que se situaron al fondo de la ladera; la escuela estaba en medio.
Se cerró el centro educativo por diez días y cuando se abrió de nuevo, el gobierno asignó agentes de la Policía Militar para vigilar el instituto. Pero los disparos siguen y, según Roxana y otros maestros, muchos de los maestros, alumnos y familias no se sienten seguros.
El profesor que estaba en el aula donde la mayor cantidad de balas impactaron es el que fundó el centro educativo hace 21 años. Él dice que casi nunca llora, pero lloró dos veces ese día. Una vez cuando una de las muchachas dijo que no podía sentir su cabeza por causa de una bala que le pegó encima de la cabeza y otra vez cuando llegó a la casa en la noche y vio sus hijos.
Dice que para él, ver el cambio en el centro escolar es doloroso.
“Llegamos al trabajo con miedo,” dice él. “Pero somos obligados a venir por el sueldo y porque tenemos familias.”
Él y otros maestros quieren trasladarse. No obstante, la situación es delicada porque saben que si muchos maestros y alumnos se van, el centro puede cerrar y la colonia se queda sin escuela y sin colegio.
La violencia afecta la educación
Los altos niveles de violencia y criminalidad en Honduras afecta a toda la gente, pero más aún a los niños. Los niños crecen en medio el crimen y ellos mismos son víctimas de violencia en la cultura y en las calles. Ni dentro de las escuelas están a salvos.
A principios del 2017 el Consejo Noruego de Refugiados (CNR) publicó un informe sobre el impacto de la actividad pandillera en la seguridad y educación de niños hondureños. El CNR realizó una encuesta en 1,110 hogares en zonas afectadas por la violencia en Tegucigalpa y San Pedro Sula y descubrieron que de esas casas 1,239 niños de edad escolar no asistieron a un centro educativo. Además, encontraron que uno de cada tres menores a nivel nacional no tiene acceso a un centro educativo seguro.
Cerrada por amenazas
Entre los problemas que afectan a los alumnos, uno de los más graves es la presencia de pandillas.
El informe del CNR reportó que en el 2016, las amenazas por parte de las pandillas motivaron el cierre de al menos 15 centros escolares nocturnos en Tegucigalpa, afectando a más de 3,600 alumnos y 48 maestros.
En 2016, dos de los casos más conocidos de escuelas suspendidas por la violencia ocurrieron en el Instituto Superación San Francisco y el Instituto Saúl Zelaya, ambos en Tegucigalpa.
En mayo del 2016, dos alumnos y un exalumno del Instituto Superación San Francisco fueron encontrados muertos en un carro junto con los cadáveres de dos jóvenes más. Según una nota en El Heraldo, la siguiente semana, otros alumnos del colegio recibieron mensajes de amenaza en sus celulares. Las clases fueron suspendidas por dos días debido al temor de los encargados del colegio que más estudiantes podrían sufrir atentados.
Los menores eran muy queridos por su compañeros quienes además escribieron en los pupitres mensajes para recordarlos. // Foto El Heraldo
A principios del 2016, el Instituto Saúl Zelaya se encontró en medio de una guerra territorial. El colegio se queda en la frontera entre cuatro colonias “calientes”. Según una nota en La Tribuna, mareros de la pandilla Barrio 18 decidió prohibir que los jóvenes de Las Torres, territorio de la Mara Salvatrucha (también llamado MS-13), asistieran a clases y las amenazas empezaron. Durante meses, los alumnos y los maestros pasaron sus días en miedo. El colegio suspendió clases en marzo del 2016 para hacer un plan de seguridad.
Tres alumnos del colegio perdieron sus vidas entre marzo y abril. Según los medios, 200 alumnos pidieron traslado y solo los alumnos de las zonas ocupados por el Barrio 18 se quedaron en el colegio.
El ambiente se arregló un poco cuando el gobierno mandó ocho agentes de la Policía Militar y dos guardias de seguridad para patrullar el colegio.
Problemas territoriales
La tensión entre zonas de diferentes bandas puede crear fronteras más poderosas que muros. Según el informe del CNR, esta tensión restringe el acceso que pueda tener los menores que viven en estas zonas a intercambios culturales, así como a derechos básicos como servicios de salud y educación.
Elvia, una administradora del Distrito de Educación Cinco de Francisco Morazán, recuerda un tiempo bonito cuando los centros escolares participaron en eventos y competencias juntos. Había danzas, competencias de pirámides y partidos de deportes entre centros escolares, pero el distrito dejó de hacerlos por evitar problemas entre menores de diferentes pandillas.
Elvia cuenta que ahora si el gobierno quiere tener un evento entre centros escolares, tiene que verificar primero si se quedan en zonas de diferentes pandillas.
Según el informe del CNR, la tensión territorial puede poner algunos alumnos en peligro en su propio centro escolar, como fue el caso de Instituto Saúl Zelaya. Los alumnos que tienen que cruzar fronteras pandilleras para llegar a su escuela están constantemente en riesgo.
Wendy, una maestra de un colegio en la Israel Norte, una colonia pequeña y conflictiva ubicada en una colina al oeste de Tegucigalpa, contó que su colegio se queda en la zona del MS-13 y “nadie viene de afuera de la 13”.
Como para comprobar que tan en serio toma la comunidad este control total de la MS-13, Wendy cuenta una anécdota. Hacia unos años, una alumna del colegio se enojó durante una clase y empezó a gritar. Las palabras “les voy a mandar a mis parientes en la mara 18” salieron de su boca y treinta minutos después, sus padres llegaron a solicitar traslado para ella.
Tegucigalpa no es la única ciudad afectada por esta dinámica. También impacta fuertemente en San Pedro Sula y otros municipios de la zona norte. La colonia Rivera Hernández en San Pedro Sula es un caso extremo. Rivera Hernández es un sector grande compuesta de 20 colonias; 6 pandillas diferentes ejercen control sobre diferentes partes de la zona, y con frecuencia están en conflicto sobre las fronteras de estos territorios. Según el informe de CNR, 3,000 estudiantes en San Pedro Sula piden transferencias de escuela cada año por problemas con pandillas criminales.
Debido al alto nivel de conflicto territorial, hay residentes de la Rivera Hernández que no tienen acceso a algunos servicios estatales. Eso incluye muchachos que no pueden ir a un colegio porque no existe uno en su zona y no pueden entrar a la zona de otra pandilla sin ponerse en mucho riesgo.
En 2016, Revistazo publicó un reportaje sobre una niña de 14 años que fue asesinado por una pandilla porque entró en su territorio para llevar sus primos a la escuela.
“Es una protección y a la misma vez una amenaza”
Adentro de algunas de las zonas más fuertemente controladas por maras o pandillas, la presencia de los mareros pone los centros escolares y sus maestros en una situación compleja y delicada. Las mismas maras que traen violencia a las colonias también pueden ser los protectores más fieles de los centros, si les conviene.
Según el informe del CNR las maras buscan influir los centros educativos a través de amenazas, pero también, a veces, de apoyo.
El colegio de Wendy en la Israel Norte se queda en un acantilado con vista a las colonias Israel Norte y San Francisco. El colegio no tiene muro perimetral, y el viento sopla fuerte, levantando el polvo en el aire.
Con su muro caído y solo un guardia para vigilar el espacio abierto, el colegio es más que todo protegido por el MS-13, que controla la zona. Una vez, los miembros de una pandilla pequeña llegó a molestar a los maestros y los alumnos del colegio. Uno de los alumnos tenía conocidos en la MS-13 y los llamó. Inmediatamente, miembros de la MS-13 llegaron para “ponerles en orden” a la otra pandilla.
En otra ocasión, una maestra fue asaltada camino al colegio. La MS-13 se dio cuenta. Preguntaron a la maestra quienes fueron y le dijo que nunca volvería a pasar.
Para Wendy, la protección de la MS-13 no le hace sentir más segura.
El colegio parece aislado, metido en la ladera como una fortaleza, pero según Wendy, la gente entra y sale como quiere porque no hay portón para evitarle. Dice que durante el recreo, vienen tipos a jugar fútbol con los alumnos.
Los maestros no pueden decir nada porque no saben quiénes son.
“Es una protección y a la misma ves una amenaza,” sostiene Wendy.
En la colonia San Francisco, otra zona geográficamente y económicamente marginada de Tegucigalpa, Iris, una ex voluntaria de la Cruz Roja, cuenta que vio de forma positiva la relación delicada entre la mara y el centro educativo de esta zona.
Cuenta que un año en el Día del Niño unos pandilleros llegaron sin previo aviso en un pickup lleno de piñatas, pasteles y dulces de buena calidad para cada uno de los niños. El director de la escuela le dijo a Iris que él no tenía opción: tenía que aceptar a todo para no ofenderles.
Iris dice que los mareros incluso hacen reparaciones y mejoras en los centros educativos.
“Ellos ayudan a la comunidad y la comunidad les apoya: se queda callada,” ella explica.
Kenia, la directora de una escuela en la Nueva Suyapa, un barrio marginal construido sobre las faldas inclinadas de una montaña en la periferia de Tegucigalpa, ha decidido no quedarse callada. En su escuela el guardia, contratado por la Secretaría de Educación, deja que los mareros entren en la noche.
Cuenta Kenia: “Nos robaron computadores, libros, material para construcción, muebles, mesas para computadores, auriculares nuevos que los alumnos ni usaron”.
Según Kenia, el guardia alquila el edificio de la escuela a los mareros para jugar futbol, tener reuniones o emborracharse. Ella dice que no recuerda el nombre de la pandilla—es un grupito pequeño, local—pero sabe bien que cada vez que la escuela recibe recursos nuevos, este grupo paga un pequeño soborno al guardia, y en cambio él les permite robar las cosas de los niños.
Después de los robos en el 2015, Kenia puso una denuncia en la Dirección Distrital sobre los equipos extraviados. Pero no ha recibido respuesta y el mismo guardia sigue trabajando en la escuela. (Un experto legal consultado por Revistazo especuló que el resultado podría haber sido diferente si se hubiera presentando la denuncia directamente a la oficina central de la Secretaría de Educación).
La seducción
Un factor importante en la relación delicada entre las pandillas y los centros educativos es el hecho que algunos de los mareros son padres, tíos, hermanos o amigos de los alumnos. Incluso los mismos alumnos a veces son miembros o colaboradores de las pandillas.
Según el informe del CNR, las maras han reclutado a más de 4,700 menores de edad en Honduras.
Un reportaje de InsightCrime explica que niños de apenas seis años pueden trabajar para las pandillas como “banderas”. Las banderas son los ojos de la pandilla en la comunidad, informando a los pandilleros sobro novedades que suceden en su territorio, como por ejemplo la llegada de un vehículo desconocido.
Al llegar a ser adolescentes, los niños pueden convertirse en “paisas” de la MS-13 o “locos” del Barrio 18. Al tener este estatus, hacen mandados para la pandilla y si pueden probar su lealtad, pueden ser candidatos para convertirse en miembros plenos o “soldados” de la pandilla.
En la experiencia de las maestras entrevistadas para este reportaje, muchos de los estudiantes en colonias vulnerables bajo el control de pandilleros o mareros vienen de familias de ingresos bajos y educación baja. Kenia, la directora de la escuela en la Nueva Suyapa, tiene niños en sus clases que a los 9 años tienen que ayudar a sus familias a trabajar. Ella dice que a veces los alumnos piden permiso a sus maestros a salir de la escuela temprano para ir a vender o hacer mandados para sus padres.
En la Israel Norte, Wendy dice que la mayoría de los alumnos vienen de familias desintegradas. Hay muchos que vienen de hogares con madres solteras o no viven con sus padres sino con abuelos, tíos u otros parientes. Para algunos de los alumnos que sí viven con sus padres, los padres trabajan todo el día y a veces toda la noche también. Wendy ha tenido hasta alumnos que trabajan toda la noche para pagar la escuela.
“Cuando la mara viene, les ofrece 500 lempiras a niños de nueve o diez años solo para avisarles quien entra la colonia. ¿Qué van a hacer?”pregunta Wendy.
Cuando los niños llegan a los diez o 12 años de edad, según las docentes, los mareros ya no tienen necesidad de reclutarlos ni buscarlos. Los niños buscan a ellos.
Un joven de 17 años residente de la Flor del Campo, un barrio conflictivo ubicado a menos de un kilómetro del aeropuerto Toncontin y del lujoso City Mall, pero al otro lado de una frontera invisible que da paso a un mundo muy diferente, explica que los mismos miembros de la Barrio 18 tratan de convencer a los muchachos de no entrar en la pandilla por el peligro.
Iris, ex voluntaria para la Cruz Roja, explica que los muchachos son atraídos a la mara por la idea de dinero, respeto, y poder, cosas que no encuentran en sus casas.
“No es un reclutamiento,” dice Iris. “Es una seducción.”
Para Elvia, la administradora del Distrito 5, la participación de sus alumnos en las pandillas no cambia su opinión de ellos. Ella dice que son víctimas de su ambiente, pero al fin del día solo son niños.
“Son bellos como personas, pero sus circunstancias son difíciles. Ellos no quieren ser así, les obliga el falto emocional y económico,” sostiene Elvia.
Mareros en los pupitres
Obligados o seducidos por sus circunstancias, la promesa de respeto, la presión social o lazos familiares, cuando los niños están en las pandillas, se convierten en medios para que las pandillas puedan estar dentro de los centros escolares.
El informe del CNR dice que las pandillas usan la intimidación y el apoyo para seguir haciendo actividades criminales al interior de los centros escolares.
Según Wendy, en la Israel Norte la MS-13 manda ciertos muchachos al colegio solo para vender drogas o buscar a otros que pueden vender también. Para ella, la presencia de estos jóvenes mareros ocasiona el riesgo más grave que enfrenta su centro educativo.
Es bien fácil notar quiénes son los que están mandados por la mara, dice Wendy. Son los muchachos que andan encorvado en sus pupitres, a quienes no les despierta ningún interés los estudios. Son los que distraen a los otros alumnos y nunca prestan atención. Son los que sacan notas bajísimas que bajan el promedio de la clase de la escuela. En una palabra, son los muchachos sin ninguna pizca de motivación.
Wendy dice que con estos muchachos es bien difícil provocar cambio en sus vidas. Ella y sus colegas han encontrado a unos muchachos fumando o llegando al colegio drogado o tomado. Cada vez que los encuentran así, los maestros los mandan a consejería y orientación, pero en la gran mayoría de los casos, los jóvenes vuelven a caer en el mismo ciclo.
Wendy es amigable con sus alumnos y ha logrado la confianza de muchos de ellos. Algunos le dicen cuando hay un alumno peligroso con quien ella debe tener cuidado.
Su posición de amistad con los alumnos en ocasiones le ha puesto en situaciones tragicómicos. Hace unos años ella formó una relación amistosa con un alumno marero. Un día, él llegó drogado al colegio. Se enojó y gritó, “Voy a mandar a matar a todos menos la profesora Wendy.” Su declaración tocó a Wendy mucho. Lastimosamente, él se enfermó del uso de drogas y después de unos meses, se murió.
El rol de maestro en estas circunstancias es difícil. Los maestros pueden ponerse en riesgo por ayudar a los alumnos.
Otro alumno de Wendy se retiró del colegio y un tiempo después, Wendy la vio en las noticias. La habían capturado por su participación en una pandilla. Wendy quería visitarle en la cárcel, pero decidió no hacerlo por el peligro que podría implicar. Si Wendy la visita puede parecer que ella está involucrada en la mara también, y por la seguridad de ella y su familia, no puede arriesgarlo.
“Hay un margen de distancia y respeto y cariño,” dice Wendy de su trabajo pesado.
Parte del trabajo de manejar ese “margen de distancia” tiene que ver con evitar las amenazas de los alumnos.
El informe del CNR explica que “las amenazas, intimidación y coerción contra los maestros los conduce a aprobar el avance de los estudiantes que son miembros de bandas criminales, lo que permite que los miembros de las bandas siguen realizando actividades criminales al dentro de centros educativos.”
Según Elvia, pandillas están en todas las escuelas del Distrito 5. Se puede identificarles por su manera de vestirse con el último botón abotonado, el estilo de pelo, la uña pequeña pintada negra, o un tipo específico de gorra.
El reportaje de InsightCrime explica que en 2002 el gobierno de Honduras implementó políticos con la mentalidad de la “mano dura” contra pandillas. Durante esta época, la policía capturó pandilleros sospechosos solo por tener tatuajes o vestirse en cierta manera supuestamente pandillero. Las pandillas aplicaron sus propios políticos para responder al problema. Dejaron de ponerse tatuajes en lugares obvios en sus cuerpos y adoptaron un modus operandi más sutil.
De la declaración de Elvia, uno puede concluir que pare del modus operandi sutil de algunas pandillas incluye estos cambios pequeños de vestirse. En lugar de tatuajes obvios, hay un tipo específico de gorra o un botón abotonado discretamente.
Hoy en día, un maestro tiene que saber cómo hablar con un muchacho que podría ser pandillero. Uno no puede faltar respeto a un miembro de las pandillas.
“Si les tratan bien a los alumnos, ellos no se enojan. La estrategia es no llamar atención al niño cuando le regaña, no ofenderle,” sostiene Elvia.
Una vez Elvia dijo a un alumno que tenía que quitar su gorra, y el respondió, “No te metas”. Ella dejó de insistir para no meterse en problemas con él.
Usualmente la estrategia de Elvia es hablarles en una manera suave o bromeando cuando les disciplina. En lugar de decir que no pueden andar con el último botón de la camisa abotonado, ella les dice cuan guapo mirarían si no se abotonan hasta el último botón.
Kenia confirme que el ambiente es similar en su escuela en la Nueva Suyapa. Según ella, muchos de los niños tienen familiares que forman parte de las pandillas. En años anteriores, si un maestro hablaba fuerte a un alumno, el alumno le amenazaba, pero ahora las amenazas pasan menos frecuentes.
Según las historias de las docentes, los niños que no tienen nada que ver con pandillas también reconocen e intentan aprovechar del poder que tiene una amenaza en este ambiente. En los pasillos y en las aulas suelen escucharse frases como “No sabes quién soy yo”, “No sabes de donde soy” o “No sabes quién es mi papá”.
La directora Kenia experimentó una amenaza más legítima. La madre de una alumna le dijo a un maestro, “deja que mi niña pase su clase, su padre es marero”. El problema fue resuelto rápidamente cuando Kenia reunió con la madre y le explicó que a la niña le causaría más daño avanzar un grado sin realmente tener los conocimientos que debería tener, y que mejor fuera que ella quedara en el mismo grado otro año para volver a aprender. La madre quedó convencida y la hija se quedó en el mismo grado.
Protección para la educación
El artículo 11 del Ley del Estatuto del Docente Hondureño prohíbe “exigir al docente la realización de trabajos que pongan en riesgo su integridad física y psíquica, su salud, su vida, o las vidas de sus alumnos”.
El artículo 6 del Código de la Niñez y la Adolescencia dice que el Estado “adoptará las medidas económicas, sociales y culturales que sean necesarias para brindarle apoyo a la familia y a la comunidad, con miras a crear condiciones que hagan posible el sano y pleno desarrollo de los niños”.
Hay directores como Roxana y Kenia que manejan bien sus centros escolares y sus roles como directores a pesar de la ausencia de guardias confiables, a pesar de padres que amenazan a los maestros, y a pesar de la posibilidad de tener pandilleros en sus aulas. Pero no deben tener que hacerlo.
Parte del problema se radica que en las limitantes presupuestarias que enfrenta la Secretaría de Educación. Según un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el presupuesto para la Secretaría de Educación en 2017 es de unos 26 mil molles de lempiras, el equivalente a aproximadamente 20% del presupuesto público para el año. Sin embargo, según el mismo informe, el porcentaje recomendado para el presupuesto de educación en un país debe ser más del 30% del presupuesto público.
Por otro lado, para el 2017, el 13.6% del gasto público se dedica a seguridad y defensa. El presupuesto de la Secretaría of Seguridad ha aumentado en un 62% desde el 2015, pero los efectos de este aumento no han llegado a los centros educativos mencionados en el presente reportaje.
Roxana, la directora de la escuela tiroteada, dice que aparte de los militares que guardan la escuela desde el tiro, no ha habido presencia policial en la colonia conflictiva donde ella trabaja.
Jaime Varela, un ex – policía que trabaja con la Asociación para una Sociedad Más Justa, una organización de la sociedad civil, contó a Revistazo que algunas colonias conflictivas de Tegucigalpa, como la Flor del Campo, solo tienen dos policías preventivos asignados para mantener la paz. Otras colonias no tienen ni uno solo agente asignado a patrullarlas.
En respuesta a la inseguridad que se enfrenten los niños del país, la Secretaría de Educación está desarrollando una iniciativa contra la violencia que se llama “Estrategia Nacional para la Prevención Integral de la Violencia en la Niñez, Adolescencia y Juventud de Hondura en el Sector de Educación”. Ahora la iniciativa está en sus primeras fases de aprobación.
Según Brenda Lagos de Del-Arca, la Subdirectora General de Educación para la Prevención y Rehabilitación Social, la iniciativa tiene como objetivo juntar diferentes instituciones, empezando por las Secretarías de Educación, Seguridad y Salud, para combatir la violencia en las escuelas y las comunidades, promover la paz e incidir en el aprendizaje.
Según Lagos, el plan abarcará a todos los centros educativos en el país, alcanzando a unos 2 millones de alumnos y será contextualizada para adaptar a las particularidades de cada región.
Juntos, los distintos entes gubernamentales harán su parte en capacitar a maestros, enfermeras escolares, alumnos y otros miembros del ambiente escolar para enseñarles qué pueden hacer para prevenir, reconocer, y responder a varios tipos violencia que incluye el acoso escolar, el abuso sexual y la violencia relacionada con las pandillas.
“La Secretaria [de Educación] no tiene equipos especializados para tratar de todos los problemas en los centros educativos,” dice la subdirectora Lagos. “Por ejemplo, si una muchacha es violada, tenemos que trabajar juntos con la Secretaria de Seguridad y la Secretaria de Salud”.
Lagos dice que la Secretaría no puede vencer la violencia en las aulas sola, sino que ocupa que la ciudadanía en cada nivel también se esfuerce para lograr la seguridad para los niños. Dice que la participación de los padres, las comunidades y de los mismos alumnos es vital para crear un ambiente seguro en todos los aspectos de sus vidas.
Por ejemplo, los clubes estudiantiles y las comunidades pueden hacer actividades después de las clases para que los puedan ocupar su tiempo en actividades positivas.
La subdirectora Lagos cuenta historias similares a las experiencias documentadas en este reportaje. “El crimen organizado utiliza a los jóvenes para el sicariato, como mulas, para recoger impuesto de guerra, para vender drogas,” dice ella.
Cuenta Lagos que ella visitó un centro escolar que no tiene muro porque una pandilla usa el centro educativo como su centro de operaciones. En otro centro escolar, el guardia dejaba entrar cualquier tipo en la hora de recreo porque tenía miedo negarles la entrada. El guardia dijo que los pandilleros sabían dónde vivía él y su familia, y los podría matar.
Por eso el sistema educativo del país también necesita ayuda de la Secretaria de Seguridad.
El subcomisionado de policía Lincoln Gustavo Pacheco Murillo también forma parte del equipo que está trabajando en la iniciativa, y también reconoce los problemas graves enfrentados por los centros escolares. Reconoce que los alumnos son reclutados por pandillas, venden drogas, y que hay algunos que no asisten a un centro escolar.
Pacheco dice que hasta ahora, la policía no ha tenido la capacidad de dar cobertura a todas las colonias vulnerables. Dice que la Policía visita varios centros educativos para hablar con los alumnos y darles el número de emergencia para llamar en caso que suceda alguna situación de amenaza. En algunos centros educativos la policía también implementa el DARE, un programa que enseña a los alumnos como responder al enfrentarse con decisiones difíciles acerca de cuestiones como pandillas y drogas.
El subcomisionado explica que los cambios que se están llevando a cabo en la Policía Nacional mediante el proceso de depuración y reestructuración ayudarán a mitigar problemas históricos como la falta de agentes policiales, la falta de cobertura, y la falta de confianza en la policía por el parte de la ciudadanía.
Según Pachecho, la iniciativa de la Secretaría de Educación combina bien con los planes que tiene la Policía Nacional. Por ejemplo, la nueva Ley Orgánica de la Policía contempla un plan para establecer la Policía Escolar, dedicada asegurar la seguridad de los alumnos dentro de los centros escolares y en sus caminos entre la casa y la escuela.
Pacheco agrega que el aumento de personal policial y cambios en la educación de los policías vendrán a fortalecer las unidas y proveer mejor cobertura al país.
Muchas preguntas por enfrentar
Las declaraciones de los docentes y administradores dejan claro que el gobierno tiene mucho que considerar en sus iniciativas nuevas. ¿Los centros educativos tienen muros? ¿Tienen guardias contratados por el Estado? ¿Qué debe hacer un docente si un pandillero quiere meterse en el centro? ¿Cómo deben responder las oficiales de seguridad y educación cuando un centro de educación se enfrente con problemas de pandillas? ¿Qué debe hace un centro educativo cuando las balas de una guerra entre pandillas caen en sus aulas?
Los docentes del centro educativo de Roxana sospechan que la poca ayuda que han tenido de la Policía Militar después del tiroteo no va a durar, aunque los tiros sigan en la colonia. Dicen que el estado no tiene los recursos para mantener la ayuda en su centro pequeño.
Las reformas de la ley policial y la iniciativa de la Secretaria de Educación representan una esperanza que la falta de seguridad para niños del país puede cambiar. Sin embargo, mientras los cambios sigan en sus fases iniciales, los docentes y alumnos que viven un peligro inmediato solo pueden esperar.
“Estamos en la línea de fuego,” dice una docente. Y allí se quedarán hasta que abandonen sus puestos o el gobierno intervenga.
