En las primeras ocho semanas de gobierno, la población calificó con una nota de seis (6) el desempeño de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, revela la décima primera edición del Sondeo de Opinión Pública, realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) de la Compañía de Jesús en Honduras.
En la encuesta, aplicada entre el 28 de marzo y el 7 de abril de 2022, se consultó a la ciudadanía sobre las expectativas y desafíos del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Sobre si la administración de Xiomara Castro representa un cambio positivo para el país, el 66.7 por ciento de la población considera que sí, mientras que el 20.8 afirmó lo contrario. Sin embargo, el 37.7 por ciento de los hondureños y hondureñas cree que el país sigue igual, por el contrario, el 29.3 por ciento opina que está peor.
La calificación de seis (6) a la presidenta Xiomara Castro está en sintonía con que siete (7) de cada diez (10) hondureños y hondureñas (70.6 por ciento) se sienten beneficiados con las medidas de energía gratis para quienes consumen menos de 150 kilovatios.
Finalmente, sobre la independencia que Xiomara Castro tiene para tomar las decisiones en su gobierno, la percepción está divida. El 47.8 por ciento de la población considera que ella tiene el control de las decisiones de su gobierno, mientras que el 44.4 por ciento de la población considera que está siendo manipulada.
Las personas que manifestaron que la presidenta está siendo manipulada fueron consultadas sobre quién o quiénes la manipulan y el 60.6 por ciento considera que su esposo el expresidente Manuel Zelaya, quien es formalmente su asesor y el coordinador general del Partido Libre.
Corrupción y juicio político
El Sondeo de Opinión Pública con una muestra de 1,540 encuestas válidas representativas de toda la población mayor de 18 años que vive en 16 de los 18 departamentos del país.
Ese sector poblacional señala la corrupción como el tercer problema más importante del país; esta percepción está en sintonía con la ausencia de la institucionalidad responsable de aplicar la ley. Según el 82.5 por ciento de las personas encuestadas, los magistrados, jueces y fiscales defienden los intereses de los ricos y poderosos, los intereses de los corruptos y de los narcos.
Ante esos escenarios, se ha planteado en la agenda política de país la necesidad de aplicar la ley a los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público. En este sentido, ocho (8) de cada diez (10) hondureños y hondureñas consultadas están de acuerdo en que se abra juicio político contra el fiscal general y a los magistrados y magistradas del Poder Judicial.
Frente a la debilidad de las instituciones encargadas de la investigación y aplicación de la ley, el gobierno ha solicitado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la instalación de una instancia internacional que ayude a combatir la corrupción.
En ese sentido, el 49.4 por ciento de la ciudadanía dijo que si había escuchado sobre la solicitud de la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), en cambio el 50.6 por ciento manifestó que no. Entre quienes sí habían escuchado del tema, se consultó qué tan de acuerdo están con la instalación de la CICIH y el 85.3 por ciento tiene una opinión favorable.
El desencanto con las diputadas y diputados no solo se expresa en la desconfianza, también se manifiesta en la valoración sobre las actuaciones de los congresistas, en el caso del Partido Nacional el 65.6 por ciento de la ciudadanía considera que sus actuaciones dentro del hemiciclo son malas o muy malas. Mientras que el Partido Libre es el mejor calificado, el 33.3 por ciento de la población que considera que la actuación de sus diputados y diputadas es buena o muy buena.
El estudio también rescató la opinión referente a la suspensión de permisos para la explotación minera e hidroeléctrica. Las personas consultadas en un 73.7 por ciento dijeron estar de acuerdo o muy de acuerdo con la suspensión. Sobre la propuesta de declarar a Honduras como territorio libre de minería a cielo abierto, la población consultada dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo en un 74.8 por ciento.
En ese contexto, según las personas encuestadas por el ERIC-SJ, entre las principales causas por las que la población emigra están la falta de empleo con un 66.1 por ciento, la situación económica y la inseguridad con 24.9 por ciento y la violencia e inseguridad con 6.9 por ciento.
La temática de derechos humanos ha sido una constante a lo largo del ejercicio de consulta a través de Sondeo de Opinión Pública que realiza el ERIC-SJ, por tanto, para el año 2022 el 66.8 por ciento de la oblación es del criterio que la situación de derechos humanos sigue igual, que ha mejorado el 19.8 por ciento y que ha empeorado el 10.9 por ciento.
El segundo daño destacado por el 27.6 por ciento fue convertir el país en tierra de narcos. En ese sentido, la encuesta preguntó a la población su opinión sobre la continuidad de las extradiciones y los resultados arrojan que el 77 por ciento de la población está muy o algo de acuerdo.
Es importante destacar que la investigación o Sondeo de Opinión Pública del ERIC-SJ cuenta con un error muestral de +/-2.5 por ciento y un 95 por ciento de confianza.
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