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El desastre de Constitución Política que recetaron los grupos fácticos y los militares en 1982 no previó intencionalmente un mecanismo independiente para elegir las personas responsables de la Corte Suprema de Justicia.
Los llamados constituyentes liberuchos, kachurecos y aguiluchos de 1981 dejaron en manos de los dueños del bipartidismo jurásico la facultad de proponer a sus abogados para magistrados.
Los Rivera López, los Callejas, los Atala, los Flores Facussé y los Rosenthal decidieron por sus pistolas la integración de ese poder importante, incluso lo hacen hasta nuestros días.
Antes del año 2001, casi en su totalidad, los nueve sujetos impuestos en la Corte eran hombres blancos, leales a sus amos, a veces buenos abogados, pero generalmente leguleyos, tapudos, prochafas y sin capacidad de redacción ni de reflexión. Sus suplentes, puras mamparas.
Una vez que la lista de esos especímenes impares llegaba al Congreso Nacional los elegían ahí sus colegas azules y colorados, y se repartían en las salas civil, penal y administrativa. La presidencia de la Corte era decidida por el ganador del botín electoral presidencial.
A partir de 2001, después del paso brutal del huracán Mitch, la población exigió un cambio de reglas para elegir a hombres y mujeres a la Corte. Y se eligieron mumujas, con apenas excepciones para confirmar la regla.
El país había sido devastado y reclamaba la transformación institucional desde las bases, reclamaba democracia participativa, deliberativa, refundacional.
Pero a pesar de la gran energía ciudadana puesta en ese proceso, los malditos dueños de los partidos, los mismos de 1982, se salieron con la suya. Reconstruyeron puentes, se robaron el dinero de la catástrofe y maquillaron el Estado de Derecho.
Liberuchos y cachurecos, apoyados por el G-16 y la embajada gringa, cambiaron el proceso de nominación con una multitud de actores sociales, muchos sin ton ni son, pero conservaron intacto el estratégico proceso de selección y elección política dentro del Congreso.
La misma papada ocurrió con la elección de fiscales, procurador y comisionado de derechos humanos. Después del gran Mundo Orellana y del gran Leo Valladares, como si la gente fuera pendeja del todo, hicieron la gran patarata para terminar nombrando un general liberal y un adjunto cachureco. Siete y ocho marionetas en la Corte. Todos leales a sus partidos y traidores al pueblo.
Dice la triste Constitución de 1982: “La Potestad de impartir justicia emana del pueblo y se administra gratuitamente en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes”.
Paja, lo que tenemos actualmente — herencia pura del golpismo y de la dictadura narcotraficante, que son la misma cosa — es un Chinchilla cacho de Copán leal a Pepe y a joh, un desaparecido adjunto liberal rosentahalista, ocho cachos y siete floreados magisterillos leales a la dictadura azul y colorada.
La experiencia fue aprendida en 2016. En un escenario con nuevas fuerzas políticas presentes en el Congreso Nacional, los dueños de siempre, los jugadores de las viejas cuotas del poder utilizaron millones de dólares para comprar votos y organizaron su cartel jurídico. Los narcos obviamente participaron abiertamente en ese proceso.
Todos los actores mafiosos, en alianza, compraron los votos que necesitaban para reunir la mayoría de diputados. Identificaron las miserias de Libre para sumarlos a la factura que terminó eligiendo los magistrados de la narco-dictadura. Eligieron su manada, la de Argueta, el amigo juvenil de joh en Lepaera, Lempira, el cuidador de los intereses desestabilizantes de los grupos urbanos armados de poder.
Eso es lo que tenemos enfrente. Un poder del Estado que responde a los Hernández, a los Facussé, a los Rosenthal, a los Atala. Un poder del Estado con un índice de impunidad en crímenes y violaciones de derechos humanos superior al 95% en los últimos 12 años, pero que es bien funcional para las élites que gozan de leyes habilitantes en todos los campos económicos imaginables. Y de intocabilidad penal a toda prueba.
Ni un Facussé, ni un Atala, ni un Callejas ni un Rosenthal tienen sentencias condenatorias por sus crímenes en Honduras. En Nueva York, los 35 delincuentes encerrados en prisiones federales por actos de terrorismo, incluido el coyote jefe de la manada, el narco principal, no tenían una sola denuncia siquiera en los tribunales nacionales.
En Nicaragua, el grupo de los 12 delincuentes del anillo de Hernández que fueron convertidos anteayer en compatriotas de Daniel Ortega, tampoco tenían procesos criminales que impidieran su huida del país tras el hundimiento del proyecto joh. Pero son imputados por robarse el dinero de la pandemia, por esconder bajo la alfombra la basura de su líder, y por conspiradores.
David Castillo, el militar testaferro de Ficohsa en los sucios negocios energéticos que asesinaron a Berta Cáceres, no ha recibido la lectura de su sentencia condenatoria por aplazamientos continuados, cuatro para ser precisas, y su jefatura financiera, el núcleo de los Atala Zablah, aún no pisa el suelo del tribunal que lo busca como pagador de ese crimen político de 2016.
Un país así sin garantía de justicia imparcial, sin jueces independientes y probos, sufre lo que Honduras está sufriendo de cara a la nueva elección de esos guardianes de la justicia de élite. La desigualdad social y el empobrecimiento extremo jamás vistas en los 200 años de vida republicana son consecuencias de esa desgracia judicial, que impone el Derecho de la clase dominante.
Por eso la elección que se avecina es meramente una lucha de clases. Es una demanda de cambio de reglas del juego, porque obedece a una nueva correlación de fuerzas políticas. Esta vez son los millones de electores y electoras del partido Salvador de Honduras, anticorrupción, y del partido Libre, anti patriarcal, que serán parte de la selección y de la elección de magistrados. La nueva sociedad hondureña exige personas capaces, serias e independientes para esos asuntos estratégicos.
Entonces, los magistrados y magistradas que queremos deben ser sólidamente políticos, es decir, que entiendan perfectamente el funcionamiento del poder y que sean capaces de enfrentarlo y de confrontarlo. No queremos personas políticamente insípidas e ingenuas. Mandaderos tontos, buenos solo para levantar la mano y hacer quórum. Esto aplica para los fiscales también.
En realidad, esta vez no deben ser ni Carlos Flores Facussé, ni la embajada de Estados Unidos, ni los Atala y sus ramales, ni los católicos y evangélicos, quienes seleccionen y elijan la conformación de la Corte Suprema de Justicia con ese tipo de tontos.
Esta vez que sea al revés y del lado correcto, que el partido nacional, el partido liberal, el partido libre, el PSH y Honduras Humana participen en la selección de candidaturas, pero que la elección sea hecha finalmente por el pueblo elector a través de una coalición bien sólida de diputados comprometidos con el cambio en el Congreso Nacional. Y que sea de día, a vista de la Nación.
Ya verán ustedes cómo este pueblo va a cambiar la cosa, para empezar las reglas hay que modificarlas, y hay que denunciar si en el camino el Cohep corre otra vez a llorar donde la señora de la embajada de Estados Unidos.
Como ya escuchamos, hay una bramadera de los medios tradicionales que son portavoces de esos sectores dueños de la justicia tratando de influir negativamente el proceso. Están tratando de impedir lo inevitable. Están jugando a la inestabilidad.
En respuesta a ese escenario que están construyendo no nos cabe duda de que los sectores organizados del país, los conscientes, van a tomar en sus manos la estrategia de acompañamiento del Congreso Nacional para hacer sentir un cambio en la justicia nacional.
El pueblo alegre, consciente y políticamente comprometido, es el actor que en la coyuntura actual de Honduras representa el factor de poder más importante a considerar. No se le puede ignorar.
Para este pueblo no es paja que la Potestad de impartir justicia emana de él y que la paz depende de su administración por Magistrados y Jueces independientes. Que así sea. Que así hagamos que sea. Que así deba ser. Buenas noches.
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