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Paz y Paz participaron en una conferencia de prensa que ofreció en la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH.
Cejil es parte de las siete organizaciones nacionales e internacionales que integran la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH, la que surgió con el objetivo de monitorear la implementación de las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana.
Entre los casos que la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH da monitoreo de la implementación, están el de Carlos Luna, Carlos Escaleras, Janeth Kawas, entre otros.
“Estamos en un momento histórico, donde hay oportunidad que Honduras cumpla con deudas históricas con respectos a mandatos de la Corte Interamericana”, manifestó Claudia Paz y Paz.
Añadió que las órdenes de la Corte-IDH aborda problemas estructurales que van desde penas que se refieren a fortalecer el estado de derecho, a garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, a mejorar las condiciones carcelarias, protección de derechos de los pueblos indígenas, entre otros.
La Directora CEJIL reiteró que el gobierno de Xiomara Castro tiene la oportunidad de cumplir esa deuda histórica, donde hay importantes sentencias que aún no se ha dado lo necesario para proteger el trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos y donde puedan ejercer libremente, donde no exista riesgo para la vida y la integridad para las personas defensoras de los derechos humanos.
Finalmente, Paz y Paz informó que la Mesa de Seguimiento sostendrán una serie de reuniones con diversas instancias de gobierno, para impulsar que el Estado avance en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias dictadas en su contra.
En un comunicado público, la Mesa de Seguimiento señaló que ve con urgencia la aprobación e implementación de un protocolo de debida diligencia para la investigación de crímenes cometidos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, en aras de evitar que los actos cometidos contra personas defensoras no queden impunes.
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