Presidenta Xiomara Castro en la inauguración de la Policía Comunitaria en Santa Bárbara.Con la puesta en marcha de la Policía Comunitaria el Gobierno busca reducir los altos índices criminalidad en Honduras. Según las estadísticas en promedio asesinan a 10 personas al día. Sin embargo, varios sectores de la sociedad argumentan que dicho proyecto no tendrá efectividad sino se lleva a cabo una verdadera depuración policial y no se combatan las raíces que generan la violencia en Honduras.
“Con la Policía Comunitaria y la estrategia de Mesas de Seguridad Ciudadana, buscamos la participación y corresponsabilidad de la ciudanía que son los que conocen la problemática de inseguridad que tienen en sus barrios, colonias, aldeas, municipios y ciudades”, manifestó el Director de la Policía Nacional, Comisionado General Héctor Gustavo Sánchez Velázquez.
Pero, de otro lado hay opiniones que ponen en duda la efectividad del proyecto. “No podemos confiar información delicada a una policía que no solo es informante de grupos delictivos, sino que es facilitadora de las operaciones delictivas en los barrios y colonias”, manifestó un líder comunitario del sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, quien por razones de seguridad pidió omitir su nombre.
A renglón seguido dijo, “si pensamos en el día a día de cada sector, de cada barrio, la policía no es un ente de seguridad. Por ejemplo: si a mí me asaltan no puedo llegar a una posta policial a interponer la denuncia, porque corro el riesgo que algún agente corra a decirle al delincuente que yo lo señalé como responsable del asalto o de otra información que pudiera haber facilitado”.
Así mismo indicó conocer de muchos casos tanto en el sector Chamelecón como en la Rivera Hernández, donde policías se prestan para que operen con impunidad los grupos criminales. “De hecho cuando llegan operativos o cateos a sus viviendas, algunos agentes se encargan de alertar a los líderes criminales para busquen otros refugios mientras pasan los operativos”, lamentó.
En ese mismo sentido opina el investigador Elvin Hernández, quien considera que la profesionalización de la policía sigue siendo una materia pendiente, y eso pasa por una verdadera depuración que contribuya a recuperar un poco la confianza que han perdido los cuerpos armados ante la población.
Hernández quien formó parte del reciente Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), indicó que la violencia es uno de los tres principales problemas que la ciudadanía percibe en el Sondeo 2022. “La gente dejó de confiar en los cuerpos armados del Estado, al menos ese es el telón de fondo que dejó la pregunta sobre la confianza en dichas instituciones, ya el 33.1 por ciento de la población manifestó no confiar en ningún cuerpo del Estado”.
Por su parte Carmen Alicia Paz, alcaldesa de San Nicolás, Santa Bárbara, dijo en el programa Foros Populares que hay una relativa esperanza en el proyecto porque esto vendría a ayudar a aliviar la inseguridad de las comunidades. Pero, dejó claro que de momento no se conoce a profundidad el proyecto de Policía Comunitaria. “¿Cómo sería la relación entre la policía y la comunidad?, ¿cómo la comunidad podría confiar información delicada a la policía que no ha sido depurada? Aunque reconozco que, así como hay buenos elementos en la policía, también hay agentes coludidos con crimen organizado”, indicó.
Entre tanto, el Comisionado General de Policía Héctor Gustavo Sánchez Velázquez, manifestó que las Mesas de Seguridad Ciudadana serán un espacio de participación (integrada por instituciones del Estado, ONGs, patronatos, juntas de agua, iglesias, etc.). “Es un espacio donde se crearán los diagnósticos comunitarios de seguridad, los planes de acción para revertir los niveles de criminalidad y violencia. Sabemos que no es fácil, porque hay muchos actores que quieren que las políticas de seguridad fracasen. Pero, nosotros no pararemos hasta lograr que regrese la paz y la tranquilad al pueblo hondureño”, indicó.
El líder comunitario de San Pedro Sula considera que en algunas zonas de las principales ciudades del país será compleja la relación estrecha entre ciudadanía y policía. Y citó como ejemplos los sectores Rivera Hernández y Chamelecón donde ninguna estrategia será eficaz si antes no hay depuración policial y sean rescatadas las zonas que están bajo el acecho de maras y pandillas.
Como un indicador de la situación que atraviesan las zonas conflictivas, ayer domingo (10-07-22) 10 familias del sector Chamelecón abandonaron sus viviendas por amenazas de miembros de pandillas. Las casas que quedaron abandonadas se ubican en un sector que sirve de frontera entre la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, quienes mantienen una pelea por territorio. Según reportes de las propias autoridades policías quienes hoy tomaron control de la zona.
Para el ministro de Seguridad Ramón Sabillón, la Policía Comunitaria y las Mesas de Seguridad Ciudadana, es el inició de una nueva de política de seguridad ciudadana, dejando a un lado el viejo modelo. “Ahora tenemos que ponernos en acción y llevarlo a la practica en los 298 municipios del país”, indicó.
“Con las Mesas de Seguridad Ciudadana serán las mismas comunidades las que escoja a sus integrantes, porque conocen su entorno, su modo de vivir y la ocupación de cada persona. Este es un concepto nuevo y diferente a lo que ocurrió en el Gobierno de Ricardo Maduro. Nosotros no daremos armar a las personas que pertenezcan a las Mesas de Seguridad”, indicó el Sub Comisionado Rodríguez, sub-director de la Policía Comunitaria.
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