¡Años 80, golpe de Estado y fraude electoral nunca más!

Radioprogresohn.net

Por Joaquín A. Mejía Rivera, ERCI-SJ y EJDH

Desde el retorno formal a la democracia en 1982, la sociedad hondureña ha vivido tres momentos críticos que han supuesto un abandono de los valores democráticos, de los principios básicos del Estado de derecho y de la obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos:

1. La década de los años 80 en la que se implementó una práctica de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, torturas y ausencia del debido proceso, en un contexto de inaplicación de la doctrina de seguridad nacional, lo cual fue documentado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
2. El golpe de Estado de 2009, en el que, como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se produjeron graves violaciones a los derechos humanos.
3. La crisis postelectoral de 2017 producto de la ilegal reelección presidencial y del fraude electoral en la que elementos de las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente la Policía Militar de Orden Público y el Ejército, asesinaron e hirieron a decenas de personas, de acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Estos tres momentos históricos tienen varios aspectos en común:

1. Las violaciones a derechos humanos fueron documentadas por órganos independientes como el CONADEH), la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la CIDH y la OACNUDH); y también hubo dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que determinó la responsabilidad internacional del Estado por tales hechos.
2. Los recursos legales disponibles no fueron idóneos ni eficaces para garantizar y reparar los derechos vulnerados; la falta de independencia de instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial se tradujo en falta de voluntad e incapacidad para proteger los derechos humanos; y las víctimas no encontraron respaldo para acceder a la justicia.
3. Las violaciones a derechos humanos se cometieron en un contexto de impunidad estructural que ha permitido su repetición y ha colocado a las víctimas y sus familiares en total indefensión.
4. Los ejecutores de estos crímenes son los mismos, es decir, las fuerzas de seguridad del Estado, particularmente los militares, lo que permite establecer una continuidad histórica desde los años 80 hasta la crisis postelectoral de 2017, con diferentes intensidades, pero con rasgos similares de motivación política e indefensión de las víctimas.

Hace ya 20 años, Leo Valladares Lanza, titular del CONADEH, nos alertaba de la principal razón de esta repetición crónica de abusos a los derechos humanos por parte de los mismos actores:

La presencia reiterada, sin condena, de estos hechos reveló algo aún más importante: la existencia de la impunidad para delinquir. Una impunidad que permite que estas prácticas continúen. Ayer las víctimas fueron los percibidos como enemigos políticos o ideológicos. Si no corregimos esto a tiempo, hoy las (sic) motivos podrían ser distintos y sin embargo, los dramáticos resultados serían los mismos.

A pesar de que los tres momentos de ruptura social y de graves violaciones a derechos humanos están suficientemente documentadas, incluso, que se estableció una Comisión de la Verdad y la Reconciliación para determinar la verdad de los hechos sobre uno de ellos -el golpe de Estado de 2009-, la sociedad hondureña no ha tenido un proceso de justicia transicional que, por un lado, garantice una justicia retributiva, es decir, la investigación, judicialización y sanción de quienes son responsables de los crímenes del pasado; y, por otro lado, que garantice una justicia restaurativa, es decir, la adopción de las medidas necesarias para reparar el daño causado, evitar su repetición y avanzar hacia una efectiva reconciliación nacional.

Hoy, 28 de junio, es propicio para reflexionar sobre un primer paso necesario para avanzar hacia un verdadero proceso de reconciliación nacional: la constitución de un Grupo de Trabajo sobre la Verdad, siguiendo los estándares internacionales en la materia para que goce de la legitimidad necesaria, que analice y actualice los informes del CONADEH, de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y de la OACNUDH con el fin de:

1. Retomar y enriquecer las recomendaciones que permitan abordar la verdad acerca de lo ocurrido mediante el examen de las causas, las consecuencias y la naturaleza de las violaciones graves a los derechos humanos.
2. Promover la creación de tribunales de derechos humanos para contribuir a la lucha contra la impunidad.
3. Elaborar e implementar una política pública de reparaciones que subsane la cohesión y el tejido social fracturados por la violencia estatal y la impunidad.