Apostadas frente al edificio de los juzgados de Marcala, La Paz, decenas de familias de la comunidad Nueva Palestina estaban a la expectativa del resultado de la audiencia inicial contra 31 personas del consejo indígena, a quienes se les acusa de los delitos de usurpación, alteración de términos linderos y daños a la propiedad.
La comunidad de Nueva Palestina se ubica en una de las zonas más ricas en recursos naturales en el municipio de San José, La Paz, en el sur occidente de Honduras. Aquí, el Instituto Nacional Agrario acreditó la legitimidad de la propiedad de las tierras al consejo indígena a través de la entrega del título de propiedad desde 1999.
Sin embargo, las tierras son reclamadas por el terrateniente Juan Argueta, quien asegura tener legítimo derecho sobre ellas y ha provocado los procesos de criminalización contra los pobladores, pobladoras y la comunicadora de Radio Progreso, Sonia Pérez.
El proceso judicial
Luego del desalojo contra la comunidad en el mes de mayo, el panorama para las pobladoras y pobladores era sombrío. Sin embargo, el acompañamiento de las organizaciones defensoras de derechos humanos poco a poco ha ayudado para que la esperanza vuelva a las familias de Nueva Palestina.
En la audiencia inicial (29/06/2022), la defensa de Sonia Pérez y de la comunidad, presentó un incidente de nulidad en contra de la orden de desalojo realizado el 18 de mayo.
“Es importante mencionar que el juez en su resolución admite que se le ha violentado derechos fundamentales al consejo indígena lenca, entre ellos, el derecho a la propiedad, defensa y justicia”, explica la abogada del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ, Dunia Pérez.
La abogada señala que el Ministerio Publico solicitó el amparo al desalojo mediante Decreto 93-2021, que reforma el delito de usurpación, por lo que el Ministerio Público y el mismo Juez que ordenó el desalojo, violaron el principio de irretroactividad de la ley penal.
“Recordemos que este principio solo se puede aplicar cuando la nueva Ley favorezca a los procesados. Por eso consideramos que esta resolución que deja sin valor y efecto la orden de desalojo es muy positiva”, dice Pérez.
La audiencia inicial continuará el próximo 28 de julio a las 8 de la mañana.
Esperanza
Aunque dejar sin valor y efecto el desalojo es solo un pequeño paso en la búsqueda de justicia, la población de Nueva Palestina celebró la noticia. El coordinador del consejo indígena, Mártir Gámez dice que están contentos con esa resolución y eso da razón sobre la legitimidad de su lucha.
Según Gámez, desde el inicio del proceso de criminalización la zozobra se ha apoderado de la comunidad y las mujeres, los niños y las personas adultas quienes se han llevado la peor parte. El temor de ser nuevamente desalojados es permanente, sumado al miedo de ir a la cárcel y abandonar a sus familias.
Mártir explica que las familias prácticamente han perdido todas sus formas de vida, con el desalojo sus cultivos fueron destruidos provocando calamidad extrema en la comunidad.
Sin embargo, no pierde la esperanza de mirar concluido en los próximos meses el conflicto que ha quitado la tranquilidad a Nueva Palestina.
“Damos gracias a Dios. Estamos confiados que vamos a avanzar por buen camino. Los entes investigativos deben realizar verdaderas investigaciones. Hoy el juez nos dio la razón sobre la ilegalidad del desalojo, no puede seguir la criminalización en nuestras comunidades”, dice Mártir Gámez.
Libertad de expresión
Sonia Pérez es corresponsal de Radio Progreso desde el año 2018 y su labor está destinada a informar lo que acontece en el municipio de San José, departamento de La Paz.
Con el proceso de criminalización contra Sonia, el Ministerio Público refleja la incapacidad que tiene de realizar investigaciones profundas. Además, de la complicad que mantiene con sectores poderosos.
Para Sonia Pérez, el juicio avanza por buen camino y espera pronto termine la pesadilla para ella y la comunidad de Nueva Palestina.
“Es un avance positivo. Exigimos justicia. La gente de Nueva Palestina únicamente defiende su legítimo derecho porque las tierras les pertenecen”, dice Sonia.
Ella señala que el Ministerio Público ha venido realizando una serie de acusaciones sin conocer a profundidad el origen de los conflictos. “En mi caso salgo señada sin conocer únicamente por dar acompañamiento a la comunidad como corresponsal de Radio Progreso. Estoy esperanzada con los resultados que hasta ahora se van obtenido “dice.
Desde Radio Progreso y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC, lamentamos que instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial sigan siendo instrumentos de criminalización en la labor de defensoría de los derechos humanos y la defensa de los territorios, contrariando los estándares internacionales en la materia, particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes, así como la Observación General N° 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas con respecto a los desalojos.
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