Rel UITA
Por Giorgio Trucchi
Sin embargo, las últimas intimidaciones que recibió la lideresa garífuna la semana pasada preocupan de manera especial por el contexto socio-político hondureño en que ocurren.
Esta situación la ha llevado a reforzar las medidas de seguridad personal.
“Vivimos doce años de una narcodictadura que nunca mostró la voluntad de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra[1].
Esta situación ha generado más violencia y conflictividad. La desaparición forzada de nuestros hermanos ha sido el inicio de una escalada represiva e intimidatoria en contra de nuestro pueblo”, dijo Miriam Miranda a La Rel.
El 18 de julio de 2020, hombres fuertemente armados vistiendo uniformes policiales irrumpieron en Triunfo de la Cruz y se llevaron de sus casas a cuatro jóvenes activistas comunitarios, entre ellos al presidente del patronato Alberth Sneider Centeno.
Los cuatro son miembros de la Ofraneh y casi 19 meses después siguen desaparecidos. El régimen de Juan Orlando Hernández nunca permitió que un comité garífuna de investigación y búsqueda (Sunla)[2] acompañara las investigaciones.
El peligro de denunciar
“Nuestros territorios se han vuelto objeto de disputa y acaparamiento por parte de las mafias institucionalizadas. Cualquier líder o dirigente comunitario que denuncie esta situación se expone a represalias”, advirtió Miranda.
La coordinadora de la Ofraneh explicó que después de la desaparición forzada de los cuatro activistas, cuyo trabajo estaba enfocado en la defensa del territorio y en exigir el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, en Triunfo de la Cruz se han intensificado las amenazas y los ataques. La gente está aterrorizada.
Además, se ha agudizado la deforestación en Punta Izopo (Tela) para la siembra de palma africana.
La denuncia pública hecha por Miranda a través de las redes sociales le ha acarreado nuevas y fuertes intimidaciones.
Los cambios los hacen los pueblos
“Con la victoria de Xiomara (Castro) y el trabajo iniciado con la comisión de transición para movimientos sociales se han dado pasos importantes, sin embargo, los grupos de poder criminales se han fortalecido durante estos años y están muy radicados en los territorios”, explicó la dirigente garífuna.
“Hay que avanzar en el desmontaje de todo este sistema, en la derogación de leyes y decretos que institucionalizan la persecución y criminalización de los pueblos, la venta de territorio y soberanía, la corrupción y la impunidad. Sin duda es el reto más grande para el nuevo gobierno y no va a ser fácil”, recalcó.
Tres son los puntos clave que la Ofraneh y las comunidades garífunas presentaron a las nuevas autoridades: cumplir la sentencia de la Corte IDH, incorporar al Sunla en el proceso de investigación y búsqueda de los activistas desaparecidos y nombrar a un fiscal especial para la desaparición forzada.
Paralelamente, el movimiento social y popular hondureño deberá aprovechar la nueva coyuntura para fortalecer la lucha territorial, coordinarse, articularse y movilizarse, porque “los cambios vienen y los hacen los pueblos”, concluyó Miranda.
Notas:
[1] En 2015 los jueces ordenaron al Estado de Honduras demarcar las tierras ancestrales sobre las cuales se otorgó la propiedad colectiva a las comunidades, en dominio pleno y en garantía de ocupación. Buena parte de estas tierras fueron usurpadas por empresarios y grupos de poder.
[2] http://www.rel-uita.org/
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