Leonardo Aguilar
El decreto que deroga la normativa conocida como «Ley de Secretos» está en proceso de ser sancionado por el Poder Ejecutivo para ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Las instituciones que ocultaron información apegándose a esta ley, tienen un plazo de dos meses para explicar por qué la reservaron, de lo contrario, toda la información que fue clasificada durante la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022) debe ser publicada en los portales de transparencia bajo la supervisión del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Con esta ley —aprobada el 24 de enero de 2014 en una jornada catalogada como «hemorragia legislativa»— se hizo posible ocultar información sobre el manejo de fondos públicos. Esta fue la última acción de Juan Orlando Hernández (actualmente solicitado en extradición por acusaciones de narcotráfico) como presidente del Congreso Nacional (2010-2014).
Ivonne Ardón, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), quien fue convocada por el Congreso para exponer sobre la importancia de la derogación de la Ley de Secretos, dijo a Contracorriente que para que la información sea desclasificada, solo falta que la presidenta Xiomara Castro sancione el decreto que fue aprobado en el Congreso Nacional el pasado 1 de marzo.
La comisionada del IAIP agregó que la resolución 69, emitida por el Consejo de Defensa y Seguridad, facultó a 20 instituciones para que reservaran información aduciendo que eran temas de seguridad nacional. Sin embargo, explica que no tienen certeza de sí las 20 instituciones reservaron o no información ni tampoco conocen qué clase de información es la que se clasificó como reservada.
«Tampoco podemos confirmar qué tipo de información fue la que reservaron porque esto nunca fue reportado ante el instituto», sostiene Ardón.
La Ley de Secretos, en su artículo 7, clasificaba la información como «reservada» hasta por un período de 5 años; la información “confidencial” por 10 años; la “secreta” por 15 años y la “ultrasecreta” por 25 años. El mismo artículo facultaba la desclasificación de dicha información solamente al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, presidido por el titular del Ejecutivo (en ese momento Juan Orlando Hernández), a petición exclusiva del Fiscal General de la República,Óscar Fernando Chinchilla.
La Ley de Secretos creó un paralelismo normativo frente a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LTAIP, e institucional frente al IAIP. Debido a presiones, esa ley fue declarada inconstitucional de forma parcial por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 5 de noviembre de 2019.
El 27 de enero de este año, el día de su toma de posesión, la presidenta Xiomara Castro mostró su apoyo público hacia el actual presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Además, dijo que allanaría el camino para la eventual llegada de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
No obstante, el gobierno de Castro ha sido cuestionado en los últimos días porque el Congreso Nacional, al que ella respalda, aprobó un decreto de amnistía que, a pesar de que beneficia a defensores del ambiente y luchadores sociales, absuelve de responsabilidad penal a exfuncionarios acusados por corrupción que formaron parte del gabinete de gobierno que presidió su esposo, el expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009).
Recomendamos leer: Diputados oficialistas aprueban amnistía que favorece a exfuncionarios del Gobierno de Manuel Zelaya
Aunque la derogación de la Ley de Secretos constituye un avance sustancial, aún existen artículos contenidos en algunas normas que pueden ser utilizados para restringir el derecho a la información pública, entre estos, el 18 y 19 de la Ley de Inteligencia Nacional, en vigencia desde enero de 2013.
También hacen posible restringir información los artículos del 17 al 21 de la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, existen algunas disposiciones generales que han sido declaradas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República en las que se reserva información.
Otra forma de ocultar información ha sido a través de las compras directas que ha realizado la Secretaría de Defensa, un ejemplo de esto fueron una serie de compras para equipar el Hospital Militar que se hicieron durante la pandemia, gastos con dinero público que no tenían nada que ver con equipo bélico. En 2011, Juan Orlando Hernández autorizó a la Secretaría de Defensa realizar compras directas y además estableció que existía dentro de las Fuerzas Armadas equipo que se consideraba de seguridad nacional, por lo que la adquisición del mismo, así como materiales, partes y repuestos se debían catalogar como «secretas».
También restringe información el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, en la que se prohíbe a los miembros, funcionarios y empleados del Tribunal divulgar y suministrar el contenido de las declaraciones, informaciones y documentos, así como de las investigaciones y demás actuaciones de esa institución.
La comisionada Ardón dice que le explicaron al Congreso Nacional cuáles deben ser los procedimientos a seguir por las instituciones para reservar la información que en realidad necesita permanecer bajo reserva.
Fátima Mena expone que la Ley de Secretos no solamente ocultaba información a la ciudadanía, sino que además era imposible que la misma institucionalidad pública pudiera acceder a ella, incluyendo al propio Ministerio Público y Tribunal Superior de Cuentas, entre otros órganos contralores del Estado.
Además, Fátima Mena confirmó que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, recibió presiones para no derogar esa ley. «Luis Redondo manifestó que hubo presiones para que no se derogara la ley o para que solo le hicieran modificaciones». No obstante, ni Fátima Mena ni Luis Redondo dieron a conocer de dónde provenían estas presiones.
Como uno de los obstáculos para judicializar casos de corrupción ha sido que el Ministerio Público no puede acceder a información pública clasificada, la vicepresidenta del Congreso sostuvo que durante el gobierno de Xiomara Castro se dejarán claras las funciones que tendrán las instituciones que combatan la corrupción y, por otro lado, las atribuciones que tendrá el IAIP, esto para evitar que nuevamente se oculte información a los fiscales hondureños.
Mena asegura que la semana anterior presentó ante la Junta Directiva del Congreso Nacional un proyecto para realizar una reforma constitucional para garantizar el derecho humano de acceso a la información pública y además para elevar a rango constitucional al IAIP.
El ejemplo de la anterior Casa Presidencial
El IAIP explica que le pidieron a la Coordinación de Gobierno ser más explícitos sobre qué información pedían declarar en reserva. Ante el silencio, en noviembre pasado el IAIP declaró sin lugar la petición de reservar la información en vista de que la Coordinación de Gobierno no pudo argumentar a qué gastos se referían y nunca aclaró si los gastos que pedían ocultar eran cubiertos con el presupuesto general de la República o si eran gastos cubiertos con fondos privados. Es decir, con el dinero del expresidente Juan Orlando Hernández y de su núcleo familiar o con fondos del Estado de Honduras.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) protege los datos sobre el patrimonio personal, sin embargo, establece que los funcionarios públicos están en la obligación de reportar los gastos que hagan con recursos del Estado.
El Director del Instituto Holandés para la Democracia, Luis Daniel León, expone que cuando se aprobó la ley de secretos, esta tenía dentro de sus características la obligatoriedad de que la ley de transparencia y el mismo IAIP debían aprobar lo que se iba a clasificar, pero explica que, al momento de ejecutar esa ley se produjo la arbitrariedad por parte de los funcionarios públicos que declararon la información como seguridad nacional y la ocultaron.
«Ahora con la derogación se da la oportunidad de conocer cuál es esa información que se ocultó, ¿qué fue lo que se escondió? Es evidente que esta ley lo que buscaba es blindar las posibles acciones de corrupción que se daban en el gobierno, vetándolas hasta [por] 20 y 30 años de secretividad», argumentó León.
«La Policía Nacional argumentaba seguridad nacional para no decir en qué gastaban los combustibles y la alimentación para operativos, porque decían que los delincuentes no podían saber dónde iban a ejecutar el operativo, pero una vez ejecutado el operativo ya no había necesidad de ocultarlo, sin embargo, lo ocultaban. Lo que se hizo fue un uso excesivo para cubrir las malas acciones que se hacían en el gobierno», sostiene León.
León dice que de nada sirve si la derogación de la Ley de Secretos solo queda en opiniones. «Ahora el asunto no solo pasa por conocer lo que pasó, sino por ver la capacidad de investigación, requerimiento fiscal y judicialización».
No hay comentarios:
Publicar un comentario