El término “capitalismo salvaje” toma rostro en la comunidad Maya Chortí de Azacualpa, La Unión, Copán, donde se destruyen comunidades, cerros, montañas, fuentes de agua y hasta los muertos son expulsados del cementerio, con el único propósito de sacar oro por parte de la Empresa Minerales de Occidente, (MINOSA) de la concesionaria Aura Mineral de capital canadiense.
“Minosa por 40 años ha operado a su antojo. En este tiempo ha logrado subyugar toda la institucionalidad, es decir, que en este municipio el Estado es Minosa. Por tanto, se debe retomar bajo el imperio de la ley la operatividad de la empresa minera y de esa manera disminuir todos los abusos que se cometen en contra de las comunidades”, aseguró el abogado Víctor Fernández del Bufete Estudios para la Dignidad, quien defiende la causa de Azacualpa.
Desde la carretera internacional a la altura del municipio de Cucuyagua, Copán, se observan los cerros demolidos. Cuando se llega a la zona te das cuenta que en lugar de cerros hay enormes cráteres. Allí ha determinadas horas del día hay explosión de dinamitas. Además, existe una intermitente red de maquinaria sacando todo el material que envuelve el oro. Desde la parte alta los tractores y volquetas parecen animales carroñeros.
Esta minera ya desplazó tres comunidades: San Miguelito, Platanares y San Andrés. “Ahora viene por nuestra comunidad (Azacualpa), ya sacaron a nuestros muertos del cementerio sin nuestra autorización. Sin embargo, aquí seguimos resistiendo en defensa de nuestra aldea (Azacualpa) y nuestras tierras”, indicó Javier Madrid del Comité de Víctimas de Minosa.
Recuerda que los ejecutivos llegaron ofreciendo cielo, mar y tierra para que las comunidades firmaran con la empresa minera para poder instalarse. “Así comenzó la desgracia y poco a poco fueron despojando las tierras, destruyendo los cerros y desapareciendo comunidades. Todo esto ha pasado con la complicidad de los gobiernos nacionales, alcaldes de La Unión y el sistema de justicia hondureño”, manifestó.
De acuerdo a Madrid, la minera ha destruido por completo cuatro cerros. El quinto es donde estaba instalado el cementerio desde hace más de 200 años. Pero ya van destruyendo todo el entorno y poco a poco llegarán a convertirlo en un cráter. De acuerdo a varios ambientalistas, aquí se demuestra que la minería es una actividad depredadora antiética y que extermina toda vida vegetal y animal, contamina con químicos tóxicos los ríos y mantos friáticos.
A mediados del 2018 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, admitió un recurso de amparo, en favor de los habitantes de la comunidad.Minosa destruyó el Campo Santo
Doña Gloria Rodríguez (74) entre lágrimas y con un nudo en la garganta indicó que del cementerio sacaron sin su consentimiento los restos de su mamá, papá y hermanas. Hoy no sabe dónde están los cadáveres de sus familiares. Mientras conversamos se frota las manos, suspira y se chupa labios en señal de enojo e impotencia, como si quisiera de alguna manera decir estas palabras a la institucionalidad hondureña, a los dueños y ejecutivos de la minera.
El cementerio para la comunidad tiene una gran importancia espiritual, religiosa y cultural. No en vano le llaman “Campo Santo”. Es allí donde reposan los restos de sus antepasados y que constantemente han visitado sus tumbas para llevarles flores, hacerles oraciones y recordar los momentos bonitos que vivieron cuando estuvieron en familia.
Las exhumaciones y la destrucción del cementerio se realizaron el 16 enero de 2022 a pesar de una orden emitida por la Corte Suprema de Justicia donde pidió detener el proceso de exhumaciones. Fue el Juzgado de Letras de Santa Rosa de Copán, que declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por el Bufete Estudios para la Dignidad.
Bajo un fuerte despliegue militar y policial a petición del juez de Letras, Rafael Humberto Rivera Tabora, en la oscuridad de la noche, al cementerio entraron tractores para demoler todo lo que encontraron a su paso. Ahora lo que hay son huecos y promontorios de desechos de los sepulcros. Apenas se observan dos pequeñas cruces de manera que algunas personas han colocado para identificar donde estaban enterrados sus parientes.
Entre la población de Azacualpa hay un sentimiento de rabia, tristeza e impotencia porque la mayoría de los muertos que no habían sido exhumados no saben a qué lugar los fueron “a botar”. “Aun cuando nos han demolido el cementerio nosotros lo vamos a defender si es posible con nuestra propia vida. Porque después del cementerio vienen por el cerro donde está asentada la comunidad”, indicó Rivas.
Minas a cielo abierto
Una vez que se extraen las rocas del subsuelo son transportadas por enormes camiones a una planta de trituración, donde son convertidas en polvo y trasladadas a las canchas de lixiviación (lavado). Finalmente, se les agregan grandes cantidades de agua cianurada para separar las partículas de oro.
Debido a una descarga ilegal de las pilas de lixiviación el día 26 de junio de 2017 por parte MINOSA, apareció en las riberas del río Lara cientos de miles de peces muertos. Al sitio se hicieron presentes representantes del INHGEOMIN, Mi Ambiente, Policía Nacional, Ministerio Público y municipalidad de La Unión Copán, quienes confirmaron el hecho. Sin embargo, nunca se conoció informes de algunas de las autoridades.
El pasado lunes el Gobierno de Xiomara Castro declaró al país «libre de minería a cielo abierto» y anunció la «cancelación» de las licencias, permisos y concesiones, hecho celebrado por ambientalistas y comunidades, y que pone en jaque a la industria. “Esto tiene consecuencias sobre toda la industria minera. Particularmente con la minera Minosa debe tener mayor peso por la forma en la que opera”, manifestó el abogado Víctor Fernández.
“MINOSA lo que hace es una práctica abusiva, irrespetuosa de derechos de la población, poco transparente y desobediente a resoluciones judiciales. En el caso de la comunidad de Azacualpa, es habitado por la población de la etnia Maya-Chortí y su cementerio fue declarado patrimonio cultural indígena en Cabildo Abierto y está ubicado dentro de los parámetros del territorio ancestral de la comunidad indígena” concluyó Fernández.
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