Alainet.
Por Javier Zuazo
Una de las promesas de campaña de la presidenta electa, Xiomara Castro, es la eliminación de la Ley de Empleo por Hora, aprobada inicialmente en el gobierno de Pepe Lobo como un programa temporal de empleo por hora, y ratificado como ley en los gobiernos de Juan Orlando Hernández.
Los economistas clásicos, especialmente David Ricardo, estaban convencidos que un aumento de salarios por encima del llamado salario de subsistencia o precio natural del trabajo, o sea aquel necesario para cubrir las necesidades básicas de los (as) trabajadores, generaría mayor pobreza. Esto se debería a que aumentaría la población (más hijos) y demanda de alimentos, pero también la oferta de trabajo, que no podría ser cubierta por lo alto de los salarios, ofreciendo las empresas un salario menor, que idealmente debería ser de subsistencia. De la misma manera, si el salario ofrecido era menor que este, la oferta de trabajo se contraería, por lo que los empresarios ofrecerían un salario mayor y se volvería al salario inicial.1 Una especie de Ley de Hierro de los Salarios, cuyo mecanismo de ajuste es el mercado de trabajo, por la tendencia de fluctuar cerca del salario de subsistencia al aumentar o disminuir el precio de los alimentos.
El salario básico o de subsistencia, se entiende como aquel salario que garantiza la reproducción de las necesidades materiales de cada trabajador, sin las cuales no podría seguir trabajando o vivir. Este salario debería ser suficiente para cubrir la reproducción material del núcleo familiar, limitada a pocas necesidades. Se suponía que las necesidades (techo, comida y vestuario), cubiertas abarcaban a la familia, no importando las condiciones de vida de los trabajadores y dependientes; o sea cantidad y calidad de comida, alojamiento y vestuario. El salario de subsistencia, al que en la tradición marxista se llama también necesario, era generado por el trabajo del obrero en el proceso de producción, pero también éste generaba un salario o producto excedente (plusvalía) que se apropiaba el capitalista por ser dueño de los medios de producción.
Una contradicción fundamental, es que el capitalista cada vez quiere más del pastel, o sea más trabajo excedente que necesario. Para ello, aumenta la jornada de trabajo, mejora la tecnología y organización del trabajo, disminuye el fondo destinado a la protección y aseguramiento social, promueve leyes que flexibilizan el mercado de trabajo para eliminar la sindicalización y contratación, aplaude a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la flexibilización del mercado de trabajo (el trabajo por hora es una de las modalidades), en conjunto con el gobierno manipula las cifras de inflación y se muestra anuente a desvalorizar el costo real de la canasta básica de alimentos; especula y aumenta el precio de los productos por decreto; otras. En suma: destruye la fuente de valor, haciéndose evidente una crisis de reproducción del mismo capital.
Con el Covid-19 hay evidencia de aumento del desempleo, subempleo y precariedad del trabajo. El discurso de los empresarios es que hay que recuperar los empleos perdidos y generar nuevos puestos de trabajo, aunque los salarios ofrecidos sean menores, sumado al empeoramiento de las condiciones de reproducción material del trabajador (as) y sus familias.
En el caso de Honduras, una de las promesas de campaña de la presidenta electa, Xiomara Castro, es la eliminación de la Ley de Empleo por Hora, aprobada inicialmente en el gobierno de Pepe Lobo (2010-2013) como un programa temporal de empleo por hora, y ratificado como ley en los gobiernos de Juan Orlando Hernández (JOH), decreto N. 354-2013 del 31 de marzo de 2014, aunque siguió vendiéndose por el Ejecutivo cómo una ley de alcance temporal para enfrentar problemas de empleo generados por el golpe de Estado (junio de 2009), y la crisis política y económica derivada.
En el Congreso de la República que preside Luis Redondo del partido “Salvador” de Honduras, el diputado Juan Barahona del partido Libertad y Refundación (LibRe) presentó una moción para derogar esta ley, cuyo dictamen fue turnado a una Comisión de Dictamen, cuyos miembros manifiestan que antes de presentar el anteproyecto de ley a consideración del pleno, se reunirán con todos los sectores y escucharán la opinión de cada uno de ellos.
Por el lado de los empresarios, lo único que aceptan son reformas que hagan cumplir la ley, y a lo sumo mejore sus alcances; está prohibido hablar de derogación. Desde ya hablan de una propuesta de reforma alternativa que refuerce los “beneficios” que contempla la Ley, acompañado de mejoras sustanciales en los mecanismos de control y supervisión, para evitar que no se cometan atropellos. La amenaza es que si llegara a aprobarse la derogación de la Ley se perderían, según sus voceros, 700,000 puestos de trabajo, un 41% de la fuerza laboral contratada, estimada en 1.7 millones de personas; la mayoría empleos espurios y de mala calidad, generados-supuestamente- al amparo de dicha ley.
Las centrales obreras y sus dirigentes no creen en cifras manejadas por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la prensa mediática, defendiendo la tesis que una derogación de la ley debe ir acompañado de una nueva legislación que permita mejorar los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores (as), tal como lo exige el Código de Trabajo vigente. Le apuestan a una derogación para dar paso a una nueva legislación laboral que reconozca las particularidades del mercado de trabajo hondureño, pero en condiciones de equidad e igualdad de derechos y género, amparados en la Constitución de la Republica y el Código Laboral; caso contrario, si los empresarios no aceptan una nueva legislación, derogar la ley y regirse por el Código de Trabajo que ya regula el trabajo temporal.
“El secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadora de Honduras (CUTH) José Almendárez afirmó que mantiene su postura en contra de la norma (…) Nuestra posición es clara no necesitamos que parchen o reformen esa ley, con argumentos claros estipulados en el código del trabajo, la Constitución y convenios internacionales, exigimos su derogación (…) Es una ley dictatorial y golpista que intenta administrar o tutelar los derechos que ya existen. La exigencia es retornar al Estado de derecho y rescatar la institucionalidad”2.
Es evidente que muchas de las personas que trabajan por hora acogidas al amparo de dicha ley, sienten que sus derechos laborales han sido vulnerados por los empresarios en contubernio con el gobierno y ciertos líderes de centrales obreras que cambian sus posiciones con el color del partido político en el poder. No se les permite la sindicalización, y también acogerse a un régimen de protección laboral social, aunque la ley habla que pueden recibir atención médica pública. Nadie regula y controla el pago de horas extras trabajadas, después de las horas contratadas; igual, el derecho a vacaciones de un día (1) al mes.
El embarazo no está a discusión, pero se prefiere a mujeres jóvenes que todavía no piensan en tener hijos. Hay evidencia que los bonos (aguinaldo y catorceavo) en varias empresas, no se entregan ni forman parte del compromiso verbal cuando se contrata a los empleados (as). A ello se suman las quejas que la protección social no se concretiza porque no ajustan pagar el porcentaje que exige el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a trabajadores (as) de tiempo completo.
Un problema de entrada es que el principal objetivo de la ley aprobada en el gobierno de JOH no se cumplió, donde se pretendía fomentar el empleo digno, mantener los puestos de trabajo y evitar el crecimiento de los índices de desempleo y subempleo en el país” (Articulo N. 1 de la Ley de Empleo por Hora). Se ha generalizado el trabajo espurio y de mala calidad, y el desempleo y subempleo han venido en aumento, agravados por el Covid-19, la fuerte caída de la inversión pública y privada y corrupción. Igual, la ley se desfasó, ya que los principios establecidos en la Visión de País (2010-2032) y Plan de Nación (2010-2022), ya no existen como marcos orientadores de políticas e intervenciones institucionales y de actores, al desfasarse y abandonarse dicho instrumento de planificación.
En complemento a ello, son muchas las denuncias de los trabajadores y trabajadoras por hora por el incumplimiento del artículo N.5 de la ley, que habla que las unidades productivas y de servicios no pueden efectuar reducción de la planilla de personal a tiempo completo para contratar empleados por hora, como una forma de abaratar costos salariales y de protección social. En el caso de despido de trabajadores permanentes en forma justificada, las plazas deben ser llenadas por trabajadores por hora ya contratados, pero las empresas prefieren contratar trabajadores por hora que no se encuentran laborando en la empresa.
La designada presidencial, Doris Gutiérrez, es del criterio que, si no se hace una evaluación de fondo sobre los impactos de la ley, su derogación puede tener efectos no previstos como el despido anunciado de trabajadores por los empresarios. La presión de los empresarios aglutinados en el COHEP es para que se discuta esta derogación o reforma en el seno del Consejo Económico Social (CES), que integran los empresarios, dirigentes obreros y el gobierno, que ha venido operando como mecanismo para discutir y aprobar los ajustes anuales al salario mínimo.
Parece recomendable que se involucre en las discusiones promovidas por diputados del Congreso Nacional a la academia, ya que se asume que los dirigentes empresariales y gremiales, muchos de los cuales convertidos en voceros del movimiento obrero en forma permanente, tendrán que decidir por un gran número de pequeñas empresas informales y modalidades de trabajo no clásico, o sea aquellos trabajadores y trabajadoras que no producen directamente para el mercado, tal como era y sigue siendo la producción industrial y una parte del trabajo informal no asalariado. No puede un dirigente gremial o empresarial representar a un trabajador cuyo producto es inmaterial o intangible, caso de una obra de teatro. O, en su defecto, está supeditado al cliente, como el trabajo en el sector servicios y turismo.3
Estas discusiones en el centro del CES llevarán forzosamente a la revisión del número de productos y bienes que conforman la canasta básica de alimentos (personal, familiar y de servicios), la metodología de cálculo, costo y los salarios pagados. De acuerdo a la Secretaria del Trabajo, a inicios de 2021, el costo de la canasta básica de alimentos alcanzó los 8,100 lempiras mensuales para un hogar de 4.5 miembros (el heraldo.hn, 15-04-2021), pero a finales del año ya superaba los 10,300 lempiras mensuales, pero las cifras no concuerdan con las manejadas por el COHEP, cuyo reflejo es que cerca del 80% de los trabadores no cubren dicho costo ya que los salarios son menores que el salario mínimo real pagado, resultado de la creciente informalidad y subempleo invisible.
Para Adalid Irías, presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah), “se debería de elaborar una canasta básica más real y unificada en el que tanto la Secretaría de Trabajo, el Cohep, las diversas organizaciones y los consumidores coincidan, “una canasta básica de 30 productos es irreal, es extremadamente restrictiva cuando sabemos que lo mínimo debería de estar en al menos unos 90 productos, porque la realidad muestra que son al menos 242 productos, la canasta básica esencial no puede estar en menos de 90 productos”4 Y esta derogación o reforma de la Ley del Salario por Hora puede ser una oportunidad para ello, donde participen y estén representados las organizaciones defensoras de los consumidores en contra de la especulación de precios.
Relacionado con lo anterior, y producto de esta práctica de compadre hablado entre empresarios y digentes gremiales, en la negociación del salario mínimo los primeros ofrecen como aumento el porcentaje de inflación más un porcentaje adicional (1% por ejemplo), pero los obreros proponen el porcentaje de inflación, más el crecimiento del PIB y, tal como sucedía en décadas pasadas, un aumento por incrementos de la productividad del trabajo. Se habla de un aumento entre 7 y 12% por la dirigencia obrera, y por los empresarios no mayor de 6%, con un régimen especial para los trabajadores de la maquila.
Hemos venido insistiendo en la aprobación de una legislación especial para las actividades de cuidado, caso particular de trabajadoras “domésticas (comida, aseo, atención en salud, niñez y tercera edad), que ha sido una lucha de las organizaciones de mujeres, en la busca de una reconocimiento y reivindicación de derechos humanos adquiridos. En 2013, el INE hablaba de 290,000 personas como empleados domésticos, de los cuales un 94.8% son mujeres, hoy se habla de 500,000 personas. “Estudios realizados por (Poin, 2017) muestran que un 79.9% no tiene un contrato formal, trabajan horas extra sin pagar el 71%, presentan un exceso de trabajo el 69%, sufren abuso, discriminación o humillación 40%, falta de derechos laborales 79%, no tiene oportunidad de estudiar 57%.”5
No se trata, como apuntan los expertos, de promover un “Modelo de Proveedor Universal, orientado a igualar a las mujeres a las condiciones masculinas de empleo, delegando en el Estado y en el mercado el cuidado (creación de puestos de trabajo femeninos, regulación estatal de los cuidados, formalización del trabajo de cuidado), sino de un cambio cultural más amplio en la asignación de roles y funciones, que desmantele la oposición entre proveedor y cuidador”6
Una nueva política y legislación de empleos y salarios sostenibles y de buena calidad no es independiente de la crisis económica y social que enfrenta el país, y de las políticas económicas, financieras, sectoriales y sociales que piensa ejecutar el nuevo gobierno. Hay que hacer un esfuerzo por construir un enfoque de políticas más heterodoxo, para no caer en el facilismo del endeudamiento externo acompañado de reducciones indiscriminadas del gasto público, aumento de impuestos y privatizaciones de empresas recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que tiene parte de la culpa por la crisis actual. El problema ya no es JOH, sino el modelo neoliberal montado en estos 12 años y caracterizado por el sobreendeudamiento, corrupción, despojo, pobreza, migración y exclusión social.
1 Para Ricardo, “el precio natural de la mano de obra es el precio necesario que permite a los trabajadores, uno con otro, subsistir y perpetuar su raza, sin incremento o disminución (…..) Con el progreso de la sociedad, el precio natural de la mano de obra tiende siempre a aumentar, porque uno de los principales bienes que regula su precio natural tiende tendencia a encarecer, debido a la mayor dificultad para producirlo. Ver David Ricardo “Principios de Economía Política y Tributación. FCE, 1973, pág. 71.
3 Ver para ampliación a Enrique Garza “Trabajo no Clásico y Flexibilidad “. Caderno CRH, VOL 26, NUM.68, Universidad Federal de Bahía, Brasil, Mayo-Agosto de 2013.
6 Ver Silvana Darré (compiladora) “ Aportes a las Políticas Públicas desde la Perspectiva de Género” (10 años de Flacso en Uruguay), Montevideo, Uruguay, 2016, pág. 42
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