Desde el año 2010, cuando se fundó la Radio Comunitaria “La Voz de Zacate Grande”, también dio inicio a la persecución contra la libertad de expresión, sumando a los procesos legales que existían contra defensores de la tierra, territorio y playas de la península de Zacate Grande, en Amapala, municipio de Valle.
Mas de 74 personas han sido criminalizadas en la esta región sureña, en su mayoría los acusan por el delito de usurpación en perjuicio de terratenientes que han llegado a la zona, específicamente en las ultimas cuatro décadas, donde, desde hace 200 años habitan las familias nativas.
Acudiendo al espíritu de LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO Y PARA QUE LOS HECHOS NO SE REPITAN, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 35,840 del 4 de febrero de 2022, el reconocido defensor de derechos humanos y fundador de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), Pedro Canales, solicitó que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), emita acreditación en su favor y otros compañeros que tienen procesos judiciales en los últimos 12 años.
Han sido 12 años difíciles para los defensores de derechos humanos y para el pueblo. En la península hemos vivido situaciones muy difíciles, pero no nos arrepentimos porque siempre se llega el momento en que los pueblos debemos iniciar a triunfar y es este el momento que hemos esperado, declaró Canales, mientras visitaba la oficina del COFADEH.
Pedro Canales no se libró de está persecución, como líder de la comunidad fue requerido judicialmente en tres ocasiones, por lo que los casos pueden ser más. Uno de los casos es por usurpación del predio donde está la la radio comunitaria, junto a dos compañeros. Según datos del defensor, sólo el diputado del Partido Nacional Tomás Zambrano, ha procesado a 74 personas de Zacate Grande, acusándolos por los delitos de usurpación de tierras en perjuicio de los ricos y famosos que han despojado a los habitantes de la península.
En cuanto a la vinculación del diputado Zambrano, de debe a que por muchos años fue apoderado legal de la familia Facussé (el terrateniente Miguel Facussé, falleció en 2015), y uno de los abogados más drásticos y salvajes con la gente humilde, declaró Pedro, al tiempo que recordó que al ser privado en la posta policial de la comunidad, fue víctima de tortura y maltratos, sobrevivió porque el pueblo lo liberó el 12 de enero de 2009, previo al golpe de Estado, cuando ya se avizoraba un ambiente hostil, por eso duele que personas de esa calidad sean los gobernantes del pueblo.
Entre las víctimas de persecución y judicialización que data desde 2003, el caos más cruel fue el de Narda Rivas y Germán Cruz, estuvieron un mes privados de libertad; Narda, una mujer muy conocida y querida en la Península estuvo un mes encarcelada con personas ligadas a grupos delictivos, como una forma de hostigarla. Ellos fueron criminalizados por vivir en la playa Las Gaviotas, la más linda de la zona, con mucho esfuerzo salieron bajo fianza, al ser despojado, ahora la playa está en posesión de Freddy Nássar, yerno de Miguel Facussé. Pese a que años después la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la familia, pero la Jueza de Amapala no acató la orden.
Otro de los efectos de la persecución judicial en la península se vio reflejada en el éxodo de nuestros jóvenes, agregó Canales. Solo entre enero y marzo de 2020, previo al aislamiento por la pandemia del Covid-19, se registró que 244 jóvenes de las 12 comunidades de Zacate Grande, se fueron huyendo del hostigamiento, persecución y pobreza, Se fueron familias completas. Muchas personas intentaron irse, otras no lo intentan por el riesgo del camino y porque la edad no lo permite.
En la región hay personas que conocen todos los movimientos de la Fuerza Naval cuando protegían al que está privado de libertad en el Comando COBRA, porque Juan Orlando Hernández aterrizaba en el helipuerto de Miguel Molina y de allí se trasladaba a la propiedad que antes era de Rafael Leonardo Callejas (ex presidente, falleció en EEUU en 2020, acusado por actos de corrupción) y ahora es de la familia Hernández, todo mundo en la península lo sabe. La militarización es otra forma de hostigamiento para los habitantes y defensores de Zacate Grande, en una comunidad tan pequeña hay un destacamento militar a 30 metros de la Radio La Voz de Zacate Grande, en Puerto Grande, y a 100 metros está la posta policial. En la comunidad de Coyolito hay un destacamento militar y el patrullaje por cielo, mar y tierra es permanente, denunció el defensor y líder de los Delegado de la Palabra de Dios.
Desde que fue capturado el impuesto presidente Hernández (15 de febrero de 2022) ya no aterriza más el helicóptero, ni las “pirañas” que lo rodeaban, declaró Canales, quien nació en la península cuando ya vivía ahí sus antepasados.
Sobreviviendo al bloqueo que han hecho familias adineradas, las familias de Zacate Grande mantienen el cultivo para consumo diario y la pesca artesanal, afectada por el cultivo de línea, palangres y anzuelo. Antes solo era con res, pero con la llegada de granjas marinas exterminando miles de especies por la sobreexplotación del producto del mar.
Sin embargo, se mantiene la costumbre ancestral de recibir con un pescado fresco y frito a quien los visite, aunque sea un pescado de tercera clase y se deba extender la trayectoria en el mar.
Defender el mar que es su banco de alimentos, defender la playa para generar algún ingreso en tiempos de turismo, oponerse a la expropiación de la tierra y el territorio, es lo que ha llevado a más de 70 defensores y pobladores de Zacate Grande a enfrentar los Tribunales de Justicia en este tiempo de dictadura post golpe de Estado de 2009, donde el Ministerio Público se confabula en favor del empresario y terrateniente, a expensas del despojo territorial.
El decreto 004/2022 sobre la AMNISTÍA PARA LA LIBERACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS Y LOS PRESOS DE CONCIENCIA, es una oportunidad que nos hace justicia. Es un paso favorable del nuevo gobierno de Xiomara Castro; Pero lo vemos mejor que sea el COFADEH quien nos dé la acreditación, por su reconocimiento en la defensa de los derechos humanos y trabajo en favor de nosotros los pobres, afirmó Canales.
Desde el Poder Judicial se informa que se admitió el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, con el que se busca evitar que sea extraditado a Estados Unidos. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen, a partir de ahora, tres días hábiles para resolver.
“Yo no veo en ese recurso ningún fundamento sólido que pudiera modificar la resolución del Juez. Se habla de inmunidad pero la inmunidad del Parlacen (Parlamento Centroamericano), se lo digo yo que fui diputado al Parlacen cinco años y encargado de asuntos legales, sólo es válida fuera de Honduras porque en Honduras, desde el 2008, se hizo desaparecer la figura de la inmunidad”, dijo en Radio Progreso el analista político, abogado Raúl Pineda.
Pineda sostuvo que a pesar que algunos magistrados de la Corte siguen siendo leales al ex presidente Juan Orlando Hernández, éste será extraditado porque su caso es un asunto de naturaleza jurídica – política, y Honduras, país pobre y dependiente, no va a desafiar a la justicia norteamericana y exponerse a sanciones.
“Lo que se está haciendo es dilatando el procedimiento, no se puede dilatar muchos días, antes de que finalice este mes o los primeros días de abril la resolución va a estar a favor de los propósitos del gobierno de los Estados Unidos”, manifestó Pineda.
Explicó que una vez que la Corte emita su resolución, que será favorable a la extradición, ésta debe estar firmada por los 15 magistrados y conseguir esas firmas es bastante complicado pero es lo único que puede tardarse un poco más de tiempo.
“Una vez conseguidas las firmas, el expediente regresa al Juzgado de Primera Instancia, y una vez que lo recibe el Juez notifica a las partes y manda una nota a la Secretaría de Seguridad y a Relaciones Exteriores, y a partir de allí corresponde a Seguridad coordinar con el país que solicita la extradición para luego montarlo en un avión y mandarlo a la orden de los tribunales que lo están requiriendo”, manifestó Pineda.
La coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, expresó que como organizaciones de sociedad civil deben asumir las recomendaciones expuestas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en su informe anual 2021 sobre la situación de los derechos humanos en Honduras.
“Necesitamos como organizaciones de sociedad civil asumir esas recomendaciones, así como asumimos en aquel tiempo las de “Los Hechos Hablan por Sí Mismos”, que todavía tiene vigencia, ver como complementar esas recomendaciones y mirar que es lo que realmente pasa”, agregó la defensora de los derechos humanos que acudió a la presentación del informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Berta Oliva señaló que lo presentado es una síntesis de lo que encierra todo el informe, pero es muy interesante porque tiene todas las miradas, todos los temas de derechos humanos, y además eso nos indica que si lo tienen allí colocado es porque le han dado acompañamiento y seguimiento.
“Lo que me parece interesante son los procedimientos y las herramientas que utilizan para hacer posible un informe y tener los datos”, expresó.
Añadió que “también hay otro tema en que están muy claras, son las recomendaciones que ha dado, y si hay voluntad política es posible implementarlas”.
“A mi juicio se abarcó todo el país, todos los temas, y es muy interesante, y ahora solo tenemos que darles seguimiento a las recomendaciones”, remarcó.
De acuerdo a la información recopilada por la OACNUDH en el 2021 al menos 302 personas defensoras de derechos humanos y periodistas (209 defensoras y 93 periodistas) fueron víctimas de ataques desde amenazas y hostigamientos, hasta asesinatos.
Al ser consultada sobre el tema que el informe señala que la mayoría de los ataques a personas defensoras de derechos humanos son contra quienes defienden la tierra y el territorio la reconocida defensora de derechos humanos expresó que “eso era de esperarse, porque lo hemos venido viendo desde hace muchos años, que el tema de recursos naturales, de defensa de la tierra, de defensa de territorio del atractivísimo, es un tema que iba a poner en crisis al país y allí se refleja claramente, porque los pueblos van a defender lo que les pertenece”.
“Nuestra mirada está en las comunidades que hacen defensa para no dejarlo solos y poder lograr procesos de liberación, es una apuestas que ya iniciaron”, señaló la coordinadora de COFADEH.
Arleth s de las pocas personas africanas que hablan español y facilita la comunicación con las autoridades hondureñas. Su propósito es llegar a EEUU.
Una multa de casi cinco mil lempiras por persona que entra indocumentada a Honduras, como parte de la ruta migratoria hacia el “American dream”, aumenta la crisis humanitaria en la región oriente del país.
Los caminos que unen a Honduras con Nicaragua son estrechos, apenas para ir en una fila, donde a la orilla del municipio de Trojes, en el departamento de El Paraíso, se observa a personas en motocicletas y mototaxis [al parecer] esperando a los extranjeros, de allí los desvían de la carretera principal para evitar el retén policial en la comunidad de Cifuentes, les hacen cobros excesivos en dólares para transportarlos de manera alterna e insegura.
A pocos kilómetros se ubica la estación de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), donde los agentes aseguraron que ellos no detienen a nadie; además, niegan saber sobre la aplicación de cobros ilegales por dejarlos pasar, sino que, los migrantes deben llevar un salvoconducto que emite la Dirección General de Migración y Extranjería, pero en Trojes esta dependencia ya no brinda dicho servicio, por lo tanto lo deben tramitar en Danlí, ciudad que dista de 76 kilómetros, apenas 20 de estos es carretera pavimentada.
Pero, si los ciudadanos son de oriente medio, China u otros países en lista de alerta migratoria los Estados Unidos “hay que señalizarlos”, detalló un agente del Grupo de Operaciones Espaciales Tácticas (GOET), unidad élite para contrarrestar estructuras criminales en las fronteras, bajo los lineamientos de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF). Agregaron que el tránsito migratorio por esta zona es baja en comparación a la aduana Las Manos, municipio de Alauca.
Al inicio, los agentes policiales negaron tener un registro oficial de los señalizados, porque es manuscrito, pero el jefe de posta dijo que sí existe un informe digital, sin embargo, en ese momento no había internet. Aunque no se tuvo acceso al registro de personas que “señalizan” en la estación policial de la DNSPF de Trojes, los agentes afirmaron que se toman datos personales de los migrantes y son enviados al gobierno de los Estados Unidos.
Una comisión del COFADEH, visitó recientemente el municipio de Trojes, atendiendo el llamado de alerta que hizo la Red de Defensores/as de Derechos Humanos y Comunicadores/as Sociales de El Paraíso, organizada y formada por este Comité desde hace una década. Pero ¿Para qué hacen un registro personal de estas personas? ¿A quién envían esta información? ¿Para quién trabaja este grupo policial? Cuestionó Berta Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
No podemos ser indiferentes ante este llamado, porque ellos [Red de El Paraíso] están en la zona y saben lo que está pasando, afirmó la defensora. Al ir personeros del COFADEH constataron que allí hay un drama y una crisis humanitaria compleja, donde se involucra en nuevas líneas las autoridades locales y la policía.
“Emigrar no es delito, es un derecho que se debe ver como un derecho humano” Berta Oliva, COFADEH
Si bien, me dirán que el drama migratorio es un tema de seguridad nacional -pero- las autoridades no deben aprovecharse de la situación para cometer actos de extorsión; por el contrario, los gobiernos locales en la frontera deben garantizar que, si a los migrantes se les cobra una multa o se legaliza el pago de un permiso, entonces están en la obligación de extender un recibo o un salvoconducto, ser ellos mismos los que acompañen el traslado [en este caso al departamento de Francisco Morazán] y evitar la extorsión que denuncian los habitantes de las comunidades y migrantes.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, en el 2020, reconoció los esfuerzos realizados por Honduras en el combate a la migración ilegal. Un año antes, el gobierno del impuesto presidente Juan Orlando Hernández, firmó un Acuerdo de Cooperación de Asilo con EE.UU., demostrando “ser un socio clave para la reducción de migrantes ilegales en la frontera sur”, expuso en uncomunicado la Embajada Americana.En cuanto a la señalización de los migrantes, Berta Oliva considera que se deber hacer una rendición de cuentas, qué hace inteligencia militar con estos datos o es para trasladarlo a los del Pentágono, a la CIA [Central Intelligence Agency], autoridades migratorias de los Estados Unidos y cuál es el propósito.
Asimismo, el Gobierno de los Estados Unidos anunció la reactivación de US$ 71 millones en asistencia exterior para fortalecer la capacidad de Honduras para mejorar la seguridad y reintegración de población retornada mediante la ejecución de programas que favorezcan la reducción de la inmigración ilegal hacia Estados Unidos desde Honduras; la implementación del Acuerdo de Coopera ción de Asilo (ACA), y brindar asistencia vital y crítica al país.
En este sentido, la coordinadora general del COFADEH cuestionó por qué las autoridades hondureñas informan del paso migratorio al gobierno de los Estados Unidos, justo el país que repudia y gasta recurso para evitar a toda costa la migración. Por lo tanto, “al final de cuentas es un servicio que se le está generando al patrón del norte que algunos quieren, pero nosotras no queremos”.
Sin embargo, el desplazamiento humano tiene el propósito de justificar la existencia de la necesidad de aliarse entre gobiernos y fuerzas militares, entonces se crean acciones militares en la región, las cuales se ejecutan en las fronteras para que haya guerras. Por pequeñas cosas como estas, que poco se conoce es que mucha gente nos califica como “el patio trasero”, y hay que poner alto. Los migrantes no pasan por Honduras porque se quieren quedarse aquí, pero hay que garantizarles que van a ser tratados como seres humanos, afirmó Oliva.
Oliva afirmó que “Nosotras queremos paz, no la paz de los cementerios que pasa por la paz del silencio: oír, callar, no hacer y después te llevan a la paz de los cementerios, producto de la generación de guerras”.
Carretera de peligro
El encuentro se dio en el retén policial ubicado en la comunidad Mata de Guineo, Trojes, ahí los y las defensoras de derechos humanos observaron el registro policial, a fin que no se impidiera el tránsito migratorio, ya que, si en Cifuentes no los detienen, en este lugar sí y los pueden retornar a Nicaragua. En medio de esta guerra creada contra los migrantes, se genera la denuncia para evitar la extorsión, xenofobia y criminalidad. Por lo que a bordo de un autobús comercial Trojes-Danlí viajaba Eriberto Ramírez, integrante de la Red de El Paraíso, en esa unidad se transportaban ocho extranjeros, justo el día que la comisión del COFADEH y la observación internacional de Peace Watch Switerland (PWS), llegaban a la zona.
En ese punto estaba Jothanael Flores, en representación de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), subió al autobús para saber cuántos infantes migrantes viajaban y así entregarles un paquete se asistencia humanitaria básica, según la edad del menor.
En la primera quincena de marzo, al menos 100 menores de edad pasaron por este sitio, el más pequeño tenía ochos meses, registro indica que vienen de Haití, Cuba, China, Brasil, Nicaragua, Venezuela, Guayana Francesas, El Congo, entre otros.
El paso desde Trojes tiene su conexión próxima a Danlí, donde se habilitan centros de atención especialmente de carácter religioso. En la ciudad se aglomeran cientos de migrantes que entran también por Alauca. La población se ha enfrentado a las autoridades y empresarios que prohíben cualquier tipo de ayuda, contraviniendo la Ley de Migración y Extranjería.
Según le dijeron otras personas a José, el pago equivale a 210 dólares por persona, que en este caso oscila a más de 15 mil lempiras por las tres personas, en eso los ojos de su mamá se llenan de angustia, se siente cansada. En el grupo sentado en una esquina del pueblo de Trojes, el joven africano es de los pocos que puede comunicarse en español. Uno de los obstáculos para la comunicación, es la variedad de idiomas, son pocas las personas que hablan español, por ejemplo, José originario de Angola, viaja con su mamá (mujer mayor) y hermana (adolescente), esta familia tiene mucho tiempo en la ruta migratoria y se encuentra con la noticia que en Honduras debe pagar a la Policía, pero los integrantes de la Red de El Paraíso, les han informado que solo deben hacer el pago de Migración.
Mientras que, en la acera de la delegación de Control Interno de Migración en Trojes, otro grupo de africanos andaban averiguando como seguir el camino hacia Estados Unidos. Habían recibido ropa y algunos implementos de higiene personal.
Venimos a constatar denuncias recibidas a través de la Red de Defensores/as de El Paraíso, sobre las violaciones a derechos humanos de los migrantes, Lorena Rubí, PDDH-COFADEH
Cabe señalar que hace algunos meses, unos ciudadanos no hispanohablantes, se molestaron porque no se les podía atender e intentaron dañar el edificio. En ese tiempo se logró suspender el cobro migratorio, pero ahora se hace en Danlí, detalló Eriberto Ramírez, quien no solo los acompaña en los autobuses, en muchas ocasiones su casa es albergue improvisado para que los migrantes no duerman en la calle.
Ella trae los pies inflamados y cientos de picaduras de insectos en su piel, pero no viaja sola, su hermana en estado de gestación también enfrenta el calvario que deben atravesar en cada país, caminos peligrosos, selvas donde las mujeres son violadas sexualmente, extorsionadores, coyotes, ladrones y abusos policiales. Arleth tiene 33 años, desde hace un mes salió de Angola al sur de África, aprendió a hablar español por iniciativa propia, es Trabajadora Social, viaja hacia los Estados Unidos con la intención de mejorar su situación económica y poder ayudar mediante alguna organización a las personas migrantes y víctimas de violaciones a derechos humanos en su país, pero desde allá es imposible emprender una lucha social.
Para los migrantes, llegar a Trojes es solo el inicio de la nueva incertidumbre en un país extraño, pero sus compañeros que van adelante les han dicho que en Honduras no hay problema, expuso José Acosta, de origen Venezolano, quien viaja a Estados Unidos en busca “sueño americano”, pero al llegar a la frontera les empiezan a meter miedo, sin embargo, continuará porque en su país no hay oportunidades de mejorar.
En algo coinciden las personas con las que se puede tener comunicación, es que no tienen interés de quedarse en Honduras, solo van de paso.
Situación de migración nacional: En el 2021,Honduras ingresó por primera vez al ranking de los 25 territorios con más personas desplazadassegún el Informe Global de Desplazamiento Interno, desarrollado en conjunto por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) y el Consejo Noruego de Refugiados (NRC). Dentro de dicho ranking, Honduras se ubicó en la decimoprimera posición, reportando una cifra de 937,000 desplazados al exterior y 247,000 desplazados internos por motivos de conflicto y violencia, siendo el país latinoamericano con el número más alto de desplazamientos.
El COFADEH y la Red de El Paraíso, permanecen atentos en la denuncia por la crisis migratoria en la región oriental, para la defensora de derechos humanos e integrante de la Red, Patricia Eguigure, del municipio de Yuscarán, fue interesante conocer lo que se vive en Trojes, observar las contradicciones de la policía en cuanto a negar el trabajo de la oficina de Migración y la existencia de un registro con las personas requeridas para investigación únicamente por su país de procedencia.
Otra forma de apoyo la realiza la defensora Nelly Argeñal, quien solicita ayuda logística a fin de llevar alimentos a las personas que se quedan en albergues en Danlí, la respuesta solidaria se acepta al llevar guineos (bananos) que produce Oliver Valladares, ambos defensores de la Red de El Paraíso, que a su vez integra la Red Nacional de Defensores/as de Derechos Humanos del COFADEH (RENADH/COFADEH).
A través del Área de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos del COFADEH, compartió alimentos y medicamentos en los pequeños grupos de migrantes que habían llegado ese día a Trojes. En el transcurso de la carretera se observan personas cargando mochilas e infantes, quienes no tienen dinero para abordar un autobús, mucho menos para una multa migratoria.
No deshumanizar a los migrantes
Antes de cumplir la ley de Migración y Extranjería artículos de 101 al 105, prevalece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ante un conflicto de leyes prevalece el convenio internacional que Honduras firmó el 10 de diciembre de 1948 en Paris, Francia. Con este drama social, Berta Oliva, reitera que, quienes emigran no son delincuentes, ellos se desplazan porque quieren cambiar sus condiciones de vida. Pero si se encontraran delincuentes entre el grupo, se debe hacer un trabajo acorde a la Ley, pero no deshumanizar a las personas que van de paso por nuestro territorio.
Por lo tanto, es necesario hacer campañas en favor del respeto a la vida y de los derechos de los migrantes. Se debe articular el gobierno municipal con la policía de frontera y la Policía Preventiva para impedir que se continúe con el menoscabo de las personas que por ahí transitan.
También se debe trabajar en procesos de sensibilización de las comunidades, de lo contrario, siempre verán al migrante como enemigo y causante de las cosas feas que pasan en su comunidad, sin hacer alto a una revisión y autoevaluación que quien comete las cosas irregulares ilegales son los que hacen uso de la extorción en contra del migrante.
Es una situación que parece difícil y que deberíamos ser indiferentes ante esto, pero no podemos, afirmó Berta Oliva, porque ahí se está cometiendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos a vista y paciencia de las autoridades, y eso también es una forma de ir implementando el mecanismo de rendición de cuentas tanto lo que ingresa en economía y cuánta gente ingresa al país, ya que no hay registro concreto.
La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del consorcio HEKS EPER–COFADEH-CLIBRE-PWS-PICI y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea».
Un Tribunal de Sentencia Designado, por unanimidad de votos, declaró culpable a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo junto a su ex secretario privado Saúl Escobar como coautores de un delito de fraude continuado y determinó, por mayoría de votos, dictar cambio de medidas imponiendo la prisión preventiva para ambos.
“Asimismo, la ex primera dama Rosa Elena Bonilla también fue encontrada culpable como coautora de un delito de Apropiación Indebida Continuada”, señala la nota de prensa de la Corte Suprema de Justicia.
El Tribunal de Sentencia Designado programó para el 28 de marzo el desarrollo de la Audiencia de Determinación de la Pena.
De acuerdo al Juicio Oral y Público, Rosa Elena y Saúl, entre los años 2010 al 2014, habrían iniciado un proyecto denominado “Calzando y Uniformando la niñez hondureña” de donde se hicieron falsas contrataciones con el objetivo de desviar los fondos que eran destinados para dicho proyecto.
Según el Tribunal de Sentencia, se firmaron contrato con 8 supuestos proveedores de zapatos a los que se les entregaron cheques que suman más de 6 millones de lempiras pero el material nunca fue entregado a los beneficiarios.
A la ex primera dama le imputaron 8 delitos de Fraude en Concurso Real y un delito de Apropiación Indebida, mientras que a su exsecretario privado se le acusó de 8 delitos de Fraude en concurso Real, por la utilización de fondos del Despacho de la Primera Dama.
Tanto la ex primera dama como su exsecretario privado ya habían sido encontrados culpables en un primer juicio que fue anulado por la Sala de lo Penal atendiendo un recurso de casación presentado por la defensa de los imputados, y ordenó que se repitiera el mismo.
Ante el anuncio realizado por la subsecretaria de seguridad, Julissa Villanueva, de reabrir el caso de Keyla Martínez y capturar a todos los culpables de hecho, la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, señaló que si eso sucede, sería un gran aporte para iniciar una verdadera aplicación de la justicia en el país.
Keyla Martínez era una estudiante de enfermería que fue asesinada el 7 de febrero del año 2021, dentro de su celda, en la Unidad Departamental de Policía número 10 de La Esperanza, Intibucá, luego de haber sido detenida por violentar un toque de queda impuesto por el régimen de Juan Orlando Hernández para evitar la propagación del covid-19.
“Me imagino que ella se refiere a reabrir el proceso de investigación, y si eso lo lleva a cabo sería un gran aporte para iniciar todo lo que significa una verdadera aplicación de la justicia”.
Añadió la defensora de los derechos humanos que el decreto para que los hechos no se repitan en el país, es justo eso, investigar lo que sucedió y aplicar sanciones a lo que implementaron esas prácticas de terror en contra del pueblo hondureño.
Señaló además que a su parecer “debe iniciar el caso de Keyla por investigar qué motivo a la Corte (Suprema de Justicia) para decidir cambiar la tipología del delito a los responsables, o sea pasarlo de femicidio a homicidio simple”.
Asimismo, manifestó que se debe investigar si hubo realmente argumentación jurídica, argumentación legal de peso aparte de lo que ya se sabe.
“Me imagino que ella lo que tiene en mente hacer es qué motivó a los agentes para detener a Keyla, lo que uno se lo imagina y sabe que si tenían la justificación que era en el marco de la suspensión de garantías y qué motivó al acompañante de Keyla a mantenerse casi en silencio tanto tiempo y que pasó con los carros que venían atrás acompañando”.
Añadió que queda casi sin valor el hecho de justificar que andaba violentando la suspensión de garantías, porque estaba a media cuadra de su casa, era prácticamente estar en encierro total que ordenaban.
El día que detuvieron Keyla y que fue asesinada bajo custodia policial, se presentó tiempo después de los hechos ocurridos en la posta el fiscal que estaba de turno, a lo que la coordinadora general del COFADEH añadió que se debe investigar los motivos de esta tardanza.
“Otro del motivo que se debe investigar es qué motivó al fiscal que estaba de turno en el lugar, que fue hasta después que incendiaron la posta, y lavaron todo lo que podían haber lavado cuando se hizo el borre de la eliminación de la prueba es que apareció el fiscal”.
Solo el policía Jarol Perdomo está privado de libertad por el crimen contra Keyla
La histórica defensora de derechos humanos además dijo que en el caso de la joven estudiante Keyla Martínez, hay muchas cosas que se deben investigar.
“Hay tantas cosas en el caso de Keyla que es necesario una investigación desde el momento que se desplazó del lugar en donde se supone que estaba, porque allí habrá muchos elementos que no han quedado absolutamente claros, y que se ve que hubo una intención de manipular para vendernos una idea que un solo sujeto era el responsable de tan abominable hecho.
Otro de los motivos que señala Berta Oliva que se debe iniciar investigando es el comunicado que circularon a través de la Secretaría de Seguridad donde expresaban que Keyla se había suicidado, cuando la autopsia reveló que murió por asfixia mecánica, es decir que había sido asesinada.
“También se debe investigar qué motivo al vocero o a la jerarquía del Ministerio de Seguridad para que dieran a conocer a través de un comunicado oficial que Keyla se había suicidado”.
Además, recalcó que “hay tantos elementos que me parece que desde allí se debe incidir, y ver también el comportamiento y ser observante del comportamiento de los jueces que están conociendo la causa, como investigar a los magistrados que cambiaron la tipificación del delito”.
Por ese crimen ocurrido dentro de una fría celda policial donde claramente Keyla estaba indefensa, solo está un policía de escala básica detenido, a pesar de que esa noche habían más de 14 policías de turno.
Ha pasado un año y un mes del feminicidio contra la joven promesa de la enfermería y su familia y el COFADEH exigen justicia y castigo para todos los responsables.
Continúa la preocupación, criminalización y prolongadas amenazas de pobladores de la comunidad de Cuaca y alrededores, ubicada a tres horas del casco urbano de Gualaco en el departamento de Olancho, por parte de un maderero que los quiere despojar de su territorio.
La comunidad como sus habitantes se han visto amenazados, ya que el empresario maderero Nery Murillo Montalvan se quiere apropiar de su territorio; ha amenazado a las personas y las ha puesto en riesgo, debido a que ha colocado una cadena evitando así la libre circulación de los habitantes de al menos seis comunidades.
Hace unos meses fueron criminalizados alrededor de siete pobladores que se oponen al despojo de sus tierras, ya que las han habitado por más de 200 años y ahora un empresario los quiere despojar de todas sus tierras para beneficio propio.
Elvin Munguía, uno de los campesinos que fueron criminalizados, señaló que la situación es la misma con el agravante de que algunos de los compañeros criminalizados han sido víctima de allanamientos injustificados.
La situación sigue lo mismo o quisa peor, hay alguna persecución de los que fueron procesados, tal es el caso de don Iván Juárez, que lo han buscado por cuatro o cinco veces con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de último acusándolo de narcotráfico y de tráfico ilegal de armas, igual seguimos en el mismo problema en la carretera, seguimos con la cadena que sabemos es ilegal.
Hasta el momento no se ha logrado quitar, esperamos que ahorita con el cambio de autoridades en un par de meses podamos hallarle una solución en cuanto al expropiador de nuestros terrenos.
Manifestó que el empresario Nery Murillo sigue estando en la zona sacando resina de forma ilegal, porque de parte del jefe regional de Gualaco ha manifestado que no tiene un permiso para resinación, pero aún así él está ejerciendo la actividad y extrayendo un producto de allí, entonces la problemática sigue en pie.
Las autoridades anteriores no hicieron nada por solucionar esta situación que están enfrentando los pobladores indígenas nahua, pero ahora hay una nueva esperanza con el nuevo alcalde municipal de Gualaco, Edwin Cabrera, quien desde mucho antes ha venido apoyando esta lucha.
“Hemos venido trabajando durante años atrás sin estar en la política, y ellos miraron también el desempeño y la valentía del acompañamiento de la problemática que tienen las comunidades, y me apoyaron, y ahora estamos apoyándolos a ellos fuertemente y desafortunadamente los han dejado solos durante mucho tiempo, y han tenido muchos problemas, han perdido animales, tierras, y ahorita están pasando por una situación bien delicada y por eso estamos apoyándolos”, expresó el edil de Gualaco.
Señaló que “la problemática es prácticamente la extracción de sus tierras de recursos de la madera, de las minas, por allí viene la problemática de ellos, pero los quieren practicante expropiar, sacar para poder explotar estos recursos naturales”.
Agregó que él se considera un ambientalista, una persona honesta, leal a un pueblo que merece, y es injusto, “yo tengo que estar con las personas buenas, con los justos”.
Añadió que es uno de sus principales retos al asumir como alcalde de Gualaco en un lugar donde hubo un sistema durante 20 años y ese sistema hay que destruirlo, y hay bastante complicaciones, aunado a la situación económica.
Indicó que también hay gente incomoda que toda la vida ha estado comiendo de allí, sin trabajar, hay bastante gente incomoda porque uno llega y va con las personas para que trabajen, no para que estén sentados y poder ganar su dinero solo así, entonces también problemas de infraestructura, de salud, educación, turismo, todo, no hay desarrollo total, entonces me toca empezar desde cero”.
Señaló que sus retos principales es la educación, “para mi es contratar maestros donde nunca han existidos y poder levantar la educación, de igual forma Gualaco fue declarado libre de minería, el cual yo fui parte de ese proceso y actualmente yo estoy en contra de la minería, porque es la voluntad del pueblo y esa voluntad hay que respetarla.
Entre las comunidades afectadas están: Lagunita, Aguacatal, Cerro Azul, Cuaca y San Antonio.
El joven alcalde visitó el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), para plantear varias situaciones de derechos ambientales y derechos humanos, allí sostuvo una conversación con la coordinadora general del comité Berta Oliva.
De igual manera al ser un alcalde joven estuvo un acercamiento con algunos de los jóvenes embajadores de la memoria del COFADEH para compartir experiencias.
Cabe mencionar que el empresario maderero quiere desplazar a las comunidades para su propio beneficio, la extracción de resina y el corte de árboles, donde los principales afectados son los habitantes de dichas comunidades.
En Honduras es común que los defensores y defensoras de los bosques y de los bienes comunes sean criminalizados al realizar la defensa de los mismos, para beneficiar a los grandes empresarios que solo buscan el beneficio propio y no el de las comunidades.
La situación generada con la acción militar especial desplegada por Rusia sobre Ucrania agravó las sanciones que EEUU y otros países asociados venían aplicando a la Federación Rusa desde el 2014.
Son sanciones con impacto en el sistema mundial y como tal, involucra al conjunto de las relaciones internacionales, entre otros, a la región latinoamericana y caribeña.
En tiempos de globalización no puede pensarse en limitar los impactos en limitadas geografías o al interior de fronteras nacionales. Los efectos se extienden sobre el conjunto de las relaciones de producción a escala planetaria.
No constituyen una novedad las sanciones aplicadas en estos días, que intentan cercar a Rusia para doblegarla en su intento de incentivar su papel en la disputa del orden económico mundial del capitalismo contemporáneo.
El tema es interesante, ya que el gigante euroasiático tiene larga historia y presencia en la construcción de la civilización y en especial, sus relaciones con América Latina y el Caribe, sea en su trayecto imperial, revolucionado por el octubre rojo del 1917 y la experiencia de construcción socialista, y más reciente, desde la desarticulación de la URSS en 1991.
Un estudio sobre los vínculos y perspectivas de la región latinoamericana y caribeña con Rusia, editado en 2018 por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, señala:
“El actual Estado ruso hereda el acervo histórico del Imperio ruso y de la Unión Soviética (dos tercios de su territorio y la mitad de la población). Desde este punto de vista, sus relaciones con ALC de ninguna manera pueden ser consideradas como improvisación de la última década. Las relaciones diplomáticas oficiales con Brasil comenzaron en 1828, con Uruguay en 1857, con Argentina en 1885, con México en 1890”.[1]
Al mismo tiempo, vale considerar en paralelo histórico a esas fechas, la “Doctrina Monroe”, que sostiene la máxima «América para los americanos», elaborada hacia 1823 y explicitada por James Monroe, Presidente de EEUU.
La doctrina sostenía que ante cualquier intervención europea en el continente americano sería considerado una agresión directa hacia EEUU.
Con base en esa doctrina, desde Washington se considera a toda la región como su “patio trasero”, por lo que las tempranas relaciones de Rusia con la región fueron siempre visibilizadas con desconfianza, mucho más en tiempo de proyecto socialista, especialmente cuando la revolución socialista desembarcó en la región, con Cuba en 1959. La “crisis de los misiles”, en octubre de 1962, da cuenta del fenómeno y nos permite trazar un paralelo en “espejo”, con la situación actual en Ucrania.
La creciente presencia de China y mucho menor de Rusia, pero ambas en proceso de expansión en los últimos años preocupan sobre manera a EEUU y sus planes de dominación en la región.
Rusia quiere profundizar sus vínculos internacionales
Luego del derrumbe soviético en 1991, Rusia busca su lugar en la cúspide de la división internacional del trabajo, lo que supone participar en la disputa política, militar y cultural que define el orden mundial capitalista.
Si la última década del siglo XX y el inicio del XXI ponía de manifiesto el triunfo del capitalismo y la hegemonía de EEUU, ahora, en la tercera década del siglo XXI aparece una perspectiva de disputa que se recorre en estas décadas, desde la unilateralidad de “occidente”, básicamente EEUU y Europa, a una presencia creciente que limita ese poder omnímodo, especialmente con la emergencia de China y su poder en la producción mundial. Remito a la perspectiva de dominación multilateral que pretenden nuevos países en el orden mundial, más aún en las articulaciones y acuerdos suscriptos entre países sancionados unilateralmente por EEUU y “occidente”.
En ese marco hay que pensar la búsqueda de Rusia para intervenir en la disputa global.
Claro que Rusia debió partir en las últimas tres décadas de muy bajos niveles de desarrollo de sus fuerzas productivas, con asiento en una especialización primario-exportadora, con epicentro en la energía, lo que la constituye en un gran productor y exportador, especialmente hacia Europa, pero también con una clase dominante local asociada a la corrupción y a políticas de privatización y liberalización subordinadas a la transnacionalización del capital.
En el texto citado podemos leer que luego de la crisis 2007-09, Vladimir Putin señalaba hace ya una década el desafío para superar la primarización:
“Rusia está obligada a ocupar un lugar digno en la división internacional del trabajo, no solamente en calidad de vendedor de materia prima y recursos energéticos, sino también como poseedor de tecnologías avanzadas en el proceso de permanente innovación, como mínimo en algunos sectores”[2]
Para más precisión resalta el autor:
“Putin enumera en este contexto: la química de alta tecnología, la farmacéutica, materiales compuestos y no metálicos, la industria de la aviación, tecnologías de información y comunicación, y nanotecnologías. En esta fila están también la energía atómica, actividades espaciales, el equipo hidro y termoeléctrico; esferas donde el país mantiene su competitividad a pesar de las pérdidas de los años noventa.”
No se trata solamente de una estrategia asentada en la energía, sino en la diversificación productiva con la intención de avanzar en procesos de industrialización, promoviendo la autonomía que aleje al país de la subordinación a las importaciones desde el capitalismo desarrollado. Por eso, las medidas preventivas fueron asumidas desde el mismo momento en que EEUU y la OTAN hicieron visible su estrategia de cercamiento con la incorporación de países integrantes de la ex URSS.
Agrega el autor sobre las sanciones luego de los acontecimientos en 2014:
“Frente a las sanciones por parte del Occidente colectivo, Rusia tomó medidas defensivas que incluyeron limitaciones equivalentes de importación desde los países participantes de sanciones antirrusas y medidas de sustitución de importaciones, en parte desarrollando producción propia, en parte reemplazando suministros foráneos al mercado ruso por otras fuentes. Es sintomático que una serie de agroexportadores de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay en esta situación fueran capaces de sacar provecho de magnitud considerable.”
Por eso no sorprende el involucramiento de Rusia en los BRICS, el acrónimo que involucra a países emergentes a comienzos del Siglo XXI, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son países “emergentes”, en tanto receptores de inversiones externas, especialmente por la inmensa población con disposición a la venta de la fuerza de trabajo a bajos precios internacionales. El más grande país de la región latinoamericana y caribeña, por su producción y población, resulta importante animador de la propuesta, más allá de la materialidad actual del proyecto articulador para actuar en la producción y circulación mundial de bienes y servicios.
De hecho, Brasil es el mayor socio comercial de Rusia en la región, y allí debe encontrarse las declaraciones de relativa “neutralidad” de Jair Bolsonaro sobre los acontecimientos en Ucrania, e incluso su reciente y cordial visita a Moscú.
En el mismo sentido puede inscribirse el reciente viaje del presidente argentino, a cargo pro tempore de la CELAC. Alberto Fernández ofreció a Rusia, a días de la incursión militar que luego condenó, que la Argentina sea la puerta de ingreso de nuevas y fortalecidas relaciones económicas de Rusia con la región.
Rusia recrea sus lazos ideológicos del pasado soviético con Cuba, con quién negoció de manera muy conveniente la deuda externa de la isla, condonando un 90% de las acreencias pendientes contraídas en tiempos del sistema socialista hasta 1991.
Desde Cuba y sus relaciones regionales en el marco del ALBA-TCP se favoreció un acercamiento comercial, potenciado desde el ingreso de Rusia en la OMC, económico y financiero con Venezuela, también con Nicaragua y otros países en la región.
Es un fenómeno extensivo, con matices, a Bolivia, a la Argentina y a otros países, incluso con regímenes claramente orientados a la derecha, casos de Perú o de Chile.[3]
Las sanciones actuales
Las restricciones bancarias pretenden aislar a Rusia, dificultando la expansión de las relaciones comerciales, económicas, financieras, con todos los países del mundo, que en la región impactan en primer lugar a los comentados vínculos con Cuba, Venezuela o Nicaragua, pero también con Brasil, México o Argentina.
Como vemos, no solo es una cuestión “ideológica”, no solo porque Rusia está muy lejos de la perspectiva comunista, más aún con el intento de Putin por la “descomunización” de la tradición rusa desplegada entre 1917-1991.
En tiempos de internacionalización de la producción y transnacionalización del capital, la libre circulación de capitales resulta funcional a la lógica de acumulación capitalista estimulada por la revolución científico-tecnológica, la difusión de internet, la inteligencia artificial, la robótica y la digitalización.
Por ende, cerrar mecanismos de la circulación de mercancías y dinero empasta a la producción capitalista a la salida de la pandemia, retrasando perspectivas de recuperación.
Ante las sanciones unilaterales de EEUU sobre Venezuela, quien relocalizó empresas y operaciones en territorio ruso, se harán sentir en la imposibilidad de ejercicio soberano de transacciones y utilización de los recursos disponibles en el sistema financiero de Rusia.
En todo caso, obliga al rearmado de circuitos alternativos de producción y circulación de bienes y servicios, en condiciones de competir y rivalizar con los instrumentos y la institucionalidad de mecanismos como el Swift.
Las sanciones agravan las condiciones impuestas por la gestión Trump a la región, especialmente a Cuba, Venezuela o Nicaragua, más allá de cualquier problema de política local que se pretenda considerar.
No solo desarrollos financieros, sino todo lo vinculado con las vacunas en tiempos de pandemia, cuestión que afecta a la Argentina, entre otros, importante comprador de la “Sputnik V”, incluso asociado en emprendimientos para su producción local.
Las sanciones buscan la desvalorización de la moneda local de Rusia, afectando las operaciones y atesoramientos derivados de actividad económico de terceros países con la Federación Rusa.
Son expresión también de la guerra monetaria que supone la pérdida relativa del poder mundial de la divisa estadounidense.
En términos generales, las sanciones tienen impacto en la aceleración de los precios internacionales, especialmente en alimentos y energía, que aun mejorando el balance comercial de algunos de los países latinoamericanos y caribeños exportadores de unos u otros de esos commodities, la realidad es la dependencia de esas importaciones de buena parte de la región, contribuyendo a un balance negativo para el conjunto de los países.
Todo dicho en un tiempo de ralentización del crecimiento económico mundial, y, por ende, golpeando los procesos de recuperación pos pandemia. Es una situación que aleja soluciones de fondo a problemas de desempleo, pobreza y miseria de millones de personas en toda la América Latina y el Caribe, fenómeno exacerbado según CEPAL en estos años.
Las sanciones afectan a Rusia, también a los Estados sancionadores, no solo impactados por el alza inflacionaria, sino por la obstaculización de procesos productivos y de circulación, base del ideario de la globalización de este último medio siglo, la liberalización económica. Pero muy especialmente afecta a nuestros países que pretenden diversificar sus relaciones internacionales para restar capacidad de dependencia y subordinación a la potencia hegemónica, que en su desesperación contribuye a un mayor desorden global, incluso de la lógica liberalizadora instalada desde el poder de Washington.
[3] Amplia referencia con datos en el estudio citado de CLACSO.
* Julio C. Gambina. Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Profesor Titular de Economía Política, UNR. Integra la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana y caribeña de Economía Política y Pensamiento Crítico, SEPLA.
Desde la Agencia Radiofónica de Comunicación repudiamos esta ominosa asonada militar que golpea en serio en las calles de las ciudades azotadas por los reaccionarios. Y también resuena en el interior de una Nación pisoteada pero no vencida. Manuel Zelaya, el presidente depuesto el último domingo, consideró el golpe de estado que sufrió como "un retroceso para las Américas". Y pidió a la OEA que no deje impune el acto perpetrado contra él. "Yo sé perdonar, soy tolerante, practico la no violencia, pero los pueblos no perdonan y la historia condena", dijo el presidente hondureño expulsado de su tierra. Por su parte, la Asamblea General de la OEA nombró al Secretario General de la organización, José Miguel Insulza, como el responsable de acompañar a Zelaya en su inexorable retorno al país. Insulza va a administrar las acciones que ayuden a restaurar la democracia hondureña. "No queremos suspender al querido pueblo de Honduras, pero sí a los usurpadores que han avergonzado a su propio país y que negaron al pueblo gozar del derecho a vivir en democracia", aclaró Insulza, como señala la venezolana Agencia Bolivariana de Noticias. Según la ABN, Insulza reiteró que la OEA no piensa aceptar ninguna acción "que no surja de los efectos que buscamos: el retorno de Manuel Zelaya". En este mientras tanto, con la vigilia atenta, expectante las redes sociales de la comunicación ciudadana, alternativa y popular activan sus lazos y dan a conocer esa otra historia que los medios hegemónicos pretenden ocultar. Algunas de esas muestras están en este blog de la ARC, que aspira a multiplicarse en cada antena amiga, en cada comunicador comprometido con el latido de Nuestra América. Porque nos interesa todo lo que sucede en el tiempo que nos tocó compartir. Porque este sí es un acto destituyente objetivo y cruel, y no una frase de ocasión para cosechar antiguos vientos. Porque Honduras significa “hondo” y a nosotros -ciertamente- no nos place los fulgores vacuos de la superficialidad. Y por algunas (incontables) razones más…
Hoy Tod@s somos Honduras. Hoy Tod@s estamos con Honduras.
Oscar E. Bosetti Director Agencia Radiofónica de Comunicación FCE – CePCE Universidad Nacional de Entre Ríos 1 de julio de 2009
