sábado, 10 de diciembre de 2016

Tierras en Honduras, un tema de seguridad nacional para Estados Unidos



Por Avispa Midia

El día 18 de octubre del 2016 diversas organizaciones no gubernamentales reconocían la gran lucha que ha sostenido la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Miriam Miranda, galardonada en la primera edición del premio ambiental Carlos Escaleras por la defensa y protección de territorios ancestrales de este país centroamericano. El mismo día, Honduras se vestía de luto. En Tocoa, principal ciudad del departamento de Colón donde se vive uno de los principales conflictos por tierra en Honduras, disparos de bala arrebataban la vida a los luchadores sociales José Ángel Flores y Silmer Dionisio George, presidente y dirigente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), respectivamente.

Reconocer en vida las acciones de los luchadores sociales y ambientales es una de las tareas que se ha propuesto el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), la Fundación San Alonzo Rodríguez, Radio Progreso y el Centro de Derechos de Mujeres mediante el premio Carlos Escaleras. En un país como Honduras donde la cifra de asesinatos de activistas ha rebasado los 200 desde el golpe militar en 2009, distintas organizaciones lanzaron su campaña “Defender sin Miedo: Tu vida, la mía, nuestra casa común”, enmarcado en la entrega del galardón para Mirian Miranda por sus más de 30 años de lucha.

El premio Carlos Escaleras nace en memoria del ambientalista hondureño asesinado en 1997 por sostener una lucha contra el emporio del empresario Miguel Facussé Barjum quien pretendía instalar una planta extractora de aceite de palma africana que terminaría contaminando el rio Guapinol, cauce que abastece de agua a varias comunidades de la región. El empresario Facussé murió en 2015, heredando una amplia gama de sectores económicos controlados por su familia a partir de la fundación de la fábrica Químicas Dinant, centrada en los sectores de alimentos, la agricultura industrial como la palma africana, biodiesel, biogás y productos de limpieza.

Muerte anunciada

El MUCA, mediante un comunicado publicado el 21 de octubre de este año, denunció que el Comando de Operaciones de los Estados Unidos ha estado entrenando a grupos paramilitares que ahora están asesinando a sus líderes, gracias a la conformación de “escuadrones de la muerte”. La organización social precisa que las operaciones se vienen llevando a cabo desde el año 2010 en la base militar de Río Claro, departamento de Trujillo, y que desde entonces se ha dado entrenamiento a unidades de fuerzas especiales de Honduras, en colaboración “con altos mandos militares”.

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El MUCA denunció que el Comando de Operaciones de los Estados Unidos ha entrenado a grupos paramilitares que ahora están asesinando a sus líderes

El 5 de diciembre del 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exhortó al gobierno de Honduras para que implementara las medidas cautelares concedidas a varios líderes campesinos del Bajo Aguán. Para este propósito se delegó a Sagrario Prudott, funcionaria de la secretaría de Seguridad. Sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho nada para detener los crímenes contra campesinos.

Desarrollo y asesinatos

La situación de violencia generada en el Bajo Aguán es producto de un problema estructural derivado de la concentración de las tierras en pocas manos.

“Hemos sufrido permanente persecución y hemos sufrido diversos atentados, pero continuamos en la lucha siguiendo el legado de Carlos Escaleras”, remarcó Esli Vanegas de la Coordinadora de Organizaciones del Aguan (COPA) durante una protesta realizada el día 18 de octubre en las calles de Tocoa para recordar el asesinato del activista.

La concentración de tierras en Aguán empeoró después de 1992 tras la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola. Dictada por el Banco Mundial, junto a un paquete de políticas de ajuste estructural, la ley redujo los apoyos a los productores agrícolas locales y a su vez incrementó el respaldo al sector de exportaciones, pero sobre todo permitió vender tierras colectivas a inversores privados. Esto ha aumentado las luchas territoriales con muestras extremas de represión por parte de empresas aliadas al estado hondureño.

El MUCA surgió en 2001 e integra alrededor de 3,500 familias campesinas que demandan la devolución de sus tierras para fines de Reforma Agraria. “Nosotros estamos pidiendo la devolución de nuestras tierras, porque les fueron robadas a nuestros padres por medio del Banco Mundial, quien apoyó la Modernización Agrícola”, dijo Jaime Adelí Cabrera, Coordinador de la Plataforma Agraria de la Zona del Aguán.

La Ley de Modernización Agrícola fue un estrategia del gobierno para favorecer a las principales

empresas que producen palma africana, quienes acapararon las tierras en tres grandes terratenientes agroindustriales: la familia Facussé de la Corporación DINANT, René Morales del Grupo Agropalma y Reinaldo Canales, de origen salvadoreño, detalló Vanegas.

Al acaparamiento de tierras para el cultivo de la palma africana se suma la ganadería intensiva, los proyectos mineros, presas hidroeléctricas y complejos turísticos que han desplazado a comunidades enteras en diversas regiones de Honduras. No sólo se ha utilizado la Ley de la Modernización Agrícola, sino también el engaño, la fuerza pública y grupos de sicarios.

“El Banco Mundial apoyó la Modernización Agrícola y los préstamos que está dando a las grandes corporaciones están siendo utilizados para contratar sicarios que asesinan a los líderes sociales. Esos préstamos también son para pagar al ejército”, agrega Adelí.

“Desde que el Banco Mundial concedió esos préstamos a los terratenientes nosotros hemos vivido en la pobreza. Los países que están comprando aceite y biodiesel están comprando sangre y muerte de los que han caído por defender sus tierras”, sostuvo Santos Torres, del Movimiento Campesino Gregorio Chávez.

Más muertes y amenazas

Han pasado ya 8 meses desde que el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, entonces coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), causó un gran impacto a nivel mundial. Cáceres fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman y se destacó por la lucha para detener la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.) con financiamiento de bancos europeos (FMO y FINNFUND, de Holanda y Finlandia respectivamente) y el Banco Mundial.

Mientras los órganos encargados de impartir justicia en Honduras se jactan de haber sufrido el robo del expediente de su caso, miembros del COPINH continúan recibiendo amenazas de muerte por mantener la lucha contra megaproyectos hidroeléctricos, mineros, eólicos, REDD+ y las ciudades modelo.

Tomas Gómez Membreño, Coordinador General del COPINH, responsabiliza a las empresas y los bancos que han financiado los megaproyectos de las agresiones contra la organización lenca.

“En mi caso he sufrido alrededor de siete atentados. Es principalmente por que quieren debilitar a los movimientos sociales en el país. Los mismos entes del Estado como la policía y el ejercito son los que nos vigilan todos nuestro movimientos”, agrega Membreño.

Después del asesinato de Cáceres, otros dos líderes del COPINH fueron asesinados: Lesbia Yaneth Urquía, quién luchaba contra la privatización del agua mediante proyectos de energía en La Paz, y Nelson García, asesinado en Río Lindo dos semanas después de Cáceres.

A pesar de los asesinatos contra el COPINH, sus miembros están en un proceso de reorganización y preparándose continuamente para seguir su lucha para expulsar los megaproyectos en el territorio indígena Lenca. “Nosotros como pueblos Lencas no dibujamos las fronteras, fue la colonización quienes han querido dividir el Abya Yala – nombre de América antes de la colonización- y nosotros somos un mismo pueblo, no hay países y debemos de apostarle por este rumbo, con nuestras propias propuestas contra el saqueo, el despojo y la criminalización”, añade Membreño.

Seguridad Nacional

Honduras es un país geoestratégico y es un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos quien desde los ochentas instaló su primer base militar en Palmerola, bajo el argumento de contrarrestar el narcotráfico. En 2015, tras la visita a Honduras del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Nelly, se amplió su presencia militar con la creación de la unidad especial en Honduras para “misiones de colaboración”.

El Coordinador de Actas del COPINH, José López, asegura que la gran mayoría de los proyectos vienen acompañados con un plan de seguridad. “Son proyectos de muerte no solo porque están matando a la naturaleza, sino que también a los activistas y a los pueblos. Incluso porque hay proyectos para ampliar las bases militares estadounidenses en el territorio Lenca y en el resto de Honduras”.

Para el coordinador la militarización antecede la instalación de megaproyectos. “A estas alturas los pueblos ya sabemos que todos los proyectos, principalmente los del capital transnacional, vienen acompañados con un proyecto de seguridad que les permita implementar y ejecutar el saqueo de cualquier forma”, recalcó José López.

López asegura que el ejército hondureño es asesorado por los Estados Unidos y se aplican estrategias de inteligencia para eliminar a líderes y activistas sociales y ambientales.

“En toda comunidad donde existen estos proyectos está presente la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). Ellos llegan con estrategias a las comunidades, engañando a la gente, regalando semillas y regalando abonos. Prometen más apoyos, pero no es eso–su estrategia es desarticular los movimientos sociales, las luchas populares, para hacer espionaje y filtrar información de cómo están constituidos los movimientos. La USAID está metido en el proyecto de Agua Zarca en Rio Blanco. ¿Qué nos da a entender? Que USAID estuvo asesorando a DESA y quizá dando fortalecimiento económico, y está presente en todas las comunidades donde tiene presencia el COPINH y eso equivale a tener al gobierno de los Estados Unidos. Por un lado nos meten bases militares, por otro a los cuerpos de paz y otras series de espionajes. Esto se da en todos los países de Latinoamérica”, agrega López.

Triángulo Norte

El año 2015, el gobierno de los Estados Unidos aprobó 750 millones de dólares para los países del Triángulo Norte de Centroamérica (PAPTN): El Salvador, Guatemala y Honduras.

Entre las condiciones para liberar dichos fondos está el combate a la corrupción, incluyendo la investigación y persecución penal de funcionarios públicos; combate a las redes criminales, el narcotráfico y el crimen organizado; E investigar y procesar penalmente en sistemas civiles de justicia a miembros de las fuerzas militares y cuerpos policiales sobre quienes pesen acusaciones creíbles de violaciones a los derechos humanos.

“Los 700 millones para el Triangulo Norte no van a resolver la problemática o sacar de la pobreza a los países, más bién es para apoyar a las policías y a los ejércitos. Nosotros decimos que es para apoyar más fuertemente la militarización de la región.

“Es para asegurar que las empresas estadounidenses se puedan instalar con la protección de los gobiernos y ese proyecto va a incrementar mas la migración de las comunidades indígenas y de la población centroamericana y continuará más la represión, los presos y los asesinatos”, finaliza Gómez Membreño.

El ABC de estos sesenta día (No al Peaje)



Por Héctor Flores *

Los amantes de la historia me harán el reclamo oficial de por qué ignoro los diez meses antes. A ustedes les digo que jamás los he ignorado, nunca se me han olvidado, pero de aquellos días estamos los que sabemos que estamos y nos gaseaban a los que casi somos inmunes al gas de la policía. Pero estos dos meses tienen mi atención por quienes siguen, por quienes se asumen y por los que se siguen sumando a la lucha, en este escenario oscuro, complejo y cambiante que nos plantean los peajes en esa carretera, ahora denominada, la carretera del pueblo. Visto en positivo estas son, para mi, las grandes ganancias de esta lucha por la dignidad y la soberanía iniciada en El Progreso.
A – Acabamos con un silencio mediático instalado en la sociedad sobre los peajes, su ilegalidad y el abuso que, desde ellos, promueve el gobierno y la empresa privada en el marco de ese monstruo que denominan Coalianza. Si algo podemos celebrar es que ahora los peajes se reconocen como lo que son: La extorsión al pueblo por el mismo gobierno que debe representarlo, la violación sistemática e injustificada del artículo constitucional que garantiza la libre circulación por el territorio nacional en contra de su pueblo. Y la fragilidad de una institucionalidad de Estado que es incapaz de moverse sino es en función de los intereses de los seudo empresarios oligarcas que ven al país como su propio feudo. El pueblo progreseño rompió la barrera de los medios tarifados, los indignos de la comunicación y en plena tradición, de boca en boca y de Facebook en Facebook, levantó la tranca contra la palabra y el mundo sabe que los peajes son, a todas luces la ventanilla donde le cobran al pobre lo que le exoneran a los ricos y poderosos.
B – Bajamos los intereses individuales para poner en el más alto nivel los intereses de la ciudad y levantamos la bandera de la dignidad ante los que nos piensan flojos y fáciles de comprar con cuencas de vidrio (hoy imágenes o bolsas miserables). El peaje se volvió un eslabón para la unidad del pueblo, para la definición de pueblo y para la lucha del pueblo. Ahí convergemos de todos los estratos y con todas las apariencias sociales. Lo que pintaba como seguro para los ambiciosos y mentirosos se volvió su revés, su condena, su señalamiento público. Gracias a esta priorización de intereses hoy nos resulta fácil ver en el pueblo a los que realmente están con el pueblo y sancionar, con la indiferencia, a los que no vieron al pueblo, a los que negaron al pueblo, a los que vendieron al pueblo. En El Progreso, Yoro y Honduras ahora se le pone rostro y nombre a los traidores de la patria, a los enemigos del pueblo, a los que se prestaron para usurpar la soberanía territorial y la dignidad ciudadana. A los que siguen su ambición y someten la nación.
C – Compartimos la libertad y amamos la libertad y ese amor lo hacemos manifiesto liberando las carreteras. Autopistas del Atlántico y COVIencontraron en los y las progreseñas un pueblo que sabe cantar libertad, que quiere vivir en libertad y que esta dispuesto a luchar por esa libertad y esa libertad es violentada con sus ilegales casetas de peaje. Y no es una libertad efímera como algunos quieren verla cuando hablan de desarrollo, es la manifestación pública de descontento ante los empresarios que se prestan con discursos bonitos para apuñalar al pueblo. Juan Orlando Hernández y Alexander López se han puesto en evidencia en su posición ante la libertad que el pueblo defiende. Ellos dos, sobre todo ellos dos que son funcionarios públicos ya no pueden alegar ignorancia, ya demostraron que no gobiernan para todos los y las hondureñas y progreseños en particular, lo hacen para sus intereses y para los intereses de los que realmente representan: los dueños del dinero y el poder dentro y fuera del territorio nacional.
D - Demostramos que la unidad es el camino. Que el éxito es posible cuando deponemos las diferencias y nos unimos a una sola causa. cuando hacemos con otros lo que solos no podríamos hacer. Cuando definimos, desde lógicas menos ideológicas, religiosas o político-partidista, cuales son las luchas que asumimos y donde están los puntos de encuentro para que en esas luchas prime el interés por el pueblo y no por el dinero. Demostramos que le apostamos al desarrollo pero no al de unos cuantos empresarios coaliados sino al de todos y todas.
E – Evidenciamos al mundo la ilegalidad y el hostigamiento que sufre el pueblo cuando va en defensa de sus derechos . La impunidad con la que actúan los órganos militares/policiales cuando reprimen al pueblo y la incapacidad del sistema de justicia nacional para garantizar seguridad jurídica al pueblo. Pero sobre todo pusimos en evidencia que no somos producto de la casualidad. Que el pueblo progreseño lucha desde siempre, que se defiende desde siempre y que en la historia nacional cuando se hable de libertad en las carreteras el nombre de la Ciudad – El Progreso – estará en esos anaqueles.
F – Finalmente quiero rendir tributo a todos esos hombres y mujeres que desde sus automóviles, en la carretera, desde sus motocicletas, en las bicicletas, desde su abundancia o sus limitantes han sido capaces de desprenderse en tiempos y recursos para sostener esta lucha de soberanía y dignidad. Que honor tan grande siento de conocer a los que conozco y que admiración total por esos que no conozco, pero que con no pagar en la tranca, demuestran que de verdad aman a esta ciudad Perla del Ulúa, nuestra El Progreso. Como me diría uno de esos hombres sabios en esa lucha por la libertad de la carretera "mañana, cuando mis hijos me digan por qué existe ese peaje yo responderé cuanto hice para que no existiera”…. y usted ¿qué responderá?
Chaco de la Pitoreta

* Poeta y gestor cultural

Situación para los defensores de DDHH sigue siendo de alta vulnerabilidad



Por Marvin Palacios

En el 159 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se desarrolla en Panamá, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) junto a otras organizaciones, expuso  el panorama vulnerable en que operan los defensores y defensoras de derechos humanos, la galopante impunidad y las pretensiones del Estado de Honduras en aprobar un Código Penal que es regresivo en derechos que están protegidos por los tratados internacionales.
En nombre de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) la abogada Natalia Yaya habló ante los comisionados James Cavalaro y Jesús Orozco en torno a la grave situación que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos.

Yaya destacó que  el informe 2015 de la CIDH publicado en diciembre,  reflejó la grave situación de derechos humanos en Honduras, cuando semanas después (el 2 de marzo de 2016) fue asesinada la ambientalista y Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) Bertha Cáceres, en medio de una gran apertura extractivita promovida por los gobiernos de turno que amenazan  los territorios de los pueblos originarios.

“Honduras es el país más peligroso para el trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos. De 2002 a 2014, han sido asesinados  111 defensores y defensoras de acuerdo con cifras Global Witness.

Se hace  uso indebido del derecho penal para acusar y criminalizar a defensores y defensoras de derechos humanos,. Con esto se genera la paralización de su trabajo junto al estigmatiza que deben afrontar y se viola el debido proceso, denunció la representante de la FIDH.

Berta Oliva, coordinadora general del CofadehBerta Oliva, coordinadora general del Cofadeh

Yaya expuso que en Honduras existe  un trato diferenciado de la justicia entre los defensores de derechos humanos,  las comunidades campesinas y los grupos económicos. El estado no aplica las políticas ni protege a los defensores y defensoras de derechos humanos. Desde 2004 cada año, un defensor que cuenta con medidas cautelares es asesinado en Honduras.

Por su parte la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, expuso ante los comisionados que tenemos más de 3 décadas de comparecer ante la CIDH para abogar por los derechos humanos y  tenemos que decir que esos esfuerzos para exigir derechos,  en los actuales momentos;  siguen siendo más vulnerables.

Para el COFADEH es difícil dejar de hablar de contexto por el abuso excesivo de los gobiernos para que las comunidades no hagan ninguna actividad de protesta frente a la vulneración de sus derechos fundamentales, dijo Oliva.

Oliva indicó que en Honduras  hay acusados ambientalistas en el Valle de Siria (departamento de Francisco Morazán) , más de 25 en el Valle del Aguán (en la costa norte), y otros que  han sido criminalizados en la comunidad de Zacate Grande (en la península del mismo nombre en el Golfo de Fonseca)

“Nuestra preocupación es más que evidente,  cuando tenemos criminalizado al ciudadano Pedro Canales (presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande acusado de usurpación por una familia pudiente en Honduras)”, sostuvo la reconocida defensora de derechos humanos.

Añadió que reza nuestra preocupación por Isela Juárez (de la municipalidad de Tocoa, Colón) porque por reclamar derechos sindicales está siendo perseguida. La han puesto en lugares vulnerables, y hace poco fue atropellada y está sufriendo en estos momentos.

Oliva indicó que en el Bajo Aguán,  después del asesinato el 21 de agosto de 2012, del abogado  Antonio Trejo (defensor de comunidades campesinas),  el estado creó la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UNVIBA)  para investigar, pero hasta el momento no hay avances, y han fracasado en el caso del abogado Trejo.

James Cavallaro, presidente de la CIDHJames Cavallaro, presidente de la CIDH

“Entonces para nosotras tener que acudir aquí no es lo deseable, hace 30 años deseábamos que se hubiese obtenido respuestas  con los desaparecidos de la década de los años 80.

Entre tanto el Centro de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEPRODECH), denunció que el principal problema para el Movimiento Indígena Lenca de La Paz (MILPA)  es que hay despojo de sus territorios por parte de corporaciones municipales que violentan sus derechos ancestrales y  títulos comunitarios.

El CEPRODECH sostiene que esta situación  lo que provoca es que terratenientes y políticos con documentos de dudoso origen,  criminalicen a las comunidades indígenas  por los delitos de usurpación y sedición que no da pie a medidas cautelares.

Por otra parte y debido a la imposición de medidas sustitutivas  a la prisión, en el departamento de La Paz, centenares de campesinos y campesinas tienen que caminar hasta 7 horas para estampar su firma en el libro de registro de los tribunales de justicia.
Y la otra preocupación es que los procesos criminales en contra de líderes y dirigentes campesinos, abarcan períodos de tiempo muy largos y se tiene que esperar hasta 2 años para acudir al juicio oral y público.

Esos son los detonantes de la criminalidad en los pueblos campesinos e indígenas, y es la forma en que se está entregando territorios violentando los derechos de las comunidades indígenas, por lo que el CEPRODECH instó a la CIDH para que se investigue a los alcaldes del gobierno actual,  que entregan los territorios a particulares cuando eso corresponde al Instituto Nacional Agrario (INA).

A la asamblea pública asistió la Plataforma Contra la Impunidad quien reveló que las condiciones para los defensores y defensoras de derechos humanos de la comunidad lésbica, gay, transexual, bisexual e intersexual  (LGTBI) no difieren de los casos antes expuestos.
La Plataforma contra la Impunidad expuso que de cada 5 casos de asesinatos de las personas de la comunidad LGTBI, registrados en Centro América, 3 casos corresponden a Honduras.

Reformas al Código Penal son regresivas y lesivas a la vigencia de derechos humanos
De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Red Lésbica Cattrachas, entre 2009 y 2016, se han contabilizado 224 muertes violentas, que en su mayoría corresponden a homosexuales y 18 lesbianas.

Entre 2009 y 2014, se han perpetrado,  168 crímenes de odio, violencia,  lesiones, violaciones sexuales, y casos extremos en las cárceles de Honduras, que no cuenta con condiciones diferenciadas para el trato y respeto de las personas LGTBI.

El estudio revela que  los principales agresores, continúan siendo  policías municipales, guardias de seguridad,  policías de la Secretaría de Seguridad y particulares.

En torno a la pretensión del estado de Honduras de aprobar a toda costa un nuevo Código Penal, la procuradora de derechos humanos del COFADEH, Mery Agurcia dijo que hasta el momento el Congreso Nacional ha aprobado los artículos de la parte introductoria, pero que preocupa a  las organizaciones defensoras de derechos humanos; que dichas reformas no se hayan socializado ampliamente y que no existan diagnósticos en relación a la eficacia de la política criminal del estado.

Agurcia indicó que en el actual proceso de las reformas al Código Penal, no ha existido transparencia y que existen al menos 115 artículos que involucionan los derechos humanos de la ciudadanía, porque no están acordes con los estándares internacionales.

La procuradora de derechos humanos denunció que el estado tiene la pretensión de aprobar artículos muy peligrosos en contra de las personas que defienden los derechos humanos de los demás, para el caso la tipificación de los delitos de sedición, reuniones y manifestaciones públicas, asociación para delinquir, desórdenes públicos, asociación terrorista y retiro de nacionalidad y ciudadanía, entre otros.

Por último representantes de la Organización Mundial contra La Tortura (OMCT) manifestaron su preocupación en torno a los señalamientos vertidos por el presidente Juan Orlando Hernández en donde descalifican a los defensores y defensoras de derechos humanos y los colocan en situación de vulnerabilidad.

La OMCT dijo que pareciera que existe una política sistemática de descalificación desde el estado encaminada a descalificar y  estigmatizar a los defensores y defensoras de derechos humanos.

Se han enviado diversas comunicaciones al gobierno de Honduras para que se aplique un trato diferenciado cuando se trate de abordar el trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos y que las fiscalías especiales sean reforzadas y descentralizadas para operar con independencia en las investigaciones de casos de violaciones a derechos humanos.

En torno al código penal, la OMCT instó al estado de Honduras a hacer un análisis técnico con la participación de las organizaciones peticionarias hondureñas  ante la CIDH. Asimismo el organismo internacional pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que programe una visita a Honduras para corroborar lo que se ha expuesto en esta audiencia.

Durante el 159 Período de Sesiones de la CIDH, estipulado del 1 al 7 de diciembre en Panamá, el  COFADEH participa en las audiencias: “Situación de la justicia y las personas defensoras de derechos humanos en Honduras” y  “Seguimiento del Mecanismo de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en Honduras.

Fidel Castro: Artífice de la proyección externa de la revolución cubana en nuestra América



Por Luis Suárez Salazar *

 Fidel Castro por Oswaldo Guayasamin (extracto) fidel   guayasamin extracto pq

Introducción

Como parte de las observaciones-participantes y de las investigaciones que desde hace cerca de cinco décadas he venido realizando y, en algunos casos, publicando sobre la que he denominado “proyección externa de la Revolución Cubana”,[1] a fines de 2006 emprendí una cuidadosa identificación, lectura o relectura de los cerca 400 discursos pronunciados desde los primeros días de enero de 1959 por el líder histórico de esa revolución, Fidel Castro Ruz, en los que refería sus multidimensionales y profundas reflexiones sobre la historia, la realidad, las disyuntivas y perspectivas de los Estados nacionales o plurinacionales, así como de algunas de las islas y los territorios continentales sometidos a diferentes formas de dominación colonial por parte de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Holanda ubicados en el espacio geográfico, humano y cultural que en 1891 José Martí denominó Nuestra América. [2]

Como fruto de esa investigación y tratando de evitar que se dogmatizara su pensamiento dialéctico y creador, preparé tres compilaciones contextualizadas y anotadas de los principales discursos o fragmentos de ellos en los que Fidel –como comúnmente lo denomina el pueblo cubano— había difundido sus siempre bien informadas consideraciones sobre las multiformes luchas populares, democráticas, anticoloniales, anti neocoloniales, antiimperialistas y, en algunos casos, anticapitalistas o socialistas que desde el triunfo de la Revolución Cubana se habían desplegado al sur del río Bravo y de la península de Florida. Asimismo, sobre los cambiantes contextos económicos, sociales y políticos internacionales y hemisféricos en que éstas se habían desplegado. [3]

La preparación de esas tres compilaciones,  mis propias experiencias personales,[4]  al igual que la mayor parte de las entrevistas que, junto a mi estimado colega y amigo holandés Dirk Kruijt, les realizamos entre el 2010 y el 2014 a cerca de 40 compañeras y compañeros cubanos y de otros países del mundo que, en uno u otro momento de sus vidas, habían participado en la implementación de las multiformes solidaridades de Cuba con los pueblos y con algunos gobiernos del continente americano,[5] me confirmaron que, sin negar los aportes de otros dirigentes de la Revolución Cubana, desde los primeros días de 1959 hasta, al menos, el 2006 Fidel Castro había sido el principal artífice, conductor, analista y a la vez cronista de las multifacéticas, consistentes y, en ciertos casos, cambiantes estrategias y tácticas desplegadas por el liderazgo político-estatal cubano hacia la que, en 1953, el entonces recién graduado médico argentino Ernesto Guevara de la Serna había denominado “nuestra Mayúscula América”.

Igualmente, el inspirador de las acciones emprendidas hacia ese continente por las direcciones de las diferentes organizaciones políticas, sociales, de masas, juveniles-estudiantiles y profesionales que han actuado o todavía actúan en la sociedad política y civil cubanas, al igual que de las conductas altruistas asumidas por los decenas de miles de cubanas y cubanos que han cumplido diversas misiones solidarias o internacionalistas en todo el mundo y, en particular, en buena parte de los 33 estados latinoamericanos y caribeños.  

La unidad antiimperialista: Táctica y estrategia de la victoria

En el breve espacio disponible para este escrito me resulta imposible sintetizar todos los  aportes teórico-prácticos realizados por Fidel a la elaboración e implementación de las estrategias, las tácticas y las acciones desplegadas por todos los actores sociales y políticos, estatales y no estatales, antes mencionados, así como a la comprensión de la historia y de la cada vez más compleja realidad latinoamericana y caribeña. Pero, partiendo de la narrativa y de los elementos empíricos que he sistematizado en algunos de mis escritos antes referenciados, puedo afirmar que todas ellas fueron emprendidas partiendo de las convicciones de su máximo líder acerca de la estrecha imbricación existente entre la Revolución Cubana y los demás procesos de cambios favorables a los intereses nacionales y populares que, en cada momento histórico-concreto, se estaban o todavía se están desplegado en  América Latina y el Caribe.

Esas convicciones, tributarias del legado de los próceres y mártires de las luchas por  las que José Martí denominó “primera” y “segunda independencia” de Nuestra América, así como de las tradiciones provenientes de la diversas interpretaciones revolucionarias e internacionalistas del marxismo, guiaron as multifacéticas solidaridades de la Revolución Cubana con los pueblos y algunos gobiernos del continente americano; incluido, el pueblo estadounidense. Estas fueron definidas por Fidel no solo como un ineludible deber histórico (“ser internacionalista es pagar nuestra propia deuda con la humanidad”), sino también como una necesidad estratégica para la preservación, la consolidación y el exitoso desenvolvimiento de la transición socialista cubana.

Mucho más por su temprana y reiterada comprensión de que el imperialismo –y en particular, el estadounidense— había sido, era y aún sigue siendo el enemigo principal y, en algunos casos, el enemigo inmediato de la emancipación política, económica, social y cultural de todas las naciones y pueblos de la que, en 1959, el Canciller de la Dignidad, Raúl Roa García, denominó “nuestra preterida, maltratada y exprimida súper patria común”.[6]

Aunque esa comprensión ya estaba implícita en La Historia me absolverá y en las intervenciones públicas que Fidel realizó tanto en los Estados Unidos como en México durante la preparación de la expedición revolucionaria que, a bordo del yateGranma, finalmente arribó a las costas cubanas el 2 de diciembre de 1956,  comenzó a hacerse explícita en los diversos discursos que él pronunció, así como en las entrevistas y conferencias de prensa que ofreció durante las visitas que realizó a Venezuela, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Uruguay entre fines de  enero  y los primeros días de mayo de 1959.

También en los innumerables discursos que antes y después de esos meses pronunció en Cuba para concientizar, movilizar y organizar al pueblo cubano para enfrentar y derrotar las diversas agresiones imperialistas que comenzaron a fraguarse desde el propio triunfo de la Revolución, así como para que, simultáneamente, expresara su solidaridad con las inter vinculadas luchas por la democracia, el desarrollo económico y social y la independencia política que entonces se estaban librando en diferentes Estados y territorios latinoamericanos y caribeños aún sometidos a diferentes formas de dominación colonial o neocolonial.

En mi concepto, el clímax de toda esa tenaz labor política y pedagógica fue el discurso que pronunció Fidel Castro el 2 de septiembre de 1960 en la ahora denominada Plaza de la Revolución José Martí. En ese discurso, le propuso a la entonces llamada Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba la aprobación a mano alzada de la ahora denominada Primera Declaración de La Habana. Sobre la base de las primeras realizaciones económicas, sociales y políticas de la Revolución, así como en respuesta a las primeras agresiones imperialistas contra el pueblo cubano y al apoyo que estas ya comenzaban a encontrar en buena parte de los gobiernos latinoamericanos entonces integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), en esa declaración se proclamó a los cuatro vientos “el deber de las naciones oprimidas y explotadas a luchar por su liberación; el deber de cada pueblo a la solidaridad con todos los pueblos oprimidos, colonizados, explotados o agredidos, sea cual fuere el lugar del mundo en que éstos se encuentren y la distancia geográfica que los separe”.[7] 

También se reafirmó la fe de la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba “en que la América Latina marchará pronto, unida y vencedora, libre de las ataduras que convierten sus economías en riqueza enajenada al imperialismo norteamericano y que le impiden hacer oír su verdadera voz en las reuniones donde cancilleres domesticados, hacen de coro infamante al amo despótico”. Asimismo,  ratificó “su decisión de trabajar por ese común destino latinoamericano que permitirá a nuestros países edificar una solidaridad verdadera, asentada en la libre voluntad de cada uno de ellos y en las aspiraciones conjuntas de todos”.[8]

Antecedida por la fulminante derrota de la invasión mercenaria de Playa Girón organizada por la administración del republicano Dwight Eisenhower y emprendida por la del demócrata John F. Kennedy (a partir de la cual, a decir de Fidel Castro, “todos los pueblos latinoamericanos serían más libres”), y por las demoledoras críticas que, en la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA, efectuada en Punta del Este, Uruguay, en agosto de 1961, le realizó el comandante Ernesto Che Guevara a la Alianza para el Progreso,[9] esos y otros enunciados de la Primera Declaración de La Habana fueron ratificados y ampliados en la que en otros escritos he denominado “Manifiesto Comunista de la Revolución Latinoamericana” aprobado a mano alzada por los cerca de dos millones de cubanas y cubanos que el 4 de febrero de 1962 se congregaron en la Plaza de la Revolución José Martí. [10] 

Nuevamente, a instancias de Fidel y luego de reiterar que “la historia de Cuba era parte de la historia de América Latina” y ésta de la historia de los demás países del mundo subdesarrollado y dependiente, al igual que rompiendo con el reduccionismo sociológico y con el sectarismo entonces imperante en diversos destacamentos de la ahora llamada “izquierda social, política e intelectual” de América Latina, así como de algunos países del Caribe insular y continental, en la ahora llamada Segunda Declaración de La Habana se indicó que:

En la lucha antiimperialista y anti feudal es posible vertebrar la inmensa mayoría del pueblo tras metas de liberación que unan el esfuerzo de la clase obrera, los campesinos, los trabajadores intelectuales, la pequeña burguesía y las capas más progresistas de la burguesía nacional. Estos sectores comprenden la inmensa mayoría de la población, y aglutinan grandes fuerzas sociales capaces de barrer el dominio imperialista y la reacción feudal. En ese amplio movimiento pueden y deben luchar juntos, por el bien de sus naciones, por el bien de sus pueblos y por el bien de América, desde el viejo militante marxista, hasta el católico sincero que no tenga nada que ver con los monopolios yanquis y los señores feudales de la tierra. Ese movimiento podría arrastrar consigo a los elementos progresistas de las fuerzas armadas, humillados también por las misiones militares yanquis, la traición a los intereses nacionales de las oligarquías feudales y la inmolación de la soberanía nacional a los dictados de Washington. [11]

Tales afirmaciones –posteriormente sintetizadas por Fidel en su llamado a la “unidad estratégica entre cristianos y marxistas” y en su sintagma: “La unidad antiimperialista es la táctica y la estrategia de la victoria”— guiaron la política internacional desplegada por la Revolución Cubana; incluida su apoyo político-diplomático, mediático y, en algunos casos, militar a las luchas por la democracia, la liberación nacional y social desplegadas por diferentes destacamentos de la izquierda, así como  como sus multiformes solidaridades hacia todos los gobiernos que, con independencia del horizonte programático de sus liderazgos civiles o militares o de las fuerzas sociales y políticas que lo hayan conducido, han emprendido diversos procesos de cambios revolucionarios, reformadores, nacional-populares e incluso reformistas en diferentes estados latinoamericanos y caribeños. También hacia aquellos que han mantenido una actitud respetuosa hacia la transición socialista cubana.

Paralelamente, Fidel Castro fue desarrollando sus trascendentales conceptos con relación a la importancia estratégica que ha tenido, tiene y tendrá para el porvenir de América Latina y el Caribe la unidad de sus pueblos, así como la integración política y económica de todos los Estados de ese continente. En mi consideración, él formuló por primera vez esas utopías en los antes referidos discursos que pronunció en Venezuela a fines de enero de 1959, así como en Argentina y Uruguay a comienzos de mayo del propio año. Sin embargo, acorde con los cambios que se fueron produciendo en la economía capitalista mundo, en el sistema internacional de los Estados, al igual que en el escenario hemisférico las fue perfilando a lo largo de su fecunda vida política. Al tal grado que, en el Cuarto Encuentro del Foro Sâo Paulo efectuado en La Habana en 1994, entre otras muchas ideas vinculadas a ese trascendental tema, señaló:

¿Qué menos podemos hacer nosotros y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Eso debiera estar inscrito en las banderas de la izquierda. Con socialismo y sin socialismo. Aquellos que piensen que el socialismo es una posibilidad y quieren luchar por el socialismo, pero aun aquellos que no conciban el socialismo, aun como países capitalistas, ningún porvenir tendríamos sin la unidad y sin la integración. [12]

Todo lo antes dicho contribuye a explicar el enorme esfuerzo personalmente realizado por Fidel Castro con vistas a crear las condiciones políticas continentales que posibilitaron resistir la “globalización neoliberal” y  que posteriormente condujeron a la derrota, en el 2005, del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) impulsando por las administraciones de William Clinton y George W. Bush, así como apoyada por sus principales aliados latinoamericanos y caribeños. También para  lograr –en consuno con el ya físicamente desaparecido líder histórico de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez— la institucionalización y progresiva ampliación y profundización de la ahora llamada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio entre los Pueblos (ALBA-TCP). Muchos más porque él previó, como pocos, que esa alianza estaba llamada a desempeñar un papel central en los diferentes proyectos de concertación política, cooperación e integración económica que, no obstante las grandes dificultades que los afectan y los afectarán, se han desplegado y se siguen desplegando en Nuestra América, incluidas la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).      

A modo conclusión

En mi concepto, esas y otras facetas de la obra teórico-práctica de Fidel Castro no incluidas en este escrito requieren ser estudiadas profundamente por las actuales y futuras generaciones latinoamericanas y caribeñas; en particular por las nuevas generaciones de cubanas y cubanos. Sobre todo porque aún en el hipotético caso de que algún día se logre la que he denominado “anormalización de las relaciones oficiales entre los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba”,[13] su pueblo, sus organizaciones políticas sociales, de masas, juveniles y estudiantiles, así como su vanguardia política tendrán que seguir luchando para defender la soberanía y la independencia política y económica de la Mayor de las Antillas.

Y, tales luchas, como pensó y reiteradamente planteó Fidel Castro forman y formarán parte de las multiformes contiendas de los demás pueblos latinoamericanos y caribeños para lograr juntamente su desarrollo económico, político y social, así como para obtener y preservar su verdadera y definitiva independencia. En ese contexto, mantiene y mantendrá toda su vigencia, la alegoría planteada por José Martí en su célebre ensayo Nuestra América:

Con los oprimidos había que hacer causa común, para afianzar el sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores.  El tigre, espantado del fogonazo, vuelve de noche al lugar de la presa […] No se le oye venir, sino que viene con zarpas de terciopelo. Cuando la presa despierta, tiene el tigre encima. 

La Habana, 23 de mayo de 2016   

* Luis Suárez Salazar es Licenciado en Ciencias Políticas, Doctor en Ciencias Sociológicas y Doctor en Ciencias. Escritor y ensayista integrante de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), así como Profesor Titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” de La Habana, Cuba, al igual que de diversas cátedras de la Universidad de La Habana.

[1] Luis Suárez Salazar: “La política de la Revolución cubana hacia América Latina y el Caribe: Notas para una periodización”, en Cuadernos de Nuestra América, La Habana, Julio-Diciembre de 1986, no. 6, pp. 137-180; Cuba: ¿Aislamiento o reinserción en mundo cambiado?, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1997; “La proyección externa de la Revolución cubana: Oportunidades y desafíos”, en Temas, La Habana, Octubre de 1997-Mayo de 1998, no. 12-13, pp. 178-190; El Siglo XXI: posibilidades y desafíos para la Revolución Cubana, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2000; “El ALBA: Un hito en la proyección de la Revolución Cubana hacia América Latina y el Caribe”, en Relaciones Internacionales, no. 6, La Habana, junio-diciembre del 2005, pp. 42-53; “La revolución cubana y los nuevos liderazgos latinoamericanos”, en Temas, No. 58, La Habana, abril-junio 2009, pp. 111-119; y “La cincuentenaria proyección externa de la Revolución Cubana:Nuestroamericanismo vs. Panamericanismo”, en Enfoques, Interpress Service, La Habana, primera quincena, julio 2009.

[2] José Martí: “Nuestra América” en José Martí: Nuestra América, Casa de las Américas, La Habana, 1974, pp. 19-30.

[3] La primera de esas compilaciones se publicó en el 2009 por parte de la Editorial Ocean Press-Ocean Sur con el tituloFidel Castro: Latinoamericanismo vs. Imperialismo. La segunda, titulada Fidel Castro: Las crisis de América Latina: diagnósticos y soluciones está en proceso de publicación por la Editora Política como parte de sus contribuciones a la celebración del 90 Aniversario del natalicio de Fidel. Y la tercera, que aún espera su terminación y eventual publicación, la titulé Fidel Castro: La unidad antiimperialista: Táctica y estrategia de la victoria.

[4] Cuando apenas había cumplido 20 años y en medio de la multiforme solidaridad expresada por el gobierno y el pueblo cubano con el pueblo y el gobierno peruano antes y durante el violento terremoto que sacudió a ese país en mayo de 1970, tuve el privilegio de conocer personalmente a Fidel Castro. En razón de las diversas tareas políticas que entonces estaba cumpliendo y que en los años posteriores cumplí en las interrelaciones de la Revolución Cubana con América Latina y el Caribe, en diversas ocasiones tuve la oportunidad de participar en las reuniones que él sostuvo con varios dirigentes políticos y con destacados intelectuales latinoamericanos. En ellas pude aquilatar la sistemática dedicación de Fidel a la comprensión y transformación de la realidad latinoamericana y caribeña. También la acendrada ética con la que siempre desarrolló sus interrelaciones con sus diversos interlocutores.

[5] Luis Suárez Salazar y Dirk Kruijt: La Revolución Cubana en Nuestra América: el internacionalismo anónimo, RUTH Casa Editorial, La Habana, 2015.

[6] Raúl Roa: Discurso pronunciado en la V Reunión de Consultas de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, efectuada en Santiago de Chile entre el 12 y el 18 de agosto de 1959.

[7] Luis Suárez Salazar (compilación y prólogo)  Fidel Castro: Latinoamericanismo vs. Imperialismo. Editorial Ocean Press-Ocean Sur, La Habana, México y Caracas, 2009.

[8] Ibídem.

[9] Ernesto Che Guevara: “Discurso en la Conferencia del CEIS de la OEA”, en Guevara, Ernesto Che: Obras (1957-1967), Casa de las Américas, La Habana, 1967, tomo II, pp. 466-468.

[10] Luis Suárez Salazar: “La Segunda Declaración a La Habana: Manifiesto Comunista de la Revolución Latinoamericana”, en CUBADEBATE, 7 de febrero de 2012. También fue publicado en América Latina en Movimiento, Quito, Ecuador.

[11] Al igual que otros escritores y oradores, Fidel Castro emplea la frase “los dictados de Washington” como sinónimo de “los dictados del Gobierno de Estados Unidos”.

[12] Luis Suárez Salazar (compilación y prólogo)  Fidel Castro: Latinoamericanismo vs. Imperialismo. Editorial Ocean Press-Ocean Sur, La Habana, México y Caracas, 2009.

[13] Luis Suárez Salazar: “La anormalización de las relaciones oficiales de los Estados Unidos con Cuba: una mirada después de la VII Cumbre de las Américas”, en Revista Voces en el Fénix, Buenos  Aires, 2015

“Perro que ladra no muerde”



Por Pedro Echeverría V.

1. Supongo que Donald Trump ha sido un hablantín desde joven, así como lo es Vicente Fox hasta hoy. Hace una semanas Fox dijo tonterías contra Trump y a los pocos días, antes que ganara la Presidencia el yanqui, Fox se desdijo de lo que había dicho pidiéndole disculpas. Al finalizar su gobierno en 2006 Fox no fue llevado a la cárcel ni tampoco castigado por su pésimo gobierno o por el dinero que robaron él, su esposa y sus entenados, es decir, los hijos de la esposa. Esto porque en México ningún expresidente –por más ladrón que haya sido- ha ido a la cárcel y sólo algunos funcionarios, contados con los dedos de una mano, la ha pisado alguna vez. ¿Recuerdan el ridículo de Fox cuando le pidió a Fidel en 2002 que abandonara Monterrey para no encontrarse con el presidente Bush, diciéndole “comes y te vas”?

2. Pienso que Trump también sufrirá millones de protestas por inexperiencia en asuntos de gobiernos y por muchos desplantes sin pensar; espero que así de simple sea y que no imite a los presidentes que lo antecedieron llevando intervenciones, bombardeos, guerras, asesinatos y despojos a los países de todo el mundo, es decir, que no agreda a ningún país. Pero para los EEUU esto de invadir para saquear riquezas es de vida o muerte. ¿Puede olvidarse que la construcción de cualquier imperio es imposible sin someter a otros países y arrancarles sus riquezas? ¿Se olvida que en el caso de los EEUU la industria de la guerra (de aviones, barcos, bombas, misiles, armas, uniformes, etcétera, representan millones de millones de dólares que son utilizados para hacer grande la economía de un país?

3. Por ello, cuando Trump declara que echará abajo cualquier acuerdo que Obama haya firmado con Cuba para beneficiar a los gusanos de Miami, sólo había que esperar. Por ahora no hay que alarmarse mucho porque Trump puede ser un loco desquiciado como Fox, sólo impulsado y controlado por su esposa. De todas maneras los pueblos del mundo deben prepararse, organizarse para resistir desplantes y seguras amenazas contra los pueblos del mundo. Pienso que muchos gobiernos, como siempre ha sido el mexicano, van a actuar como simples cachorros del imperio ahora gobernado por Trump. Siempre han sido peores los gobernantes que como la Clinton actúan bajo el agua, con la risa en los labios, mientras nos están jodiendo sin sentirlo. Trump, como Fox es más tonto porque no puede esconder sus armas, las hace evidentes para protestar en las calles.

Centroamericanos en tránsito por México, migración forzada y carencia de derechos

Rebelión

Por Guillermo Castillo

Cuando un migrante sale de su casa en Centroamérica contra su voluntad porque se quedó sin trabajo y lo despojaron de sus tierras, o porque hubo inundaciones que afectaron su comunidad y cosechas, o porque lo amenazaron de muerte y lo persiguen las pandillas, es una contradicción y un acto de violencia que en México se le vea como un “transgresor de la ley” y se le estigmatice por transitar sin documentos. 
Urbano Arvide

La migración en un mundo globalizado y desigual [*]
En el mundo contemporáneo la profusa y desigual movilidad y flujo de bienes, dinero, personas e información ha sido una de las características de las dinámicas de los Estados neoliberales y de la globalización. No obstante, si bien la movilidad humana no es un proceso nuevo y ha estado relacionada con eventos claves de los últimos siglos –la invasión colonial europea a América, Asía y África, la revolución industrial, la creciente importancia de las metrópolis y la urbanización, la conformación y consolidación del capitalismo, la segunda guerra mundial, entre otros-, la migración actualmente ha tomado proporciones inéditas. Según el Banco Mundial se llegó a la cifra histórica de aproximadamente 250 millones de migrantes en el mundo para fines del 2015.

Esto se explica en buena medida por la vinculación entre la migración laboral internacional y los procesos de expansión del capitalismo neoliberal y sus repercusiones políticas y económicas a nivel regional y mundial. Como causa de los efectos del neoliberalismo, los migrantes en sus lugares de origen son los excluidos del desarrollo nacional debido al deterioro productivo, la caída del empleo y la merma de los salarios en los países en desarrollo. Pero al mismo tiempo, los migrantes juegan un papel clave en la internacionalización de las cadenas productivas al fungir como fuerza de trabajo barata, flexible y vulnerable que trasciende las fronteras nacionales y se desplaza en una dirección sur-norte hacia los países centrales, donde se concentran algunos de los mercados laborales transnacionales que mayor riqueza generan en el orbe.

Sin embargo, dentro de las amplias dinámicas de movilidad humana, las migraciones que tiene un carácter más dramático y que se estructuran sobre mayores procesos de marginación y violencia, son aquellas en que las personas, debido a circunstancias de diversa índole y que escapan a su voluntad y capacidad de acción, se ven “forzadas”/”obligadas” a salir de sus hogares y comunidades para conservar su vida e integridad física [1]. Actualmente la migración forzada se vincula, tanto a problemas ambientales –desastres naturales como inundaciones, sequías, huracanes, deslaves, entre otros- y de aguda precariedad económica, como a procesos de violencia de distinto tipo y escala –confrontaciones geopolíticas, intervencionismo y conflictos bélicos nacionales e internacionales, el crimen organizado-. Ejemplos de este último tipo de migración forzada como concreción de la exclusión nacional y global son los refugiados del conflicto sirio, los africanos en su paso por el Mediterráneo y los centroamericanos en su tránsito por México y con destino a EU. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para diciembre de 2014 se calculaba que 59.9 millones de personas experimentaron migración forzada, fenómeno que no había presentado tal dimensión desde la Segunda Guerra Mundial [2] y que muestra fehacientemente un mundo desigual, inequitativo y violento.

Los centroamericanos en tránsito por México
Desde hace décadas México ha dejado de ser sólo uno de los principales países con masivos procesos de expulsión de migrantes a Estados Unidos (EU), también tiene varios lustros siendo un lugar de tránsito y, en menor medida, de destino. La dimensión de la movilidad de los centroamericanos que quieren atravesar México para llegar a EU es tal que, en 2015 y de acuerdo a datos de la Secretaria de Gobernación del gobierno mexicano, cerca de 300 mil personas se encontraban en tránsito, de las cuales detuvieron casi a 200 mil y deportaron casi a 140 mil [3]. Por su parte, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) –que agrupa a más de quince albergues y casas de migrantes- reportó que en el 2015 dio acogida y atención a cerca de 30,321 migrantes en sus diversas casas y albergues, la mayoría de estas personas proveían principalmente de Honduras (17,852), El Salvador (5,322) y Guatemala (3,851) y eran sobre todo hombres jóvenes solteros en edad laboral altamente productiva –entre los 18 y los 40 años-, cuyo destino primario era EU y, en un muy remoto segundo, sitio México [4].

Si bien fue menor la presencia de niños, adolescentes y mujeres, ellos están mucho más expuestos y son más proclives a crímenes como la trata de personas, la explotación sexual y los abusos y violaciones sexuales; no obstante, la presencia de las mujeres en esta migración forzada ha ido incrementándose en los últimos años. Además, a partir de la puesta en operación del Programa Frontera Sur por parte del gobierno mexicano a mediados de 2014, la migración forzada de centroamericanos no se ha reducido y, por el contrario, ha aumentado considerablemente. En este tenor, algunas organizaciones religiosas pro migrantes –como La 72-, el registro de detenciones, deportaciones y violaciones a los derechos humanos hacia los centroamericanos se ha incrementado notoriamente.

Los centroamericanos en tránsito por México, migración forzada
La gravedad de esta situación no sólo reside en las cifras, sino también en que varios de los hechos de violencia que más han llamado la atención en México en los últimos años han estado relacionados con los centroamericanos en tránsito y el incumplimiento de la defensa de los derechos humanos de estos migrantes forzados; entre muchos otros, sin duda lo más mediáticamente “visibles” han sido las masacres de San Fernando en 2010 y de Cadereyta en 2012 –donde se transgredió brutalmente el derecho al respeto de la vida-, la crisis de los niños y adolescentes migrantes no acompañados de 2014 y 2015 –donde se les negó el derecho al asilo/refugio-, la trata de personas y explotación sexual de mujeres en la frontera sur de México y los crímenes y violencia hacia centroamericanos que condujeron a la situación de los migrantes mutilados –donde se le negó el derecho a la integridad física-.

En el caso de los centroamericanos el uso del término migración forzada no es casual o aleatorio, sino que se justifica por tratarse de sectores de la población que, no sólo no migran por libre elección o voluntad propia, sino que previamente tienen condiciones de vulnerabilidad y exclusión en sus comunidades, y se ven forzados a dejar sus lugares de origen con miras a sobrevivir y/o para conservar la vida, huyendo de contextos de adversidad que los obligan a salir [5]. Más que sólo o únicamente migrantes, los centroamericanos son desplazados por razones que van más allá de la voluntad de los migrantes y debido a la ausencia de derechos. Las causas de las salidas forzadas pueden ser económicas, medioambientales y por motivos de seguridad y violencia. De acuerdo a la REDODEM, los principales motivos por los que migran los centroamericanos son situaciones de carácter económica como el desempleo, bajos salarios y encarecimiento de la canasta básica; en segundo lugar estarían las catástrofes medioambientales, tales como derrumbes, deslaves, sequías, inundaciones por huracanes, plagas, etc.; y finalmente, la violencia derivada de las pandillas –como las maras- y el crimen organizado es la tercera causa principal de la migración forzada centroamericana –en donde se muestra una relación clara entre varios de los municipios y/o departamentos de origen de los migrantes en Centroamérica y los índices de violencia- [6].

Población en movimiento y violencia
Los crímenes y violencias que padecen los migrantes en su travesía, aunque son diferentes -según estén en su país natal o en México o EU-, están encadenadas entre sí y van incrementado la vulnerabilidad de los centroamericanos. Según datos del informe de REDODEM del 2015, los crímenes que sufren los migrantes en su paso por México acontecen sobretodo en el suroeste del país –en primer lugar Chiapas, luego Veracruz, Oaxaca y Tabasco-; y los principales agentes que cometen los delitos son el crimen organizado -con 45.72 % de los ilícitos- y diversas autoridades del Estado -con un 41.5 % y comprendiendo varias fuerzas de seguridad como Policía Federal, Policía Municipal, Policía Estatal-. Los actos delictivos más frecuentes son el robo -66.48% de los delitos-, extorsión -25.68%-, lesiones -2.5%-, secuestro -1.3%-, abuso de autoridad -0.81%-, pero también acontecen casos de abuso sexual, amenazas, homicidio, intimidación, soborno, tráfico de personas, violación sexual [7]. Si bien entre los migrantes quienes padecen en mayor medida los crímenes son los hombres jóvenes –dado que son sector más numeroso entre los centroamericanos-, las violencias hacia los grupos vulnerables -mujeres y menores- tienen otras intensidades y sufren agresiones muy dirigidas y drásticas en función de su edad, género y sexo, delitos tales como el tráfico de personas, explotación sexual, abusos y violaciones sexuales.

En un primer momento en los lugares de origen de los migrantes las condiciones de vida están marcadas por la adversidad, donde se observa una relación entre la imposibilidad efectiva de oportunidades de desarrollo y la salida/expulsión de los migrantes. Lo distintivo de los contextos de origen de los migrantes son las múltiples carencias de derechos sociales –la ausencia de empleo y seguridad frente la violencia del crimen y/o el riesgo derivado de desastres naturales-.

En México, en tanto país de tránsito, los centroamericanos padecen con frecuencia la falta del respeto de los derechos humanos, principalmente el tener acceso a pedir refugio y asistencia, pero también a la integridad física y el respeto a la vida. Y aquellos pocos centroamericanos que tras un arduo camino logran llegar a EU, están todavía proclives a sufrir explotación laboral y exclusión social, sin la garantía de tener acceso a un salario justo, a seguridad social y derechos laborales.

Por lo que respecta al tránsito de los centroamericanos por el país y fuertemente influenciado por la política norteamericana de contener la migración antes de llegar a la frontera México-EU, el gobierno mexicano ha mostrado de facto una política migratoria y fronteriza hacia los centroamericanos basada en un enfoque de seguridad nacional y de criminalización del migrante, la cual de facto viola los derechos humanos y no considera un eje de seguridad humana que proteja a las personas en condición de desplazamiento forzado. Los centroamericanos no son “transgresores de la ley”, sino migrantes forzados a los que se debería, en relación a la causa específica de su salida, de reconocer una situación de refugiados, exiliados y/o desplazados.

De este modo, la falta de protección y vulnerabilidad de los migrantes se estructura sobre la ausencia de los derechos humanos, tanto en el origen en sus países en Centroamérica, como en el tránsito por este país –que hipotéticamente dado el carácter universal de los derechos humanos no se restringen ni están acotados a un territorio nacional ni coartados por fronteras-. No obstante, la realidad es muy distinta y en su paso por México los centroamericanos frecuentemente no tienen de facto derechos al tránsito ni a la integridad física y el respecto a la vida, y muy pocas veces cuentan con la posibilidad efectiva de solicitar asilo y refugio. La violencia que padecen en este país se estructura, tanto en la ausencia del ejercicio de la ley y la permanencia de la impunidad, como en la libertad de acción y operación de los grupos de la delincuencia organizada; pero también en el hecho de que algunas de las autoridades gubernamentales a su vez son agresores de los migrantes y ejecutantes del delito.

Bibliografía
[*] Este texto se base fuertemente en mucha de la información y reflexiones del informe (2016) Migración en Tránsito por México: rostros de una crisis humanitaria internacional realizado por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) y puede ser consultado en la web del Servicio Jesuita de Migrantes, así como en el siguiente link: http://www.fm4pasolibre.org/pdfs/Informe_redodem_2015.pdf.

[1] Para ver una definición de migración forzada consultar: Gzesh, Susan, “Una redefinición de la migración forzosa con base en los derechos humanos”, Revista Migración y Desarrollo, núm. 10, 2008. Y para indagar las relaciones entre migración forzada, migrantes centroamericanos en tránsito y violencia ver: https://www.youtube.com/watch?v=ph7VTNLR3rs 

[2] Migración en Tránsito por México: rostros de una crisis humanitaria internacional, 2015. REDODEM.

[3] Cifra record de migrantes detenidos en México; casi 200 mil al cierre de 2015. La Jornada, 27 de diciembre, 2015.

[4] Migración en Tránsito por México: rostros de una crisis humanitaria internacional, 2015. REDODEM.

[5] Gzesh, Susan, “Una redefinición de la migración forzosa con base en los derechos humanos”, Revista Migración y Desarrollo, núm. 10, 2008.

[6] Migración en Tránsito por México: rostros de una crisis humanitaria internacional, 2015. REDODEM.

[7] Migración en Tránsito por México: rostros de una crisis humanitaria internacional, 2015. REDODEM.

viernes, 9 de diciembre de 2016

Los defensores y defensoras de derechos humanos entre la espada y la pared



Asesinatos, amenazas y criminalización es la realidad cotidiana para las personas defensoras de derechos humanos en Honduras. Las autoridades hondureñas deben mostrar una real voluntad política para hacer frente a esta crisis, según denunciaron hoy el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH), CEHPRODEC, CIPRODEH, COFADEH y la Plataforma Internacional contra la Impunidad. El lanzamiento se realiza en el marco de la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Honduras, en la Ciudad de Panamá.
La difícil situación de los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Honduras ha recibido una gran atención internacional durante el año 2016, como consecuencia del asesinato de la emblemática defensora indígena lenca Berta Cáceres. Este crimen es sólo la punta del iceberg en un contexto de altísimos niveles de violencia contra las personas defensoras en el país centroamericano, que se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos.

Desde 2001, 17 personas defensoras han sido asesinadas siendo beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH, en promedio una por año. Desde mayo del 2015 hasta la actualidad, el observatorio ha podido documentar 16 asesinatos de defensores, prácticamente uno por mes, lo que demuestra el agravamiento de la situación.

Las agresiones en contra de los defensores y defensoras están en la impunidad, en gran parte por la ineficacia de la administración de justicia, entre otros factores estructurales. En contraste, destacan los numerosos casos de criminalización de personas defensoras y el nivel de diligencia que el sistema judicial emplea para que los procesos en su contra avancen. Según datos de la CIDH, desde 2010 se habrían producido en el país 3064 casos de criminalización para amedrentar a defensores y defensoras de derechos humanos.

El informe concluye que urge contar con un marco nacional más claro y protector que reconozca plenamente los derechos humanos de la población campesina, los pueblos indígenas y el colectivo LGTBI. Esto mejoraría el entorno de trabajo de los defensores y defensoras que trabajan por estos derechos y aumentaría su legitimidad y su visibilidad, especialmente en los contextos en los que prevalecen los conflictos en torno a la tierra y los estereotipos hetero-patriarcales respectivamente.

Particularmente, en un contexto en el que se dan 837 proyectos mineros potenciales que implicarían el 35 % del territorio nacional, un marco legislativo claro y respetuoso de los estándares internacionales en materia de derechos humanos relacionados con la tierra contribuiría a canalizar los posibles conflictos a través de canales institucionales de diálogo en lugar de generar violencia y conflictividad social. Es por ello que nuestras organizaciones abogan por la apertura de un proceso participativo de debate sobre el modelo de desarrollo con la participación efectiva de la sociedad civil y, particularmente, de los pueblos indígenas y garífunas.

El informe concluye asimismo que factores estructurales como la militarización del Estado, la falta de independencia de la judicatura, la sistemática estigmatización de los defensores y defensoras y las carencias en la institucionalidad del Estado en materia de derechos humanos son una muestra de la ausencia de voluntad real del Estado para proteger a los defensores de derechos humanos.

Un ejemplo reciente y preocupante son las últimas declaraciones del Presidente Juan Orlando Hernández, en las que criminaliza de forma irresponsable a organizaciones de derechos humanos vinculándolas con grupos pandilleros, lo que contribuye a elevar aún más el riesgo de agresiones en contra de las personas defensoras.

Para ello el informe propone recomendaciones específicas sobre las reformas estructurales necesarias que nuestras organizaciones han identificado a partir de su análisis.


Universidades y #Acososexual en América Latina: Omisiones, obstáculos y opacidad



Con indiferencia. Así parecen reaccionar la mayoría de las universidades en América Latina a la violencia sexual. Muchas no tienen un protocolo para prevenirla y sancionarla, o no es accesible para sus estudiantes. Pero inclusive las que lo tienen demuestran dificultades para hacerlo cumplir y darle la importancia que merece a los casos de violencia sexual cometidos en sus aulas, o entre su comunidad estudiantil.

Dos premios, dos casos de acoso

23 de noviembre de 2016. El espacio es amplio, hay decenas de personas, todas bien vestidas. Quien convoca es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México (Conapred), que en esta fecha otorga los reconocimientos por la igualdad y la no discriminación. Gabriela Warkentin, periodista y directora de W Radio, entrega el galardón en la categoría Nacional a David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana, institución de educación superior, jesuita y privada, una de las más prestigiosas de México. Al momento, dos mujeres jóvenes se levantan y muestran unas pancartas donde se lee: “El rector David Fernández es cómplice del acoso sexual en la Ibero”.

Ambas son compañeras de Ximena Galicia, quien fue violentada en esa casa de estudios. En 2015 sufrió hostigamiento sexual por parte de un profesor adjunto, quien la amenazó con bajarle calificación por negarle un beso y le pidió que le coqueteara. La universidad reaccionó de manera lenta y caótica, como se constata en este reportaje publicado en Univision Noticias. Parte de la comunidad universitaria señaló a Ximena. Al recoger su reconocimiento y dar su discurso, el rector lamentó los hechos. No condenó el acoso. Lamentó la protesta. “Personalmente, me parece que es una enorme injusticia despedir a esa persona por una denuncia que no tiene fundamento”. Hasta el día de hoy, el agresor sigue trabajando en la universidad jesuita más importante de México.

10 de mayo de 2016. El auditorio es deslumbrante, la gente joven y con vestimenta desenfadada. Los premios Pulsar en Chile festejan a lo mejor de la música nacional y este año una de las galardonadas es Mariel Mariel, cantante que ha pasado los últimos siete años fuera de Chile. Cuando anuncian que ella es la ganadora, Mariel no lo cree. Sube al escenario conmovida, sorprendida e inicia sus agradecimientos. De pronto hace una pausa. “Tengo una confesión que hacer”, dice y la voz se le hace un hilo. “Me fui de Chile hace siete años… por un acoso que sufrí siendo estudiante de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile”. En el recinto se hace un silencio absoluto. “No les voy a permitir que abusen, que me vuelvan a acosar. Exijo respeto”, dice. Posterior a la premiación, Mariel Mariel da una entrevista. Ahí narra lo sucedido. Un profesor suyo la acosó de una manera tan fuerte y violenta que prefirió huir. Irse. Hacer su vida y emprender su carrera en otra parte.

Cifras, cifras, cifras

Según ONU Mujeres, entre 35 y 70 por ciento de las mujeres en el mundo ha sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. El rango es tan amplio porque la mayoría de las mujeres no denuncia estas agresiones, lo que da como resultado cifras negras y estimaciones parciales. Otro dato: de los 25 países en el mundo que cuentan con las tasas más altas de feminicidio, 14 están en América Latina y el Caribe. Y uno más: 1 de cada 4 mujeres en América Latina han sufrido al menos un acto de violencia por alguien distinto a su pareja en algún momento de su vida.

La CEPAL tiene también datos escalofriantes: en Lima 9 de cada 10 mujeres entre 18 y 29 años han sido víctimas de acoso callejero. En Bogotá y Ciudad de México 6 de cada 10 mujeres ha vivido alguna agresión sexual en el transporte público, y en el caso de Chile 5 de cada 10 mujeres entre 20 y 29 años declaran haber vivido acoso sexual callejero.

Y esto es un hecho: la violencia sexual ocurre y ocurre todo el tiempo, en prácticamente todos los espacios de la vida cotidiana. Incluida la universidad, ese espacio compartido por millones de personas en América Latina.

Universidades latinoamericanas: sin protocolos para atender, prevenir y sancionar el acoso sexual

No hay datos claros ni oficiales sobre el acoso sexual en las universidades en América Latina. “Es complicado porque en sí no sabes dónde denunciar y prefieres no hacerlo; entonces, nunca se sabe qué pasa”, dice en entrevista con El Tiempo Nora Picasso, magíster en Derecho con énfasis en investigación y miembro de la junta directiva de No es Normal, colectivo colombiano que atiende y acompaña a víctimas de violencia sexual. Según Nora, su colectivo recibe entre 1 y 5 denuncias semanales, y el número sigue creciendo. Pero esto no sucede sólo en Colombia. El tema se repite de manera idéntica en toda América Latina.

En una encuesta que realizó Distintas Latitudes en septiembre de 2016 entre 173 estudiantes universitarios de 14 países*, 67% dijo haber conocido al menos un caso de acoso sexual en su institución académica. A la pregunta sobre si su universidad contaba con protocolos para atender esta problemática, 49% respondió “No sé” y 39% dijo “No”. Del total de entrevistados, apenas 3 personas comentaron que su universidad tenía un protocolo claro, accesible y a la disposición de los estudiantes.

De aquí salta otra conclusión alarmante, la mayoría de las universidades en América Latina, sean públicas o privadas, no saben cómo responder ante los casos de violencia sexual.
Distintas Latitudes buscó información de 63 universidades de 11 países para saber si contaban con protocolos claros y accesibles sobre cómo actuar ante casos de violencia sexual. La cifra es demoledora: apenas 12 universidades contaban con estos protocolos. Otras universidades dijeron tenerlos, pero nunca se encontraron. Otras no respondieron las preguntas que se les plantearon vía correo electrónico. El tema importa porque tener un protocolo de atención a estos casos sería la medida mínima para comenzar a cambiar una cultura de machismo e impunidad que impera en toda la región. Reglas claras, sanciones ejemplares, coherencia institucional. Pero no los hay.

Según Nicole Chavarro, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Javeriana de Colombia y activista feminista, la institución ha dicho que no ha elaborado un protocolo o manual para atender la violencia de género porque no cuenta con el presupuesto necesario. En Colombia, de las universidades investigadas, sólo la Universidad de Los Andes cuenta con un documento claro y accesible. Ni la Universidad del Rosario, Tadeo Lozano, Javeriana y Nacional tienen uno.

En México, el panorama es similar. Se buscó información de 32 universidades autónomas estatales, además de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De las 32 universidades estatales, sólo cinco tienen un protocolo para la atención de casos de violencia sexual hasta noviembre de 2016: la Universidad de Guanajuato, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Quintana Roo. La UNAM publicó su protocolo en agosto de 2016, pero éste ha sido criticado por la Red No Están Solas, que acompaña a víctimas de violencia sexual, por no especificar sanciones y obliga a las denunciantes a firmar una carta de confidencialidad. Para el caso de las universidades privadas se buscó información sobre cinco de las más importantes: el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac, la Panamericana, la Iberoamericana y la del Valle de México. Ninguna de ellas tiene un protocolo; la Universidad Iberoamericana anunció la publicación de uno en abril, pero sólo ha publicado un documento general llamado Política Institucional de Igualdad y Equidad de Género.

En Centroamérica se analizaron los casos de seis universidades en tres países (Costa Rica, Honduras y El Salvador). Tres de ellas cuentan con reglamentos, protocolos o manuales para atender la violencia sexual. Se trata de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sin embargo, al menos en la Universidad de Costa Rica se detectaron problemas en su aplicación. De las otras tres universidades (Universidad Latina de Costa Rica, Universidad Tecnológica Centroamericana y Universidad de El Salvador), las dos últimas prohíben vagamente el acoso en sus reglamentos disciplinarios, y la primera nunca contestó las solicitudes de información de Distintas Latitudes.

En el Cono Sur se analizaron seis universidades en tres países (Argentina, Chile y Uruguay). La Universidad de la República (Uruguay) y la Universidad de Buenos Aires (Argentina), ambas públicas, cuentan con protocolos, mientras que en la Universidad de Chile siguen un manual para enfrentar los casos de acoso sexual. Sin embargo, se encontraron serias dificultades para aplicar los protocolos o manuales en estas universidades. En el caso de las universidades privadas (Universidad ORT en Uruguay, Universidad Empresarial Siglo XXI en Argentina, y Universidad Andrés Bello en Chile), ninguna contestó las solicitudes de información de Distintas Latitudes y en búsquedas independientes no se encontraron manuales ni protocolos para atender esta problemática.

Reglamentar la vestimenta, la cama y la moral

No hay protocolos para atender la violencia sexual, pero las universidades sí reglamentan otras cosas, llegando incluso a límites que rayan en lo absurdo.

Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) llama a evitar la violencia de manera general, pero no dispone de sanciones específicas contra la violencia de género. Sin embargo, prohíbe de manera explícita el uso de ciertas prendas a mujeres, para que no provoquen que sus compañeros las agredan. El artículo 14 del Reglamento estudiantil indica que el vestido y el calzado deberán ser "apropiados", evitando atentar contra "la moral, la decencia, la urbanidad y buenas costumbres". Prohíbe a los varones vestir prendas o accesorios que "denoten afeminamiento" y hasta específica que la ropa transparente y extremadamente corta en las blusas y faldas femeninas atenta contra la moral y las buenas costumbres, "ya que con ello se puede provocar la falta de respeto de sus compañeros". El reglamento fue publicado en 2006 y el director de Comunicación de la UAG, Víctor Escalante, confirmó en abril que sigue vigente.

En la Universidad Católica San Pablo, en Perú, está expresamente prohibido para las mujeres utilizar leggins. En la Universidad Latina de Panamá, el reglamento disciplinario estudiantil establece que las mujeres no pueden usar minifaldas ni ropa en la que se vea "el ombligo o la cintura" ni escotes pronunciados. La Universidad de las Ciencias Médicas (Ucimed) de Costa Rica también tiene un reglamento de vestimenta. Dice que los estudiantes tienen que presentarse con ropa "no desteñida, ni rota y en buen estado".

La Universidad Adventista del Plata, de Argentina y de tendencia ultra conservadora, prohíbe las relaciones premaritales y extramaritales en su reglamento.
Y así, mientras muchas de las universidades de América Latina reglamentan lo que los estudiantes deben vestir y hacer, los casos de violencia sexual son una constante que no termina.

Porque no se trata sólo de cifras, sino de personas. Y para miles de ellas, el acoso sexual en la universidad es un infierno que se vive a diario.

Casos emblemáticos de acoso sexual en América Latina

Durante septiembre y octubre de 2016, Distintas Latitudes recopiló casos y realizó numerosas entrevistas con estudiantes que dijeron haber sufrido acoso, hostigamiento y violencia sexual por parte de sus compañeros o profesores. Los casos son emblemáticos y muestran un panorama complejo, en el que autoridades universitarias, comunidad estudiantil y el Estado no han logrado una plena coordinación para atender, prevenir y eliminar esta problemática.


Entre el miedo, la voluntad y la insistencia
La Universidad de Chile es de las más prestigiosas de ese país. En este centro educativo, Distintas Latitudes conversó con integrantes de la Secretaría de Sexualidades y Género de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Sesegen FECH), quienes no quisieron dar sus nombres porque “denunciar a un profesor en la Universidad de Chile significa muchas cosas”.

De acuerdo con las estudiantes, durante el año pasado (2015) hubo seis casos entre los que existió violencia física, verbal, psicológica y abuso sexual, en la Facultad de Filosofía y Humanidades.

“En esa facultad nos dimos cuenta que cuando nosotros hacíamos acompañamiento a las alumnas les iba mucho mejor con la denuncia, que cuando no acompañamos que les fue pésimo. El cuestionamiento que va por parte de sus mismos compañeros que ven que ellas están denunciando es horrible, no tienen una defensa, nada”, dijeron las estudiantes.

En 2015 ocurrió un caso emblemático que cambió el panorama. A fines de octubre una estudiante llamada María Ignacia León denunció al profesor de historia Fernando Ramírez. En este caso, la Sesegen FECH dio acompañamiento y se logró sanción y desvinculación del profesor de la facultad.

Roberto Acuña es el representante del sector estudiantil, designado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) a la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual. Acuña explicó a Distintas Latitudes que existe un problema de denuncias que no se presentan, por miedo de las estudiantes debido a la relación de poder que mantienen sobre ellas los profesores.

“La Comisión Institucional emite una recomendación sobre los casos a la instancia administrativa, la cual puede desvirtuarla, o aplicar alguna sanción leve, de forma antojadiza por debajo de la mesa”, dijo Acuña.

Esto sucede en particular con personas de renombre académico, a las cuales aunque el caso sea grave se ha identificado que no se aplica lo que dice el reglamento al pie de la letra.
Nora Picasso, coordinadora de la campaña “No es Normal” contra la violencia sexual en la Universidad de los Andes de Colombia, dijo a Distintas Latitudes que encuestas aplicadas durante la década anterior revelaron que más de 90% de las estudiantes no sabía qué hacer en caso de sufrir acoso.

Las autoridades de la Universidad de los Andes se interesaron en el tema sólo después que una denuncia de acoso llegara al diario de circulación nacional El Tiempo. El profesor Hermes Tovar, de 74 años, fue acusado por una trabajadora de la universidad de haberle tocado los senos en una reunión en abril pasado.

En una decisión sin precedentes, la Universidad de los Andes despidió al profesor Tovar. La institución educativa tiene ya un protocolo de atención.
Las estudiantes universitarias latinoamericanas merecen que se siga este ejemplo.

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*Los países fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Uruguay, Venezuela.

Por: Jordy Meléndez y Arturo Ilizaliturri (México), Diego Pérez Damasco (Costa Rica) y Florencia Pagola (Uruguay). Con la colaboración de Tatiana Rojas (Colombia), Alejandro Córdova (El Salvador), María Jesús Ibañez (Chile), Diana Tejada (México), Kennia Velazquez (México), Noelia Rendón (Bolivia), Rudy Guarachi (Bolivia), Jairo Andrés Vargas (Colombia), Carmen Escobar (El Salvador), Luis Barrientos Escobar (El Salvador), Claudia Itzel (México), Diana Fuentes (Guatemala), Antonia Orellana (Chile), Jessica Brahin (Argentina), Aldair Bernaola (Perú), Victoria Mujica (Uruguay).