Honduras es uno de los pocos países latinoamericanos donde la concentración de la propiedad rural es sinónimo de desarrollo, ya que se cree “falsamente” que los campesinos (as) e indígenas son ineficientes, por tanto, hay que entregar y legalizar tierra agrícola y forestal a favor de los eficientes, sean empresas transnacionales, terratenientes, banqueros, empresarios, comerciantes de madera y narcotraficantes.
No obstante, es poco probable que las políticas de concentración de la propiedad rural ejecutadas favorezcan el desarrollo. En el Gobierno de Roberto Suazo Córdova (1982- 1986) se pensó que la titulación definitiva de tierras a ganaderos, medianos y pequeños productores y grupos campesinos de la Reforma Agraria era solución, lo cual no fue así, ya que cada año la demanda de tierras superaba la oferta, en tanto cada quién alegaba que era dueño sin importar la cuantía. En el departamento de Lempira, para el caso, una sola persona era dueña de 8,000 hectáreas de tierras según registros municipales, pero en el Instituto Nacional Agrario (INA) tenía registradas en dominio 700 hectáreas.
El INA no sabe cuánta tierra se ha titulado en el país, mucho menos la posesión de la misma sin títulos. En tal sentido, es urgente un nuevo censo agrario, tal como lo ha planteado el Director de Estadísticas, Eugenio Sosa y dirigentes campesinos de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC); se terminaron aquellos tiempos para la especulación, el “maquillaje” y falta de planificación agraria.
En el Gobierno del presidente Rafael Callejas (1990-1993), la redistribución de la tierra pasó a segundo plano, al cercenarse artículos de la Ley de Reforma Agraria (LRA) e incluso de la Constitución de la República. El destacado economista agrícola, Roger Norton, ideólogo de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) de Honduras que cercenó la LRA, estaba consciente que, más temprano que tarde, la reconcentración de la propiedad rural sería inevitable y pasaría factura a los gobiernos que apoyaron la venta de tierras y ejecución de agronegocios, extractivismo y la destrucción de los recursos naturales.
Un argumento neoliberal es que hay que otorgar y legalizar la tierra a favor de los “eficientes”. Los campesinos y comunidades étnicas solo producen granos básicos y hortalizas, siendo más barato importar estos productos y mejor sembrar rubros “no tradicionales” como palma africana, cun de amor, okra china, entre otros. Uno de los objetivos buscados por el RD-CAFTA a mediano y largo plazo, es liberalizar las importaciones de granos básicos y carne, ya que es más barato importarlos que producirlos internamente, sin analizar los efectos e impactos negativos en la producción nacional e ingresos monetarios de las familias rurales.
Una mirada rápida a las cifras de entrega de tierras a campesinos y comunidades étnicas demuestra que, siendo Ministro-Director de INA, Aníbal Delgado Fiallos, superaron a las de otros directores como Mario Maldonado Muñoz y Rigoberto Sandoval Corea. A que se debió este logro, en una coyuntura muy difícil para el país, con una deuda externa grande y la presencia de la tormenta y Huracán Mitch.
Al menos hay cuatro explicaciones: a) trabajo en equipo e involucramiento de los actores reales, no “payasos”, que dicen ser campesinos o empresarios y son otra cosa; b) cifras reales, no las que dice la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH); c) involucramiento de la Academia; d) voluntad de cambio. Hay evidencia
De que, en varias ocasiones, Aníbal Delgado presentó renuncia al cargo de Ministro- Director, y Carlos Flores siendo presidente no la aceptó. No obstante, fue expulsado el padre jesuita y economista Peter Marquetti, fundador del Movimiento Campesino del Aguan (MCA), ya que Miguel Facusse, empresario y pariente cercano del expresidente, pidió su cabeza.
Hoy se habla y son evidentes recuperaciones de tierra, aunque se denominen invasiones. Los resultados, efectos y consecuencias de la LMDSA no han sido analizados ni evaluados. A lo mejor una iniciativa venga del Congreso Nacional en este campo, ya que ni el INA ni la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), tienen un plan consensuado de reactivación del agro hondureño, sabiendo del interés y compromiso de la presidenta electa, Xiomara Castro, en este campo. El Ministro Director del INA, Francisco Fúnez, habla de reformar al artículo N. 51 de la LMDSA, que limita las acciones de recuperación de tierras ociosas. Es una alternativa, pero conviene complementarla con la decisión de eliminar la protección otorgada a los terratenientes con certificados de inafectabilidad por “sobretecho” y la autorización de compra y venta de tierras por pandemia Covid-19 en el Gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH).
El Artículo 51 reza: “Para los propósitos de afectación, con fines de reforma agraria de aquellos predios rurales de vocación agrícola o ganadera de dominio privado, se considera que no se utilizan en armonía con la función social en cualesquiera de los casos siguientes: a) Cuando excedan las áreas establecidas en el Artículo 25 de la Ley de Reforma Agraria y que no se encuentren comprendidos en el Artículo 39 reformado de la misma Ley, y; b) Cuando estén incultos u ociosos por más de dieciocho meses consecutivos. El plazo anterior se extenderá a veinticuatro meses cuando por razones de falta de financiamiento, sequía, inundaciones y otras razones de fuerza mayor, el propietario o propietaria no pudiera explotar sus predios. Excediendo este plazo las tierras serán afectables por ociosidad en cualquier circunstancia” (LMDSA).
La crisis agraria es de magnitudes insospechables. Por un lado, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) habla de más de 10,000 hectáreas “invadidas” y la pérdida de 12,000 empleos directos y más de 2,400 millones de divisas (Tunota.com). Por el otro, campesinos, infiltrados y narcos, demandan 15,000 hectáreas en todo el país. Se ha nombrado una Comisión de Alto Nivel que involucra al Ministerio de la Presidencia, el alto Comisionado de las Naciones Unidas, y abogados internacionales recomendados por la Plataforma Agraria. Pero, también, el Congreso de la Republica integró otra Comisión para facilitar que las tierras recuperadas por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) se destinen a fines de la Reforma Agraria, sobre todos los predios que tienen sentencia firme de privación de dominio, que no superan las 2,000 manzanas.
La experiencia demuestra que estas comisiones no resuelven el problema agrario, lo alargan. Es un “comisionismo burocrático” que cree que un problema estructural del agro hondureño y país, se soluciona sin cambiar las políticas públicas vigentes que datan desde hace tiempo. El INA no resuelve el problema porque no tiene recursos y perdió credibilidad; a la SAG no le interesa ya que son invasores de oficio que destruyen la propiedad privada y los cultivos; las Fuerzas Policías están interesadas en agarrar “narcos” y mareros y no tienen interés en valorar las causas del problema; el COHEP y la FENAGH consideran que la las invasiones de tierras son dañinas para la economía, atracción de inversión extranjera y democracia, además de los infiltrados no tipificados como campesinos. Y los dirigentes campesinos se convirtieron en “empresarios del agro” y olvidaron su condición de “clase “social” y política.
Hemos insistido que ya este tiempo de analizar y evaluar los efectos e impactos de la LMDSA, que data desde más de 30 años; ello es mejor que reformas parciales que aumentan el conflicto social y político. Involucra la participación de los llamados actores reales, como el Gobierno, campesinos y empresarios, actuando como apoyos la Academia y agencias externas. En paralelo, el Censo Agrario debe iniciar ya, como un medio para contar con estadísticas confiables y no estar inventado cifras cada vez que hay demandas de tierras por campesinos. La figura del fondo de tierras se considera una opción temporal, siendo ley del país, igual derogar las leyes y decretos que legalizan el sobretecho agrario y permiten que una hectárea de tierra, en respuesta a los efectos e impactos negativos del Covid-19, valga menos que una libra de frijoles.
En perspectiva, el cambio refundacional debe considerar la vigencia de nuevas políticas agrarias desde ya, sumándose un mecanismo de concertación que en algún momento se denominó: pacto social para el agro hondureño.
