Un calvario ha sido la vida de los pobladores criminalizados y perseguidos por parte de las autoridades municipales de Las Vegas, departamento de Santa Bárbara, acusados de los delitos de incendio agravado y daño agravado en contra del edificio de la alcaldía.
Doce de los 31 criminalizados, acusados por ese hecho, fueron detenidos el 30 de agosto de 2018, nueve hombres y tres mujeres, pertenecientes al partido Libertad Y Refundación (LibRe) y posteriormente fueron capturando los demás.
Los primeros doce pobladores fueron detenidos mediante un operativo por la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales del Ministerio Público.
En el operativo participaron agentes de la Policía Nacional (PN), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Unidad de Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), según consta en el informe “Criminalización a la Oposición Política en Honduras”, realizado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
A Karla Patricia Mejía Jiménez, Wendy Yamileth Mejía Jiménez, Ana María Flores, Wenceslao Ruiz Sarmiento, Rufino Merlín Ortiz Trochez, Marlon Omar Chicas Moreno, José Rufino Castellanos Trochez, Omar Edgardo Rodríguez Ramos, José Augusto Rivera Castellanos, Ovidio Enamorado Guillén, Sergio Hidalgo Amador Castellanos y Faustino Enamorado Guillén, les allanaron sus residencias, bajo el argumento que buscaban los objetos robados en la Municipalidad, posteriormente fueron detenidos. Cabe señalar que los agentes no portaban órdenes de captura.
Ese día fueron trasladados a la Jefatura Departamental de Santa Bárbara y los exhibieron a los medios de comunicación, les pusieron las esposas a los que no las tenían, se las pusieron muy apretadas y cuando protestaron comenzaron a golpearlos con toletes y apretarla más. Permanecieron en las celdas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) hasta la 1:30 p.m.
A las 2 p.m. fueron presentados/as ante el Juez, al finalizar la audiencia de imputados a las 7 p.m., le aplicaron medidas sustitutivas a la prisión a las tres mujeres, entre estas firmar en los juzgados cada viernes, no acercarse a las instalaciones de la Municipalidad y no salir del país. A los nueve hombres les dictaron prisión preventiva, y fueron remitidos al Centro Penal de Ilama, conocido como El Pozo.
A pesar de que las tres mujeres se le aplicó la medida sustitutiva a la prisión, su vida no volvió a ser la misma, ya que son la cabeza de la familia, y esta acusación causó graves consecuencias, entre ellas que perdieron su empleo por la estigmatización que hay en los pueblos, al conocer los cargos de los que se les estaba acusando.
“Para mí ha sido difícil, perdí mi trabajo por eso, soy madre soltera, tengo dos hijos; en ese momento mis hijos quedaron traumados por el procedimiento, porque a mi casa llegaron varias patrullas, como que eran criminales que iban a detener, a mi hija la juzgaron en la escuela, diciéndole que tu mamá es una quema alcaldías y un montón de cosas más que le decían”, señaló Karla Patricia Mejía Jiménez, una de las personas criminalizadas.
“Los policías llegaron, rompieron el cerco de mi casa, mi padre al ver el hecho discutió con ellos, se lo quisieron llevar detenido también, y por ese hecho quedó dañados nuestros sentimientos, nuestra autoestima, psicológicamente; la gente nos criticaba nos insultaba”, agregó la joven.
La vida para ella y su familia ha sido muy difícil, ya que tenían un trabajo fijo y lo perdió por esa acusación, “yo trabajaba en cocina y lo perdí porque me dijeron que no querían una quema alcaldías, que yo le podía quemar su casa y cuidaba tres niños, con ese trabajo mantenía a mis hijos y a mis padres enfermos”.
Expresó además que lo perdió todo y a pesar de que buscó trabajo no obtuvo, porque todos la discriminaban por el proceso penal que el régimen mantiene hasta la fecha en su contra.
“Lo perdí todo, busqué trabajo no encontraba, mi padre y mi madre no trabajan y mi madre es una enferma diabética, quedamos desamparados totalmente”.
La joven agregó que deciden entrar al proceso abreviado a pesar de que no eran culpables, porque según ellos iban a quedar libres de todo proceso, ya que se encontraban desesperados porque no podían salir de la zona, y allí no encontraban trabajo, pero que no fue lo que ellos esperaban.
“Nosotros decidimos entrar al proceso abreviado, aunque eso significaba echarnos la culpa para salir más rápido y no fue así. No sabíamos que teníamos que pagar una cantidad al Estado, eso no se nos pintó de primero, si hubiéramos sabido eso no hubiéramos ido a ese proceso, porque no tenemos trabajo y todo lo que conseguimos es para medicamentos y comida para mi familia, no podía dárselo al Estado cuando lo necesito para mi familia”.
La desesperación por dejar este proceso atrás y poder salir fuera del país y buscar mejorías para sus hijos.
“A la fata de oportunidades para nuestros hijos, uno de mis dos hijos el que estaba en la escuela no siguió estudiando en el colegio y apenas mandaba a mi hija a la escuela con lo que yo podía darle, nosotros soñábamos con salir ligeramente de ese juicio y no fue así, y seguimos criminalizados”.
Por su parte Wendi Yamilet Mejía señaló que a sus 33 años es lo más horrible que he pasado, es ese sufrimiento de estar criminalizada tanto dentro de la familia, con su hija, sus sobrinos, sin posibilidades de empleo.
“Con mi hermana estamos dentro y sin condiciones de trabajar, la gente nos apuntaba mal que a ustedes no les damos trabajo porque van a quemar, perseguidos de todas formas, vigilando nuestras casas, vivir con aquella zozobra”.
“Han sido tres años, como si fuéramos en una calle sin salida, donde no miramos la luz hasta que hoy decidimos venir acá al COFADEH porque buscando y buscando nos interesa aplicar a la LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO Y PARA QUE LOS HECHOS NO SE REPITAN, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 35,840 del 4 de febrero de 2022, para lograr la extinción de la pena y gracias a Dios hoy voy alegre porque al saber que si aplicamos a la amnistía, es la luz que nosotros esperábamos ver, lo que nosotros queremos porque son tres años y son varias familias”.
Wendy, al igual que su hermana Karla, por la desesperación de falta de empleos por la criminalización, se fueron por el procedimiento abreviado, pero no les explicaron la situación muy bien, y debido a la falta de empleo y de apoyo en la zona, no lograron concretar, ya que los castigos al irse por ese procedimiento requerían de dinero y de apoyo de las autoridades y no tenían ninguno de ellos.
“Teníamos que realizar trabajo comunitario o pagarle al Estado, hicimos lo imposible por hacer el trabajo comunitario, buscamos a las personas que nos dañaron que nos ayudaran, pero no se pudo porque nos salía más caro que pagarle al gobierno tres meses y sin trabajar era muy difícil entonces, pero lo que nos llevó el abreviado fue la necesidad de salir de nuestro lugarcito de Las Vegas a buscar un trabajo fuera porque ahí nadie nos da trabajo”.
Según el informe “Criminalizados”, realizado por el COFADEH, la criminalización no solo es la represión en sí misma, sino una estrategia más compleja, que incluye la plataforma política, jurídica, social y hasta el uso de los medios de comunicación que despliegan campañas públicas, que hacen que la protesta y los manifestantes sean vistos como delito y delincuentes, generando el ambiente de opinión pública que permite legalmente hostigarlos, perseguirlos, encarcelarlos, y hasta torturarlos, comparándolos con delincuentes y/o terroristas. Es una estrategia del Estado.
Esto último que se refleja en el informe realizado por el COFADEH es el claro ejemplo de lo que vivieron los doce pobladores de Santa Bárbara, quienes fueron expuestos a los medios de comunicación sin respetarles la presunción de inocencia, y nueve de ellos fueron enviados a la cárcel de máxima tortura en Ilama en el departamento antes mencionado.
Sergio Hidalgo Amador Castellanos, uno de los recluidos por tres meses en El “Pozo”, señaló que el trato en el centro penal fue una tortura.
“Yo fui uno de esos nueve que mandaron para mínima tres meses por órdenes de doña Mila de Lara y por órdenes de Ramón Lara Hueso”.
“Cuando yo le pregunté al capitán que, porque razón me mandaba a mi aparte, entonces me dijo que aquí no es un hotel penthouse para que pidas gustos, le dije que yo solamente reclamo mi derecho, no le estoy exigiendo que me den una king size para dormir aquí, y me dijo vente para acá, vos vas a estar donde yo diga, no donde vos digas, y me mandaron para mínima tres y a mis compañeros los metieron a otro modulo y en realidad fue un hostigo”.
“Pienso que la tortura venía desde afuera, eso es de compadre hablado, y lo que fue a mi persona yo vine a ver a mis compañeros a los dos meses de estar adentro del centro penal, yo los volví a ver porque me quedé en cancha”.
Además, señaló la persecución continúa una vez afuera del centro penal, pero fue mayormente afectada su familia.
“A nosotros la municipalidad nos dio un predio de tierras para vivir, entonces cuando yo salí de El Pozo, la señora (alcaldesa) de la alcaldía de Las Vegas me mandaba a cobrar a la media noche, y me sacaban de la casa con todo y mi niña de año y medio cuando caían fuertes tormentas, se me enfermaba cada vez que me mandaba militares a despojarnos de la casa y decía que nosotros teníamos un asesino, cosas injustificadas, señaló.
Wenceslao Luis Sarmiento, también es parte del grupo de criminalizados que tiene pendiente un juicio en su contra, impuesto por las autoridades municipales, señaló que las autoridades no siguieron el debido proceso, ya que entraron a su casa antes de la hora establecida a detenerlos.
“Nosotros fuimos capturados y trasladados el día de nuestra captura a El Pozo en Ilama, faltando 20 para las seis llegaron a mi casa dos contingentes de la Policía Nacional y no fue a las meras seis, fue antes, nos llevaron a la posta de Ceibita, Santa Bárbara, de allí fuimos trasladados a los juzgados, ahí nos dijeron por qué estábamos siendo acusados, nosotros ese fin de semana tuvimos que ir a pasarlo a El Pozo.
Agregó que “nosotros fuimos trasladados a la cárcel de máxima seguridad, la comida es algo que no se lo deseo a nadie, porque es algo que no llena ningún requisito, que decían que tenían un menú para los presos eso es mentira”.
Agregó que en El Pozo no existe la comunicación con la familia, que él pudo ver a su abogada dos meses después, porque no la dejaban entrar.
“En El Pozo no existe comunicación con la familia, ni por teléfono. Durante nosotros estuvimos entró mi abogada particular que era mi sobrina, y logró entrar dos meses después. Los primeros que llegaron fueron los derechos humanos, y llegaron médicos a revisarnos”.
Manifestó que al salir de la cárcel la vida ha sido difícil porque la persecución continúa, ya que no se les ha sobreseído definitivamente del proceso penal, si no que están con medidas, pero que la policía en cada reten los paraban y como la orden de captura nos salía vigente, éramos requeridos nuevamente.
“El proceso sigue y más que no nos quitaron nada, la orden de captura seguía vigente y donde quera que habían reten, nos requerían. Tres veces fui retenido por las autoridades, es un sufrimiento porque uno no lo miraba justo, porque ya uno pasó un proceso en el cual fue liberado después, pero la orden de captura vigente”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica en su informe preliminar de visita del 30 de julio al 03 de agosto de 2018, “Aproximadamente el 53.8% del total de la población carcelaria se encuentran bajo este régimen43”. Por su parte el 39% del total de oponentes políticos criminalizados se encuentran en prisión preventiva. 12 de ellos en mega cárceles de máxima seguridad caracterizadas por estar bajo mandato militar.
Los actores principales son el Estado, a través de sus diferentes órganos como el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad, las corporaciones municipales y la empresa Privada. Es ejemplo las denuncias impulsadas por las corporaciones municipales de El Progreso, Yoro, y de Las Vegas, Santa Bárbara, que han incoado procesos contra 55 personas. Además de la Secretaría de Seguridad que presentó denuncias criminales contra 12 personas entre diciembre de 2017 y enero de 2018, señala un informe del COFADEH.
Cabe señalar que el 28 de noviembre de 2018, el juez que conoce la causa le otorgó medidas sustitutivas a la prisión, en una audiencia de revisión medidas, quedando sujetos al proceso penal, presentarse a firmar a los Juzgados cada semana, no salir del país y no acercarse a las instalaciones municipales, pero la esperanza de terminar con el proceso penal en su contra surge este año con la LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO Y PARA QUE LOS HECHOS NO SE REPITAN, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 35,840 del 4 de febrero de 2022 de la que ellos son beneficiarios.
Inicialmente el COFADEH representaba a tres de las víctimas, incluidos Faustino y Ovidio Enamorado Guillen, ambos hermanos y defensores de derechos humanos que también fueron injustamente criminalizados y torturados.
A solicitud de las personas criminalizadas, el comité representa a 22 de los 31 criminalizados para los que ya solicitó audiencia ad-hoc con el objetivo que se les aplique este decreto 004-2022, misma que está prevista para el 22 de abril de del año en curso.
Los beneficiados son Wendy Yamileth Mejía Jiménez, Karla Patricia Mejía Jiménez, Romario Flores Castillo, Rufino Merlín Ortiz Trochez, Sergio Hidalgo Amador Castellanos, Wenceslao Ruiz Sarmiento, José Augusto Rivera Castellanos, Oneyda Yamileth Avelar Gómez, Delmi Lourdes Portillo Meza, Omar Edgardo Rodríguez Ramos, Ana María Flores, Glenda Yadira Rivera Lara, Elsy Dariela Cabrera Erazo, José Rufino Castellanos Trochez, Marlon Omar Chicas Moreno, Erickson Eduardo Girón Pérez, Elvis Donaldo Reyes García, Ana Paola Castellanos Castejón, Marco Antonio Izaguirre del Cid, José Orlando Rodríguez Cárcamo, Nelson Álvarez Ramos y los defensores de derechos humanos Ovidio y Faustino Enamorado Guillén.
El municipio de Las Vegas, departamento de Santa Bárbara, es un municipio de reciente reconocimiento, solamente ha tenido ocho alcaldes, incluyendo a Tona Pineda Castellanos, del Partido Nacional de Honduras, cuestionada por fraude electoral, situación que ha cambiado con el triunfo de Víctor Hugo Tejada, del partido Libertad y Refundación (LibRe), quien enfrenta nuevos retos para lograr una buena administración del municipio.
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