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A medida que avanza la vacunación contra el Covid-19 y disminuyen los casos en los países latinoamericanos, se hace visible la vigencia -de nuevo- de políticas de estabilización y ajuste económico. En el lenguaje del Fondo Monetario Internacional (FMI) se trata de enfrentar los fuertes desequilibrios fiscales y monetarios generados, al igual que el creciente endeudamiento de las economías con acciones prioritarias, frente a la pérdida de empleo, producción alimentaria y aumento de la pobreza.
Lo monetario y financiero vuelve a tener prioridad frente a los problemas visibles en el sector real que afectan la reproducción material de la vida humana. En el discurso de los gobiernos se hace mención de los impactos negativos de la pandemia del Covid-19 en este sector, y la urgencia de redefinir acciones para combatir el desempleo y la pobreza, pero las brechas son tan grandes que los recursos disponibles con el ajuste económico resultan insuficientes, incluyendo los asignados para la compensación social, uno de los objetivos de política de los programas de estabilización y ajuste.
El argumento de los neoliberales sigue siendo el mismo: si no se corrigen estos desequilibrios fiscales y monetarios de corto plazo, no habrá recursos para la inversión económica, social y productiva; por tanto, el control del déficit fiscal, inflación y endeudamiento es una condición necesaria para transitar en forma segura por la senda del crecimiento sostenible y generación de empleos. Ello implica volver a los recortes de gasto público, aumento del costo de los servicios públicos, despedir empleados y congelar salarios, además de echar mano del expediente de las privatizaciones y la entrega de empresas públicas y recursos naturales al capital.
En el caso de Honduras, durante estos 12 años de gobierno autoritarios y fanáticos de las políticas de ajuste económico del FMI, las acciones han sido más que visibles. El gobierno del Juan Orlando Hernández (JOH) fue un buen alumno de éste organismo multilateral, incluso recibió felicitaciones y aplausos por las acciones tomadas y los logros en crecimiento del PIB, acumulación de reservas internacionales y baja inflación, pero recibió un voto castigo de pueblo por el aumento de los problemas económicos y sociales, sumado a la corrupción y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
La presidenta electa, Xiomara Castro, no solo recibió un país en crisis, donde el aumento de la deuda externa, mayor gasto tributario y la caída de los ingresos fiscales conspiraban y lo siguen haciendo contra el “desarrollo”, sino también un país con altos niveles de corrupción e impunidad, con aval de un gobierno autoritario con nexos con el narcotráfico; lo que también conspira contra el desarrollo al restar recursos para atacar el desempleo, subempleo, la pobreza, inseguridad alimentaria y falta de acceso a servicios de salud, educación y vivienda.
La prioridad debe ser apostarle a cerrar las brechas en producción, empleo, salud, educación, vivienda, infraestructura económica-social y ambiente (contribuir en forma efectiva a su reducción), tal como se desprende del discurso de campaña política de Xiomara Castro. Caso contrario, las brechas se ensanchan, ya que el énfasis de las políticas económicas y sectoriales está puesto en la estabilización de la economía y alcanzar una tasa de crecimiento del PIB positiva, dejando pocos recursos para la inversión pública y a la espera que aumente el monto de la Inversión Extranjera Directa (IED), las recaudaciones tributarias, envío de remesas y monto de ayuda externa bilateral. Es además una promesa de campaña y un compromiso asumido por la presidenta electa, frente a los crecientes problemas generados por la mala gobernanza del partido nacional y JOH.
La reformulación del presupuesto de ingresos y egresos de la Republica para el año 2022 por el gobierno de Xiomara Castro y posterior aprobación por el Congreso Nacional, ha generado opiniones encontradas entre los actores políticos y económicos. Por el lado de la bancada del Partido Nacional se señala que, con dicha aprobación, el gobierno ya no tiene excusas para seguir acusándolos de ser los causantes de la crisis que enfrenta el país, siendo que el presupuesto aumentó en 59,000 millones de lempiras si se compara con el aprobado previamente por el gobierno de JOH.
Miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); desaprueban el aumento del presupuesto y la asignación de más recursos al Consejo Nacional Electoral (CNE) e instituciones de bajo perfil operacional como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). Les preocupa que una parte del financiamiento del gasto presupuestario vendrá de recursos prestados por el Banco Central de Honduras a bajas tasas de interés (menor que la del mercado), lo cual representa una pérdida financiera operacional de dicho banco.
Esto se constituye, siguiendo la tradición monetarista de las causas de la inflación, en financiamiento inorgánico que presionará por el alza de los precios en una coyuntura donde son evidentes los shocks de oferta, o sea aumento de precios de los derivados del petróleo (guerra Rusia-Ucrania tiene mucho que ver), insumos para el agro y fletes por servicios prestados, lo cual impacta negativamente en los costos de producción. Lo mismo argumentan miembros del Colegio Hondureño de Economistas, destacando que será un presupuesto inflacionario y de alto costo para las finanzas del Estado por el mayor endeudamiento.
La tasa de inflación interanual a marzo de 2022 fue de 6.96%, mayor a la estimada en el programa monetario inicial, siendo su causa principal los Shock de Oferta que afectan la producción nacional al aumentar los costos de producción y la caída de la demanda de importaciones de bienes esenciales, los cuales se vuelven más caros.
“El trabajo principal de los bancos centrales es controlar la inflación de precios; no ayudar a sostener el empleo y el crecimiento económico, que son secundarios (…). Eso es porque la inflación es el principal enemigo del sistema bancario. Los acreedores y prestamistas de dinero pierden si aumenta la inflación, mientras que los deudores y prestatarios ganan. Y los bancos centrales se crearon para apoyar el sector financiero y su rentabilidad y no mucho más.”.
En el gobierno de JOH el Banco Central de Honduras se jactó de manejar una política monetaria no inflacionista, con un control directo sobre los agregados monetarios, sobre todo de la tasa de política monetaria (TPM), bajo el argumento friedmaniano que la inflación es en todo momento y todo lugar un fenómeno monetario, sin importar, por ejemplo, la ociosidad de la tierra en el sector agrícola y la demanda de recursos de inversión pública para proyectos donde hay evidencia que el sector privado no demuestra o tiene interés.
La TPM era de 7.0% en mayo de 2012, bajó a 5.75% en enero de 2019 y se mantiene en 3.0% desde noviembre de 2020 (BCH, marzo de 2021): como resultado del incremento de la demanda de recursos para financiar la pandemia Covid-19 y sus costos, existiendo una fuerte presión para que de nuevo aumente ya que, según las cifras de la secretaria de Salud, ha habido un aumento de la vacunación y disminución de casos, sumado a la mayor demanda de recursos de crédito por los actores económicos.
Dentro del partido Libertad y Refundación (LibRe), las reflexiones más destacadas vienen de Nelson Ávila, que en las elecciones internas su movimiento político se constituyó en la segunda fuerza del partido. La primera se refiere a la ausencia de una estrategia de renegociación de la deuda externa con los acreedores, para poder disminuir su peso dentro del gasto presupuestario que consume el 14% de los recursos asignados para 2022. La otra es que no se cuenta aún con una matriz de impacto que permita conocer resultados obtenidos con el uso de los recursos presupuestados, no solo por cada secretaria de Estado, sino por objetivo y meta de política que se deriva(n) de la Propuesta o Plan de Gobierno 2022-2026 presentado por Xiomara Castro en la campaña política.
No obstante, hay que reconocer que existe un proceso de negociación en marcha con los acreedores de la ENEE y los organismos multilaterales, que no debe abandonarse una vez que el presupuesto 2022 fue modificado y aprobado. El gobierno eliminó además la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG) cuyas competencias y funciones se distorsionaron al abandonarse el seguimiento y evaluación de los objetivos y metas físicas y financieras globales y sectoriales, sumado a la infuncionabilidad de la Visión de País (2010-2038) y Plan de Nación (2010-2022), y de los planes de mediano plazo aprobados por JOH pero sin el compromiso de su cumplimiento; en su defecto, creo la Secretaria de Planificación Estratégica que trabajará en la matriz de impacto dentro del plan de gobierno con enfoque multisectorial y plurianual en conjunto con la Secretaria de Finanzas (SEFIN), donde algunos de los principios orientadores son la participación ciudadana, equidad de género, sostenibilidad ambiental y transparencia y ética..
En el caso del Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), su preocupación ha sido el uso efectivo y transparente de los recursos de presupuesto, y el aumento del endeudamiento estimado en unos 80 millones de lempiras, aunque para la SEFIN los parámetros del endeudamiento, como ejemplo deuda total/PIB siguen siendo manejables en el entendido que los recursos contratados deben ser honrados en el corto plazo por ser respaldados con reservas monetarias. Al 12 de abril de 2022 el reporte del BCH de reservas internacionales brutas era de 8,749.7 millones de dólares y de reservas netas de 8,460.6 millones de dólares, equivalente a 6.2 meses de importaciones.
Hay quizá en el fondo una preocupación de manejo de la política monetaria que acompaña el esfuerzo fiscal y financiero del gobierno por enfrentar las brechas del sector real, más que poner énfasis en el control de los agregados monetarios que, en la teoría monetarista, su aumento son la causa primaria de la inflación por demanda, lo que se reflejará en el ajuste inmediato del Programa Monetario del Banco Central para 2022-2023.
Para Roberto Lagos, un joven economista que reside en EEUU y analista económico de varios medios televisivos en Honduras, lo negativo del presupuesto 2022 aprobado por el Congreso Nacional es su financiamiento con recursos del Banco Central. En el lenguaje monetarista, ello no debería ocurrir, ya que, por un lado, el banco central debe ser autónomo y no sujeto a lo que diga el gobierno de la Republica a través de la SEFIN, y también al utilizar sus recursos se pagan bajan tasas de interés, incluso negativas, lo cual favorece al desarrollo, pero no a las finanzas del Banco.
Según Lagos, “cuando se pide un préstamo al Banco Central eso se tiene que pagar dentro del año fiscal y si no se paga sucede una cosa que se denomina monetizar el déficit y entonces lo que ocurre cuando usted monetiza el déficit eso se traduce en inflación y nosotros ya tenemos una crisis inflacionaria más un shock de inflación que viene del exterior de los Estados Unidos, o sea es una inflación importada y adicionalmente estaríamos viendo si no se es cuidadoso con esto existe el riesgo de que podríamos tener un impacto doméstico en el tema inflacionario”.
Hay que tener presente que el gobierno de la República, mediante decreto legislativo N.119-2021 del 7 de enero de 2022, había aprobado un Convenio de Crédito entre el Banco Central y SEFIN por un monto máximo de 143.2 millones de dólares (unos 104.9 DEG), pero que ya había sido suscrito en abril de 2020 con aval del FMI y como parte de las acciones para enfrentar la emergencia de la pandemia del Covid-19. Igual, mediante decreto legislativo N.8-2022 de fecha 15 de febrero de 2022, declaró estado de emergencia fiscal y financiera del sector público (la llamada crisis heredada), donde se autoriza a SEFIN para que adopte medidas extraordinarias para enfrentarla, incluyendo la reasignación del gasto público y gestión de financiamiento.
El articulo N.2 es más explícito: Autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), para que en caso de ser necesario durante el Ejercicio Fiscal 2022 y 2023, realice la contratación directa de préstamos internos o externos, reasignación de recursos externos disponibles, colocación de títulos de deuda en el mercado doméstico o internacional y otras operaciones de crédito público en las condiciones financieras que obtenga al momento de su negociación, hasta por un monto de DOS MIL MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$.2,000,000,000.00) adicionales al monto de endeudamiento autorizado en el Artículo 1 del Decreto No.107-2021 del 10 de Diciembre del 2021 y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 17 de Diciembre de 2021, para realizar pago de servicio de deuda pública y para financiar el Presupuesto.
Honduras enfrenta la emergencia de una pandemia, impactos negativos en los sectores productivos y sociales de dos huracanes: ETA e IOTA y una crisis fiscal y financiera sin precedentes, por lo que necesita de medidas de política de urgencia y excepcionales. Estas disposiciones tomadas fueron consultadas con el FMI y de acuerdo a la Viceministra de SEFIN, Elizabeth Rivera, son congruentes con la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo que implica honrar los compromisos de pago con el Banco Central en el tiempo establecido.
Hay quizá varias interrogantes y condicionantes que ameritan una pronta respuesta. La primera es: a) Cuándo estará listo el Plan Estratégico de Mediano Plazo contentivo de los principales mandados y voluntad política de la presidenta de la Republica Xiomara Castro. Este Plan urge, ya que en Honduras se ha estilado que las disposiciones presupuestarias se impongan por sobre los lineamientos de política, abandonándose los instrumentos de planificación de mediano y largo plazo. El plan deber servir de marco de referencia para la formulación o actualización de los planes sectoriales, como el de salud, educación, agroalimentario, empleo, infraestructura, ambiente y seguridad b) Hay que informar al pueblo de los avances con el proceso de renegociación de la deuda, especialmente con las empresas de energía proveedoras de la ENEE y los organismos de crédito multilaterales, especialmente aquellos que como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), fueron cuestionados por la aprobación de préstamos al gobierno de JOH para financiar la campaña política; c) Cuándo estarán listos los nuevos reglamentos de funcionamiento de las nuevas de Secretarias de Estado e instituciones creadas, acompañado de la matriz de resultados e impactos. En general, en estos reglamentos deben eliminarse competencias concurrentes entre secretarias de Estado, para evitar duplicidad de esfuerzos y uso de recursos presupuestarios; d) Hay que revisar y ajustar la política nacional de descentralización del Estado vigente, y aprobar un nuevo instrumento donde la participación ciudadana se haga efectiva; e) El programa multisectorial de inversiones públicas por regiones y departamentos debe elaborarse y aprobarse con la participación de la cooperación externa bajo la modalidad de una interagencial de cooperación.
Finalmente, el BCH debe acostumbrarse a trabajar más de cerca con el gobierno de la Republica para apoyar el cumplimiento de las metas reales, más allá del aumento del PIB y PIB per cápita, como ejemplo aumento sostenible de la inversión pública, reducción de la pobreza, desempleo, subempleo, vivienda popular, inseguridad alimentaria y protección ambiental. Implica la vigencia de un planteamiento más heterodoxo que se anteponga al dogma y políticas neoliberales de arrastre, donde el velo monetario oculta la realidad y solo permite que se hable de baja inflación, menor déficit fiscal, tasas de interés reales positivas, tipo de cambio flexible (léase devaluación) y privatizaciones.
