Por Javier Suazo *
«No puede haber avance con olvido; venimos de la lucha en las calles, las gaseadas y represión” (Jerónimo, cantautor hondureño)
La presidenta electa por el voto mayoritario del pueblo hondureño, Xiomara Castro, cumplió seis (6) meses en el poder. Para dirigentes de la oposición política, especialmente del Partido Nacional, se ha traicionado al pueblo ya que, lo que era malo antes, hoy es bueno, por lo que no se ha cumplido con lo prometido. Refieren a la aprobación de una legislación que protege a funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-junio2009) acusados de utilizar indebidamente fondos públicos para financiar la consulta popular de la cuarta urna, donde se buscaba consultar al pueblo si estaba a favor de convocarse-a futuro- a una Asamblea Constituyente y cambiar la Constitución de la República como sucedió en otros países, caso de Venezuela y Ecuador; lo que llevó al golpe de Estado contra Manuel Zelaya donde participaron la Embajada gringa, militares, Iglesia y empresarios.
Se suma, la aprobación de otras leyes como la derogación de la Ley de Empleo por Hora, minería de cielo abierto, Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), y reformas a la Ley del Sector Eléctrico, entre las más relevantes, que para el sector privado es una clara manifestación de violaciones sistemáticas al Estado de Derecho, afectando la propiedad privada e inversión. Más recientemente, se cuestiona la aprobación de una Ley para elegir los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde no se respetó la propuesta avalada por organizaciones de sociedad civil para que no participen políticos y funcionarios de gobierno, aun cuando la mayoría de analistas y agencias cooperantes coinciden que es un avance si se compara con la legislación y procedimiento anterior.
No obstante, conviene también destacar los logros en este corto periodo de gobierno, a efecto de poder tener un balance más equilibrado de su gestión pública, identificar obstáculos y retos futuros, considerando la oferta política a la colectividad nacional presentada antes de las elecciones, la situación de crisis heredada y las condicionantes del entorno internacional.
I. El origen: más allá del discurso político
Las críticas al gobierno de Xiomara Castro tienen el mismo formato que cuando Manuel Zelaya era presidente de Honduras, donde se cuestionaba sus medidas de política pública aprobadas, sobre todo en materia económica. La primera fue en su discurso de toma de posesión, donde anunció la prohibición de la minería de cielo abierto, después vino el cambio de fórmula para importar combustibles y abaratar el costo por galón, la adhesión de Honduras a la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), el ajuste del salario mínimo para compensar el rezago en su poder de compra ( no los aumentos marginales atribuidos a la inflación interanual), el apoyo al agro y pequeños productores de alimentos entre las más importantes.
Son medidas de política que se salen del libreto neoliberal que se venía aplicando en Honduras desde 1990, donde el aparato público debería estar al servicio del capital extranjero y los grupos de poder internos. Estos se han beneficiado también de la entrega de recursos por el gobierno para ejecutar proyectos y cofinanciar sus negocios. Como se sabe, una de las distorsiones del llamado modelo “desarrollista” ejecutado en países latinoamericanos en décadas pasadas (50- 60), fue que el actor “elegido” para liderar el proceso de desarrollo, caso de la llamada burguesía nacional, en la práctica se convirtió en un grupo de poder interno aliado del capital transnacional. Se hablaba, para el caso de Honduras, de una burguesía industrial, hoy se habla de una burguesía o “cuasi” burguesía manufacturera y maquiladora dependiente y oligarquía agraria exportadora aliada de empresas extranjeras.
El cambio en el discurso político, donde se promovió una consulta popular para aprobar una nueva Constitución, fue considerado por los EEUU y sus aliados internos, como una modificación de las reglas de juego democrático, y se acusó a Zelaya Rosales de continuismo y promover la instauración de un gobierno socialista al estilo de Venezuela, Ecuador y Bolivia; sin embargo, la orientación de la política económica para empresarios ligados al capital transnacional y funcionarios de ciertos organismos internacionales y agencias de cooperación, era una clara manifestación en contra de los llamados “valores” democráticos promovidos por la ideología neoliberal, especialmente el respeto a la propiedad e iniciativa privada y las leyes del mercado, lo que contribuyó al diseño y aprobación de la salida del poder del presidente mediante una vía no democrática: Un golpe de Estado.
II. Crisis heredada y crisis añadida
Para funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), diputados del partido nacional, periodistas y analistas económicos y políticos con “zalla” azul, se heredó una economía estable y fondos en la caja principal (tesorería) para financiar el presupuesto de 2022 que debía ser reformulado. Se sabe que esta justificación, entre bastidores, era avalada también por funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) que aplaudieron la política económica ejecutada por JOH y logros obtenidos en crecimiento del PIB, bajo déficit fiscal, baja inflación y aumento de reservas monetarias, no así en el nivel de endeudamiento, Inversión Extranjera Directa (IED), desempleo, subempleo, inseguridad alimentaria, migración, corrupción, violaciones sistemáticas de los derechos humanos y pobreza.
El argumento de entender desarrollo como sinónimo de estabilización económica, es insuficiente, ya que, además, esta última no garantiza el logro de aquél, y más bien lo puede rezagar al aumentar el desempleo, la pobreza e indigencia. Las variables reales como producción, empleo, pobreza son más importante en el tema del desarrollo que las variables monetarias y financieras.
Entre 2010-2019, la tasa de crecimiento promedio del PIB fue de 3.4%, por debajo del promedio latinoamericano de 4.3% (Suazo: 2021)2. En 2019, este crecimiento fue de 2.7 %, que mostró la tendencia a la baja, como resultado de una política económica contractiva, mal manejo de los fondos públicos y caída de la IED. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)3 en un informe reciente, compara la tasa del crecimiento de la economía hondureña a mayo de 2022 con la alcanzada en 2021 (8.2% o más), un año atípico, por la fuerte entrada de remesas, mayor disponibilidad de fondos públicos y caída de la demanda de importaciones, pronosticando una eventual caída del PIB a menos de 4% con riesgo de recesión económica. A lo sumo se podría esperar una tasa de crecimiento entre un rango de 2.5% y 3.5%., parecido al crecimiento de 2019.
La inflación promedio para el periodo analizado fue de 4.52 %, explicado por la contracción del gasto agregado cuyas políticas más evidentes fueron el aumento de la Tasa de Política Monetaria (TPM) y control de los medios de pago, no así del gasto del gobierno en términos de masa salarial, pago de contratos y compra de insumos y equipos, que cada año recibió un aumento del presupuesto asignado.
El gobierno de “Pepe” Lobo dejó un déficit fiscal de la Administración Central de 8.0%/PIB y del Sector Publico No Financiero (SPNF) de 7.5%/PIB que bajó a 4.5% en 2019 (SEFIN: 2021), lo cual para el FMI es uno de los principales logros. Es importante destacar que Honduras, con apoyo de dicho organismo, aprobó en mayo de 2016 (decreto N. 25-2016) la Ley de Responsabilidad Fiscal que pone techos a variables financieras, entre las que destaca el déficit fiscal, cuya meta de mediano plazo es de 1%/PIB. La aplicación de esta Ley fue suspendida por dos (2) años por el Covid-19, flexibilizando las metas de cumplimiento, lo que es retomado en el nuevo Marco Macro Fiscal 2023-2026.
El sobreendeudamiento de la economía hondureña fue un legado de este modelo de estabilización económica ortodoxa, que se hizo visible con el Covid-19 y efectos negativos de los huracanes ETA e IOTA. Las cifras de CEPAL muestran un aumento de la deuda total del país al pasar de 4,793.6 millones de dólares en 2010 a 12,128.5 millones de dólares en 2019, un aumento de 161.3%. En este año, el 57.3% del monto total, es deuda externa y la diferencia (42.7%) deuda interna.
Estas cifras se dispararon en 2020 y 2021, hasta alcanzar un monto estimado de deuda total de 16,000 millones de dólares, un pesado lastre para las finanzas públicas y las acciones de desarrollo propuestas en el plan de gobierno 2022-2026. Otro legado, es la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), no solo por el alto porcentaje de pérdidas técnicas y no técnicas de 38%, sino por la crisis de endeudamiento con un déficit de 75,000 millones de lempiras que presiona al gobierno a contratar más deuda para saldar cuentas pendientes con empresas generadoras de energía.
El gobierno ha propuesto una solución soberana al declarar el patrimonio de la ENEE y energía como un bien público que pertenece a toda la sociedad, igual detuvo un proceso de partición viciado de la empresa avalado por el FMI y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que ha evolucionado dejando un legado de corrupción y malas prácticas de gobernanza publica y empresarial. La renegociación de contratos de la ENEE debe hacerse con cada una de las empresas, lo cual puede favorecer una política más efectiva de compromiso de rebaja en las tarifas a los usuarios, muchas de las cuales fueron infladas por aumento de costos no justificados.
En caso de fracaso de la renegociación de contratos, se contempla un justiprecio por empresa, donde con base a criterios técnicos y jurídicos el ´gobiernos paga a los empresarios dichos precio, facilitando que el costo de la energía no sea prohibitivo para la población. Se cuestiona que el justiprecio no lo establezca de entrada el gobierno, pero está en marcha una auditoria que permitirá su fijación con base a información real.
Los resultados en el sector externo no fueron muy favorables para los gobiernos del partido nacional, ya que el déficit en balanza de bienes y servicios aumentó de 2,835.9 millones de dólares en 2010 a 4,648.0 millones de dólares en 2019, un aumento de 63.8%. Es decir, todos los incentivos fiscales creados para el capital han servido para exportar menos e importar más, generando una especie de estrangulamiento externo por el aumento de la demanda de dólares para financiar las importaciones y poder producir. En la medida que aumenta el porcentaje (%) de devaluación monetaria, este estrangulamiento es mayor, más aún si se suma la cuantía de recursos que tiene que destinar –anualmente- el gobierno para el pago del servicio de la deuda.
La tabla de salvación han sido las remesas familiares que han venido en aumento. En 2010 representaban el 16.5% del PIB y en 2019 el 21%. En 2021 se recibieron unos 7,370 millones de dólares en remesas, superior a las recibidas en 2020, unos 5,541.1 millones de dólares (BCH.2021), estimado entre 22% y 23% del PIB. Las remesas ayudan a acumular y mantener un monto o nivel aceptable de reservas internacionales para financiar las importaciones y hacer frente a los pagos de la deuda externa, pero también a las demandas del desarrollo, o sea financiar proyectos de inversión que contribuyan a disminuir el desempleo, pobreza, inseguridad alimentaria y falta de viviendas populares para la población de menores recursos.
El gobierno de la República tomó la decisión de financiar estas obligaciones con un préstamo de 1,000 millones de dólares ( otros hablan de 2,000 millones de dólares) provenientes de las reservas internacionales manejadas por el Banco Central en bancos privados externos, lo cual no ha sido bien visto por dirigentes políticos del partido nacional, exfuncionarios públicos, analistas económicos y prensa mediática, ya que consideran que genera más inflación al aumentar el gasto del gobierno y déficit fiscal.
Son del criterio de seguir con la política tradicional de conseguir dinero caro en los mercados internacionales colocando bonos soberanos, que dispararía el endeudamiento en una coyuntura (tasas de interés más altas que las pagadas al banco central por el uso efectivo de las reservas internacionales) externa no muy favorable por el aumento de los precios del petróleo (aunque se observa una tendencia a la baja), insumos y equipos, aumento de la inflación y costo del dinero en EEUU, y caída del precio de ciertos productos como café.
La calificadora Standard & Poor’s (S&P) recién bajó la perspectiva de calificación soberana BB-/de estable a negativa que se mantuvo desde julio de 2017, lo que afecta el acceso a recursos de crédito (pagar una tasa de interés de 12% o más) e implica, siguiendo de nuevo la tradición de economía ortodoxa y la lógica de la estabilización económica, que se puede complicar su situación a futuro por el aumento de la deuda y desequilibrios financieros.
El problema es que, aunque no es mala la calificación, se orilla al país a firmar un convenio con el FMI, que es el “gendarme” de las deudas de países como Honduras con el exterior. A medida que se aleja de un convenio de este tipo, las perspectivas de crédito empeoran y se vuelve difícil acceder a estos recursos en una situación de aumento de pago del servicio de la deuda.
Las proyecciones de déficit fiscal, según esta calificadora de riesgo, no son muy halagadoras, de -3.2%/PIB en 2022, un -3.4%PIB en 2023, y de -3.9%/PIB en 2024 y – 4.4%/PIB en 2025, sin valorar la aprobación por el gobierno del nuevo Marco Macro Fiscal 2023-2026 de junio de 2022, donde hay una clara manifestación por cumplir con las metas de reducción del déficit fiscal del sector público no financiero y de la administración central, después de la vigencia de las cláusulas de excepción aplicadas como resultado del Covid-19.
Puede verse como una especie de condicionalidad financiera donde bancos extranjeros y multilaterales esperan que el FMI avale la política económica del gobierno, caso contrario no hay crédito, o si hay, las tasas de interés resultan prohibitivas para la economía hondureña.
Recién la presidenta electa a través de la Secretaria de Finanzas decidió liberar tres (3) estudios del FMI sobre las exoneraciones, exenciones y condonaciones fiscales que permanecían como “secreto” de Estado en el gobierno de JOH amparados en una Ley de Secretos, que demuestran la vigencia de un sistema tributario inequitativo e injusto en el país, con una pérdida (sacrificio fiscal) de más de 40,000 millones de lempiras anuales. Ello implica la revisión de estos privilegios al capital y empresas, que miraría con buenos ojos el FMI de cara a un eventual convenio de cooperación, en tanto se generan condiciones para que el gobierno habilite un espacio fiscal para apoyar la inversión y los programas sociales con recursos que no provienen de más endeudamiento o fondos comprometidos; pero sobre todo, que no afectan objetivos de estabilización económica y sostenibilidad financiera de mediano y largo plazo.
La eliminación de exoneraciones y exenciones fiscales ha estado en la agenda de los gobiernos, hasta el punto de hacerse público los nombres de ciertas empresas y empresarios que han gozado de ellas, siendo las más beneficiadas aquellas que obtienen ingresos mayores a los 500 millones de lempiras anuales; o sea, 38% de las empresas grandes del país no pagan impuestos.4 Lo recomendable es un análisis técnico caso por caso, elaborado por autoridades de gobierno con apoyo de organismos internacionales, evitando la politización e incorporando a una mesa de trabajo a los empresarios como actores de la política de racionalización de las exoneraciones y exenciones.5 El uso de estos recursos liberados debe ser para cumplir con los compromisos establecidos en el Plan de Gobierno 2022-2026 que, se insiste, debe traducirse en un Plan Estratégico de Mediano Plazo con objetivos, metas e indicadores de resultado.
En estos informes, hay una recomendación del FMI para institucionalizar el Presupuesto Base “0” en Honduras, que puede afectar al gobierno del Poder Popular en el cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo; simplemente no hay cultura institucional y las experiencias en el país y Latinoamérica arrojan resultados desfavorables.
Los logros de la estabilización económica publicitados por funcionarios del gobierno de JOH y el FMI, no ayudaron a aumentar o mantener el monto de inversión extranjera (IED) de inicios de la década. En 2011 el flujo de recursos por este concepto fue de 1,014 millones de dólares, y cayó a 947 millones en 2019 (CEPAL: 2020). En 2020, la IED alcanzó los 418.6 millones de dólares, con un repunte en 2021 a 700.2 millones de dólares (Banco Central: 2022). Hoy se habla de 350 millones de dólares, con posibilidades de superar los montos del año pasado.
A estos bajos montos, se agrega su concentración en actividades financieras y de seguros que, en 2020 y 2021, recibieron el 77.7% y 48.6% del total; contrario a ello, el sector agropecuario (agricultura, silvicultura, caza y pesca) recibió 6.7 millones de IED en 2020 y 17 millones de dólares en 2021, cuya evidencia es la baja tasa de crecimiento del sector y el “tufo” a ociosidad de los recursos que se respira, en especial de la tierra agrícola.
La Secretaria del Agricultura y Ganadería (SAG) está en proceso de elaboración de la Política para el Sector Agroalimentario y el Medio Rural (2022-2032), cuyo soporte principal debería ser una cartera de proyectos de inversión pública apoyada por la cooperación externa, tal como sucedió en el gobierno de Zelaya Rosales, acompañada de la Secretaria de Planificación Estratégica (SPE) en cuanto a criterios de asignación de recursos y validación social de las intervenciones, evitando el economicismo y la generalización de agro negocios tóxicos y el extractivismo.
La maquila con todo y los incentivos otorgados, ha observado un comportamiento inestable, o sea no sostenible en receptor de flujos IED, ya que en 2021 observó una caída de 13.6 millones de dólares, igual sucede con la industria manufacturera, donde existen años positivos y negativos. El sector construcción ha venido siendo afectado desde mucho antes del Covid-19, aun cuando el gobierno de JOH promocionó la construcción de varios proyectos habitacionales bajando las tasas de interés.
Todo lo anterior impactó negativamente en los niveles de empleo y subempleo, inseguridad alimentaria y pobreza. En 2020, la tasa de desempleo abierto fue de 10.9%, y el subempleo total (visible e invisible) de 70.7%. (INE: 2020). La población afectada con problemas de empleo en 2021 es mayor a 3.3 millones de personas, siendo el subempleo el más evidente; hay más de 3 millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria y la pobreza afecta al 70% de la población.
El argumento de los defensores del modelo neoliberal, es que sin los esfuerzos de estabilización económica y resultados alcanzados por el gobierno de JOH, las cifras de desempleo, inseguridad alimentaria y pobreza serían mayores, y Honduras no tendría recursos para apoyar los programas de compensación social y enfrentar las carencias en salud y educación. No se observa que esta modalidad de estabilización económica ejecutada, es la que conspiró para que se profundizaran los desequilibrios económicos y sociales en el país, sumado a la corrupción y narcotráfico.
III. Cierre de brechas y desequilibrio estructural
El gobierno del Partido Libertad y Refundación (LibRe) con Xiomara Castro a la cabeza, presentó antes de las elecciones generales una propuesta política a la colectividad nacional, donde prioriza los sectores de intervención y define una serie de acciones para solucionar o contribuir a solucionar los problemas enfrentados, muchos de los cuales son de tipo estructural.
Estas intervenciones, en la mayoría de los casos, se orientan al cierre de brechas entre el problema y solución definitiva, lo que amerita de nuevas intervenciones sostenibles a través del tiempo, y que, incluso, pueden superar el periodo de gobierno.
Una primera brecha es la institucional. El gobierno cambió la estructura organizativa y funcional del sector público, creando nuevas instituciones y eliminando otras, como ejemplo: La Secretaria de Transparencia y lucha contra la Corrupción venía operando como oficina adscrita a la presidencia de la República, hoy tiene competencias propias y mayor autonomía en la toma de decisiones. Se cerró la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG), sin capacidad para conformar el Sistema Nacional de Planificación Social y Económica, y con enfoques e instrumentos no integrados ni funcionales en cuando a la aplicación de políticas y ejecución de programas y proyectos de inversión; la nueva Secretaria de Planificación Estratégica (SPE) busca cubrir estos vacíos y construir un proceso de planificación desde las bases sociales y territorios.
La Red Solidaria cobró vida de nuevo, aunque se trate de una política de compensación social avalada por el FMI y financiada en los gobiernos anteriores con préstamos de la banca multilateral. La Red amplía sus acciones de apoyo a la población vulnerable, como la producción alimentaria de pequeñas unidades campesinas, apoyo a las Mi pymes y emprendedurismo, la capacitación técnica y los programas de empleo. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) vuelve al Estado y el Consejo Nacional de Defensa se espera pase a mejor vida, sumado al fortalecimiento de las acciones de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), que había sido maniatada.
En el tema económico y productivo se cumplieron, en este corto tiempo, varias promesas de campaña exigidas por la población. La derogación de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), eliminación de la Ley de Empleo por Hora, la prohibición de la minería de cielo abierto, revisión y derogación de fideicomisos, revisión de las exoneraciones, fortalecimiento financiero del bono tecnológico y del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), líneas de crédito para el agro, vivienda popular y Mi pymes por el Banco Nacional de la Producción y Vivienda (BANHPROVI), subsidio al consumo de energía de las familias de menos recursos, subsidio al combustible, revisión de los contratos de energía de la ENEE; otros.
EN el tema de política fiscal, financiera y monetaria el gobierno ha ajustado el presupuesto de ingresos y egresos de la República para enfrentar las deudas pendientes y poder cumplir con las promesas de campaña. Se ha cuestionado la baja ejecución presupuestaria, con lo cual se acusa de una pobre gestión pública al no poder responder en el tiempo establecido con las demandas de recursos. No obstante, el cambio de la estructura institucional amerita la vigencia de nuevas estructuras programáticas y presupuestarias y de planes estratégicos e institucionales para establecer las prioridades de gasto. Es decir, el gobierno, según mandato de la Secretaria de Finanzas (SEFIN), no debe aprobar ni ejecutar recursos presupuestarios sino se cuenta con estos instrumentos.
De acuerdo al Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH)6, se aprobó un presupuesto de 308, 233.60 millones de lempiras para 2022, observándose un nivel de ejecución de 125, 504.84 millones de lempiras (al 7 de julio de 2022), que representa el 41% del total. Es de esperar que mejore en el resto del año, al completarse los planes operativos y presupuestos anuales institucionales, y el Plan Estratégica de Mediano Plazo 2022-2026 que prioriza las asignaciones de gasto en referencia a la propuesta de gobierno de Xiomara Castro, pero igual se aumente la cartera de proyectos de inversión pública con apoyo de la cooperación externa, ya que lo asignado en 2022 solo representa el 3.4% del PIB.
El gobierno está honrando las deudas que tiene con la banca multilateral, bancos privados externos y nacionales, igual con las empresas de energía, en su mayoría “arrastre” de gobiernos anteriores. Ello demuestra la voluntad de contribuir a mejorar el perfil de dicho endeudamiento con la vigencia de un proceso de renegociación interna y externa. Hay evidencia de deuda ilegitima y corrupta, por lo que debería documentarse y exigirse un análisis más detallado de los programas, proyectos y actividades que fueron financiados, igual su condonación y castigo a los culpables.
Se ha cuestionado que la autoridad monetaria, en este caso, el Banco Central de Honduras, no ajuste la tasa de política monetaria(TPM) hacia arriba, de 3.00% a 5.00% por ejemplo, como una medida para controlar la inflación que ya superó el 10%. 7 El argumento es que hay mucho dinero en la economía, por lo que conviene contraer la demanda y hacerlo más caro al aumentarse las tasas de interés. El aumento de la inflación tiene su origen-mayormente- en factores externos, sumado a los canales de trasmisión interna y la especulación, por lo que una contracción económica sumada a la tendencia de baja en el PIB, puede acercarnos más a una recesión económica de magnitudes insospechables. El Banco Central realiza un monitoreo diario del comportamiento de estas variables, los factores externos explicativos de la inflación y la percepción de los agentes económicos. No obstante, conviene introducir un mayor gradualismo en la política cambiaria para no enfrentar mayor especulación con la divisa y presiones inflacionarias.
Honduras enfrenta un problema estructural desde hace tiempo, referido a la alta concentración de la propiedad, la baja productividad agrícola, deterioro de la relación real de intercambio, bajo nivel de absorción tecnológico, insuficiencia del ahorro interno para financiar la inversión y empleo de buena calidad, una dinámica de acumulación de capital no dirigida por el Estado sin control de las políticas de desarrollo nacional, una matriz productiva sustentada en rubros primarios tradicionales, maquila, agro negocios tóxicos, extractivismo y destrucción de los recursos naturales y biodiversidad. En la década de 60-70 esto tenía nombre, heterogeneidad estructural, manifiesta en desequilibrios sectoriales y en los factores de producción lo que imposibilita que se aspire a un mejor estadio de desarrollo, condicionado por las relaciones de dependencia entre países8.
El fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificación Social y Económica, de los sistemas de información y estadísticas públicas y las agendas de trabajo entre actores diversos en regiones, departamentos y municipios puede hacer más visible este problema y definir intervenciones más efectivas para contribuir a su solución a mediano y largo plazo. En los años 50, 60 y parte de los 70s, se apostó a la llamada burguesía industrial en conjunto con el Estado y los trabajadores para que lideraran el proceso de desarrollo industrial, y superar la dependencia externa; no se logró. Con la vigencia del modelo neoliberal se apostó al liderazgo de la llamada burguesía exportadora y maquiladora, pero la evidencia demuestra que empeoramos, por lo que la apuesta a favor del Poder Popular con todas sus formas de organización social, política y económica es válida.
IV. Desafíos futuros
No cabe duda que existen avances importantes con la gestión de la presidenta electa Xiomara Castro en estos seis (6) meses de gobierno si se compara con el lastre de los gobiernos anteriores, donde las decisiones y acciones tomadas buscan corregir las malas decisiones y políticas ejecutadas y la práctica de la gestión pública autoritaria, burocrática y poco transparente.
Ello es visible, aunque se trate de colocar a Honduras y gobierno de Xiomara Castro, como enemigo de la inversión extranjera y democracia. Un Informe del Departamento de Estado de EEUU9, sin profundizar en las causas y “lastre” de los gobierno postgolpe de Estado, señala que los inversionistas no vienen a Honduras por la corrupción, crimen organizado, Estado de Derecho debilitado e infraestructura deficiente, igual que las medidas tomadas, en su mayoría promesas de campaña cumplidas frente al pueblo hondureño, como la derogación de la ley de ZEDES, Empleo por Hora, y reforma energética que rescata la energía como bien público, también contribuyen a ello; siendo evidente una crisis financiera en marcha y mala práctica de uso de reservas internacionales para pagar las deudas y apoyar las acciones de desarrollo en favor de los más necesitados. Se da a entender que los mensajes de funcionarios de gobierno al presentar una crisis fiscal y cifras de calamidad económica contribuyeron al aumento del riesgo país.
Los desafíos futuros para el nuevo gobierno ameritan niveles de consenso mínimo entre las fuerzas internas del Partido Libre, organizaciones sociales y gremiales y ciertos dirigentes de partidos de oposición política. Lo que se observa en la actualidad es una crítica permanente a la gestión de Xiomara Castro por la prensa mediática cuestionada por recibir sobornos del gobierno anterior, un fuerte grupo del sector privado que ha visto afectados sus intereses con las medidas tomadas, y de dirigentes y analistas políticos beneficiados por JOH. Hay también un interés de ONG que reciben recursos del exterior, para que el gobierno de Xiomara Castro camine por la senda de la llamada democrática “tutelada” sin sectarismo político ni prácticas corruptas, aunque fue evidente su silencio en los gobiernos de JOH, ya que tenían el aval de los OFI e incluso de Naciones Unidas, EEUU y UE que se manifestaron a favor de su reelección ilegal.
El primer desafío, es garantizar la sostenibilidad de las decisiones y acciones tomadas y no retroceder. En el tema económico, las ZEDES, ley de empleo por hora, minería de cielo abierto, fideicomisos, ENEE, otros, debe ser visto como página leída, es decir como algo ya juzgado, faltando a lo sumo la ratificación, reglamentación y la puesta en práctica de alternativas de consenso como solución. Lo mismo es válido para las acciones tomadas en el tema institucional, político y social.
El segundo desafío es institucionalizar un enfoque heterodoxo de la estabilización económica, que se contraponga al enfoque ortodoxo que promueve el FMI, grupos corporativos internos y analistas económicos formados en escuelas de economía donde se enseña como dogma. En esto, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) puede apoyar, pero también países como Bolivia y su presidente “Lucho Arce” que ha tenido que vivir esta experiencia de ajustes o cambios al paradigma de estabilización económica fondo monetarista.
En el último informe sobre “Actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial”10, el FMI rebaja la tasa de crecimiento del PIB mundial para 2022 a 3.2%, casi a la mitad de lo que creció el año pasado (6.1%) y de países como EEUU con un 2.3% de crecimiento y 1.0% en 2023, advirtiendo sobre una posible recesión económica, sumado a que la inflación se ha convertido en el principal problema a resolver por los países. La receta es mayor contracción de las economías, aumentando las tasas de interés, el encaje legal y retirando liquidez del sistema.
Recomienda que los programas de apoyo a los grupos más vulnerables deben ser financiados con más impuestos y reducciones de gasto público, eliminando el gradualismo en la política monetaria, propio de programas de estabilización heterodoxos, en tanto la baja de la inflación por la contracción económica es una condición necesaria para que estos programas sean sostenibles en el tiempo.
Un tercero desafío es lograr un espacio más amplio para renegociar la deuda externa con organismos multilaterales y banca privada, mejorando hacia futuro el perfil del endeudamiento. Ya hay avances en este campo, pero se necesita un análisis técnico-político del endeudamiento público donde la evidencia de deuda mala y corrupta es manifiesta. Igual, con la deuda de la ENEE y la crisis financiera y técnica que enfrenta. Las reformas aprobadas por el Congreso Nacional a la ley del sector eléctrico o energético, la renegociación de los contratos de energía con las empresas, el proceso iniciado de retiro de la Empresa Energía Honduras (EEH) y una vuelta de nuevo de la información a la ENEE, sumado al compromiso de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, deben continuar.
Hay que seguir con el proceso de rescate de empresas públicas, donde el manejo técnico y transparente de los entes reguladores como CONATEL, CREE y CNBS es de alta prioridad, para avanzar en el saneamiento y fortalecimiento de empresas como HONDUTEL, tal como lo ha planteado la Ministra de Finanzas, Rixi Moncada. A ello se suman aquellas empresas e instituciones cuyo capital es de los gremios, especialmente los institutos de previsión social. De nuevo la experiencia de Bolivia en este campo es muy aleccionadora, al transformar empresas públicas literalmente quebradas en empresas rentables para el Estado.
La construcción masiva de viviendas populares (donadas o con bajas cuotas) es urgente. La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO) habla de un déficit de 600,000 unidades nuevas, y reformas a la Ley de Vivienda que crea un nuevo Ministerio y la figura de la “Ventanilla Única” para facilitar los trámites y tiempos de construcción y entrega. Hay que trabajar un nuevo modelo de vivienda popular que use al máximo materiales locales y empleo de la mano de obra, pero ambientalmente sostenibles.
Se ha venido acumulando un problema del sector real de la economía, especialmente del sector agroalimentario y forestal, que observan bajan tasas de crecimiento, alta concentración de la tierra productiva y mucha en calidad de ociosidad, deterioro ambiental, que amerita tomar acciones colegidas y planificadas. Una es aumentar los montos de inversión pública, pero también acompañar un esfuerzo con la cooperación internacional, sobre todo bilateral, y actores locales para conformar y financiar una cartera de proyectos de inversión por regiones agrarias que posibilite un repunte en las tasas de crecimiento del sector agroalimentario y forestal, pero también garantice mayor producción de alimentos, protección de los recursos naturales, fuentes de agua y biodiversidad.
Fortalecer la institucionalidad, los mecanismos e instrumentos de planificación con un amplia participación de la ciudadanía, es clave para avanzar en el cumplimiento de los objetivos y metas que buscan enfrentar problemas identificados como prioritarios, caso de la baja cobertura en salud, educación, déficit habitacional de vivienda popular, acceso a agua potable y saneamiento, acceso a tierra productiva y derechos de propiedad para comunidades étnicas, seguridad y soberanía alimentaria, desempleo, pobreza, destrucción forestal y cambio climático, migración inducida, inseguridad y violaciones de derechos, corrupción e impunidad, entre los más visibles.
Lo espontáneo no cabe en países como Honduras, igual la atomización institucional y de gobiernos municipales que aspiran a solucionar todo solos, y de ONG y cooperantes que embazan las soluciones sin importar la magnitud y causas explicativas de los problemas. Un modelo alternativo al neoliberalismo exige abrir un espacio a la participación de la gente y su representación en las instancias de gobierno, igual un Estado más democrático abierto con capacidad para incorporar regiones y actores al desarrollo en forma efectiva, acercando la institucionalidad a la gente, especialmente la justicia.
“Hay que tomar decisiones, pero, a la vez, si haces las cosas sin consultar, sin deliberar, sin tomar en cuenta la participación de la gente, has usurpado la voluntad de la gente”. (Álvaro García Linera, 2016).
San Pedro Sula, Honduras, Agosto de 2022
Notas:
2 Javier Suazo “Efectos de la Pandemia en Honduras “(Retos y Oportunidades para el Desarrollo Económico y Social). Fundación Ebert, Tegucigalpa, Noviembre de 2021.
3 Ver Noticia en Tunota.com, julio 22 de 2022.
4 Declaraciones de la Ministra de Finanzas RiXi Moncada en un programa televisivo. Ver para ampliación la página www.sar.gob.hn, del Servicio de Administración de Rentas (SAR).
5 Un problema evidente es que no se conoce cuánto de los 40,000 millones de lempiras dejados de percibir por el Estado corresponden al sector privado, ya que se habla de la mitad, o sea de 20,000 millones, pero miembros de Cámaras Empresariales hablan de un 15% o 20%.
6 Ver FOSDEH ¿Qué ha sucedido en el primer semestre del año? Tegucigalpa, Honduras, julio de 2022, pág. 14
7 Según reportes del Banco Central, la inflación interanual a julio de 2022 fue de 10.86%, observando una desaceleración por la situación cambiante en la adopción de medidas de política monetaria en EEUU y UE, y rebajas en los precios de petróleo, sumado a las medidas tomadas a lo interno para retirar liquidez del sistema, subsidiar el consumo de carburantes, energía y apoyo a la producción alimentaria. Ver Banco Central “Boletín de Prensa N. 36/2022”. Tegucigalpa, DC, agosto de 2022.
8 Ver para ampliación, entre otros, Aníbal Pinto “Inflación, Raíces Estructúrales”. El Trimestre Económico, Fondo de Cultura Económica, México DF, 1973. 12
9 U.S DEPARTMENT of STATE “2022 Investment Climate Statements”.
10 Ver FMI “Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial” (un panorama sombrío y más incierto). Julio de 2022.
* Javier Suazo, economista hondureño especializado en políticas económicas, reforma del estado, economía agrícola y desarrollo local, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH. Se basa en conversatorios con estudiantes de sociología y activistas políticos del partido LibRe y dirigentes de grupos campesinos y patronatos.
Fuente: oncenoticias.hn
«No puede haber avance con olvido; venimos de la lucha en las calles, las gaseadas y represión” (Jerónimo, cantautor hondureño)
La presidenta electa por el voto mayoritario del pueblo hondureño, Xiomara Castro, cumplió seis (6) meses en el poder. Para dirigentes de la oposición política, especialmente del Partido Nacional, se ha traicionado al pueblo ya que, lo que era malo antes, hoy es bueno, por lo que no se ha cumplido con lo prometido. Refieren a la aprobación de una legislación que protege a funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-junio2009) acusados de utilizar indebidamente fondos públicos para financiar la consulta popular de la cuarta urna, donde se buscaba consultar al pueblo si estaba a favor de convocarse-a futuro- a una Asamblea Constituyente y cambiar la Constitución de la República como sucedió en otros países, caso de Venezuela y Ecuador; lo que llevó al golpe de Estado contra Manuel Zelaya donde participaron la Embajada gringa, militares, Iglesia y empresarios.
Se suma, la aprobación de otras leyes como la derogación de la Ley de Empleo por Hora, minería de cielo abierto, Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), y reformas a la Ley del Sector Eléctrico, entre las más relevantes, que para el sector privado es una clara manifestación de violaciones sistemáticas al Estado de Derecho, afectando la propiedad privada e inversión. Más recientemente, se cuestiona la aprobación de una Ley para elegir los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde no se respetó la propuesta avalada por organizaciones de sociedad civil para que no participen políticos y funcionarios de gobierno, aun cuando la mayoría de analistas y agencias cooperantes coinciden que es un avance si se compara con la legislación y procedimiento anterior.
No obstante, conviene también destacar los logros en este corto periodo de gobierno, a efecto de poder tener un balance más equilibrado de su gestión pública, identificar obstáculos y retos futuros, considerando la oferta política a la colectividad nacional presentada antes de las elecciones, la situación de crisis heredada y las condicionantes del entorno internacional.
I. El origen: más allá del discurso político
Las críticas al gobierno de Xiomara Castro tienen el mismo formato que cuando Manuel Zelaya era presidente de Honduras, donde se cuestionaba sus medidas de política pública aprobadas, sobre todo en materia económica. La primera fue en su discurso de toma de posesión, donde anunció la prohibición de la minería de cielo abierto, después vino el cambio de fórmula para importar combustibles y abaratar el costo por galón, la adhesión de Honduras a la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), el ajuste del salario mínimo para compensar el rezago en su poder de compra ( no los aumentos marginales atribuidos a la inflación interanual), el apoyo al agro y pequeños productores de alimentos entre las más importantes.
Son medidas de política que se salen del libreto neoliberal que se venía aplicando en Honduras desde 1990, donde el aparato público debería estar al servicio del capital extranjero y los grupos de poder internos. Estos se han beneficiado también de la entrega de recursos por el gobierno para ejecutar proyectos y cofinanciar sus negocios. Como se sabe, una de las distorsiones del llamado modelo “desarrollista” ejecutado en países latinoamericanos en décadas pasadas (50- 60), fue que el actor “elegido” para liderar el proceso de desarrollo, caso de la llamada burguesía nacional, en la práctica se convirtió en un grupo de poder interno aliado del capital transnacional. Se hablaba, para el caso de Honduras, de una burguesía industrial, hoy se habla de una burguesía o “cuasi” burguesía manufacturera y maquiladora dependiente y oligarquía agraria exportadora aliada de empresas extranjeras.
El cambio en el discurso político, donde se promovió una consulta popular para aprobar una nueva Constitución, fue considerado por los EEUU y sus aliados internos, como una modificación de las reglas de juego democrático, y se acusó a Zelaya Rosales de continuismo y promover la instauración de un gobierno socialista al estilo de Venezuela, Ecuador y Bolivia; sin embargo, la orientación de la política económica para empresarios ligados al capital transnacional y funcionarios de ciertos organismos internacionales y agencias de cooperación, era una clara manifestación en contra de los llamados “valores” democráticos promovidos por la ideología neoliberal, especialmente el respeto a la propiedad e iniciativa privada y las leyes del mercado, lo que contribuyó al diseño y aprobación de la salida del poder del presidente mediante una vía no democrática: Un golpe de Estado.
II. Crisis heredada y crisis añadida
Para funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), diputados del partido nacional, periodistas y analistas económicos y políticos con “zalla” azul, se heredó una economía estable y fondos en la caja principal (tesorería) para financiar el presupuesto de 2022 que debía ser reformulado. Se sabe que esta justificación, entre bastidores, era avalada también por funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) que aplaudieron la política económica ejecutada por JOH y logros obtenidos en crecimiento del PIB, bajo déficit fiscal, baja inflación y aumento de reservas monetarias, no así en el nivel de endeudamiento, Inversión Extranjera Directa (IED), desempleo, subempleo, inseguridad alimentaria, migración, corrupción, violaciones sistemáticas de los derechos humanos y pobreza.
El argumento de entender desarrollo como sinónimo de estabilización económica, es insuficiente, ya que, además, esta última no garantiza el logro de aquél, y más bien lo puede rezagar al aumentar el desempleo, la pobreza e indigencia. Las variables reales como producción, empleo, pobreza son más importante en el tema del desarrollo que las variables monetarias y financieras.
Entre 2010-2019, la tasa de crecimiento promedio del PIB fue de 3.4%, por debajo del promedio latinoamericano de 4.3% (Suazo: 2021)2. En 2019, este crecimiento fue de 2.7 %, que mostró la tendencia a la baja, como resultado de una política económica contractiva, mal manejo de los fondos públicos y caída de la IED. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)3 en un informe reciente, compara la tasa del crecimiento de la economía hondureña a mayo de 2022 con la alcanzada en 2021 (8.2% o más), un año atípico, por la fuerte entrada de remesas, mayor disponibilidad de fondos públicos y caída de la demanda de importaciones, pronosticando una eventual caída del PIB a menos de 4% con riesgo de recesión económica. A lo sumo se podría esperar una tasa de crecimiento entre un rango de 2.5% y 3.5%., parecido al crecimiento de 2019.
La inflación promedio para el periodo analizado fue de 4.52 %, explicado por la contracción del gasto agregado cuyas políticas más evidentes fueron el aumento de la Tasa de Política Monetaria (TPM) y control de los medios de pago, no así del gasto del gobierno en términos de masa salarial, pago de contratos y compra de insumos y equipos, que cada año recibió un aumento del presupuesto asignado.
El gobierno de “Pepe” Lobo dejó un déficit fiscal de la Administración Central de 8.0%/PIB y del Sector Publico No Financiero (SPNF) de 7.5%/PIB que bajó a 4.5% en 2019 (SEFIN: 2021), lo cual para el FMI es uno de los principales logros. Es importante destacar que Honduras, con apoyo de dicho organismo, aprobó en mayo de 2016 (decreto N. 25-2016) la Ley de Responsabilidad Fiscal que pone techos a variables financieras, entre las que destaca el déficit fiscal, cuya meta de mediano plazo es de 1%/PIB. La aplicación de esta Ley fue suspendida por dos (2) años por el Covid-19, flexibilizando las metas de cumplimiento, lo que es retomado en el nuevo Marco Macro Fiscal 2023-2026.
El sobreendeudamiento de la economía hondureña fue un legado de este modelo de estabilización económica ortodoxa, que se hizo visible con el Covid-19 y efectos negativos de los huracanes ETA e IOTA. Las cifras de CEPAL muestran un aumento de la deuda total del país al pasar de 4,793.6 millones de dólares en 2010 a 12,128.5 millones de dólares en 2019, un aumento de 161.3%. En este año, el 57.3% del monto total, es deuda externa y la diferencia (42.7%) deuda interna.
Estas cifras se dispararon en 2020 y 2021, hasta alcanzar un monto estimado de deuda total de 16,000 millones de dólares, un pesado lastre para las finanzas públicas y las acciones de desarrollo propuestas en el plan de gobierno 2022-2026. Otro legado, es la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), no solo por el alto porcentaje de pérdidas técnicas y no técnicas de 38%, sino por la crisis de endeudamiento con un déficit de 75,000 millones de lempiras que presiona al gobierno a contratar más deuda para saldar cuentas pendientes con empresas generadoras de energía.
El gobierno ha propuesto una solución soberana al declarar el patrimonio de la ENEE y energía como un bien público que pertenece a toda la sociedad, igual detuvo un proceso de partición viciado de la empresa avalado por el FMI y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que ha evolucionado dejando un legado de corrupción y malas prácticas de gobernanza publica y empresarial. La renegociación de contratos de la ENEE debe hacerse con cada una de las empresas, lo cual puede favorecer una política más efectiva de compromiso de rebaja en las tarifas a los usuarios, muchas de las cuales fueron infladas por aumento de costos no justificados.
En caso de fracaso de la renegociación de contratos, se contempla un justiprecio por empresa, donde con base a criterios técnicos y jurídicos el ´gobiernos paga a los empresarios dichos precio, facilitando que el costo de la energía no sea prohibitivo para la población. Se cuestiona que el justiprecio no lo establezca de entrada el gobierno, pero está en marcha una auditoria que permitirá su fijación con base a información real.
Los resultados en el sector externo no fueron muy favorables para los gobiernos del partido nacional, ya que el déficit en balanza de bienes y servicios aumentó de 2,835.9 millones de dólares en 2010 a 4,648.0 millones de dólares en 2019, un aumento de 63.8%. Es decir, todos los incentivos fiscales creados para el capital han servido para exportar menos e importar más, generando una especie de estrangulamiento externo por el aumento de la demanda de dólares para financiar las importaciones y poder producir. En la medida que aumenta el porcentaje (%) de devaluación monetaria, este estrangulamiento es mayor, más aún si se suma la cuantía de recursos que tiene que destinar –anualmente- el gobierno para el pago del servicio de la deuda.
La tabla de salvación han sido las remesas familiares que han venido en aumento. En 2010 representaban el 16.5% del PIB y en 2019 el 21%. En 2021 se recibieron unos 7,370 millones de dólares en remesas, superior a las recibidas en 2020, unos 5,541.1 millones de dólares (BCH.2021), estimado entre 22% y 23% del PIB. Las remesas ayudan a acumular y mantener un monto o nivel aceptable de reservas internacionales para financiar las importaciones y hacer frente a los pagos de la deuda externa, pero también a las demandas del desarrollo, o sea financiar proyectos de inversión que contribuyan a disminuir el desempleo, pobreza, inseguridad alimentaria y falta de viviendas populares para la población de menores recursos.
El gobierno de la República tomó la decisión de financiar estas obligaciones con un préstamo de 1,000 millones de dólares ( otros hablan de 2,000 millones de dólares) provenientes de las reservas internacionales manejadas por el Banco Central en bancos privados externos, lo cual no ha sido bien visto por dirigentes políticos del partido nacional, exfuncionarios públicos, analistas económicos y prensa mediática, ya que consideran que genera más inflación al aumentar el gasto del gobierno y déficit fiscal.
Son del criterio de seguir con la política tradicional de conseguir dinero caro en los mercados internacionales colocando bonos soberanos, que dispararía el endeudamiento en una coyuntura (tasas de interés más altas que las pagadas al banco central por el uso efectivo de las reservas internacionales) externa no muy favorable por el aumento de los precios del petróleo (aunque se observa una tendencia a la baja), insumos y equipos, aumento de la inflación y costo del dinero en EEUU, y caída del precio de ciertos productos como café.
La calificadora Standard & Poor’s (S&P) recién bajó la perspectiva de calificación soberana BB-/de estable a negativa que se mantuvo desde julio de 2017, lo que afecta el acceso a recursos de crédito (pagar una tasa de interés de 12% o más) e implica, siguiendo de nuevo la tradición de economía ortodoxa y la lógica de la estabilización económica, que se puede complicar su situación a futuro por el aumento de la deuda y desequilibrios financieros.
El problema es que, aunque no es mala la calificación, se orilla al país a firmar un convenio con el FMI, que es el “gendarme” de las deudas de países como Honduras con el exterior. A medida que se aleja de un convenio de este tipo, las perspectivas de crédito empeoran y se vuelve difícil acceder a estos recursos en una situación de aumento de pago del servicio de la deuda.
Las proyecciones de déficit fiscal, según esta calificadora de riesgo, no son muy halagadoras, de -3.2%/PIB en 2022, un -3.4%PIB en 2023, y de -3.9%/PIB en 2024 y – 4.4%/PIB en 2025, sin valorar la aprobación por el gobierno del nuevo Marco Macro Fiscal 2023-2026 de junio de 2022, donde hay una clara manifestación por cumplir con las metas de reducción del déficit fiscal del sector público no financiero y de la administración central, después de la vigencia de las cláusulas de excepción aplicadas como resultado del Covid-19.
Puede verse como una especie de condicionalidad financiera donde bancos extranjeros y multilaterales esperan que el FMI avale la política económica del gobierno, caso contrario no hay crédito, o si hay, las tasas de interés resultan prohibitivas para la economía hondureña.
Recién la presidenta electa a través de la Secretaria de Finanzas decidió liberar tres (3) estudios del FMI sobre las exoneraciones, exenciones y condonaciones fiscales que permanecían como “secreto” de Estado en el gobierno de JOH amparados en una Ley de Secretos, que demuestran la vigencia de un sistema tributario inequitativo e injusto en el país, con una pérdida (sacrificio fiscal) de más de 40,000 millones de lempiras anuales. Ello implica la revisión de estos privilegios al capital y empresas, que miraría con buenos ojos el FMI de cara a un eventual convenio de cooperación, en tanto se generan condiciones para que el gobierno habilite un espacio fiscal para apoyar la inversión y los programas sociales con recursos que no provienen de más endeudamiento o fondos comprometidos; pero sobre todo, que no afectan objetivos de estabilización económica y sostenibilidad financiera de mediano y largo plazo.
La eliminación de exoneraciones y exenciones fiscales ha estado en la agenda de los gobiernos, hasta el punto de hacerse público los nombres de ciertas empresas y empresarios que han gozado de ellas, siendo las más beneficiadas aquellas que obtienen ingresos mayores a los 500 millones de lempiras anuales; o sea, 38% de las empresas grandes del país no pagan impuestos.4 Lo recomendable es un análisis técnico caso por caso, elaborado por autoridades de gobierno con apoyo de organismos internacionales, evitando la politización e incorporando a una mesa de trabajo a los empresarios como actores de la política de racionalización de las exoneraciones y exenciones.5 El uso de estos recursos liberados debe ser para cumplir con los compromisos establecidos en el Plan de Gobierno 2022-2026 que, se insiste, debe traducirse en un Plan Estratégico de Mediano Plazo con objetivos, metas e indicadores de resultado.
En estos informes, hay una recomendación del FMI para institucionalizar el Presupuesto Base “0” en Honduras, que puede afectar al gobierno del Poder Popular en el cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo; simplemente no hay cultura institucional y las experiencias en el país y Latinoamérica arrojan resultados desfavorables.
Los logros de la estabilización económica publicitados por funcionarios del gobierno de JOH y el FMI, no ayudaron a aumentar o mantener el monto de inversión extranjera (IED) de inicios de la década. En 2011 el flujo de recursos por este concepto fue de 1,014 millones de dólares, y cayó a 947 millones en 2019 (CEPAL: 2020). En 2020, la IED alcanzó los 418.6 millones de dólares, con un repunte en 2021 a 700.2 millones de dólares (Banco Central: 2022). Hoy se habla de 350 millones de dólares, con posibilidades de superar los montos del año pasado.
A estos bajos montos, se agrega su concentración en actividades financieras y de seguros que, en 2020 y 2021, recibieron el 77.7% y 48.6% del total; contrario a ello, el sector agropecuario (agricultura, silvicultura, caza y pesca) recibió 6.7 millones de IED en 2020 y 17 millones de dólares en 2021, cuya evidencia es la baja tasa de crecimiento del sector y el “tufo” a ociosidad de los recursos que se respira, en especial de la tierra agrícola.
La Secretaria del Agricultura y Ganadería (SAG) está en proceso de elaboración de la Política para el Sector Agroalimentario y el Medio Rural (2022-2032), cuyo soporte principal debería ser una cartera de proyectos de inversión pública apoyada por la cooperación externa, tal como sucedió en el gobierno de Zelaya Rosales, acompañada de la Secretaria de Planificación Estratégica (SPE) en cuanto a criterios de asignación de recursos y validación social de las intervenciones, evitando el economicismo y la generalización de agro negocios tóxicos y el extractivismo.
La maquila con todo y los incentivos otorgados, ha observado un comportamiento inestable, o sea no sostenible en receptor de flujos IED, ya que en 2021 observó una caída de 13.6 millones de dólares, igual sucede con la industria manufacturera, donde existen años positivos y negativos. El sector construcción ha venido siendo afectado desde mucho antes del Covid-19, aun cuando el gobierno de JOH promocionó la construcción de varios proyectos habitacionales bajando las tasas de interés.
Todo lo anterior impactó negativamente en los niveles de empleo y subempleo, inseguridad alimentaria y pobreza. En 2020, la tasa de desempleo abierto fue de 10.9%, y el subempleo total (visible e invisible) de 70.7%. (INE: 2020). La población afectada con problemas de empleo en 2021 es mayor a 3.3 millones de personas, siendo el subempleo el más evidente; hay más de 3 millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria y la pobreza afecta al 70% de la población.
El argumento de los defensores del modelo neoliberal, es que sin los esfuerzos de estabilización económica y resultados alcanzados por el gobierno de JOH, las cifras de desempleo, inseguridad alimentaria y pobreza serían mayores, y Honduras no tendría recursos para apoyar los programas de compensación social y enfrentar las carencias en salud y educación. No se observa que esta modalidad de estabilización económica ejecutada, es la que conspiró para que se profundizaran los desequilibrios económicos y sociales en el país, sumado a la corrupción y narcotráfico.
III. Cierre de brechas y desequilibrio estructural
El gobierno del Partido Libertad y Refundación (LibRe) con Xiomara Castro a la cabeza, presentó antes de las elecciones generales una propuesta política a la colectividad nacional, donde prioriza los sectores de intervención y define una serie de acciones para solucionar o contribuir a solucionar los problemas enfrentados, muchos de los cuales son de tipo estructural.
Estas intervenciones, en la mayoría de los casos, se orientan al cierre de brechas entre el problema y solución definitiva, lo que amerita de nuevas intervenciones sostenibles a través del tiempo, y que, incluso, pueden superar el periodo de gobierno.
Una primera brecha es la institucional. El gobierno cambió la estructura organizativa y funcional del sector público, creando nuevas instituciones y eliminando otras, como ejemplo: La Secretaria de Transparencia y lucha contra la Corrupción venía operando como oficina adscrita a la presidencia de la República, hoy tiene competencias propias y mayor autonomía en la toma de decisiones. Se cerró la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG), sin capacidad para conformar el Sistema Nacional de Planificación Social y Económica, y con enfoques e instrumentos no integrados ni funcionales en cuando a la aplicación de políticas y ejecución de programas y proyectos de inversión; la nueva Secretaria de Planificación Estratégica (SPE) busca cubrir estos vacíos y construir un proceso de planificación desde las bases sociales y territorios.
La Red Solidaria cobró vida de nuevo, aunque se trate de una política de compensación social avalada por el FMI y financiada en los gobiernos anteriores con préstamos de la banca multilateral. La Red amplía sus acciones de apoyo a la población vulnerable, como la producción alimentaria de pequeñas unidades campesinas, apoyo a las Mi pymes y emprendedurismo, la capacitación técnica y los programas de empleo. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) vuelve al Estado y el Consejo Nacional de Defensa se espera pase a mejor vida, sumado al fortalecimiento de las acciones de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), que había sido maniatada.
En el tema económico y productivo se cumplieron, en este corto tiempo, varias promesas de campaña exigidas por la población. La derogación de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), eliminación de la Ley de Empleo por Hora, la prohibición de la minería de cielo abierto, revisión y derogación de fideicomisos, revisión de las exoneraciones, fortalecimiento financiero del bono tecnológico y del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), líneas de crédito para el agro, vivienda popular y Mi pymes por el Banco Nacional de la Producción y Vivienda (BANHPROVI), subsidio al consumo de energía de las familias de menos recursos, subsidio al combustible, revisión de los contratos de energía de la ENEE; otros.
EN el tema de política fiscal, financiera y monetaria el gobierno ha ajustado el presupuesto de ingresos y egresos de la República para enfrentar las deudas pendientes y poder cumplir con las promesas de campaña. Se ha cuestionado la baja ejecución presupuestaria, con lo cual se acusa de una pobre gestión pública al no poder responder en el tiempo establecido con las demandas de recursos. No obstante, el cambio de la estructura institucional amerita la vigencia de nuevas estructuras programáticas y presupuestarias y de planes estratégicos e institucionales para establecer las prioridades de gasto. Es decir, el gobierno, según mandato de la Secretaria de Finanzas (SEFIN), no debe aprobar ni ejecutar recursos presupuestarios sino se cuenta con estos instrumentos.
De acuerdo al Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH)6, se aprobó un presupuesto de 308, 233.60 millones de lempiras para 2022, observándose un nivel de ejecución de 125, 504.84 millones de lempiras (al 7 de julio de 2022), que representa el 41% del total. Es de esperar que mejore en el resto del año, al completarse los planes operativos y presupuestos anuales institucionales, y el Plan Estratégica de Mediano Plazo 2022-2026 que prioriza las asignaciones de gasto en referencia a la propuesta de gobierno de Xiomara Castro, pero igual se aumente la cartera de proyectos de inversión pública con apoyo de la cooperación externa, ya que lo asignado en 2022 solo representa el 3.4% del PIB.
El gobierno está honrando las deudas que tiene con la banca multilateral, bancos privados externos y nacionales, igual con las empresas de energía, en su mayoría “arrastre” de gobiernos anteriores. Ello demuestra la voluntad de contribuir a mejorar el perfil de dicho endeudamiento con la vigencia de un proceso de renegociación interna y externa. Hay evidencia de deuda ilegitima y corrupta, por lo que debería documentarse y exigirse un análisis más detallado de los programas, proyectos y actividades que fueron financiados, igual su condonación y castigo a los culpables.
Se ha cuestionado que la autoridad monetaria, en este caso, el Banco Central de Honduras, no ajuste la tasa de política monetaria(TPM) hacia arriba, de 3.00% a 5.00% por ejemplo, como una medida para controlar la inflación que ya superó el 10%. 7 El argumento es que hay mucho dinero en la economía, por lo que conviene contraer la demanda y hacerlo más caro al aumentarse las tasas de interés. El aumento de la inflación tiene su origen-mayormente- en factores externos, sumado a los canales de trasmisión interna y la especulación, por lo que una contracción económica sumada a la tendencia de baja en el PIB, puede acercarnos más a una recesión económica de magnitudes insospechables. El Banco Central realiza un monitoreo diario del comportamiento de estas variables, los factores externos explicativos de la inflación y la percepción de los agentes económicos. No obstante, conviene introducir un mayor gradualismo en la política cambiaria para no enfrentar mayor especulación con la divisa y presiones inflacionarias.
Honduras enfrenta un problema estructural desde hace tiempo, referido a la alta concentración de la propiedad, la baja productividad agrícola, deterioro de la relación real de intercambio, bajo nivel de absorción tecnológico, insuficiencia del ahorro interno para financiar la inversión y empleo de buena calidad, una dinámica de acumulación de capital no dirigida por el Estado sin control de las políticas de desarrollo nacional, una matriz productiva sustentada en rubros primarios tradicionales, maquila, agro negocios tóxicos, extractivismo y destrucción de los recursos naturales y biodiversidad. En la década de 60-70 esto tenía nombre, heterogeneidad estructural, manifiesta en desequilibrios sectoriales y en los factores de producción lo que imposibilita que se aspire a un mejor estadio de desarrollo, condicionado por las relaciones de dependencia entre países8.
El fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificación Social y Económica, de los sistemas de información y estadísticas públicas y las agendas de trabajo entre actores diversos en regiones, departamentos y municipios puede hacer más visible este problema y definir intervenciones más efectivas para contribuir a su solución a mediano y largo plazo. En los años 50, 60 y parte de los 70s, se apostó a la llamada burguesía industrial en conjunto con el Estado y los trabajadores para que lideraran el proceso de desarrollo industrial, y superar la dependencia externa; no se logró. Con la vigencia del modelo neoliberal se apostó al liderazgo de la llamada burguesía exportadora y maquiladora, pero la evidencia demuestra que empeoramos, por lo que la apuesta a favor del Poder Popular con todas sus formas de organización social, política y económica es válida.
IV. Desafíos futuros
No cabe duda que existen avances importantes con la gestión de la presidenta electa Xiomara Castro en estos seis (6) meses de gobierno si se compara con el lastre de los gobiernos anteriores, donde las decisiones y acciones tomadas buscan corregir las malas decisiones y políticas ejecutadas y la práctica de la gestión pública autoritaria, burocrática y poco transparente.
Ello es visible, aunque se trate de colocar a Honduras y gobierno de Xiomara Castro, como enemigo de la inversión extranjera y democracia. Un Informe del Departamento de Estado de EEUU9, sin profundizar en las causas y “lastre” de los gobierno postgolpe de Estado, señala que los inversionistas no vienen a Honduras por la corrupción, crimen organizado, Estado de Derecho debilitado e infraestructura deficiente, igual que las medidas tomadas, en su mayoría promesas de campaña cumplidas frente al pueblo hondureño, como la derogación de la ley de ZEDES, Empleo por Hora, y reforma energética que rescata la energía como bien público, también contribuyen a ello; siendo evidente una crisis financiera en marcha y mala práctica de uso de reservas internacionales para pagar las deudas y apoyar las acciones de desarrollo en favor de los más necesitados. Se da a entender que los mensajes de funcionarios de gobierno al presentar una crisis fiscal y cifras de calamidad económica contribuyeron al aumento del riesgo país.
Los desafíos futuros para el nuevo gobierno ameritan niveles de consenso mínimo entre las fuerzas internas del Partido Libre, organizaciones sociales y gremiales y ciertos dirigentes de partidos de oposición política. Lo que se observa en la actualidad es una crítica permanente a la gestión de Xiomara Castro por la prensa mediática cuestionada por recibir sobornos del gobierno anterior, un fuerte grupo del sector privado que ha visto afectados sus intereses con las medidas tomadas, y de dirigentes y analistas políticos beneficiados por JOH. Hay también un interés de ONG que reciben recursos del exterior, para que el gobierno de Xiomara Castro camine por la senda de la llamada democrática “tutelada” sin sectarismo político ni prácticas corruptas, aunque fue evidente su silencio en los gobiernos de JOH, ya que tenían el aval de los OFI e incluso de Naciones Unidas, EEUU y UE que se manifestaron a favor de su reelección ilegal.
El primer desafío, es garantizar la sostenibilidad de las decisiones y acciones tomadas y no retroceder. En el tema económico, las ZEDES, ley de empleo por hora, minería de cielo abierto, fideicomisos, ENEE, otros, debe ser visto como página leída, es decir como algo ya juzgado, faltando a lo sumo la ratificación, reglamentación y la puesta en práctica de alternativas de consenso como solución. Lo mismo es válido para las acciones tomadas en el tema institucional, político y social.
El segundo desafío es institucionalizar un enfoque heterodoxo de la estabilización económica, que se contraponga al enfoque ortodoxo que promueve el FMI, grupos corporativos internos y analistas económicos formados en escuelas de economía donde se enseña como dogma. En esto, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) puede apoyar, pero también países como Bolivia y su presidente “Lucho Arce” que ha tenido que vivir esta experiencia de ajustes o cambios al paradigma de estabilización económica fondo monetarista.
En el último informe sobre “Actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial”10, el FMI rebaja la tasa de crecimiento del PIB mundial para 2022 a 3.2%, casi a la mitad de lo que creció el año pasado (6.1%) y de países como EEUU con un 2.3% de crecimiento y 1.0% en 2023, advirtiendo sobre una posible recesión económica, sumado a que la inflación se ha convertido en el principal problema a resolver por los países. La receta es mayor contracción de las economías, aumentando las tasas de interés, el encaje legal y retirando liquidez del sistema.
Recomienda que los programas de apoyo a los grupos más vulnerables deben ser financiados con más impuestos y reducciones de gasto público, eliminando el gradualismo en la política monetaria, propio de programas de estabilización heterodoxos, en tanto la baja de la inflación por la contracción económica es una condición necesaria para que estos programas sean sostenibles en el tiempo.
Un tercero desafío es lograr un espacio más amplio para renegociar la deuda externa con organismos multilaterales y banca privada, mejorando hacia futuro el perfil del endeudamiento. Ya hay avances en este campo, pero se necesita un análisis técnico-político del endeudamiento público donde la evidencia de deuda mala y corrupta es manifiesta. Igual, con la deuda de la ENEE y la crisis financiera y técnica que enfrenta. Las reformas aprobadas por el Congreso Nacional a la ley del sector eléctrico o energético, la renegociación de los contratos de energía con las empresas, el proceso iniciado de retiro de la Empresa Energía Honduras (EEH) y una vuelta de nuevo de la información a la ENEE, sumado al compromiso de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, deben continuar.
Hay que seguir con el proceso de rescate de empresas públicas, donde el manejo técnico y transparente de los entes reguladores como CONATEL, CREE y CNBS es de alta prioridad, para avanzar en el saneamiento y fortalecimiento de empresas como HONDUTEL, tal como lo ha planteado la Ministra de Finanzas, Rixi Moncada. A ello se suman aquellas empresas e instituciones cuyo capital es de los gremios, especialmente los institutos de previsión social. De nuevo la experiencia de Bolivia en este campo es muy aleccionadora, al transformar empresas públicas literalmente quebradas en empresas rentables para el Estado.
La construcción masiva de viviendas populares (donadas o con bajas cuotas) es urgente. La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO) habla de un déficit de 600,000 unidades nuevas, y reformas a la Ley de Vivienda que crea un nuevo Ministerio y la figura de la “Ventanilla Única” para facilitar los trámites y tiempos de construcción y entrega. Hay que trabajar un nuevo modelo de vivienda popular que use al máximo materiales locales y empleo de la mano de obra, pero ambientalmente sostenibles.
Se ha venido acumulando un problema del sector real de la economía, especialmente del sector agroalimentario y forestal, que observan bajan tasas de crecimiento, alta concentración de la tierra productiva y mucha en calidad de ociosidad, deterioro ambiental, que amerita tomar acciones colegidas y planificadas. Una es aumentar los montos de inversión pública, pero también acompañar un esfuerzo con la cooperación internacional, sobre todo bilateral, y actores locales para conformar y financiar una cartera de proyectos de inversión por regiones agrarias que posibilite un repunte en las tasas de crecimiento del sector agroalimentario y forestal, pero también garantice mayor producción de alimentos, protección de los recursos naturales, fuentes de agua y biodiversidad.
Fortalecer la institucionalidad, los mecanismos e instrumentos de planificación con un amplia participación de la ciudadanía, es clave para avanzar en el cumplimiento de los objetivos y metas que buscan enfrentar problemas identificados como prioritarios, caso de la baja cobertura en salud, educación, déficit habitacional de vivienda popular, acceso a agua potable y saneamiento, acceso a tierra productiva y derechos de propiedad para comunidades étnicas, seguridad y soberanía alimentaria, desempleo, pobreza, destrucción forestal y cambio climático, migración inducida, inseguridad y violaciones de derechos, corrupción e impunidad, entre los más visibles.
Lo espontáneo no cabe en países como Honduras, igual la atomización institucional y de gobiernos municipales que aspiran a solucionar todo solos, y de ONG y cooperantes que embazan las soluciones sin importar la magnitud y causas explicativas de los problemas. Un modelo alternativo al neoliberalismo exige abrir un espacio a la participación de la gente y su representación en las instancias de gobierno, igual un Estado más democrático abierto con capacidad para incorporar regiones y actores al desarrollo en forma efectiva, acercando la institucionalidad a la gente, especialmente la justicia.
“Hay que tomar decisiones, pero, a la vez, si haces las cosas sin consultar, sin deliberar, sin tomar en cuenta la participación de la gente, has usurpado la voluntad de la gente”. (Álvaro García Linera, 2016).
San Pedro Sula, Honduras, Agosto de 2022
Notas:
2 Javier Suazo “Efectos de la Pandemia en Honduras “(Retos y Oportunidades para el Desarrollo Económico y Social). Fundación Ebert, Tegucigalpa, Noviembre de 2021.
3 Ver Noticia en Tunota.com, julio 22 de 2022.
4 Declaraciones de la Ministra de Finanzas RiXi Moncada en un programa televisivo. Ver para ampliación la página www.sar.gob.hn, del Servicio de Administración de Rentas (SAR).
5 Un problema evidente es que no se conoce cuánto de los 40,000 millones de lempiras dejados de percibir por el Estado corresponden al sector privado, ya que se habla de la mitad, o sea de 20,000 millones, pero miembros de Cámaras Empresariales hablan de un 15% o 20%.
6 Ver FOSDEH ¿Qué ha sucedido en el primer semestre del año? Tegucigalpa, Honduras, julio de 2022, pág. 14
7 Según reportes del Banco Central, la inflación interanual a julio de 2022 fue de 10.86%, observando una desaceleración por la situación cambiante en la adopción de medidas de política monetaria en EEUU y UE, y rebajas en los precios de petróleo, sumado a las medidas tomadas a lo interno para retirar liquidez del sistema, subsidiar el consumo de carburantes, energía y apoyo a la producción alimentaria. Ver Banco Central “Boletín de Prensa N. 36/2022”. Tegucigalpa, DC, agosto de 2022.
8 Ver para ampliación, entre otros, Aníbal Pinto “Inflación, Raíces Estructúrales”. El Trimestre Económico, Fondo de Cultura Económica, México DF, 1973. 12
9 U.S DEPARTMENT of STATE “2022 Investment Climate Statements”.
10 Ver FMI “Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial” (un panorama sombrío y más incierto). Julio de 2022.
* Javier Suazo, economista hondureño especializado en políticas económicas, reforma del estado, economía agrícola y desarrollo local, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH. Se basa en conversatorios con estudiantes de sociología y activistas políticos del partido LibRe y dirigentes de grupos campesinos y patronatos.
Fuente: oncenoticias.hn
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