Con el objetivo de exigir la cancelación de los proyectos mineros y la derogación del decreto legislativo 252-2013 para liberar el Parque Nacional Carlos Escaleras o Montaña Botaderos del extractivismo, fuerzas vivas de cinco municipios de los departamentos de Colón y Olancho, ha realizado un plantón en Tegucigalpa.
Llegaron representantes de los municipios de de Sabá, Tocoa y Bonito Oriental del departamento de Colón, y de San Esteban y Gualaco en Olancho.Las fuerzas vivas se hicieron acompañar de los ediles Erlin Acuña de Sabá y Edwin Díaz Cabrera de Gualaco, quienes consideran que estos proyectos en vez de traer desarrollo dejan destrucción y miserias.
La Montaña Botaderos es el principal abastecedor de agua para estos cincos municipios, quienes luchan contra tres empresas mineras que se han establecido en este Parque Nacional, con la complicidad del gobierno.
Con estos proyectos mineros que explotan las empresas JAMART en Gualaco, San Esteban y Bonito Oriental; Inversiones Los Pinares en Tocoa, y Canteras y Mas en Sabá, más de 45 mil habitantes son los afectados y unas 34 fuentes de agua destruidas.
No es posible que la vida de la población esté en riesgo y que las autoridades ambiciosas no hagan nada por parar estos proyectos extractivistas que solo daños han traído a las comunidades, expresó Leonel George, defensor de los derechos humanos y ambientalista del departamento de Colón.
Agregó que la subsistencia de las comunidades está en juego, porque con la vida y la alimentación de las comunidades no se juega.
Además añadió que a las autoridades de Mi Ambiente se les ha solicitado que hagan una inspección a la zona para que verifiquen los daños y que con las muestras que tienen en los expedientes de irregularidad y fraude, sean canceladas esas concesiones lo más pronto posible.
Y que al Congreso Nacional se le solicitó la cancelación del decreto 252-2013 que reformó la zona núcleo de La Montaña Botaderos Carlos Escaleras Mejía, para darle 200 hectáreas en concesión a Lenir Pérez.
Por su parte Virgilio Domínguez, vecino del municipio de Sabá en el departamento de Colón, indicó que solo la unidad va a permitir que La Montaña Botadero, pueda ser una zona de reserva, una zona productora de agua, donde existe 34 fuentes y que no es justo lo que está pasando en Olancho y Colón con la destrucción de este que es un Parque Nacional.
Añadió que están consciente de la responsabilidad histórica que les toca vivir y que reconocen los riesgos que corren, pero que esos riesgos son pocos si se toman en cuenta la necesidad e importancia de tener agua apta para consumo humano. Lamentó que la población de Tocoa y Gualaco por ahora están consumiendo agua de buena calidad.
Indicó que la empresa Canteras y Más está ubicada en una zona productora de agua que abastece con más del 70 por ciento a la población del municipio de Sabá y que esa son muchas razones para decir no a todos esos proyectos extractivos en La Montaña Botaderos porque están en zonas productoras de agua.
“Es momento de cerrar fila, de aprovechar el gobierno de Xiomara Castro quien prometió que los proyectos extractivos en zonas productoras de agua no pueden ir, y además esos proyectos tienen vicios de nulidad porque fueron entregados sin las consultas necesarias”.
Por su parte el director de la Unidad Municipal del Ambiente del municipio de Gualaco, Selvin Veliz, lamentó que sean las mismas autoridades que están para defender al pueblo, las que hayan dado paso a la explotación minera, afectando a la población con la destrucción del medio ambiente.
“Como es increíble que para proteger hay que luchar fuertemente. Hoy estanos cinco municipios representados y ustedes sabe lo difícil que es defender las causas justas, pero solo es que venga una empresa o una minera a explotar nuestros bosques, nuestras propias instituciones se prestan para que vayan con toda la facilidad a despojar a las comunidades que son legítimas dueñas de estos recursos”.Indicó que la explotación de los minerales no nos garantiza la vida, pero el agua sí, por lo que hizo un llamado a la población para estar en pie de lucha, porque el municipio de Gualaco tiene el 10 por ciento de su territorio concesionado.
“Esta es una lucha constante para evitar que estas empresas se sigan metiendo, porque ya en el pasado estuvieron operando libremente y hoy queremos evitar que lo sigan haciendo libremente”.
Terencio Sarmiento, en representación del municipio de San Esteban, uno de los más afectados porque no reciben agua de buena calidad, hizo un llamado a la presidenta Xiomara Castro para que intervenga porque esas empresas están afectando muchos a las comunidades.
En su intervención el alcalde de Sabá, Erlin Acuña, manifestó que en su municipio están dispuesto a dar todo, hasta la vida, por defender los recursos naturales, principalmente el agua, porque sin ésta no podemos vivir.
Existen dictámenes técnicos en la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) y el Instituto de Conservación Forestal que obligar a las autoridades de MIAMBIENTE cancelar la licencia ambiental a Inversiones Pinares, manifestaron en un documento público.
Añadieron que la empresa JAMART opera con una licencia que corresponde a otra empresa, por lo que la corporación Municipal como órgano autónomo, teniendo una declaratoria de Municipio libre de minería, no puede otorgar permiso de operación.
“A raíz de este atropello ambiental, social, judicial, que lleva muchos años, nuestras comunidades entran en un proceso de lucha permanente en defensa del agua, el ambiente y la casa común en general”, señalan en el documento.
Con el objetivo de exigir la cancelación de los proyectos mineros y la derogación del decreto legislativo 252-2013 para liberar el Parque Nacional Carlos Escaleras o Montaña Botaderos del extractivismo, fuerzas vivas de cinco municipios de los departamentos de Colón y Olancho, ha realizado un plantón en Tegucigalpa.
Las fuerzas vivas se hicieron acompañar de los ediles Erlin Acuña de Sabá y Edwin Díaz Cabrera de Gualaco, quienes consideran que estos proyectos en vez de traer desarrollo dejan destrucción y miserias.
La Montaña Botaderos es el principal abastecedor de agua para estos cincos municipios, quienes luchan contra tres empresas mineras que se han establecido en este Parque Nacional, con la complicidad del gobierno.
Con estos proyectos mineros que explotan las empresas JAMART en Gualaco, San Esteban y Bonito Oriental; Inversiones Los Pinares en Tocoa, y Canteras y Mas en Sabá, más de 45 mil habitantes son los afectados y unas 34 fuentes de agua destruidas.
No es posible que la vida de la población esté en riesgo y que las autoridades ambiciosas no hagan nada por parar estos proyectos extractivistas que solo daños han traído a las comunidades, expresó Leonel George, defensor de los derechos humanos y ambientalista del departamento de Colón.
Agregó que la subsistencia de las comunidades está en juego, porque con la vida y la alimentación de las comunidades no se juega.
Además añadió que a las autoridades de Mi Ambiente se les ha solicitado que hagan una inspección a la zona para que verifiquen los daños y que con las muestras que tienen en los expedientes de irregularidad y fraude, sean canceladas esas concesiones lo más pronto posible.
Y que al Congreso Nacional se le solicitó la cancelación del decreto 252-2013 que reformó la zona núcleo de La Montaña Botaderos Carlos Escaleras Mejía, para darle 200 hectáreas en concesión a Lenir Pérez.
Por su parte Virgilio Domínguez, vecino del municipio de Sabá en el departamento de Colón, indicó que solo la unidad va a permitir que La Montaña Botadero, pueda ser una zona de reserva, una zona productora de agua, donde existe 34 fuentes y que no es justo lo que está pasando en Olancho y Colón con la destrucción de este que es un Parque Nacional.
Añadió que están consciente de la responsabilidad histórica que les toca vivir y que reconocen los riesgos que corren, pero que esos riesgos son pocos si se toman en cuenta la necesidad e importancia de tener agua apta para consumo humano. Lamentó que la población de Tocoa y Gualaco por ahora están consumiendo agua de buena calidad.
Indicó que la empresa Canteras y Más está ubicada en una zona productora de agua que abastece con más del 70 por ciento a la población del municipio de Sabá y que esa son muchas razones para decir no a todos esos proyectos extractivos en La Montaña Botaderos porque están en zonas productoras de agua.
“Es momento de cerrar fila, de aprovechar el gobierno de Xiomara Castro quien prometió que los proyectos extractivos en zonas productoras de agua no pueden ir, y además esos proyectos tienen vicios de nulidad porque fueron entregados sin las consultas necesarias”.
Por su parte el director de la Unidad Municipal del Ambiente del municipio de Gualaco, Selvin Veliz, lamentó que sean las mismas autoridades que están para defender al pueblo, las que hayan dado paso a la explotación minera, afectando a la población con la destrucción del medio ambiente.
Indicó que la explotación de los minerales no nos garantiza la vida, pero el agua sí, por lo que hizo un llamado a la población para estar en pie de lucha, porque el municipio de Gualaco tiene el 10 por ciento de su territorio concesionado.
“Esta es una lucha constante para evitar que estas empresas se sigan metiendo, porque ya en el pasado estuvieron operando libremente y hoy queremos evitar que lo sigan haciendo libremente”.
Terencio Sarmiento, en representación del municipio de San Esteban, uno de los más afectados porque no reciben agua de buena calidad, hizo un llamado a la presidenta Xiomara Castro para que intervenga porque esas empresas están afectando muchos a las comunidades.
En su intervención el alcalde de Sabá, Erlin Acuña, manifestó que en su municipio están dispuesto a dar todo, hasta la vida, por defender los recursos naturales, principalmente el agua, porque sin ésta no podemos vivir.
Existen dictámenes técnicos en la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) y el Instituto de Conservación Forestal que obligar a las autoridades de MIAMBIENTE cancelar la licencia ambiental a Inversiones Pinares, manifestaron en un documento público.
Añadieron que la empresa JAMART opera con una licencia que corresponde a otra empresa, por lo que la corporación Municipal como órgano autónomo, teniendo una declaratoria de Municipio libre de minería, no puede otorgar permiso de operación.
“A raíz de este atropello ambiental, social, judicial, que lleva muchos años, nuestras comunidades entran en un proceso de lucha permanente en defensa del agua, el ambiente y la casa común en general”, señalan en el documento.
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