“Mi hermano Danilo no pudo soportar lo que pasó, el asesinato de Marvin por parte de la Policía Militar, esto hizo que entrara en depresión de la que no pudo salir, todas las tardes él se sentaba en el patio de la casa y decía, yo me quiero ir con mi hermano, o se iba para el cementerio donde está enterrado, hasta que una tarde, cuando se cumplían dos meses de su asesinato, se quitó la vida sobre su tumba”, expresó Héctor, hermano de Marvin y Danilo Alvarado Santiago.
La familia Alvarado Santiago fue una de las miles de víctimas de los cuerpos represores del Estado, que no solo asesinó uno de sus miembros, sino que además los criminalizó, y los dejó sumidos en el dolor, desesperación y miedo, por los ataques de los que fueron víctimas el 24 de abril del 2020, durante la suspensión de garantías constitucionales a nivel nacional, según el PCM 021-2020, para evitar más contagios del covid-19.
Esa tarde de abril, los hermanos Héctor y Marvin, se disponían a asistir a una reunión del Comité de Vigilancia y Fumigación Municipal para hablar sobre el maltrato del que estaba siendo víctima la población que salía a buscar el sustento diario, en medio de la pandemia, por parte de los cuerpos represores del Estado, durante el toque de queda.
Los hermanos no pudieron llegar a la reunión porque fueron atacados por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), dejando como saldo el asesinato de Marvin Alvarado, consecuencias graves a Héctor por los golpes causados y traumas en la familia, y la severa depresión que el ataque causó en Danilo, quien decidió quitarse la vida.
En el cementerio Enrique Morales de la comunidad de El Paraíso, Omoa, Cortés, se encuentran dos tumbas, una es de Marvin Alvarado y la otra de su hermano Danilo, quienes eran muy unidos, hacían todo juntos.
Con lo ocurrido, Danilo entró en una depresión profunda de la que no pudo salir y ésta agravó al darse cuenta que en este país la justicia no estaba de su lado como víctimas, si no del lado de los victimarios.
Su familia acude periódicamente para limpiar sus tumbas, y no olvidar la exigencia de justicia permanente por los hechos.
La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, quien ha conocido de este y muchos casos más de graves violaciones a derechos humanos, durante la pandemia por Covid-19, y que además los ha denunciado nacional e internacionalmente, señaló qué estas son las tragedias que ha dejado la dictadura en el país.
“Esta es la tragedia que ha dejado la dictadura, las fuerzas militares, esta es la tragedia que, en complicidad con todos los operadores de justicia, la mayoría de los hogares hondureños son víctimas, estos son los resultados de la poca ejemplar actuación del sistema de justicia en manos de la dictadura, ellos fueron clave, y siguen siendo clave para que la impunidad en nuestro país galope”.
Señaló que este caso, al igual que el de Keyla Martínez, joven enfermera asesinada bajo custodia policial en La Esperanza, Intibucá, que en nombre de la suspensión de garantías constitucionales, le quitaron la vida.
“Ustedes se pueden dar cuenta que este es un caso que rompe paradigmas, pero igual el caso de Keyla Martínez, que, en nombre de la suspensión de garantías, le quitaron la vida y aún continúa el Ministerio de Seguridad, el sistema de justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial ejerciendo poder, protegiendo a los que hacen este tipo de crímenes que son crímenes y delitos que no deberían en ningún momento ser prescriptibles”.
“Aunque haya voluntad política de parte del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, el Poder de Justicia sigue con todo el control y ensañándose en contra de las víctimas de la dictadura, es un problema real, no hay duda”.
Los hermanos Alvarado Santiago, a pesar de que fueron víctimas, los acusaron de atentado en perjuicio de la seguridad del estado y fueron dejados en libertad con medidas sustitutivas a la prisión, por la presión que ejerció la comunidad.
En este caso hay un oficial de nombre Josué Alvarado señalado, pero en este momento se encuentra gozando de medidas distintas a la prisión, pese a que hay una persona asesinada y los culpables identificados.
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