viernes, 21 de octubre de 2022

Caso Keyla, la Policía, la justicia, el Estado

Defensoresenlinea.com


El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Familiares de Keyla Martínez,  la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Grupo de Litigantes contra la Tortura en América Latina, La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y las Mujeres Socialistas; comparecen en Rueda de Prensa para pedir al Estado de Honduras un comportamiento ajustado a Derecho, que permita el juzgamiento del crimen de Keyla Martínez como corresponde, sin prejuicios y sin el “espíritu de cuerpo” de la Policía Nacional.

El femicidio agravado de la estudiante de enfermería fue ejecutado la madrugada del 7 de febrero de 2021 al interior de la Unidad Departamental de Policía #10 en La Esperanza, Intibucá, por un agente que fue protegido por su cadena de mando durante y después del hecho.

Cronología:

•    En primera instancia, en el Juzgado de Letras de Intibucá, la jueza Lissien Lisseth Knight Reyes, dictó auto de formal procesamiento al policía Jarol Rolando Perdomo por el delito de femicidio agravado.
•    El 24 de agosto de 2021, la Corte de Apelaciones de la ciudad de Comayagua cambió la tipificación del delito de femicidio agravado a homicidio simple, como se lo demandó la defensa del policía.
•    El 1 de noviembre de 2021, el COFADEH presentó Recurso de Amparo ante la Sala de lo Constitucional para revertir la resolución de la Corte de Comayagua, que hizo una valoración errónea del caso y faltó a la objetividad basándose en la terminología del forense que examinó el cuerpo de Keyla para tipificar el delito. Esta petición aún no ha sido resuelta, lo que provoca un juicio en receso indefinido.
•    Más tarde, las organizaciones Cristosal, Organización Mundial Contra la Tortura y el Grupo de Litigantes para América Latina, presentaron a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un Amicus Curiae o “interviniente desinteresado”, para reforzar el recurso de amparo contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones.
•    Entre el 22 y el 29 de septiembre de 2022 se desarrolló el juicio oral en Siguatepeque y La Esperanza, durante el cual el Ministerio Público y el Cofadeh formalizaron acusación por femicidio agravado. La defensa insistió en el delito de homicidio simple.
•    Durante el juicio, la prueba científica, documental y pericial fue abundante y contundente. El dictamen de medicina forense, por ejemplo, determina que la causa de muerte de Keyla fue la asfixia por sofocación, por obturación de orificios respiratorios, que se genera de forma homicida. Este dictamen desvirtúa la afirmación inicial de suicidio profalada por la Policía Nacional en un intento por proteger al femicida y a su estructura de mando departamental.
•    El Cofadeh, pidió una reconstrucción de hechos, pero el Tribunal realizó una inspección de la escena. El MP pidió entonces una reconstrucción de hechos, pero el tribunal consideró que la solicitud era extemporánea, porque no se adhirió a nuestra solicitud en su momento.

En consecuencia, este día venimos a subrayar como desproporcional e interventor el papel de la Secretaría de Seguridad, que coordina la defensa legal del agente Jarol Perdomo y un equipo de tres médicos consultores a su servicio durante el proceso, encubriendo la responsabilidad institucional de la estructura departamental que dirigió la narrativa del suicidio.

Esta situación en la práctica lo que provoca es un traslape de tres instituciones públicas del Estado Hondureño, es decir, el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y la Corte Suprema, tres operadores de justicia en distintas posiciones frente a un mismo caso menoscavando el derecho de las víctimas a la justicia.

La certeza de este Comité es que en el femicidio agravado de la joven estudiante Keyla Martínez no es solamente un agente policial el responsable, sino el conjunto colaborador de 13 policías de turno y sus oficiales que estaban allá, y que deben ser castigados como responsables.

Nuestro llamado al secretario de seguridad y al poder ejecutivo es que no permitan que el mal comprendido “espíritu de cuerpo”, remanente pernicioso de la incultura militar, se traslade erróneamente a la policía. Ese discurso tonto no debe regresar a Mateo y Casamata.

¡De los Hechos y los Hechores Ni Olvido Ni Perdón!

¡La policía Mata, Justicia para Keyla!


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