El Congreso Nacional de la República cumplió sus primeros 100 días de gestión en la nueva administración del Estado. Aunque buena parte de la población hondureña aprueba su trabajo y señalan que medianamente han sabido responder a las exigencias, sobre todo en la derogación de leyes aprobadas en el gobierno nacionalista, hay otros sectores que siguen esperando más del legislativo.
En el marco de los primeros 100 día de gestión del Congreso Nacional, Radio Progreso (RP), diálogo con la diputada Fátima Mena (FM), vicepresidenta de este poder del Estado.
RP ¿Cómo han sido los primeros meses de gestión?
FM: Yo diría que no iniciamos con un pie izquierdo, todo lo contrario, empezamos como se inicia todo proceso de revolución. Había resistencia de parte de las élites políticas y económicas corruptas de este país, que no querían que se garantizara el mandato del pueblo, que llevó a la victoria al Partido Libre, PINU y Salvador de Honduras, y quisieron impedir que se cumpliera un mandato popular.
Aquí, en este poder se generaron las herramientas de blindaje de esas élites, además, era un espacio utilizado para el saqueo sistemático del Estado, en este tiempo hemos buscado romper con esos pactos y esas prácticas.
RP ¿Se enterraron por completo las diferencias que originaron dos juntas directivas?
FM: Ustedes pueden ver que las sesiones se están desarrollando con normalidad. Que los diputados del Partido Nacional no le quieran decir presidente al diputado Luis Redondo, es simple y sencillamente una decisión de ellos.
Sin embargo, ellos piden la palabra al presidente Redondo, piden al presidente que se les incorpore algunas comisiones, se dirigen al presidente en todas las actuaciones reconociendo la figura de la actual Junta Directiva. Es una junta en legal y legítima.
RP ¿En qué condiciones recibieron el Poder Legislativo?
FM: Cuando llegamos al Congreso, el partido Nacional venía sesionando de forma virtual. Este es un Congreso progresista que no solamente es un eslogan, sino que en la práctica está buscando transparencia, pese a las condiciones existentes.
Personas que devengaban sueldo, pero que no trabajaban, y otras que después de 12 años de narcodictadura, ni siquiera querían trabajar bajo la dirección de la nueva administración.
RP. Recientemente la comisión de extradiciones presentó un informe recomendando interpelar y realizar juicio político contra el Fiscal General y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia ¿Cómo avanza este tema?
FM: En el marco del informe de las extradiciones surge mucha suspicacia, nos preguntamos dónde estaba el sistema de justicia hondureño antes de la extradición de Juan Orlando Hernández. En Honduras se desconfiaba si la extradición de Juan Orlando Hernández iba a ser efectiva por la colusión de los operadores de justicia.
Dentro de los principales hallazgos podemos encontrar la falta de diligencia tanto del titular de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, y del titular del Ministerio Público, Oscar Fernando Chinchilla. A través de la lectura de los informes se dieron a conocer algunas de regularidades y se recomienda que se puede aplicar juicio político a los titulares.
RP ¿Cómo se está valorando desde el Congreso Nacional la elección de los nuevos operadores de justicia?
FM: En materia de Justicia nosotros creemos que hablar de un verdadero proceso de reconstrucción del Estado de derecho pasa justamente por poder garantizar procesos transparentes de selección y elección.
Necesitamos recobrar la esperanza del pueblo hondureño para que los mejores abogados y abogadas participen en este proceso y que su elección se deba precisamente al mérito que tiene cada persona y el compromiso de servir a la patria.
Creo que, desde el Congreso Nacional una de las grandes tareas es trabajar en esas reformas que se necesitan para tener un proceso transparente, una elección basada en mérito de la nueva Corte Suprema de Justicia. Garantizar procesos a través de la cual, la junta nominadora se dedique únicamente a evaluar, bajo criterios objetivos; quiénes son las personas que estarían pasando a la segunda fase, para que pasen al proceso de elección de la Corte por parte del pleno de los diputados y diputadas el próximo 25 de enero.
RP ¿Cómo explicar las facultades dadas recientemente a la UFERCO?
FM: La UFERCO es una fiscalía más del Ministerio Público, por eso no ocupaba ningún tipo de reforma constitucional. No se tocó la Constitución, no se tocó la Ley orgánica. Los fiscales actúan bajo el principio de unidad de actuaciones, delegación de funciones, todas las fiscalías pueden actuar en el marco de sus mandatos.
La UFERCO tiene un mandato; delitos de alto impacto vinculados a redes corrupción. Sin embargo, esta fiscalía la habían degradado. No estaba al mismo nivel que todas las fiscalías.
Era la única que tenía que pedir permiso, tanto el director de fiscales, como al fiscal general, para iniciar un proceso de investigación y para que pudieran presentar o judicializar casos.
Esto explica por qué era importante proteger a la UFERCO, porque tras la salida de la MACCIH, la han querido desaparecer. Los únicos que se pueden oponer a que la UFERECO realice su trabajo con independencia son aquellos que le tienen miedo a las investigaciones que puedan surgir de esta unidad porque han cometido delitos.
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