En julio se cumplen dos años desde que cuatro pobladores de la comunidad El Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida, fueron raptados por hombres con vestimenta militar y policial. Las familias en la comunidad siguen esperando tener noticias y volver a encontrarse con sus seres queridos.
La luchadora y lideresa garífuna Clara Flores, dijo a Radio Progreso que la larga espera es extremadamente dolorosa. Ella cuenta que cada mañana cuando pasa vendiendo baleadas por la comunidad, recuerda como Snyder Centeno, uno de los desaparecidos, compraba y platicaban sobre la realidad comunitaria.
“Recordar eso sigue siendo doloroso porque vivimos en constante zozobra, en esa espera de saber dónde están, que ha sido de la vida de ellos. No importa que gobierno esté, si se siguen violando nuestros derechos vamos a continuar en lucha. Nosotros exigimos que el gobierno pueda fortalecer nuestra autonomía”, dice.
No hay investigación
Desde el día del rapto, las comunidades garífunas y un sector amplio de la población hondureña han exigido investigaciones que den respuesta sobre el paradero de los pobladores.
Clara Flores asegura que no existen avances porque siguen siendo los mismos que controlan el Poder Judicial. Y aunque hay esperanzas de un cambio con la llegada de Xiomara Castro al poder, siguen los atropellos contra las comunidades garífunas, dice.
“Sigue siendo el mismo Fiscal General, los mismos magistrados, la misma gente que nos dijeron que nosotros no somos hondureños. Por eso seguimos presionando para que se ponga atención a nuestras exigencias”, concluye.
En febrero de 2021, la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, en coordinación con la comunidad garífuna realizó el lanzamiento del Comité Garífuna De Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos (SUNLA, por sus siglas en la lengua garífuna).
SUNLA, que en español significa ¡Basta ya!, nace con el fin de dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos, ante la falta de voluntad e incapacidad del Estado de Honduras, para realizar verdaderas investigaciones que resuelvan el crimen.
En ese sentido, la representante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, Yessica Trinidad, explica que ni siquiera con el actual gobierno se ha mostrado voluntad de reconocer a SUNLA.
“No lo quieren reconocer, aunque como pueblo garífuna existe un derecho de tener nuestras propias investigaciones. Pero no hay apertura, hemos asistido a todas las instancias, pero no hay voluntad política para hacerlo”, explica.
Trinidad agrega que, hace poco la comunidad de San Juan, Tela, presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte-IDH, una denuncia contra el Estado de Honduras. Se tenía una pequeña esperanza que las cosas con el nuevo gobierno fueran diferentes, pero se llevaron la sorpresa que se encontraron con la misma gente, los mismos representantes de los últimos años ante el organismo de justicia.
“Tenían las mismas posiciones que años atrás. No hay nada diferente, sigue el racismo y desprecio. Siguen pensando que el pueblo garífuna es extranjero, cuando en realidad está desde antes que Honduras fuera una república”, dice.
Incumple sentencia
El 18 de diciembre del 2015 se emitió una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), sobre el caso de las comunidades Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, donde se encontró al Estado de Honduras “internacionalmente responsable” por la violación de varios derechos de la comunidad garífuna.
Clara Flores, quien forma parte de la comisión para el cumplimiento de la sentencia, explica que muy pocos avances se registran. “No hemos tenido acercamientos que signifiquen avances sustanciales en el cumplimiento. El Estado nos debe un informe de las visitas que han realizado al territorio”.
Nuevo contexto
Para Yessica Trinidad, no se puede negar que hay un nuevo contexto de país, porque no es la misma situación en materia de derechos humanos que hace dos años, eso alegra y da tiempo para ir pensando en otras cosas que se pueden hacer.
Pero no podemos dejar de preocuparnos lo que sucede en las comunidades garífunas. “Nos duele ver como en algunas comunidades que ya ni siquiera pueden pescar en las zonas que lo hacían hace unos años, que ya no pueden transitar algunos sectores porque las tierras han sido acaparadas”, dice.
Agrega que, la privatización de las playas a través de proyectos turísticos sigue avanzando en el país. Y esto es reflejo de la situación de despojo que viven los pueblos en el país.
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