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Xiomara Castro se convirtió en la primera presidenta de la historia de Honduras impulsada por LibRe, el partido fundado por su esposo, José Manuel «Mel» Zelaya, después del golpe de Estado que lo derrocó en 2009. Castro ha prometido un nuevo futuro para el país después de 12 años de autocracia del Partido Nacional. Sin embargo, en estos primeros meses de mandato el pasado ha regresado en forma de una amnistía que ha beneficiado a los viejos aliados de su esposo acusados de corrupción, un gobierno plagado de exfuncionarios de Zelaya y la sombra del nepotismo con varios familiares en puestos clave. Mel, ahora asesor de la presidencia, influye cada vez más en la política del país.
Hace 12 años que José Manuel Zelaya no es presidente de Honduras, pero la Casa Presidencial se ha convertido de nuevo en su despacho. Desde que su esposa y actual presidenta del país, Xiomara Castro, lo nombrara asesor, decenas de personas cruzan a diario las puertas del Palacio José Cecilio del Valle con la esperanza de que Mel escuche sus quejas y demandas o, incluso, que firme una carta de recomendación para obtener trabajo en el gobierno. El viernes 18 de marzo, sin embargo, su agenda se centró en la visita de un solo hombre. Hasta bien entrada la noche, con conferencia y comida incluida, recibió con honores —aunque sin la compañía de la presidenta— a Enrique Flores Lanza, su exministro de la presidencia, que retornaba al país después de una década de exilio en Nicaragua.
El 27 de enero, antes de la juramentación de Xiomara Castro como la primera presidenta constitucional de Honduras, Mel Zelaya también subió al podio en un acto de reivindicación.En un acto simbólico, el día que juramentó Xiomara Castro, a Mel le devolvieron la banda presidencial que le arrebataron en 2009, cuando lo derrocó un golpe de estado y él acabó subido a un avión vestido con pijamas a punta de fusil. Ahora LibRe, el partido que fundó y dirige, además de llevar a su esposa hasta la presidencia controla el Congreso. Castro llegó al poder prometiendo un futuro para Honduras alejado de los 12 años de «narco-Estado» y autocracia del Partido Nacional, encarnados en el expresidente Juan Orlando Hernández, hoy extraditado a Estados Unidos por tráfico de drogas. Las medidas tomadas en estos cuatro meses de gobierno, sin embargo, apuntan más a un reciclaje del pasado. Además de la influencia de Mel, varios miembros de la familia Zelaya han ocupado importantes puestos en el gobierno. La amnistía aprobada solo una semana después de la toma de Castro como presidenta, ha asegurado las condiciones para que retornen los viejos aliados del clan con cuentas pendientes con la justicia.
Flores Lanza fue acusado el 30 de julio de 2009 —un mes después del golpe— por falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y fraude en un requerimiento fiscal en el que figuraban junto a él el expresidente Zelaya (beneficiado por una amnistía tras los Acuerdos de Cartagena que en 2010 le permitieron retornar al país), Jacobo Lagos, en ese entonces ministro jefe del staff presidencial y gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Hondutel, y Rebeca Santos, la entonces ministra de Finanzas —los casos de estos dos últimos fueron sobreseídos por la justicia hondureña. Lanza también fue acusado por los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones por la sustracción de 10 millones 950 lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (poco más de 575 mil dólares en aquel momento).
El exministro de la presidencia Enrique Flores Lanza (al centro) es recibido en la frontera Las Manos, entre Honduras y Nicaragua, por miembros del gobierno de Xiomara Castro después de que éste regresara de Nicaragua, que le había brindado asilo político. Danlí, Honduras. Foto Archivo CC.La imagen de un hombre sacando una carretilla de construcción llena de dinero del banco el 26 de junio de 2009, quedó plasmada en el imaginario de la población. Cinco años después, Flores Lanza confesó que esos 10 millones, que él pidió para la Guardia de Honor presidencial, en realidad fueron utilizados para sufragar la apuesta de la «Cuarta Urna»: Zelaya y los suyos pretendían preguntar a la ciudadanía si estaba de acuerdo con la instalación de una cuarta urna en las elecciones que se celebrarían seis meses después. De fondo, buscaban una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial. La consulta fue declarada ilegal por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, satanizada por los medios de comunicación masiva, la Iglesia y el Alto Mando del Ejército, y desembocó en el golpe de Estado.
ContraCorriente y la Redacción Regional tuvieron acceso al expediente del caso y en él se detalla el testimonio de un testigo de la fiscalía, entonces empleado del Banco Central de Honduras, que confirma que la sustracción de dinero fue autorizada con una nota firmada por Flores Lanza e involucraba a los miembros de la Guardia de Honor presidencial. En estos documentos, se consigna también un retiro «de cuarenta millones» de lempiras (2.1 millones de dólares en aquel momento) que ocurrió desde el 24 de junio, en la víspera de la celebración de la consulta popular. Cuando al testigo se le preguntó cómo habían retirado 10 millones 950 lempiras el 26 de junio, explicó que se lo llevaron «en carretillas», en billetes de 500 lempiras a un solo destino: «En la Presidencia entramos por el sótano y luego en los elevadores hasta llegar a la oficina de Flores Lanza. El dinero ahí quedó».
Las pruebas de malversación de fondos y el resto de los pendientes con la justicia de Flores Lanza fueron enterrados por el decreto de amnistía apoyado por Castro. La ley, defendió la presidenta, fue promovida con la intención de revertir la persecución contra líderes políticos y sociales que se opusieron al golpe de Estado, pero ha beneficiado al menos a tres funcionarios cercanos a los Zelaya acusados de actos de corrupción.
Berta Oliva, la directora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), una organización referente en la lucha por los derechos humanos y que por ley tiene una palabra determinante en el proceso de amnistía, incluso afirma que el propio Flores Lanza y su abogado, Milton Jiménez, apoyaron con la revisión legal de la propuesta de Ley que finalmente fue aprobada. Consultada sobre el involucramiento de Lanza como beneficiario de la amnistía, Oliva asegura que Lanza es un defensor de los derechos humanos, un argumento que el abogado del exfuncionario presentó al Cofadeh y que la organización extendió en un documento. «Él representaba grupos campesinos, defendió al periodista que fue amenazado en los 80, a Renato, y no le cobró ni un cinco», dice en alusión a las amenazas sufridas, en aquel entonces, por el presentador de televisión Renato Álvarez.
El otrora hombre fuerte de Mel no tiene cargo oficial, pero la influencia del asesor y esposo de la presidenta y varios de sus exfuncionarios en el gobierno es abrumadora. Rixi Moncada, quien fue ministra de Trabajo y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, es ahora la ministra de Finanzas; Rebeca Santos, exministra de Finanzas, ahora es la presidenta del Banco Central de Honduras; Edmundo Orellana, exministro de Defensa, ahora es ministro de Transparencia. La lista sigue: Edwin Araque, expresidente del Banco Central de Honduras, ahora es presidente de otro banco: el de la Producción y la Vivienda (Banhprovi). Enrique Reina, exasesor presidencial de Mel, ahora es el canciller.
En su regreso al poder, los Zelaya parecieran querer culminar una tarea inconclusa. En su discurso de cierre de campaña, Xiomara Castro dijo que su mandato sería una continuación del «Poder Ciudadano», el proyecto de su marido interrumpido por el golpe. La ahora presidenta también prometió una constituyente. En sus apariciones públicas, Mel sigue hablando de la «Cuarta Urna» como el pretexto utilizado por militares, empresarios y políticos golpistas para romper un país «pletórico de esperanza». «Hoy vuelve uno de los dirigentes del gobierno Liberal del Poder Ciudadano, coordinador de la Cuarta Urna, que desempeñó un papel fundamental en la transformación de Honduras», dijo el 18 de marzo sobre Flores Lanza, que, a diferencia del pasado, cuando oficiaba con el rostro bien afeitado y trajes a la medida, regresó con barba y vestido con una guayabera blanca.
Los Zelaya y los militares
José Manuel Zelaya (ministro de Defensa), José Manuel Zelaya (asesor presidencial) y José Manuel Zelaya (hijo de la pareja presidencial y asesor). Foto tomada de redes sociales del Partido LibRe de Honduras.Cuando Xiomara Castro había cumplido apenas dos semanas en el cargo como la primera mujer presidenta de Honduras, envió a una reunión con el Estado Mayor del Ejército a tres de sus parientes más cercanos. No se reunió ella, la primera mujer comandante general, con las principales cabezas de su Ejército. En su lugar llegaron tres emisarios que comparten el mismo nombre y apellido. A la cabeza oficial de la comitiva iba José Manuel Zelaya, ministro de Defensa, seguido de José Manuel Zelaya Castro, asesor, y por último, Mel, reconvertido ahora en asesor presidencial.
Que tres «josé manueles» aparezcan en un acto oficial del nuevo Gobierno hondureño pasó de ser una aparente casualidad a ser norma, la norma del poder repartido en una familia: Mel es asesor presidencial, su hijo mayor, Héctor Manuel, es secretario privado de su madre la presidenta, Xiomara Hortensia; la segunda hija es diputada en el Congreso Nacional; el hijo menor, José Manuel, asegura ser asesor ad honorem. Del lado de Mel está su hermano, Carlos Zelaya, quien es el secretario del Congreso Nacional y el hijo de éste, José Manuel Zelaya, quien dirige el Ministerio de Defensa. Esto parece nepotismo pero legalmente no lo es. Estos nombramientos y la participación política de quienes obtuvieron el cargo de diputados están en el marco de la ley hondureña. Sin embargo, ante las críticas hay una justificación: es importante mantener a la gente de confianza en el círculo de poder más cercano a la presidencia para evitar un golpe de Estado.
«Nunca es malo alguien de confianza ahí donde están las armas, y en las Fuerzas Armadas tienen las armas y las estrategias vitales, entonces ahí se necesita alguien de extrema confianza del presidente de la república», justifica Edmundo Orellana, el exministro de Defensa cuando Mel sufrió el golpe. Públicamente también lo dijo el hermano del expresidente, Carlos Zelaya, cuando fue consultado por el nuevo cargo de su hijo «Pusimos a alguien de confianza en ese puesto porque desde Defensa se fraguan golpes de Estado».
(De izquierda a derecha) José Manuel Zelaya, ministro de la Secretaría de Defensa; la presidenta de Honduras, Xiomara Castro y el contralmirante José Jorge Fortín, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, pasan revista durante el traspaso de Bastón de Mando en el Campo de Parada Marte. Mateo, Honduras. Foto Archivo CC.El ministro de Defensa es un abogado de 33 años y esta es su primera experiencia como funcionario público. Muchos activistas del Partido lo reconocen como un cuadro técnico más que político. «Técnico, sobre todo en el área de las comunicaciones», dijo para describirlo Marco Ramiro Lobo, alcalde de Catacamas, el pueblo de los Zelaya.
El recuerdo del golpe es una herida abierta. Ante la pregunta de si la secretaría de Defensa les significa confianza, Edmundo Orellana responde: «Yo quedé en medio de un problema en el que tenía la confianza del presidente pero no sé si tenía la confianza de los militares», dice. «Creció tanto el problema que fui incapaz de atenderle debidamente. La tensión del lado político, la tensión desde el punto de vista internacional, de las organizaciones, de la sociedad civil, empresa privada, las iglesias… era tan fuerte que trascendió el tema eminentemente militar. Lo que hubo ahí fue una conspiración de prácticamente toda la estructura estatal incluida las Fuerzas Armadas en contra del presidente de la república y todo liderado por el Partido Nacional», añade.
Para Arístides Mejía, el antecesor de Orellana, el derrocamiento de Mel fue «el golpe de los idiotas porque ahí el país se hundió completamente y eso se hubiera podido solucionar institucionalmente». «Ninguna institución estaba controlada por el presidente. Al contrario del presidente anterior que controlaba todos, no controlaba la Corte, no controlaba las Fuerzas Armadas, no controlaba la Fiscalía, no controlaba el Tribunal Electoral, ni Tribunal de Cuentas ni el Partido. Entonces ¿cuál era el miedo?», dice Mejía.
El general Romeo Vásquez Velásquez, el líder militar que ejecutó el golpe contra Mel, ahora es un militar en retiro. Intentó, sin éxito, convertirse en político. Escribió un libro, su versión de la historia. Sentado en un sillón en la sala de su casa, en las afueras de Tegucigalpa, suelta una risita cuando mira la foto de Mel en la que está junto a su hijo y su sobrino reunido con el Alto Mando de las Fuerzas Armadas. «El primer damo, otros dicen el primer caballero y otros dicen que le quitó la presidencia a la presidenta, que la utiliza nada más de parapeto. Para mí, hay una regla simple de juego de poder: nunca le haga sombra a su líder o a su amo, nunca le haga sombra a su líder superior».
Doce años después del golpe los Zelaya todavía temen o, quizá, se blindan.
Amnistía o «pacto de impunidad»
Cuando estaba en campaña, Xiomara Castro habló de la necesidad de la amnistía, pero no señaló que beneficiaría a los exfuncionarios del «Poder Ciudadano». La aprobación de la ley ha sido duramente cuestionada dentro y fuera de Honduras. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) la catalogaron como un «Pacto de impunidad». En un comunicado conjunto señalaron que «Si bien no podemos desconocer que algunos de los funcionarios que fungieron entre 2006-2009 tuvieron y tienen el derecho a la libertad de expresión para manifestar su oposición al golpe de Estado, esto NO indica de que si realizaron actos de corrupción o delitos en contra de la Administración Pública, los mismos deberán quedar en impunidad ya que se estaría generando un precedente que podría ser fundamentado a hechos futuros de 2009, beneficiando de esta forma a quienes hoy son responsables de las cuantiosas cifras que en concepto de corrupción el Estado pierde anualmente».
En el comité que elaboró la propuesta de amnistía, además de la supuesta participación de Flores Lanza, también estuvo el abogado constitucionalista Ernesto Paz, nombrado actualmente como magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) en representación del Partido LibRe.
El nombre de Paz no sólo es relevante por tener un puesto en el gobierno actual, sino también porque se vio beneficiado con una consultoría para analizar el proyecto de la «Cuarta Urna» en 2009, según consta en el proceso penal. En un acta de inspección ocular se mencionan tres cheques en concepto de honorarios profesionales a Efraín Moncada Silva, Blanca Lizet Rivera y Ernesto Paz Aguilar para «análisis de la Cuarta Urna». Contracorriente intentó obtener una reacción de Paz, pero no respondió.
Este proceso fue apuntado contra Flores Lanza, Mel, y otros exfuncionarios por el desvío de 27 millones de lempiras (poco más de 1,4 millones de dólares en aquel momento) para difundir los logros de su gestión, a pocos meses de terminar su mandato, pero que fueron a parar a manos de periodistas, medios de comunicación y analistas para promover la «Cuarta Urna», según el Ministerio Público.
Según esa otra investigación, la mayoría del dinero (el 55 %) fue a parar a las empresas de comunicación de los presentadores Eduardo Maldonado y Esdras Amado López, dos referentes en la televisión y en la radio hondureña por su popularidad y audiencias. El otro 45 % llegó a manos de otras 39 empresas diferentes. En Catacamas, Olancho, el pueblo de donde es originario Mel Zelaya, un periodista comentó a ContraCorriente que el día del Golpe terminó muy decepcionado cuando se dio cuenta que perdería los 60 mil lempiras prometidos a los periodistas del pueblo para cubrir la consulta.
La amnistía también sepulta otras irregularidades detectadas en una auditoría que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizó a la Secretaría de Defensa en febrero de 2009. La auditoría abarcó el periodo de julio 2008 y 28 de febrero de 2010 en el que reportó una contratación directa de publicidad por una cantidad de veinte millones de lempiras (1,051,524.71 dólares). Aquel acuerdo fue respaldado por la firma de Mel Zelaya y el entonces Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, Arístides Mejía Carranza.
El TSC concluyó que esa contratación era irregular, así como también lo fueron los cheques firmados por el entonces jefe del estado mayor conjunto, Romeo Vásquez Velásquez.
Buena parte de este presupuesto se usó para contratar a la empresa de sondeos públicos Le Vote para hacer encuestas «de preferencia política electoral aun cuando la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas establece que son una institución apolítica», dice el informe y añade que «toda la publicidad contratada fue para la Presidencia de la República, según las actas de recepción de los servicios, firmados por el Señor Hernán Jacobo Lagos». Algo contradictorio ya que estos fondos eran de la Secretaría de Defensa no de Casa Presidencial.
Según el general Vásquez Velásquez, él actuó siguiendo órdenes y firmaba los cheques «en el sentido de darnos cuenta del dinero que se había gastado». Sostiene que «el dinero no lo gastaron las Fuerzas Armadas ni el Estado Mayor Conjunto» sino que iba destinado al «pago de periodistas» y que su firma era parte de un procedimiento que implementó el «Poder Ciudadano» argumentando buscar la «transparencia».
Al ser cuestionado sobre por qué ese dinero fue a parar a manos de periodistas, el general se defiende y dice: «pues fíjese que no sé, eso ya tendría usted que preguntárselo a Defensa».
En junio de 2008, justo un año antes del Golpe, un anuncio en medio de un partido de fútbol costó 252 mil lempiras para anunciar al Gobierno del Poder Ciudadano.En total, desde que la amnistía entró en vigor, el Cofadeh ha entregado 77 constancias que luego en la Secretaría de Derechos Humanos se convierten en certificaciones que benefician a los catalogados como presos políticos. A estas 77 se suman las dos constancias para Flores Lanza. Oliva explicó que la mayoría de los beneficiados son personas de las cuales el Cofadeh tenía ya un expediente por persecución o amenazas y que eso es lo que toman en cuenta a la hora de emitir un documento. Para Oliva, las investigaciones judiciales contra los exfuncionarios de Zelaya no tienen valor porque se extendieron en un Poder Judicial plegado a «la dictadura» después del Golpe.
Pero las críticas también han venido del entorno de los Zelaya. En su momento, el ahora ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, criticó el decreto de amnistía y llegó a denunciarlo como un nuevo pacto de impunidad. Ahora cree que es injusto criticarlo porque «la ley vino de la sociedad civil» y porque serán los jueces los últimos responsables de a quién le dan la libertad y a quién no.
«Ese decreto fue elaborado por Cofadeh, ese no fue un decreto elaborado por el gobierno, eso debe de estar bien claro. Pero bien, lo importante es que el decreto ha sido cuestionado no en la parte de los delitos políticos. Todos están de acuerdo de que eso es incuestionable», dice ahora Orellana.
La amnistía también ha favorecido a la familia Zelaya Castro. Cuando este decreto apenas llevaba 10 días de vigencia, Marcelo Chimirri Castro, sobrino de la presidenta, solicitó a un Juzgado de Ejecución la extinción de una causa por corrupción en su contra. Chimirri ocupó entre 2006 y 2007 el cargo de subgerente de la estatal Hondutel y su participación, según la fiscalía, fue clave en una red de tráfico gris (fraude a través de llamadas internacionales) en la institución que permitió que la estatal perdiera el pastel de las llamadas internacionales y la red celular. El acuerdo, según la investigación, también labró el hundimiento de las finanzas de Hondutel. Según la Fiscalía, Chimirri no exigió las condiciones contractuales de pago a la transnacional lo que llevó a la estatal a «un arrastre moratorio de una deuda por el orden de los 4,632,950.92 de dólares».
El 30 de junio de 2009, dos días después del golpe, Chimirri fue acusado por los delitos de abuso de autoridad, fraude y cohecho por beneficiar, a cambio de sobornos, a una empresa estadounidense llamada Latin Node. En 2013 un tribunal lo absolvió, sin embargo, después de que el Ministerio Público interpuso un recurso de casación, Chimirri fue condenado en 2018 a ocho años de prisión por los delitos de abuso de autoridad y fraude. Cuatro años cumplió en la cárcel hasta este 2022 que fue liberado gracias al decreto de amnistía.
El expediente del caso de Chimirri en Honduras cuenta con 17 tomos y alrededor de 7 mil folios. La Fiscalía hondureña, además de sus propias pesquisas, contaba con prueba procesal de lo investigado por el Distrito Sur de Florida y diligencias investigativas en colaboración con la Fiscalía de Guatemala. El expediente rebalsa de pruebas, entre estas los pagos por USD 30 mil efectuados por Latin Node a una empresa de Chimirri en Honduras momentos previos al acuerdo con Hondutel. También contiene correos electrónicos que hablan de un pacto entre Hondutel y Latin Node, y en los que se vinculan a otras figuras políticas como a Carlos Eduardo Reina, hijo del entonces ministro de gobernación y muy cercano al expresidente Zelaya. Reina incluso ha sido precandidato a la presidencia por Libre.
«Diles que Carlos Eduardo trabaja para nosotros», escribió uno de los funcionarios de Latin Node en un correo electrónico a su enlace en Centroamérica para facilitar el diálogo con Chimirri. Otro de los enlaces, según esos correos, era Carlos Zelaya, el hermano de Mel y actual secretario del Congreso Nacional que aprobó la amnistía.
Además, en el extenso expediente también se muestra una planificación para hacer campaña política a favor del gobierno del «Poder Ciudadano» con la venta de tarjetas para llamadas internacionales con descuento, a beneficio del gobierno de Mel Zelaya.
«Chimirri fue el tesorero de su campaña y es primo hermano de la esposa del presidente […] el tipo está caga […] me trata de don Manuel, no se si por respeto o porque me considera un jefe de alguna mafia, eso no lo tengo claro […] y me dijo que soy parte de su selecto grupo de amigos […] y NO LO CONOZCO (sic) personalmente» escribió Manuel Cáceres, vicepresidente Latin Node, en un correo presentado en el caso.
En 2011, Cáceres y Jorge Granados, CEO de la empresa, fueron condenados a cuatro años de prisión después de declararse culpables de 19 cargos de conspiración violación de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y lavado de dinero en el Distrito Sur de Florida.
El 3 de marzo de 2022, se le aplicó a Chimirri la amnistía amplia, absoluta e incondicional. Las pruebas para liberarlo fueron dos: un extracto del informe de la Comisión de la Verdad después del Golpe, en el que se menciona que los funcionarios allegados a Mel fueron perseguidos políticos, y una fotografía en la que aparece junto con Mel Zelaya para demostrar una relación entre ambos.
«La amnistía ha sido cruentamente atacada, especialmente por aquellos que apoyaron el golpe de Estado y siempre se postraron ante el fascismo, mientras masacraban y condenaban a patriotas y luchadores; muchos de los cuales entregaron su vida por tener un lugar digno, una patria libre y democrática», dijo la presidenta en su discurso de los primeros cien días de gobierno, en una cadena de radio y televisión pregrabada. El discurso íntegro luego fue publicado en el «Poder Popular», el nuevo periódico, instrumento de propaganda, de su gobierno.
El 18 de marzo, en la fiesta de bienvenida que le organizó Mel a Flores Lanza, éste dijo que la amnistía había sido «criminalizada» y que son 7 mil personas judicializadas por protestar contra el golpe las que se beneficiarán. «La amnistía es una corrección para una justicia que en este país no ha funcionado. Esta amnistía permitirá que por fin se les haga justicia a muchos hombres y mujeres que no han podido defenderse del sicariato judicial», dijo.
Pero los que realmente se han beneficiado, como Flores Lanza, regresan con sed de revancha. En una demanda colectiva, él y otros exfuncionarios han demandado al Estado de Honduras por las acciones del golpe. Esta fue admitida por la CIDH en agosto de 2021. Si avanza, quedará en manos de la CorteIDH emitir un fallo. «Queremos que nos devuelvan lo que nos robaron, que nos devuelvan la verdad, porque con la mentira criminalizaron la cuarta urna», dice Lanza.
A Lanza le dieron cinco cartas de libertad y la última que recibió fue el 4 de marzo, en la que se le absuelve de los delitos de falsificación de documentos públicos, tres delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública. En el recibimiento de su amigo, Mel recordó como anécdota y en tono de burla que a él también lo querían acusar por actos de corrupción «hasta por el combustible que gastamos en Casa Presidencial. No vaya a ser que ahora me quieran investigar porque le damos comida a la gente aquí donde los recibimos», dijo.
El regreso a la finca
Desde el Cerro de La Cruz en Catacamas, Olancho, se puede observar la ciudad, su crecimiento y desarrollo, también se iza en la parte alta la Bandera de Olancho. Foto CC/Fernando DestephenEl 23 de abril Mel Zelaya aterrizó en un helicóptero en la pista El Aguacate, a pocas cuadras de sus propiedades en la comunidad El Espino, en Catacamas, Olancho, uno de los departamentos más grandes de Honduras, con una extensión territorial mayor a la de El Salvador. Este departamento colinda con Gracias a Dios y Colón, departamentos eminentemente rurales y localizados en la ruta del narcotráfico y la ganadería extensiva. Las grandes extensiones de tierra se unen con las montañas y la selva en una zona con poca población y varias áreas protegidas que han sido afectadas por la conflictividad que deja el narco y el abandono estatal.
El motivo de su viaje fue una negociación sumamente delicada. El gobierno de su esposa, a través del ministro de Ambiente, Lucky Medina, había prometido a finales de marzo destruir una carretera ilegal que atravesó la Biosfera del Río Plátano (una zona de reserva que incluso la UNESCO catalogó como patrimonio de la humanidad) y benefició a ganaderos e indígenas al dar acceso para mover productos desde Gracias a Dios a Olancho. En la zona, los lugareños aseguran que la obra también benefició a los narcotraficantes y, de hecho, todavía hoy le llaman la «narco-carretera».
La obra fue inaugurada en 2021, durante el último año de Juan Orlando Hernández en el poder, y provocó un escándalo por la magnitud del desastre ambiental que significaba. Sin embargo, esa carretera se comenzó a construir en 2007, cuando Mel Zelaya era presidente.
En Olancho no hay nadie mejor para calmar las aguas revueltas que Mel, uno de los señores del pueblo, miembro de una familia que es respetada casi como la nobleza. En la aldea El Espino, Zelaya actualmente tiene registradas en el sistema de propiedades varios lotes de terreno en la carretera que va hacia la Universidad Agrícola. Tiene uno de 350,716.75 metros cuadrados con potreros empastados, otro de 71,607.58 con una casa y otro de 64,495.63 que también posee una casa de habitación. Sus potreros cercados se extienden otros 488,075.00 metros cuadrados en otra propiedad. En2016, la pareja regaló a su yerno, el abogado Juan Carlos Melara, un potrero de 13,454.13 metros cuadrados en la misma zona. Melara es el esposo de su hija mayor, la abogada Zoe Zelaya, la única hija sin cargo en instituciones públicas. Melara fue asistente de Zelaya en tiempos del «Poder Ciudadano», pero Mel lo despidió en 2007 para «evitar» el nepotismo.
Cuando era presidente, Mel donó uno de sus terrenos en El Espino a la Teletón y en la Universidad Agrícola construyó un edificio para clases. Más tarde, el expresidente Porfirio Lobo Sosa del Partido Nacional construyó uno similar. Se erigen ambas torres como la muestra de los dos caciques terratenientes de Olancho y de sus respectivas tradiciones políticas.
Apenas un mes después de la promesa del ministro del medio ambiente, Mel llegó a negociar con los ganaderos de la Moskitia. Según el acuerdo firmado, a cambio de detener la destrucción de la carretera, los ganaderos de la zona se comprometieron a detener la ganadería extensiva. Pocos días después, un grupo de líderes miskitos llegaron a Tegucigalpa a exigir al gobierno que los tome en cuenta. «Que no sigan hurgando al pueblo miskito», protestó Orlando Calderón de la organización miskita Masta. «El objetivo de la carretera era atravesar el río y llegar por Wampusirpi de Warunta donde tienen la mayor parte de fincas narco ganaderas. Ahora es difícil si los militares luego forman parte de los invasores, ellos también se dedican a agarrar un pedazo de terreno y forman parte del grupo, allí no hay control».
«Nos alegramos cuando el ministro dijo que la carretera sería destruida y que se iba a hacer para la protección y que los militares iban a evitar las invasiones, pero luego salió la conferencia de Mel con los ganaderos prometiendo que la carretera no será destruida y que será avalado por los ganaderos para que ellos ingresen a sus zonas de trabajo. Los ganaderos son olanchanos la mayoría, muchos son testaferros de personas que están en altas cúpulas políticas», denuncia Calderón.
Y no se equivoca. En Olancho, la familia presidencial es respetada como si fueran nobles.
En la Casa de la Cultura de Juticalpa, la cabecera departamental, hay un hombre, pintado de canas, que asegura conocer muy bien la historia de la ciudad y de la familia Zelaya. Su nombre es Darío Euceda Roque, escritor, excompañero de colegio del expresidente y quien formaba parte del equipo que le hacía sus discursos en Casa Presidencial.
El expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) en su hacienda La Empalizada en Juticalpa, Olancho, mientras lee un libro sobre la historia de Juticalpa del escritor Darío Euceda Roque. Foto CC/Fernando Destephen.Euceda Roque asegura haber descubierto que el abolengo de los Zelaya se remonta hasta los tiempos de la conquista. «Los primeros Zelayas, los hermanos Santiago, Miguel y Joseph, llegaron a México desde España con el conquistador Hernán Cortés. En México hay una ciudad que se llama Celaya, ellos fundaron esa ciudad, la conquistaron con su espada, solo que ahí se escribe con C», asegura.
Cuando los Zelaya llegaron al departamento de Olancho, según el escritor, les gustó tanto el Valle de Lepaguare de Juticalpa que se lo pidieron al rey de España. «Fue como un premio a su labor conquistadora y el rey se los dio a título personal. El Valle de Lepaguare aún es de ellos. En el año 1536 les fue concedido ese título que fue firmado por el rey de España. Soy abogado y esos títulos valen».
Los Zelaya de Olancho nunca dejaron de ser influyentes. En el siglo XVIII, Olancho era el área ganadera más grande y extensa de Centroamérica. Según Euceda, siempre un Zelaya ha sido gobernador, alcalde o comandante de armas. «Ahora lo ven en este siglo con dos presidentes: Xiomara que es la esposa y Mel».
Pero en Olancho no todos aplauden a figuras como Zelaya y Lobo. Sergio Antonio Campos, quien buscó la alcaldía de Catacamas con un movimiento independiente que él llamó «Espanta ratas», asegura que a los miembros de la familia Zelaya «Los han endiosado. Recuerden que antes del Golpe de Estado aquí hubo una reparticina (sic) de dinero con el proyecto de la Cuarta Urna, y creo que esos seguidores que tienen es por el dinero que se les repartieron».
Los que lo tienen todo, generalmente, crean dinastías para preservar lo acumulado. Y en los Zelaya, el éxito político de Mel y la ahora irrupción total de su familia en la esfera política se remonta al empujón que alguna vez le dio su padre, el primer José Manuel Zelaya de Catacamas.
José Manuel Zelaya padre y Ortensia Rosales procrearon a cuatro hijos varones, el mayor de ellos, el expresidente Mel seguido de Carlos (actual secretario del Congreso Nacional), Héctor (asesinado de joven) y Marco, quien contrajo matrimonio con una de las hijas del expresidente liberal Carlos Roberto Reina (1994-1998). Al padre de los Zelaya Rosales, la historia lo perfila como uno de los responsables, junto a un grupo de militares, de «Los Horcones», una de las masacres contra campesinos más recordadas en Honduras. Aunque fue encarcelado a finales de los años 70 por ese hecho, tiempo después fue beneficiado por un indulto en 1980.
Monumento en forma de cruz en honor a las víctimas de la matanza en la hacienda Los Horcones, una masacre registrada en la finca de José Manuel Zelaya padre en junio de 1975 en Juticalpa, Olancho. En el lugar fallecieron 14 personas, entre estos dos sacerdotes, campesinos y mujeres. Fueron asesinados por el Ejército hondureño en complicidad con José Manuel Zelaya padre, quien fue condenado a 20 años de cárcel y en 1980 indultado por el Gobierno. Foto CC/Fernando Destephen
Una vaca pasta antes del puente Los Horcones en Olancho. Foto CC/Fernando Destephen.El vicecanciller de la República, Gerardo Torres, dice que lo de los Horcones «es una cosa con la que ellos han cargado siempre, que el presidente Zelaya en particular ha cargado». No obstante, Torres separa a Mel Zelaya de las acciones de su padre afirmando que en su momento «denunció la base secreta de la contra nicaragüense en el Aguacate, en Olancho».
Mel aún conserva la propiedad de 139,450.00 de Los Horcones en Juticalpa y varios lotes en la colonia Castaño de esa misma ciudad, donde él pasó su adolescencia.
Pero los inicios de Mel Zelaya en la política se remontan a los años 80, cuando un dirigente del Partido Liberal «cayó en desgracia» y dejó una plaza vacante. Entonces, Armando Rosales, Secretario del Congreso Nacional, y pariente cercano de los Zelaya, le hizo una propuesta al padre de Mel. Así lo cuenta Darío Euceda: —Mel, fíjate que hay un espacio político que dejó Benigno. Meté a Melito —le dijo Armando Rosales al padre de Mel, que habría respondido «¡sí lo meto!».
Pero Mel Zelaya ocupaba un espaldarazo para trascender a nivel nacional y lo encontró rápidamente en Carlos Orbin Montoya, que era el entonces presidente del Congreso, después de haber sido considerado el ideólogo del movimiento que llevó a la victoria al expresidente liberal José Simón Azcona (1986-1990).
Mel no olvida aquellas viejas lealtades. En 2006, el favor de antaño fue devuelto a Orbin Montoya cuando lo designó como representante de Honduras ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y, luego, como director del Banco Central de Honduras (BCH). Antes del golpe, Orbin Montoya era uno de los coordinadores del proyecto de la «Cuarta Urna».
Este 2022, a sus 76 años, tampoco fue olvidado. Xiomara Castro lo colocó en la gerencia de la estatal Hondutel.
Mel, el astuto
El escritor Darío Euceda afirma que la principal característica de Mel Zelaya en la política es la de ser astuto: «La astucia la aplica bien, olfatea todo», dice. Darío Euceda asegura que vio ese brillo de astucia en el pacto que Mel refrendó con un grupo de diputados disidentes de LibRe luego del zafarrancho que protagonizaron por el control del Congreso nacional.
Mel controla el partido LibRe, los estatutos lo facultan para, aparte de ser el representante legal, también ser el coordinador general, el presidente de la coordinación nacional e integrante de la comisión política. Todas las decisiones que tome la Coordinación Nacional o la Asamblea Nacional, deben pasar por las manos del expresidente Zelaya. Desde su inscripción en 2012, Libre solo ha tenido un representante legal y un coordinador general. Y lo seguirá siendo al menos hasta 2025. Como los Bukele en El Salvador, la familia Zelaya también está vaciada en el partido como fundadores. Junto a Mel lo acompañan la presidenta, su hermano, su sobrino, el ministro de Defensa, y otras figuras con cargo en el Gobierno. Destacan el ex alcalde de San Pedro Sula Rodolfo Padilla Sunsery (quien también ha sido beneficiado por la amnistía con cuatro cartas de libertad tras acusaciones por corrupción); Rixi Moncada actual ministra de Finanzas; el entonces sindicalista y ahora diputado Juan Barahona; el dirigente campesino y actual subdirector del Instituto Nacional Agrario Rafael Alegría; el actual presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Rafael Edgardo Barahona y también la congresista Beatriz Valle, actualmente distanciada de Mel Zelaya.
En las últimas elecciones legislativas, Valle y Jorge Cálix, dos líderes indiscutidos del M28 de Libre, un movimiento impulsado por Mel tras la fundación del partido en 2012, se convirtieron en los diputados más votados de la historia de Honduras. Pero la crisis por la elección de la junta directiva en el Congreso Nacional hizo que pasaran de ser catalogados como líderes a ser llamados «traidores».
Contrario a la norma, el histórico triunfo de Xiomara Castro y el arrase de LibRe en las legislativas no significaron unidad para el partido. Valle considera, ahora, que fueron presas de unos reacomodos políticos que ya acarreaban relaciones gastadas. Valle, por ejemplo, asegura que su relación con Mel se fracturó desde que se postuló como diputada. «Noté que ya casi no me hablaba Mel, me hablaba poco y dije yo, pucha que raro, pero, igual, imagínese 23 años, ¿qué voy a estar yo desconfiando de Mel?, no estaba pensando nada».
En Honduras, es usual que los líderes del Congreso se convierten en potables cartas electorales para futuras elecciones presidenciales. O, como mínimo, con cargos clave de dirección en el Congreso. Cálix y Valle, con sus triunfos, apuntaban hacia ese camino, pero viejas rencillas y pactos preestablecidos emergieron. Y así, mientras Cálix reclamaba el trono del congreso con apoyo de Valle y otros diputados, la presidenta electa exigía otra ruta, y el respeto de un pacto que ella había hecho con el Partido Salvador de Honduras, que le apoyó en su candidatura. En ese acuerdo, la presidencia estaba sellada para el diputado Luis Redondo del Partido Pinu y así quedó, al final arreglado por un pacto que firmó Mel Zelaya junto con Jorge Cálix en Casa Presidencial, sin presencia de la presidenta.
Carlos Zelaya (derecha) diputado del Congreso Nacional, durante una sesión extraordinaria que fue convocada en Tegucigalpa, capital de Honduras. Foto Archivo CC.Más de 100 días después del cisma en LibRe, los Zelaya solo se han fortalecido. Carlos Zelaya resultó nombrado como Secretario del Congreso Nacional, un puesto clave en la parte operativa del hemiciclo y, en la práctica, un presidente del legislativo en funciones. Mientras que como jefe de bancada de Libre fue nombrado Rafael Sarmiento, quien es familiar directo de la presidenta. Beatriz Valle es de quienes piensan que entre la pareja presidencial nunca hubo un cisma, sino una estratagema planificada con astucia. Ella está convencida de que los Zelaya le tendieron una trampa: «estaba bien armada, nos empujaron para que cayéramos, a mí me llamaba Raúl Valladares [famoso presentador televisivo] y la gente afín a Mel, para darnos el empujoncito, y decirnos “¿todavía están con el proyecto de Jorge? ¡Qué bueno! yo siempre apoyaba a Jorge,” ese tipo de cosas fueron planificadas para que nosotros nos lanzáramos a ese proyecto», cuenta Valle.
Con Cálix y Valle anulados, el camino para crecer políticamente en el Congreso Nacional le ha quedado abierto a la tercera hija de los Zelaya, «La Pichu».
(De Izquierda a Derecha) Xiomara Hortensia Zelaya Castro, más conocida como «La Pichu», diputada del Congreso nacional; el comisionado presidencial contra las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Fernando García y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, durante la firma de sanción de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Foto Archivo CC.En Honduras el tiempo corre demasiado rápido y, más aún, cuando la presidencia solo dura cuatro años. En Catacamas, y en los pasillos del Congreso y de la Casa Presidencial ya hay quienes lanzan cábalas para tratar de identificar cuál será el próximo movimiento de los Zelaya; y si este incluye potenciar a algún miembro del clan para que sea el relevo de Xiomara.
El actual director de relaciones públicas de Casa de Gobierno, Dassaev Aguilar, publicó el pasado 9 de mayo una foto de Héctor Zelaya, el hijo-secretario privado de Xiomara. Dassaev dijo que se encontraba «con el próximo presidente de Honduras». Ante los cuestionamientos, Dassaev intentó escabullirse afirmando que él no estaba diciendo que eso sería en el próximo proceso electoral. La Constitución actual lo prohíbe.
Lo que sí es un hecho es que los Zelaya han acumulado poder y no quieren que se repita lo ocurrido en junio de 2009.
Berta Oliva, del Cofadeh, dice que no quiere ni repetir las palabras golpe de Estado, porque no quiere que la historia se repita, pero insiste que las estructuras que dieron el golpe están intactas. «¿Quiénes son los que quitan y ponen presidentes? ¿Quiénes dan golpes de estado en todo el mundo? Estados Unidos», se responde. «Lo que los poderes fácticos quieren demostrar ahora es que el gobierno de Xiomara es débil. Quisieron debilitarlo con las críticas a la amnistía y al inicio con lo del Congreso. Con el tema de que es Zelaya el que tiene el control y el que ejerce el poder, si él es el del poder y levanta al país ¿cuál es el problema? Cuando se instaló la dictadura, este hombre (Juan Orlando Hernández) tenía a su hermano en el Congreso, tenía a su hermana de ministra, a su hermano de asesor en seguridad, tenía a toda la familia en el gobierno, y antes eso no era visto como problema», argumenta.
Doce años después de haber asestado el golpe de Estado, sentado en su silla, minúsculo en la enormidad de su casa, el general Romeo Vásquez analiza a la Honduras que ahora es dirigida por aquellos que le provocaron un miedo tal que prefirió romper las normas constitucionales para frenar la incorporación de Honduras a un «régimen como el de Venezuela». «Por esa situación que se dio en el 2009 es que ellos regresaron y se les regaló un partido. Deberían estar alegres», dice.
Romeo Vásquez opina que la presidenta puede tener una historia diferente. «Ella entró porque fue el pueblo que le dio el voto en una acción bonita, democrática y transparente».
El general en retiro, sin embargo, no está conforme. «Ahora, lo que están haciendo sobre la base que le dio el pueblo es ir a violar la ley, y no es para eso que el pueblo les dio el voto, sino que es para solucionar los problemas más urgentes que hay. Sí es cierto que estamos empezando el gobierno y hay que dar espacio, pero es como dice aquel dicho: así como es la víspera así ha de ser la fiesta».
– Nota de la Redacción: A pesar de nuestros múltiples intentos de obtener entrevistas con Manuel Zelaya Rosales, Xiomara Castro, Héctor Manuel Zelaya, Carlos Zelaya y Xiomara Hortensia Zelaya, no obtuvimos respuesta ni directamente a través de sus teléfonos, ni a través del Secretario de Prensa, Ivis Alvarado, a quien entregamos solicitudes de entrevista con la presidenta, su secretario y con el asesor principal. «Si la presidenta responde una entrevista, el tiempo que ella invierta en eso lo deja de invertir en resolver los problemas del país», respondió el ministro. Josué Manuel Zelaya, el menor de los hijos se negó a darnos entrevistas. A Enrique Flores Lanza se le pidió una entrevista desde el día de su regreso a Honduras; y aunque al principio se mostró anuente, dejó de responder los mensajes en su teléfono privado. También contactamos al ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, quien solicitó un cuestionario y dijo que lo respondería vía Whatsapp debido a una incapacidad médica. Después de varios recordatorios, el ministro dejó de responder el teléfono y no envió respuestas.
*Esta nota forma parte de República Finquera, un proyecto de cobertura del autoritarismo en Centroamérica y México de la Redacción Regional, una alianza entre medios y periodistas de la región, entre ellos Contracorriente Honduras.
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