Empresas extractivas están arrasando con los bosques de Gualaco - Olancho.
El programa radial “Voces contra el Olvido” del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y que se transmite por radio Globo, abordó el sábado 19 de noviembre la problemática que enfrentan comunidades del municipio de Gualaco en el departamento de Olancho, producto de las operaciones de una empresa extractiva de resina.
El dirigente ambientalista Gérson Juárez, uno de los 8 defensores de los bosques y las reservas de agua del municipio de Gualaco, en el departamento de Olancho, criminalizados por los tribunales de justicia compareció al programa de radio por la vía telefónica.
12 comunidades de Gualaco están muy preocupadas por la deforestación y la reducción del caudal de los ríos.
Juárez expresó que “desde hace un par de años nosotros venimos luchando por lo que es la defensa del territorio y el medio ambiente. No ha sido fácil con lo que nos hemos enfrentado”.
En primer lugar, dijo, porque el Ministerio Público no ha estado en su labor que se le ha encomendado, que es defender los intereses de las comunidades, sino que más bien estamos viendo todo lo contrario, que nos están acusando. Hay 7 compañeros criminalizados hasta el momento.
El líder ambientalista residente en la comunidad de Cuaca, sostuvo que incluso hay una jueza que se niega a aplicar el decreto de amnistía. El camino a nuestras comunidades lo tenemos tapado desde enero de 2021, y a pesar de las muchas inspecciones que ha hecho el Ministerio Público (MP), no hemos visto ningún resultado.
Juárez señaló que “estas empresas extractivistas, las miramos que están teniendo mucho poder en lo que es el estado, en la parte judicial y tratan de ver cómo no aplican la justicia”.
El entrevistado aseguró que por esta situación los ríos se están secando debido a la deforestación provocada por inversionistas dedicados a la extracción de resina, que ni siquiera son de la zona.
“Estamos perdiendo a la madre naturaleza, porque de eso se trata, desde el momento que nosotros somos ambientalistas estamos para cuidar para que las generaciones que vienen tengan un ambiente sano y dejarles un legado bueno, no un desierto”, dijo Gérson Juárez.
El líder ambientalista sostuvo que las tierras de las 12 comunidades afectadas del municipio de Gualaco, entre ellas: San Antonio, Cuaca, Azacualpa, Los Jutes y Camalote, han sido heredadas desde hace décadas y que no es posible que empresas extractivistas afirmen que son las dueñas a través de títulos supletorios.
“Hay personas corruptas que se han prestado para esto, para hacer esos títulos supletorios. Ha sido una corrupción terrible la que ha habido”, sostuvo.
Los pobladores y pobladoras han visto afectado su derecho a la libre locomoción desde enero de 2021, y en horario de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana, debido a que la empresa forestal “Murillo Tejada” ha colocado una cadena que obstaculiza el paso y que es resguardada por guardias de seguridad privados, para evitar el tránsito de personas por la única carretera que da acceso a dichas comunidades.
Dicha empresa se dedica a la extracción de resina de los bosques de Gualaco, provocando la deforestación de la zona y reduciendo los caudales de los ríos.
En su página de Facebook la empresa “Forestal MT (Honduras) detalla que se dedica a resinas naturales, plantaciones forestales, derivados del bosque y manejo forestal sostenible.
Las comunidades hicieron un llamado a las autoridades para que se respeten los derechos y los títulos ancestrales de los pueblos indígenas náhuas que habitan en Gualaco, departamento de Olancho.
La periodista Riccy Ponce en la conducción del programa Voces contra el Olvido
Para analizar cómo las empresas extractivistas están provocando división y daños al tejido social de las comunidades indígenas, Voces contra el Olvido entrevistó a Juan López, pedagogo, defensor ambientalista y miembro del Comité de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, departamento de Colón, también criminalizado por los tribunales de justicia por la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro, amenazados por las acciones de una empresa minera en la zona.
López señaló que la sociedad, las instituciones públicas y los gobiernos han olvidado una voz fundamental de la cual depende la vida, han olvidado la voz de la naturaleza.
“Esa voz ha sido sometida por el grito y por la fuerza de la palabra que tiene el gran capital”, aseguró el dirigente ambientalista.
Honduras está en una encrucijada muy fuerte, el bloque empresarial nacional y transnacional ha venido conquistando el terreno físico-territorial y ha venido conquistando el terreno político y administrativo- institucional, denunció.
“De manera que tenemos un estado cuyas instituciones se han convertido en una ventana de trámite de las grandes corporaciones, de los grandes negocios, de los grandes intereses”, sostuvo el líder ambientalista.
López aseguró que las comunidades se encuentran en una desprotección terrible, porque el gran capital ha colocado el estado a su favor.
Sin embargo, el dirigente comunitario expresó que ojalá el gobierno de la presidenta Xiomara Castro pueda revertir la actual situación que permita recuperar el país.
La empresa denunciada ha colocado arbitrariamente una cadena que impide el paso a los habitantes de varias comunidades en Gualaco
“Para recuperar el territorio, para recuperar el agua, para recuperar los bosques, para recuperar la salud y la educación pública”, señaló.
López indicó que el plan de gobierno de la presidenta Castro implica también la recuperación de la identidad y la soberanía nacional.
El pedagogo explicó que hay dos planes antagónicos, uno que está diseñado desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y el otro, el plan de la recuperación del país.
“El de los empresarios parece ser el plan que está con el espacio público, con el espacio jurídico, con el espacio administrativo, controlado”, advirtió el ambientalista.
Desde mi punto de vista los conflictos sociales, los conflictos ambientales, los conflictos por el agua, por el bosque; los conflictos que surgen a propósito de los grandes proyectos mineros, de los grandes proyectos hidro-energéticos, agroindustriales y turísticos, necesitan ser contestados por la vía administrativa y por la vía social, políticamente hablando, apuntó el pedagogo.
El ambientalista dijo que los empresarios están elaborando su estrategia de despojo y de control de las instituciones públicas por la vía que les sea posible.
“Creo que el riesgo para la gente que lucha en los territorios y para los pueblos originarios se agudiza, porque ahorita está develada la confrontación entre el plan del pueblo y el plan de la alta burguesía”, señaló el pedagogo.
Este proceso debe implicar momentos de comunicación, organización y movilización popular para encontrar la fuerza y la seguridad de cada uno y de cada una.
“Hay que desnudar esa situación de riesgo, hay que desnudar ese control que se viene cuajando, y que es lamentable que fuerzas externas, alimenten esta situación en el país”, sostuvo.
López indicó que en 2023 los sectores empresariales van a arreciar la lucha para pretender controlar el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público y van a intentar truncar los esfuerzos del pueblo.
El editorial del COFADEH, divulgado en el programa de radio y titulado: “Camino al Infierno”, resalta el llamado que el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Gutérres, hizo recientemente en Egipto, con ocasión de una cumbre desarrollada sobre el cambio climático y el accionar de países industrializados que han agravado la condición ambiental en el mundo, acelerando el calentamiento global y el cambio climático.
En la cumbre Gutérres expresó: “nos estamos acercando al infierno climático con el pie metido en el acelerador”.
El editorial resaltó la situación de Honduras, donde pueblos originarios están siendo muy afectados por empresas extractivas que afectan los bosques, los ríos, la fauna y la vegetación.
El editorial cita que: “…Así como lo escuchan, estos pulpos con tentáculos extendidos en varios municipios y departamentos de Honduras demuestran que las armas acompañan siempre al capital y, para citar otro tema de actualidad, que la justicia se controla para hacer avanzar los negocios sin importar los efectos sobre la totalidad de la población…”.
“…En el caso del municipio de Gualaco, las industrias resinosas hacen la vida imposible a más de 200 familias indígenas cultivadoras de la tierra en 12 comunidades, siendo las más afectadas San Antonio, Cuaca, Azacualpa, Los Jutes y Camalote. En el caso del Occidente de Honduras que vamos a presentar en rueda de prensa la próxima semana, grupos mafiosos trituran bosques sin control amparados en la impunidad, como lo hacían las empresas de los narcos sentenciados en Nueva York, que arrasaban la tierra sin misericordia de lunes a viernes y rezaban los sábados y domingos en las iglesias cristianas, ¡aleluya!”.
“En la práctica esta destrucción es facilitada por ejércitos privados, títulos supletorios impuestos sobre territorios ancestrales y propiedades indígenas, con permisos ambientales chuecos y con campañas de miedo para expulsar la gente. Es una inversión de capital, como le gusta decir al cohep y a su embajada, que destruye el agua y la vida”, señaló la opinión editorial del COFADEH.
