El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para América Latina, Arturo Valenzuela, indica que el gobierno norteamericano persiste en su propósito de que en Honduras el próximo gobierno, del Partido Nacional, sea de “unidad nacional”, probablemente bajo la suposición de que así puede conseguirse la salida a la crisis política.
La formación de un gobierno de “unidad nacional” nunca ha sido viable en Honduras, por lo menos en los términos que esta concepción política se define, puesto que implica una articulación de los diferentes sectores de la nación para cumplir determinadas finalidades comunes, normalmente a través de reformas constitucionales.
Lo que ha habido en nuestro país en algunas ocasiones son apariencias de gobiernos de “integración nacional”, de sello bipartidista, que no ha sido más que una distribución arbitraria de secretarías de Estado y del botín burocrático, sin ninguna trascendencia en lo relacionado con la participación nacional, propiamente dicha, ni con objetivos de trascendencia para el desarrollo político, económico y social del país.
Precisamente ese tipo de integración nacional restringida desembocó en los últimos veinticinco años en un modelo de mafia unipartidaria, por la fusión de las élites liberal y nacional –ambas conservadoras—con la élite económica, dándole a esta última la primacía del control efectivo del poder público. Tal degeneración del bipartidismo es, en considerable medida, un antecedente en el desencadenamiento de la crisis política actual.
Evidentemente, coincidimos con el subsecretario de Estado Valenzuela en que el golpe de Estado (militar) en Honduras “no puede blanquearse” con las elecciones generales de noviembre, y, más todavía, con que “El golpe de Estado en Honduras significó un gravísimo revés para la región, similar a lo que ocurrió en Haití”.
Sin embargo, tampoco el golpe de Estado militar del 28 de junio/09 es posible blanquearlo con un “gobierno de unidad nacional” porque, en términos prácticos eso es imposible lograrlo en las condiciones políticas existentes en Honduras, dado que el proceso electoral de noviembre fue contaminado por el golpe hasta llegar a ser producto de éste, en virtud del elevado abstencionismo electoral verdadero.
Tenemos, asimismo, que el golpe de Estado fue planificado y realizado para evitar toda posibilidad de que en Honduras se produjeran cambios políticos, económicos y sociales. Fue una reacción adversa a los propósitos de cambio y un férreo mecanismo para preservar y fortalecer el statu quo. De allí, por lo tanto, la profunda polarización política y social prevaleciente, la mayor y más persistente en la historia de nuestro país.
Esto significa que la unidad nacional no es dable conseguirla con la sola integración de un gobierno, y mucho menos con un gobierno de partido que tiene, como dicen los niños, todos los mables en la bolsa. Y esto es así porque, como lo planteamos al principio, la unidad nacional depende de una equilibrada articulación de todos los sectores nacionales para lograr metas determinadas, lo cual exige reformas constitucionales, sin duda a cargo del Poder Constituyente.
La presentación fantasiosa de un Plan de País para los próximos 28 años y el discurso sobre la reconciliación y la paz son quimeras elaboradas en el sótano de la élite local decididamente contraria al cambio, de vocación golpista, la cual, por lo pronto, se encuentra enloquecida con las manipulaciones y la propaganda perversa procedente de los bastiones de la derecha ultramontana.
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