Mostrando entradas con la etiqueta ONU. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta ONU. Mostrar todas las entradas

viernes, 3 de marzo de 2017

Se reanudarán negociaciones para prohibir las armas nucleares



Por Baher Kamal

Los estados miembro de la ONU se reunirán en marzo para reanudar las negociaciones sobre “un instrumento legalmente vinculante que prohíba las armas nucleares con el fin de avanzar hacia su total eliminación”. Las conversaciones se continuarán en junio y julio.
La ONU (Organización de las Naciones Unidas) adoptó el 27 de octubre de 2016, una resolución que relanza las negociaciones para un tratado que ponga fin a dos décadas de estancamiento de los esfuerzos de desarme.

En una reunión del Primer Comité de la Asamblea General de la ONU, dedicado a desarme y seguridad internacional, 123 naciones votaron a favor de la resolución, 38 en contra y 16 se abstuvieron.

La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), con sede en Ginebra y presente en 80 países, aplaudió la iniciativa porque es un gran avance hacia “un cambio fundamental en la forma en que el mundo hace frente a esta amenaza gigante”.

“Desde hace siete décadas, la ONU advierte de los peligros de las armas nucleares, y en todo el mundo, la gente aboga por su abolición”, recordó la directora ejecutiva de ICAN, Beatrice Fihn. “En la actualidad, la mayoría de los estados resolvió prohibirlas”, recordó.

La resolución de la ONU se adoptó a pesar de la presión de los estados nucleares. Unas 57 naciones, encabezadas por Austria, Brasil, Irlanda, México, Nigeria y Sudáfrica, apoyaron el documento.

Mientras tanto en Europa

La resolución de la ONU se aprobó horas después de que el Parlamento Europeo adoptara otro documento sobre el mismo asunto con 415 votos a favor, 124 en contra y 74 abstenciones, y que invita a los integrantes de la Unión Europea (UE) a “participar de forma constructiva” en las negociaciones de este año, recordó ICAN.

Las armas nucleares son las únicas de destrucción masiva que todavía no se han prohibido de forma universal, a pesar de las consecuencias humanitarias y ambientales bien documentadas, observó la organización.

“Un tratado contra las armas nucleares fortalecería la norma global contra su uso y su posesión, cerrando uno de los vacíos más grandes del derecho internacional e instando a tomar las demoradas medidas en materia de desarme”, subrayó Fihn.

Las armas biológicas y químicas, las minas antipersona y las bombas de racimo están explícitamente prohibidas por el derecho internacional. Pero en lo que se refiere a las atómicas, solo hay prohibiciones parciales.

ICAN también recordó que el desarme nuclear es un tema prioritario para la ONU desde su creación en 1945.

“Los esfuerzos para concretar ese objetivo se estancaron en los últimos años, cuando las naciones nucleares realizaron grandes inversiones en la modernización de sus arsenales”, apuntó la organización.

Otras entidades que abogan por el desarme nuclear también aplaudieron la resolución de la ONU.

Entre ellas se destacan, PAX, una asociación entre IKV (Consejo Intereclesiástico para la Paz) y Pax Christi; Soka Gakai International (SGI), una organización budista a favor de la paz, la cultura y la educación en torno al respeto a la dignidad de la vida, y la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de una Guerra Nuclear (AIMPGN).

No contaban con Donald Trump

Cuando las organizaciones de la sociedad civil aplaudieron en octubre la nueva resolución de la ONU que fijaba para este año el inicio de las negociaciones nucleares, no esperaban que poco después resultaría elegido en Estados Unidos el empresario Donald Trump, quien este viernes 20 se convertirá en el 45 presidente de su país.

Y mucho menos imaginaron que anunciará su interés en aumentar el poder nuclear de su país.

“Estados Unidos debe fortalecer mucho y ampliar sus capacidades nucleares hasta que el mundo recupere la cordura en materia de armas nucleares”, tuiteó Trump ‏@realDonaldTrump el 22 de diciembre de 2016.

De concretarse sus dichos, ese será uno de los grandes desafíos para el movimiento a favor de la abolición.

Instituciones financieras y fabricación de bombas atómicas

La campaña internacional para impedir que bancos e instituciones financieras destinen fondos a la producción y la modernización de armas nucleares logró ciertos avances.

“Los gobiernos decidieron negociar un tratado de prohibición de armas nucleares en 2017, y es hora de que las aseguradoras y los fondos de pensión se dispongan a poner fin a su relación con empresas involucradas en la fabricación de armas atómicas”, subrayó Susi Snyder, de PAX y autora del informe Hall of Fame (“El salón de la fama”).

“Unos 400 bancos privados, fondos de pensión y aseguradoras siguen financiando, con el dinero de sus clientes, la producción de armas nucleares”, subrayó.

Según el estudio, 18 bancos, que controlan más de 1,7 billones de euros (unos 1,82 billones de dólares), están listos para cortarle los fondos a las bombas atómicas, con políticas que prohíben de forma estricta toda inversión de cualquier tipo y en cualquier forma en compañías que fabriquen armas nucleares.

Las 18 instituciones, descritas en el Salón de la Fama de la edición 2016 del informe Don’t Bank on the Bomb (“No invierta en armas nucleares”) publicada por ICAN el 7 de diciembre, tienen sede en Australia, Dinamarca, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Noruega y Suecia.

El informe también menciona a otras 36 instituciones financieras que precisan específicamente su preocupación por las armas nucleares y que, de alguna manera, restringen sus inversiones.

Sus “políticas tienen vacíos legales, pero demuestran que hay un estigma asociado a las inversiones en armas nucleares”, señala el análisis.

“PAX llama a esas instituciones a fortalecer sus políticas y el informe Don’t Bank on the Bomb ofrece recomendaciones personalizadas para cada institución financiera en Runners-Up”, añade.

Las inversiones no son neutrales

“Financiar e invertir son decisiones activas, basadas en evaluaciones de la compañía y sus planes. Las instituciones que imponen limitaciones a las inversiones en armas nucleares responden al creciente estigma en torno a esas armas, diseñadas para matar de forma indiscriminada”, precisa el informe.

Todos los países nucleares modernizan sus arsenales y Don’t Bank on the Bomb ofrece detalles de las 27 compañías privadas que fabrican componentes clave para la producción de armas, así como de los 390 bancos, compañías de seguros y fondos de pensión que todavía invierten en ellas, precisa el documento.

“A medida que se acercan las negociaciones para prohibir las armas nucleares este año, los países deben prohibir la financiación como incentivo para que el sector financiero excluya de su universo de inversiones a las compañías asociadas a las armas nucleares, y plantear el costo económico de su despliegue, acopio y modernización”, añade.

Conozca más sobre las armas nucleares

ICAN resume los hechos más destacados en relación con estas armas de destrucción masiva:





Traducido por Verónica Firme


lunes, 5 de octubre de 2015

La ONU adopta principios para reestructurar la deuda soberana



Por Manuel F. Montes y Adriano José Timossi *

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó nueve principios básicos para que el proceso de reestructuración de la deuda soberana de los países sea justo y económicamente sostenible.
Los principios fueron remitidos a la Asamblea General tras dos años de deliberaciones por un Comité Especial, que los acordó en su tercera sesión de trabajo, los días 27 y 28 de julio en la sede de la ONU en Nueva York.
Los principios habían sido presentados originalmente por el Grupo de los 77 (G77, una alianza de países en desarrollo), y China.
Seis países votaron en contra de la resolución, incluido Estados Unidos, alegando que la ONU no es el foro adecuado para discutir la reestructuración de la deuda y que un mecanismo de ese tipo generaría incertidumbre en los mercados financieros.
La mayoría de los países industrializados boicotearon la sesión de trabajo del Comité Especial en julio, al igual que el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El derecho de los Estados a concebir su propia política macroeconómica, incluida la renegociación de su deuda soberana, sin que medidas abusivas la frustren o impidan, es uno de los principios acordados.
Además, la inmunidad soberana sobre la jurisdicción y ejecución respecto a la reestructuración de la deuda es un derecho de los Estados ante los tribunales nacionales extranjeros, y las excepciones deben interpretarse restrictivamente.
Otro principio es la sostenibilidad, que implica que la renegociación de la deuda debe apuntar a una situación estable en el Estado deudor, la preservación de los derechos de los acreedores, a la vez que promueve el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.
Todo eso mientras se minimizan los costos socioeconómicos, se garantiza la estabilidad del sistema financiero internacional y se respetan los derechos humanos.
Otros principios son la buena fe, tanto del Estado deudor como de sus acreedores, la transparencia para mejorar la rendición de cuentas de los actores involucrados, y la imparcialidad de todas las instituciones y actores que participan en la reestructuración.
Asimismo, el trato equitativo de los acreedores, la legitimidad, o sea el respeto de los requisitos de inclusión y el estado de derecho, y la reestructuración mayoritaria, lo que implica que los acuerdos de renegociación de la deuda que sean aprobados por una mayoría de acreedores no deben ser impedidos por otros Estados ni por una minoría no representativa de acreedores.
El proceso de elaboración de estos principios incluyó numerosas sesiones de trabajo informales, donde los participantes discutieron las propuestas del G77 y China, junto con varios principios basados ​​en los resultados del Grupo de Trabajo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo sobre un Mecanismo de Renegociación de la Deuda.
Ese Grupo de Trabajo estaba integrado por expertos, juristas, inversores, responsables políticos y representantes de la sociedad civil.
Durante una de esas sesiones, el ganador del premio Nobel de Economía (2001) Joseph Stiglitz señaló a Argentina y Grecia como ejemplos recientes de países que padecieron a causa de los marcos inadecuados para la reestructuración de la deuda. En este contexto, las economías suelen caer en una profunda recesión, como ocurrió en ambos países, explicó.
El economista estadounidense también dijo que hubo poco avance en la aplicación del marco para lidiar con la deuda soberana, fijado por la Comisión de Expertos sobre la Reforma del Sistema Monetario y Financiero Internacional, que estudió las crisis económicas y financieras internacionales de 2007-2008, y que el propio Stiglitz presidió.
En su discurso también elogió la labor del Comité Especial, al señalar que la ONU, y no el FMI, es el lugar adecuado para discutir estas cuestiones relacionadas con la reestructuración de la deuda soberana.
Stiglitz recordó que el FMI es una institución de acreedores, y que ponerlo a cargo de la renegociación de la deuda sería como pedirle al Citibank que redactara la ley de quiebras de Estados Unidos.
“Sabemos cómo redactarían la ley, tendría servidumbre por contrato”, afirmó.
“Necesitamos una ley de quiebra justa,… eficiente y las leyes concursales que surgen de los acreedores no son ni justas ni eficientes. El único lugar donde se pueden tener a los acreedores y los deudores en la mesa es en la ONU”, argumentó.Para Stiglitz hay cinco razones por las cuales el tema tiene prioridad nuevamente para la agenda política. En primer lugar, muchos países tienen problemas de endeudamiento excesivo. La deuda soberana ya no es un problema del pasado, sino que es algo actual en Grecia y Puerto Rico, y hay posibles crisis gestándose en muchos países en todo el mundo, advirtió.
En segundo lugar, las decisiones judiciales, en particular en Estados Unidos y Gran Bretaña, ponen de manifiesto la incoherencia del sistema actual y hacen que la reestructuración de la deuda sea más difícil, si no imposible.
El capitalismo en los países no podría funcionar sin un marco para la renegociación de la deuda, y es por eso que cada país tiene una ley de quiebras para facilitar esa reestructuración.
Sin embargo, Stiglitz destacó que no existe un marco ni ley internacional comparable, sino más bien un sistema incoherente en el cual una jurisdicción toma una decisión y otra toma una diferente y no hay un lugar donde ambas pueden reconciliarse.
La tercera razón es que se produjo un traspaso de la deuda de los bancos a los mercados de capitales. Eso aumentó las dificultades de la renegociación de la deuda porque hay muchos más acreedores con intereses, a menudo contradictorios, en la mesa.
En cuarto lugar está el desarrollo de los CDS (permutas o swaps por incumplimiento crediticio), que son instrumentos financieros para traspasar el riesgo, lo que puede llevar a la mesa de negociación a partes que no tienen interés económico en llegar a un acuerdo. Peor aun, su interés puede radicar en no llegar a un acuerdo.
Y la quinta razón es el crecimiento de los fondos buitre, cuyo modelo de negocios consiste en impedir el acuerdo mediante la no cooperación con el país deudor, con el fin de obtener pagos superiores a los que recibirán quienes sí participan en el proceso de reestructuración de la deuda.
Este modelo de negocios hace que la renegociación de la deuda en virtud de los acuerdos institucionales existentes sea mucho más difícil, si no imposible.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad de los autores y no representan necesariamente las de IPS – Inter Press Service, ni pueden atribuírsele.
Traducido por Álvaro Queiruga
* Manuel F. Montes y Adriano José Timossi pertenecen al Centro del Sur, de Ginebra.

martes, 1 de julio de 2014

La ONU pone a prueba la impunidad de las transnacionales



Por Pablo Elorduy

Se celebra en Ginebra una reunión de Naciones Unidas que puede aprobar la creación de un grupo que proponga un código vinculante para las empresas transnacionales. Entrevistamos a Juan Hernández Zubizarreta, profesor de Derecho Internacional que forma parte del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos, que se desarrolla en la ciudad suiza para presionar a la ONU. 
El 26 y 27 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido esta semana en Ginebra, tiene que votar la propuesta de Ecuador y Sudáfrica, que ha sido respaldada por 85 países, de crear un grupo de estudio que valore la posibilidad de introducir obligaciones y normas vinculantes a las empresas transnacionales de cara a que éstas rindan cuentas por sus actividades. Actualmente, la ONU funciona bajo "la lógica de la voluntariedad", indica el profesor de Derecho Internacional Juan Hernández Zubizarreta, que está presente en Ginebra en el paralelo Tribunal Permanente de los Pueblos, que busca influir en la decisión de Naciones Unidas para combatir "la arquitectura de la impunidad" en la que funcionan las empresas transnacionales.

De aprobarse la propuesta de Ecuador y Sudáfrica esta semana, comenzaría una fase de consulta en la que no escasearían los obstáculos, "en el mejor de los casos puede ser un instrumento", explica Hernández. Sin embargo, el valor simbólico de ese paso puede dar un espaldarazo a los movimientos que trabajan para controlar a las transnacionales. Para Hernández Zubizarreta, la clave es terminar con la asimetría entre corporaciones y pueblos, lo que debe favorecer el fin del uso de la violencia por parte de las transnacionales para obtener su tasa de beneficio.

Mientras más de 500 organizaciones de la sociedad civil apoyan la iniciativa de la diplomacia ecuatoriana, el ministro de Exteriores José García Margallo se ha alineado con las tesis de las principales empresas del mercado global. Margallo, según han denunciado las organizaciones presentes en el Tribunal Permanente de los Pueblos, declaró ayer que "las corporaciones tienen derecho a imponer determinadas decisiones para instalarse". Esto, a juicio de Hernández Zubizarreta, muestra la "connivencia, no solo sumisión, del poder político con los intereses de esas empresas". De este modo, Margallo se sitúa "por encima del derecho internacional" en su afán por proteger los intereses del gran capital.

Pero, recuerda Hernández Zubizarreta, el de Margallo no es un apoyo en abstracto a estas empresas, sino que guardan relación con la actividad comercial de transnacionales españolas, acusadas por víctimas y ONG de pisar los derechos, la dignidad y el respeto a la naturaleza de los territorios en los que operan. Es el caso de la empresa gallega Hidralia, uno de los doce que se juzgan en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Como denunció en noviembre de 2013 Diagonal, la puesta en marcha la Hidroeléctrica Canbalam I ha conllevado la violación de derechos, las detenciones arbitrarias y el despojo de tierras de las comunidades indígenas, y, en 2012, el asesinato del dirigente indígena Andrés Francisco Miguel.

Lo que se discute en Ginebra
La propuesta de Ecuador, que cuenta, según los mentideros de Naciones Unidos, con el apoyo de la mitad de países miembros, pretende incluir un código vinculante que ya fue propuesto por el presidente chileno Salvador Allende en los 70. "A la hora de hablar de transnacionales la ONU está muy colonizada por las ideas de la responsabilidad social corporativa; se refieren a normas blandas, que se encuadran dentro de la ética empresarial", explica Hernández Zubizarreta. El blindaje funciona en dos direcciones: por un lado las transnacionales buscan mantener la desrregulación en cuanto a sus responsabilidades y sobre los derechos de las poblaciones en las que opera. Al mismo tiempo, denuncia Hernández Zubizarreta, buscan un "aumento de la regulación" a la hora de proteger sus intereses mediante mecanismos de protección.Uno de estos mecanismos son los tirubnales de arbitraje inversores-estados (ISDS por sus siglas en inglés), que incluyen disposiciones como restricciones sobre la expropiación o la libre transferencia de fondos. Precisamente, unos de los puntos sobre los que pivota el acuerdo de libre comercio EE UU-UE es la adopción de este mecanismo ISDS, un código que protege los derechos de las empresas aun a costa de la soberanía de los Estados.

Frente a esa "arquitectura de la impunidad", estos días en Ginebra se exploran las formas de poner en marcha "una arquitectura jurídica de los derechos" para controlar a las empresas transnacionales. En este sentido, Hernández Zubizarreta valora como necesarios tres pasos: un código o tratado de control, una corte internacional con capacidad de juzgar los abusos y un "centro público de empresas transnacionales" cuyo objetivo sea recibir las denuncias de las víctimas e investigar las prácticas de las empresas para terminar con la invisibilización de muchas de estas denuncias. Pero junto a estos mecanismos, los movimientos que forman el Tribunal Permanente consideran que las personas jurídicas deben asumir responsabilidades civiles y penales, también en la cadena de subcontratación como responsables solidarios. Junto a esto, se debe imponer el establecimiento de precios justos y razonables, medidas destinadas a evitar condiciones como las que provocaron el incendio de Rana Plaza, en Dacca (Bangladesh), en el que murieron 120 personas que elaboraban ropa que luego comercializaron marcas como El Corte Inglés o Mango.

lunes, 25 de noviembre de 2013

El poder de las empresas en la cumbre de la ONU sobre cambio climático


Democracy Now!

Por Amy Goodman

La conferencia sobre cambio climático de las Naciones Unidas de este año se está desarrollando en Varsovia, una ciudad llena de historia. Aquí se encuentra el principal monumento erigido en homenaje a Nicolás Copérnico, el famoso astrónomo polaco que postuló por primera vez que la Tierra gira alrededor del sol y no al revés. El aeropuerto de Varsovia lleva el nombre Frederic Chopin, en honor al brillante compositor que vivió aquí. La pionera de la ciencia de la radiación, Marie Curie, la primera mujer en ganar un Premio Nobel (ganó dos, de hecho), nació aquí.
Aquí también fue el lugar donde estuvo el Gueto de Varsovia, uno de los más horribles símbolos del Holocausto, donde cientos de miles de judíos permanecieron encerrados antes de ser trasladados al campo de exterminio de Treblinka y otros campos de concentración nazis, donde fueron asesinados. En medio del terror de la ocupación Nazi, los judíos del gueto se alzaron en un valiente acto de autodefensa. Más tarde, inspirados por el levantamiento del gueto, los habitantes no judíos de Varsovia también se alzaron y lucharon durante dos meses antes de ser finalmente derrotados por las fuerzas de ocupación alemanas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de polacos, la mitad de ellos judíos, habían sido asesinados y un ochenta y cinco por ciento de la ciudad de Varsovia estaba en ruinas.

En este preciso lugar se está desarrollando la 19a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), denominada COP 19. Miles de negociadores de los 198 países miembros de la Convención caminan con prisa a través de los corredores de tela provisorios instalados en el campo del Estadio Nacional, al igual que representantes de numerosas organizaciones no gubernamentales y miembros de la prensa. La cumbre de este año tiene una característica diferente: el auspicio de las empresas.

“Esta probablemente sea la conferencia sobre cambio climático con mayor presencia de las empresas que jamás hayamos visto", me dijo Pascoe Sabido. "Esto no significa que en las anteriores no haya habido una gran influencia de las empresas. Sin embargo, lo que es diferente esta vez es el nivel de institucionalización, el grado en el que el Gobierno polaco, la ONU y la convención misma, han recibido a las empresas con los brazos abiertos y han alentado su participación”. Sabido trabaja en la organización Corporate Europe Observatory, que publicó un folleto denominado “Guía de la COP 19 sobre el lobby empresarial: delincuentes climáticos y complicidad del Gobierno polaco”. Algunas de las grandes empresas presentes en esta COP 19, afirma Sabido, son “General Motors, conocida por financiar a grupos de investigación que niegan el cambio climático, como el Heartland Institute de Estados Unidos y está también BMW, que está haciendo cosas similares en Europa, en un intento por debilitar las normas sobre emisiones”. El logo de LOTOS Group, la segunda principal empresa petrolera polaca, aparece en los 11.000 bolsos entregados a los delegados.

Polonia, cuya principal fuente de energía es el carbón, organizó una conferencia paralela junto con la Asociación Mundial del Carbón, denominada Cumbre Internacional del Carbón y el Clima. La Secretaria Ejecutiva de la COP 19, Christiana Figueres, provocó la ira de muchos activistas por el clima al pronunciar el discurso inaugural de la conferencia de la industria del carbón. Fuera de la cumbre, los activistas de Greenpeace colgaron una gran pancarta con los colores de la bandera polaca en la fachada del Ministerio de Economía. La pancarta decía: “¿Quién manda en Polonia: la industria del carbón o la gente?”. En el techo del edificio, otros activistas desplegaron una pancarta con la leyenda: “¿Quién manda en el mundo: la industria de los combustibles fósiles o la gente?”. Mientras tanto, en la plaza que se encuentra abajo, cientos de personas se manifestaban en contra del carbón en una procesión denominada “Cough 4 Coal” (Tos por el carbón) en la que había dos grandes pulmones inflables, que representaban los efectos nocivos del carbón en la atmósfera y en la salud humana.

Mientras que en el Estadio Nacional las negociaciones se iban diluyendo, los activistas gritaban al unísono: “¿Dónde está el financiamiento?”. Los países ricos prometieron brindar apoyo financiero a los países en desarrollo para que realicen la transición hacia fuentes de energía renovables (mitigación) y para que puedan hacer frente a los efectos del cambio climático (adaptación). Oxfam calcula que, hasta el momento, este fondo ha recaudado tan solo 7.600 millones de dólares, muy por debajo de la cifra prometida de entre 30.000 y 100.000 millones de dólares. No se trata de caridad, los contaminadores deben pagar. Hablé con el principal negociador sobre cambio climático de Filipinas, Yeb Saño, en el noveno día de su huelga de hambre, que comenzó el día en que se inauguró la COP 19. Saño me dijo: “Estados Unidos, que es responsable de al menos un 25% de las emisiones totales, tiene una gran responsabilidad, una responsabilidad moral de combatir el cambio climático, no solo a nivel nacional, sino también de brindar apoyo a los países en desarrollo”.

La destrucción causada por el tifón Haiyan es un crudo telón de fondo de las negociaciones en Varsovia. Yeb Saño se enteró de que su hermano sobrevivió al tifón al verlo en las noticias mientras ayudaba a juntar los cuerpos de los muertos. La ciencia es clara: si las temperaturas continúan aumentando, los eventos climáticos extremos se volverán cada vez más frecuentes y más mortales. Luego de que Saño anunciara en un emotivo discurso durante la sesión plenaria de la convención que había decidido iniciar una huelga de hambre, varios estudiantes marcharon en silencio junto a él mientras salía de la sala. Sostenían una pancarta en homenaje a los muertos en Filipinas. Como consecuencia de su acto espontáneo de solidaridad, se les prohibió asistir a las negociaciones sobre cambio climático durante un año. Una estudiante que participó en la acción, Clémence Hutin, de París, me dijo: “Para mí, la Cumbre sobre Cambio Climático es un espacio democrático. No entiendo por qué la sociedad civil no es bienvenida en la convención, pero las empresas sí lo son”.

* Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org