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sábado, 25 de marzo de 2017

Cuando las derechas latinoamericanas pensaron en Trump



Por Esteban De Gori, Ava Gómez y Bárbara Ester

En Trump no hay pospolítica. Mientras el universo progresista busca atajos discursivos y retóricos en la moderación, el candidato republicano, y ahora presidente, eligió otra trayectoria. Se colocó en el centro del orden.

Desde el primer momento eligió una dimensión tajante, divisoria y conflictiva. Salió a marcar el campo discursivo y político. Desestructuró algo que ciertas derechas y el progresismo daban por sentado: el consenso en las rutinas económicas y financieras mundiales configurado en las últimas décadas. El Partido Demócrata se quedó sin margen de maniobra, como sus aliados internacionales, que empezaron a hacer cuentas de cuánto impactaría el decisionismo trumpiano. México comenzó a padecerlo y ha obligado a Peña Nieto a reactualizar una fórmula que lo ha incomodado tanto a él como al PRI: el nacionalismo. El propio Carlos Slim apoyó al presidente mexicano y rompió todo lazo con Trump1. La comunidad nacional vuelve a reactivarse.

Lo que Trump expresó en campaña ya está en marcha. Los gobiernos progresistas y conservadores de América Latina (y de la Unión Europea) están expectantes. Ese orden geopolítico y sus rutinas conocidas desde fines de la década de los ‘80 comienzan a modificarse con grandes cuotas de incertidumbre. Trump busca reactualizar el orden norteamericano y global. El “manodurismo” viene a corroborar esto mismo. Construir un orden a golpe de decisiones, las cuales van desde la construcción del muro, la persecución y estigmatización de inmigrantes y mujeres, hasta la relocalización interna de capitales para generar empleo en EE.UU.. El líder republicano vino a ensayar una nueva fórmula de integración y exclusión que ni siquiera su partido se había propuesto e imaginado.

El ‘bussinesman president’ hace un ejercicio de fuerza con otros empresarios. Les exige la relocalización de inversiones. Los presiona. Muestra quién manda. El sistema político norteamericano tiene un sheriff. El tipo que entra al bar a poner orden. Obliga a sus colegas a realizar su rentabilidad en su propio suelo estatal. Trump, como el Brexit, avisan que existen las fronteras y que el Estado vive de lo que pasa en su interior. El Estado ha vuelto. Inclusive, el muro posee un gran efecto político, más allá de lo propiamente operativo. Un muro implica un mayor consumo interno. Puede impactar en aquellos que ven necesario cambiar sus vidas económicas. Cierto “internacionalismo” de la globalización –propiciado por China- y del “progresismo” europeo es puesto en crisis. Sus pobres resultados en indicadores sociales han alentado esta crítica y propiciado una mirada que parecía desgastada durante el largo siglo XX. Trump y el Brexit recuerdan que el viejo y moderno concepto de Estado, su fiscalidad y fronteras pueden ser reactualizados. Estan ahí como “monstruos” disponibles, funcionales, que albergan memorias de grandezas, de crueldades y de utopías de integración social. De todo ese repertorio, Trump construyó un discurso de campaña y una simbología.

Sus acciones tendrán efectos en las agendas económicas y políticas de los diversos países latinoamericanos. Tanto, izquierdas existentes como neoconservadores que se creen exitosos pueden “funcionalizar” la agenda de Trump en diversos sentidos. Correa indicó que Trump puede ser una oportunidad para consolidar propuestas progresistas. Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle reivindicó a los hombres fuertes2 como Putin y el presidente norteamericano. Trump parece una “significante” que puede ser aprovechada por todos.

Una derecha latinoamericana atónita “amiga de la globalización” comienza a sentir el peso del Brexit y de Trump. No sabe si mirar a China y a su partido comunista, decidido por la liberación absoluta de la economía, o a Estados unidos. No saben si quedarse con el trabajador hiperflexibilizado chino o el wasp3 que reclama sus derechos a punta de pistola y discriminación.

Las primeras medidas, entre las que se encuentra la vinculada a la inmigraciónm, han suscitado la reacción de varios gobiernos. Hoy México parece el más perjudicado. Pero todavía hay una gran “cuota de incertidumbre” en cuanto a la política comercial, especialmente en torno a cómo instrumentará la creación de empleo y protección de la economía norteamericana. Esto pone sobre el escenario debates que las actuales derechas latinoamericanas creían haber “superado” o “endosado” a las experiencias progresistas. Las diversas derechas deberán reacomodarse en este nuevo escenario. Volver a tomar el pulso. Decidir qué hacer con los temas que plantea e instala Trump.

Trump y los liderazgos latinoamericanos

Los liderazgos latinoamericanos no auguraban un triunfo de Trump y, en la mayoría de los casos, manifestaron sus simpatías por la candidata demócrata. Su victoria ha significado poner en jaque sus acuerdos bilaterales e internacionales.  Perú y Chile –paladines de Alianza Pacífico- no sólo han resguardado sus acuerdos comerciales, sino que han destacado la misoginia del mandatario. Otros como Brasil vislumbran nuevas oportunidades de negocio , ante el rediseño del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), reforzando así las relaciones comerciales entre ambos. Contrariamente, Correa considera que la falta de mercado jugará a favor de una nueva integración regional, forzada por la coyuntura.

En cuanto a las políticas migratorias, México se erige como el gran damnificado, ante la promesa de campaña de la construcción de un muro con el vecino del norte. Este hecho ha sido cuestionado por los mandatarios de diversos países con distinto grado de énfasis. Sin embargo, la política de Trump no necesariamente constituye un nuevo modelo a seguir, Argentina y Chile presentan dos caras opuestas en política migratoria. Argentina con medidas más restrictivas y punitivas contra su población migrante y Chile con un proyecto de ley para flexibilizar los requisitos para migrantes.

Venezuela y Bolivia se abstuvieron de expresar su preferencia en cuanto a demócratas o republicanos, sin embargo, no dejaron de manifestar el rechazo a su discurso discriminatorio y xenófobo, una vez electo presidente. Sin duda las críticas a Trump han aunado los discursos de líderes que habitualmente presentan posturas disímiles.

México

México y los mexicanos se convirtieron en el “otro negativo” de Donald Trump antes, durante y después de la campaña presidencial. La inmigración se estableció en el imaginario colectivo como la fuente de los problemas de EE.UU.; crisis, desempleo e inseguridad, fueron las claves que llevaron a Trump a ofertar “protección” del extranjero.

Por su parte, los medios de comunicación han llevado el debate de la política migratoria a las concepciones de la “defensa al honor” del pueblo mexicano. En efecto se han hecho eco de supuestas humillaciones que recibió el presidente Peña Nieto por parte de Trump, en las amenazas de llevar las tropas a la frontera, en que México debería construir el muro, etc.4. El inmovilismo (o tibieza) en las respuestas de Peña Nieto5 ha sido redituado por algunos posibles candidatos a 2018, entre ellos, Carlos Slim, que parece que haberse convertido en “la voz de autoridad de México” para responderle al magnate norteamericano6.

Sin embargo, el problema que más preocupa a la derecha mexicana es cómo puede afectar a la elite empresarial la renegociación del TLCAN. A noviembre de 2016, Trump proponía “la renegociación o abandono” de dicho tratado7, esta situación dejaba con cierta incertidumbre a un país cuya elite empresarial dirige la mayor parte de sus exportaciones manufactureras (90%) al vecino del norte, siendo también muy importante la exportación de materias primas8.

El proteccionismo de Trump se ampara en que el déficit comercial de EE.UU. creció a su nivel más alto de los últimos cuatro años en 2016. Marcando desequilibrios persistentes con China, Europa y México. En efecto el saldo negativo de intercambios de bienes y servicios de EE.UU. con el resto de países ascendió a 502.200 millones de dólares (un 2,7% del PIB)9. Por ello, la propuesta de política comercial, particularmente con México, con el que el déficit aumentó un 4,1% en 2016, es gravar con imposiciones arancelarias de un 20% a los productos con origen en este país.

En la actualidad, Trump está empeñado en avanzar en ese proceso de renegociación (ya no habla de abandono) y se centra en que el tratado enfatice en la “justicia y la libertad” comercial: “ Quiero cambiar esto y quizá lo haremos. Quizá hacemos un nuevo TLCAN con una f extra en el nombre del TLC. ¿Saben qué significa? Comercio libre y justo. No sólo comercio libre, sino comercio libre y justo. Porque es muy injusto ”10. Una renegociación que, por cierto, Peña Nieto ya habría anunciado durante la anterior legislatura norteamericana11.

Argentina

Macri apostó por Hillary y le salió mal. Declaró en 2015: “Con 24 años, tuve que negociar con ese tipo que ahora es candidato a presidente y está totalmente chiflado”12. Es decir, a pesar de contar con un historial de negocios en común, desaprovechó la oportunidad de establecer buenas relaciones con el actual presidente norteamericano. Su pronóstico falló en su apuesta por Hillary, a diferencia del actual líder de la oposición, Sergio Massa, quien desde 2014 mantiene una estrecha relación con Rudolph Giuliani –ex alcalde de Nueva York famoso por su política de “tolerancia cero” y actual asesor de seguridad cibernética- quien lo ha invitado a la asunción del nuevo mandatario.

Paradójicamente, aunque el mandatario argentino afirma que “es evidente que la visión macro que Trump tiene es una visión muy de cerrarse, muy hacia adentro”13, el endurecimiento de su política hacia los extranjeros, por medio de la reforma migratoria, vía decreto de necesidad y urgencia (DNU), pone de manifiesto que Macri está más cerca que cualquier otro líder a las decisiones de Trump en torno a esta temática14.

La gran apuesta por la “inserción al mundo” del macrismo se vió afecatada por la suspensión por sesenta días del acuerdo comercial para importar limones tucumanos a los Estados Unidos. Los limones cobraron protagonismo ya que desde diciembre de 2016 se enfatizó como un logro de gestión la exportación del cítrico norteño bajo el gobierno del entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Otra cuestión se evidenció en relación a las visas para ingresar al gigante del norte. El Gobierno de Cambiemos auguraba que los trámites para obtener la visa de entrada a EE.UU. se volverían más laxos que durante el kirchnerismo. El arribo de Trump intensificó los requisitos burocráticos: a partir de ahora, se deberá solicitar audiencia con funcionarios consulares en la mayoría de los casos15.

Brasil

El Gobierno de Temer recibió el apoyo del Gobierno demócrata de Obama y por ello, durante el periodo preelectoral, el Ejecutivo brasileño se posicionó a favor de Hillary. Así, el ministro de Relaciones Exteriores, José Serra, señalaba a finales de 2016, que la posibilidad de que Trump fuese elegido podría resultar una “pesadilla” para el Brasil16.

Poco después, con Trump electo, la derecha brasileña, al igual que otras derechas regionales, buscó mantener unas relaciones cordiales con EE.UU.. Se impuso el pragmatismo y Temer se apresuró a señalar que las políticas del Gobierno republicano tendrían poco impacto en Brasil17. Luego, manifestó la necesidad de un trabajo conjunto con el presidente electo, “para estrechar los lazos de amistad y cooperación”, señalando (paradójicamente) que los dos países son “democracias que comparten valores y mantienen, históricamente, unas fuertes relaciones en los más diversos ámbitos”18.

Ya en diciembre de 2016, las declaraciones de intención de Michel Temer se consolidaron en la configuración de una agenda conjunta para el crecimiento de Brasil y EE.UU. En ese marco, el Gobierno de Temer ve en el rediseño del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) una oportunidad para reforzar las relaciones comerciales de Brasil con EE.UU.19 .

En cuanto al debate relacionado con las políticas migratorias de EE.UU., Temer ha manejado un discurso ambiguo (a pesar de ser de origen libanés), evitando entrar en el terreno de la disputa: “ Este país se formó exactamente por la inmigración, por todos los que vinieron a Brasil, de las más variadas razas, de las más variadas tendencias y construyeron nuestro país, también con nuestros vecinos convivimos en paz desde hace muchísimos años”20.

Colombia

Las actuales relaciones del Gobierno Trump con el Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos reflejan una dinámica particular propia de los procesos políticos que vive el país, en gran medida, inscriptos en una histórica cercanía con los Estados Unidos. Si bien las relaciones del Gobierno colombiano con el demócrata de Obama fueron fluidas y cordiales, el nuevo articulado de relaciones a establecer con el Gobierno republicano no puede dejarse de lado, debido a la existencia de diversos intereses bilaterales en juego.

El Gobierno de Barack Obama apoyó la reapertura de los diálogos con las FARC. En este marco la administración demócrata siempre estuvo dispuesta a apoyar el diálogo, pero, sobre todo, a contribuir con el periodo posterior a los acuerdos: con un fondo de 450 millones de dólares anuales a invertirse en programas de cooperación al desarrollo, diseño de las políticas públicas y cambios normativos a implementarse en el eventual posconflicto.

Todo ello también vinculado a la necesidad de apertura de nuevos espacios empresariales y explotación de recursos naturales, en los que EE.UU. sería uno de los actores principales. Porque, como señaló Humberto de la Calle (jefe negociador), desde que los diálogos se hicieron públicos, “el modelo de desarrollo de Colombia no está en cuestión”. Con ello el líder negociador se refiere a que el modelo caracterizado por una fuerte concentración de la tierra, en el que el extractivismo minero-energético se ha convertido en la forma de desarrollo aceptada unilateralmente por Gobierno y líderes negociadores como la principal forma de desarrollo económico, no es en absoluto cuestionado.

En este sentido, y aunque el Gobierno Santos se volcó en la campaña con los demócratas, señalando, a septiembre de 2016, que Hillary ofrecía más garantías para la paz que Trump21, conforme avanzaron los meses, el plebiscito puso los acuerdos de paz en serias dudas y, con Trump alzándose en la Casa Blanca, Santos reculó, enviando saludos al presidente electo y celebrando “el espíritu democrático de EE.UU.”22: “Hablé con el presidente electo Donald Trump. Acordamos fortalecer la relación especial y estratégica entre Colombia y los Estados Unidos”, señalaba poco después de las elecciones23.

Los más recientes anuncios del republicano han abierto las puertas hacia un discurso, que empieza a popularizarse entre algunos liderazgos latinoamericanos, posicionado en contra de la política migratoria del mandatario norteamericano. Así, sin grandes aspavientos, Juan Manuel Santos, en su discurso en la XVI Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, que tuvo lugar en Bogotá a finales de enero de 2017, observó sin remitirse a nombres, pero en un claro llamado de atención sobre la nueva política migratoria norteamericana: “La discriminación, la crisis de los refugiados y el rechazo creciente y absurdo a los migrantes frente al discurso de odio y exclusión que conquista los corazones atemorizados ¿Qué le podemos decir a la humanidad?”24.

Chile

En septiembre del pasado año durante su gira por Estados Unidos, la presidenta Michelle Bachelet reconoció su apoyo a la entonces candidata Hillary Clinton, de cara a la contienda electoral por llegar a la Casa Blanca. La mandataria no sólo se reconoció amiga de Hillary Clinton, sino que también afirmó “creo que necesitamos más presidentas mujeres en el mundo”25. Asimismo, hizo hincapié en la persistencia de sexismo en la política actual, en referencia a las campañas con un elevado grado de misoginia en contra de la candidata demócrata.

Ante la victoria de Trump, la presidenta chilena declaró estar a la espera de las decisiones y sus viabilidades, atenta a conocer “cuáles de los compromisos de campaña el presidente Trump lleva a la práctica”26. En el caso de chileno, y respecto al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) –el cual Chile suscribió y promovió pero que Trump pretende desmantelar-, Bachelet se reconoció también expectante. En contraposición, Trump manifestó mediante la divulgación de un video que dicho acuerdo comercial es “un potencial desastre” para Estados Unidos y que él pretende negociar acuerdos bilaterales “justos”. Michelle Bachelet aseguró recientemente que los países miembros del TPP acordaron seguir impulsando la iniciativa a pesar del evidente rechazo inicial de Trump.

Piñera estuvo en consonancia con la mandataria al sostener que “ojalá no siga por la ruta del proteccionismo, porque al final el libre comercio favorece a todos los países y para Chile es muy importante que el mercado americano siga siendo un mercado abierto para las exportaciones de nuestro país”27.

En lo concerniente al nuevo paradigma en política migratoria –inaugurado por Trump y al que se sumó Argentina- la postura de Chile es diametralmente opuesta. Próximamente ingresará al Parlamento un proyecto de ley de migraciones que crea un Registro Nacional de Extranjeros –de carácter reservado- y que define un catálogo de derechos y deberes en materia de salud, educación y trabajo. La normativa –que a diferencia del caso argentino será debatida por el legislativo- no sólo flexibiliza el ingreso y permanencia de los migrantes en el país sino que además, en uno de los puntos que genera más polémica, establece que la comisión de un delito no obligará a una expulsión inmediata28.

Perú

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), se encuentra entre los más férreos detractores de Trump. En septiembre del año pasado, PPK se opuso enfáticamente a la construcción de un muro en la frontera con México, acto al que catalogó como un crimen, recordando además la caída del muro de Berlín en 198929.

A fines de octubre, al acercarse a los 100 días de su mandato, PPK concedió una entrevista a TV Perú en la que manifestó su inquietud por las propuestas del entonces candidato norteamericano, a las cuales calificó de “preocupantes” resaltando que “su actitud hacia las mujeres también lo es”30.

En lo referente a las políticas migratorias, PPK dejó clara su postura en una entrevista con la agencia Bloomberg, donde manifestó que “los latinos, pese a lo que diga Donald Trump, hemos ayudado a Estados Unidos porque la inmigración ha disminuido la edad promedio de su población, han aparecido más jóvenes y ello ayuda a que el Seguro Social se mantenga financiado”31.

La tensión entre ambos mandatarios radica en los acuerdos de libre comercio. Cabe recordar que Trump ha mencionado su intención de renegociar los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) –suscrito con México y Canadá- y ha anunciado además que se retirará del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)32. En contraposición a esta postura, PPK considera que la “Alianza del Pacífico es el eje pensante de América Latina, en el otro lado está el proteccionismo, el gasto en subsidios desenfrenado”. Durante el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), el principal foro empresarial de Chile, Kuczynski advirtió acerca de los riesgos del proteccionismo: “lo que estamos viendo es una nube gris que se acerca llamada proteccionismo, que estaba escondida y ahora reapareció. Empezó a reaparecer con el ‘Brexit’ y ahora apareció en pleno cielo con la elección en Estados Unidos”33, manifestó desde Santiago.

Por último, PPK ha sido uno de los pocos en destacar la problemática ambiental, asegurando que el medio ambiente se encuentra “bajo ataque” debido a los nombramientos anunciados por el nuevo gobierno de EE.UU.. Según Kuczynski los retos del Perú en cuanto al cuidado de la ecología son inmensos, especialmente, frente a la desglaciación, puesto que Perú es considerado como el tercer país más vulnerable al cambio climático según la organización Tyndall Center. En cambio, para Trump, el calentamiento global constituye un invento de China para mermar la competitividad de la industria estadounidense y ya ha manifestado que podría cancelar la adhesión de su país al Acuerdo de París, compromiso suscrito el año pasado por 193 países para contener los efectos del cambio climático34.

Ecuador

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ha sido uno de los pocos que ha percibido una oportunidad en el nuevo gobierno norteamericano. En lo concerniente ha manifestado que, si bien para América Latina habrá costos –ante el proteccionismo de Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones latinoamericanas- y dolor –por el tratamiento a los migrantes y los discursos crueles e inhumanos-, dichas dificultades pueden convertirse en un factor de unidad. En sus propias palabras, “es tan torpe su discurso, tan básico, que despertaría una reacción de América Latina”35.

El mandatario recordó que el proteccionismo esgrimido por Trump no es una mala palabra, sino que se trata de políticas soberanas, para un adecuado desarrollo del aparato productivo y la protección de la pequeña y mediana industria; modelo de desarrollo de países como Estados Unidos, Alemania o Japón. Por lo que el cese del mercado internacional propicia el desafío de construir capacidades nacionales, aumentando, por ejemplo, el comercio intrarregional36. En el mismo sentido destacó que los países que optaron por la apertura de sus mercados y acuerdos con el país del norte enfrentarán serias dificultades.

“Yo lo escribí hace casi una década: la globalización neoliberal durará lo que duren los beneficios para EE.UU.. Esa es una de las razones del triunfo de Trump: ese EE.UU. profundo, el de los pequeños empresarios y trabajadores blue-collar afectados por la globalización y deslocalización de las empresas, y que no son noticia en los medios de comunicación, donde aparecen tan solo los intereses del capital trasnacional”37, afirma el primer mandatario.

Bolivia

El presidente boliviano, Evo Morales, se enfocó en un discurso anti-imperialista, señalando –en el periodo preelectoral- que independientemente de quién gobernara (demócratas o republicanos), la política de EE.UU. hacia América Latina no iba a cambiar, en sus palabras: “Estados Unidos tiene una sola política, la intervención”38. La respuesta del primer mandatario boliviano se remite a una historia de fuertes tensiones con los gobiernos norteamericanos.

La crisis más reciente produjo la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg, durante el Gobierno de George W. Bush. Ello debido a que en 2008 el enviado norteamericano habría apoyado y se habría reunido con Rubén Costas a fin de afianzar y apoyar los planes separatistas de los estados orientales, una reunión que fue considerada la prueba de un nuevo intento de desestabilización del país, aupado desde los Estados Unidos de América.

Sin embargo, a enero de 2017 el mandatario expresó poco antes de que Trump asumiera su cargo la necesidad de reestablecer relaciones, renovando el intercambio de embajadores, pero siendo enfático en la necesidad de respeto de la soberanía nacional39.

No obstante, desde la crisis desatada en América Latina por la política migratoria en la que avanzaría el nuevo Gobierno norteamericano, Evo Morales se ha convertido en un liderazgo que denuncia sin tapujos las decisiones “racistas” del líder republicano. En este sentido, sus intervenciones han dado una luz sobre las contradicciones del gobernador de extrema derecha: “Al norte hacen muros para latinos, no frenan ni las bases militares en el mundo. Qué injusticia el racismo y fascismo”, denunciaba en su cuenta de Twitter40.

Aprovechando esta situación de inconformismo en la región, el mandatario Morales también ha denunciado a los liderazgos de la derecha regional que aplican políticas similares a las del líder republicano, como es el caso del Gobierno argentino que endureció las políticas migratorias recientemente. Frente a la decisión de Macri, Morales hace un llamado a la unidad a los líderes latinoamericanos sentenciando: “ Hermanos presidentes latinoamericanos: seamos Patria Grande, no sigamos políticas migratorias del norte. Juntos por nuestra soberanía y dignidad ”41. En este sentido el presidente llama la atención sobre el fortalecimiento de los acuerdos multilaterales regionales, pide refuerzo en CELAC e invita al líder mexicano, Enrique Peña Nieto, a mirar hacia al sur en el marco de la crisis que está teniendo lugar por las decisiones en torno a la frontera binacional42.

Venezuela

En la línea con el posicionamiento marcado por el presidente de Bolivia, el primer mandatario de Venezuela señaló desde octubre de 2016 que ninguna de las dos candidaturas, ni la de Hillary, ni la de Trump, venían con buenos intereses para el país43. El mandatario venezolano, quien se decantaba por Bernie Sanders, durante las primarias del partido demócrata, quiso inicialmente alejarse del debate internacional en torno a la elección de Trump.

Tras el ascenso de Trump a la Casa Blanca, el presidente Nicolás Maduro decidió defender un discurso de respeto mutuo, apuntando a una relación de equidad entre los dos países: “Quiero unas relaciones de respeto, de altura y de cooperación con el Gobierno de EE.UU., ojalá que este siglo XXI vea más temprano que tarde nacer la cooperación entre EE.UU. y nuestra América”44, manifestó el jefe de Estado.

El presidente venezolano, quien considera que las relaciones con la administración Obama fueron una prolongación de la política internacional de la era Bush, señaló que las relaciones de EE.UU. con Venezuela sólo podrían mejorar45. Esta afirmación fue, sin embargo, tomada como una declaración de intenciones exagerada por la prensa internacional la cual estableció nexos entre los liderazgos de Maduro y Trump.

No obstante, con los recientes hechos asociados a la política migratoria, se enfatizan las distancias del presidente venezolano con la administración Trump. En línea combativa, Maduro rechaza las políticas recientemente adoptadas por el Gobierno y, ante las declaraciones del presidente norteamericano, Maduro expresó su rechazo46. De esta manera, el presidente Maduro, que hasta ahora había mantenido cierta distancia (e incluso optimismo, que no identificación) con el nuevo liderazgo de la Casa Blanca, comienza a forjar un claro discurso contra la nueva administración norteamericana.

Puerto Rico

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, quien asumió su cargo el 1 de enero de este año enfrenta una situación compleja respecto de su principal promesa de campaña: la anexión de la isla a EE.UU. “Ustedes saben que yo había apoyado a Hillary Clinton para la presidencia, pero lo cierto es que yo estoy aquí para trabajar, y en la política pasan imprevistos y uno tiene que trabajar con ellos”47.

El mandatario calificó como “inesperado” el triunfo del magnate en las elecciones y confió en que este, apoye el cambio de estatus en la isla. “La plataforma republicana es muy clara en cuanto al estatus de Puerto Rico y favorecerá un acta de admisión para la isla si así el pueblo lo decidiera”48, opinó. Roselló confía en que el programa de Trump contemple en su agenda de gobierno, entre otras cosas, la inclusión y validación de la transición de Puerto Rico. Sus expectativas se sustentan en las declaraciones del entonces precandidato republicano quien en marzo del pasado año aseveró que los puertorriqueños deberían tener la posibilidad de elegir su propio estatus político, comprometiéndose además a respetar la voluntad del pueblo, aun si este reclamara la anexión, en caso de resultar electo presidente estadounidense.

Conclusión

Trump construye una agenda local que posee efectos internacionales. Su llegada a la Casa Blanca puede acelerar o potenciar procesos políticos que ya están en marcha, como aquellos que se desarrollan en Europa (Brexit, ultraderechas, etc.) o puede reconfigurar coaliciones contra algunas de sus políticas, como lo hizo la Union Europea indicando que Trump se ha vuelto una amenaza49. “Patear el tablero”, como estrategia de consolidación de la “vuelta del orden” en el Estados Unidos, abre muchas posibilidades al resto de los gobiernos latinoamericanos, europeos o de otras regiones. Las derechas “amigas de la globalización” tendrán que explorar una alianza con China y otros países asiáticos o recalibrar de manera individual o regional su relación con los EE.UU.. El MERCOSUR está obligado a pensar la “Agenda Trump”, al igual que la Unión Europea, a la cual se añade una mayor tensión a partir del vínculo entre los presidentes norteamericano y ruso.

El mundo y las derechas están obligados a recalibrar y a ensayar nuevos cursos de acción posible, tanto económicos, políticos, como regionales. Hoy todos los gobiernos han encendido el GPS, uno que hace mucho que no usaban, y que ahora será de vital utilidad para orientarse.

Notas:



3  Wasp: americanismo que designa a las personas de origen anglosajón y religión protestante.















































miércoles, 10 de agosto de 2016

Puerto Rico nunca vivió un minuto de soberanía


Prensa Latina

Por Miguel Fernández Martínez *

Para los que todavía dudan del verdadero status político que tiene la isla de Puerto Rico, con la aplicación de la nueva ley Promesa se reafirmó la condición de Washington como metrópoli colonial en pleno siglo XXI.

La ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), sin el menor respeto a la soberanía y los derechos esenciales de los puertorriqueños y por edicto del gobierno de Estados Unidos, conducirá en lo adelante los destinos de los boricuas.

Sobre la aplicación de esta ley, Prensa Latina entrevistó a José "Tato" Rivera Santana, luchador independentista boricua y portavoz de la Concertación Puertorriqueña contra la Junta de Control Fiscal.

Para Rivera, la imposición por parte del Congreso estadounidense de una Junta de Control Fiscal a Puerto Rico, "constituye un acto de colonialismo puro, sin disfraz y crudo".

"Desde el 1952 existía un gobierno electo por los puertorriqueños que si bien no ejercía poderes soberanos, realizaba funciones administrativas y ocupaba algunos espacios de autonomía como, por ejemplo, en el ámbito fiscal".

"La imposición de la ley Promesa -añade- cierra esos espacios y cercena las principales funciones administrativas del gobierno puertorriqueño. En esencia, será una Junta Imperial compuesta por siete personas quienes tendrán el poder absoluto para decidir sobre el presupuesto, planes fiscales y disponer de todos los bienes y propiedades del pueblo de Puerto Rico".

El activista insiste que el propósito principal de esta Junta es garantizar el pago a los acreedores de la deuda, cuyo monto asciende a más de 70 mil millones de dólares.

"Es el presidente de Estados Unidos quien va a designar a esas siete personas, sin ninguna participación del pueblo puertorriqueño, por lo que se trata de un claro ejercicio antidemocrático y despótico. Además, representa una violación flagrante de los derechos nacionales y humanos de los puertorriqueños", subrayó Rivera.

Descolonización e Independencia, tema impostergable

El luchador independentista subrayó que es importante aclarar que el caso de Puerto Rico no se trata de una neocolonia. "Justamente lo que evidencia la imposición de la Junta Imperial es el carácter clásico de la subordinación colonial a la que Estados Unidos sometió al pueblo puertorriqueño desde 1898, cuando sus tropas invadieron la Isla en el marco de la Guerra hispano-cubano-americana".

Desde entonces -insiste-, Puerto Rico nunca, nunca, nunca ha vivido un solo minuto de soberanía, un solo día de independencia. Durante esos 118 años de colonialismo estadounidense el imperio practicó la explotación económica, la extracción cuantiosa de la riqueza del país, en la forma clásica que el sistema colonial lo ha hecho dondequiera que se ha impuesto.

"El tema de la descolonización e independencia de Puerto Rico es tema obligado e impostergable. Siempre lo ha sido, sin embargo, ahora adquiere una pertinencia clara y fehaciente ante las actuaciones del gobierno estadounidense", enfatizó.

Casa Blanca versus autodeterminación  

Rivera asegura que la imposición de una Junta Imperial "evidencia que a los gobernantes estadounidense solo les interesa mantener su dominio colonial sobre Puerto Rico, su absoluto control y poco les importa asumir la responsabilidad de terminar con un régimen colonial que está proscrito por las Naciones Unidas y en especial por su Resolución 1514 XV que reconoce el derecho inalienable de los pueblos a su autodeterminación e independencia".

"Las decisiones van más allá de las expresadas por la Casa Blanca. Ha quedado claro que, tanto el Tribunal Supremo de Estados Unidos, como el Congreso y la Casa Blanca reconocen que Puerto Rico es un "territorio" sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Es decir, una colonia".

"En efecto, las tres ramas del gobierno estadounidense -sin "sonrojarse"-, han aceptado que le mintieron a la Organización de Naciones Unidas (ONU) cuando en 1953 alegaron que Puerto Rico había alcanzado un gobierno propio, por lo que no era necesario mantenerlo en la lista de países bajo el sistema colonial", explica.

Resistencia popular a promesa

Antes de que se aprobara la ley que impone la Junta Fiscal -comenta Rivera-, diversos sectores sociales y políticos se organizaron y comenzaron los esfuerzos dirigidos a enfrentar este grave atropello. Se creó una Concertación que viene trazando las acciones y las diversas formas que adquirirá la movilización popular.

El pasado 25 de junio se celebró la primera Asamblea de Pueblo en contra de la Junta y de allí surgió una Declaración que establece la agenda de acción, y su llamado principal es a desobedecer las políticas y actuaciones de la Junta Imperial.

En esa dirección la desobediencia civil será uno de los instrumentos que se utilizarán y, de hecho, ya se está utilizando como medio de expresión y protesta.

La participación de los puertorriqueños que viven en Estados Unidos es parte crucial de la estrategia de lucha, como lo fue en el pasado. Además, será muy importante la denuncia internacional.

También se convocó a los funcionarios gubernamentales a la no colaboración con la Junta impuesta, y a convertirse en defensores del pueblo puertorriqueño.

Otras actividades y acciones formarán parte de la agenda de lucha y sobre todo, como ocurrió en el pasado cuando el pueblo puertorriqueño obligó a la marina de guerra de Estados Unidos a abandonar la isla municipio de Vieques, habrá mucha creatividad.

Juventud Boricua a la vanguardia

Rivera confía que, como siempre, la juventud puertorriqueña estará al frente en las jornadas más importantes de la lucha del pueblo contra la dominación colonial.

"Ahora no es la excepción -aclara-. Desde el 28 de junio, los jóvenes organizaron un campamento de desobediencia civil que impide el uso de la entrada principal de lo que se conoce como el Edificio Federal. En éste radican las principales oficinas de las agencias del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico.

El campamento se mantiene a pesar de las amenazas de desalojo de funcionarios de la oficina de los alguaciles federales.

"La voluntad de lucha del pueblo puertorriqueño viene adquiriendo forma y se va a cristalizar en los próximos meses. Este nuevo capítulo de nuestra lucha más que centenaria apenas comienza", sentenció el activista boricua.

* Miguel Fernández Martínez es periodista de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina

sábado, 18 de abril de 2015

El Pentágono extiende a Puerto Rico sus preparativos militares para la represión interna

Rebelión

Por Carlos Borrero

Adán Iglesias

No debe subestimarse el significado del recientemente divulgado plan del Pentágono de llevar a cabo unos simulacros militares en Puerto Rico bajo el nombre “Operación Respuesta Borinqueña” a mediados del mes en curso. Bajo el pretexto de la necesidad de preparar para una catástrofe natural, el imperialismo estadounidense cínicamente prepara una serie de maniobras militares en Puerto Rico en las que participarán más de mil militares de Puerto Rico, las guardias nacionales de los estados de West Virginia, Washington, Tennessee, Vermont y Nebraska, además de observadores internacionales de Honduras y República Dominicana.i
Este despliegue militar no representa un fenómeno aislado. Es la extensión de una política de creciente militarización de la sociedad estadounidense a su colonia en anticipación de la intensificación del descontento popular. En los últimos años varios simulacros militares similares basados en escenarios de ‘guerra urbana’ han tenido lugar en ciudades estadounidenses como Houston, Miami y St. Paul-Minneapolis. Estos simulacros han incluido el despliegue de aeronaves militares, tales como helicópteros Blackhawk además de paracaidistas fuertemente armados en áreas residenciales. Hace unos años, Barack Obama añadió una pieza clave a la arquitectura ‘legal’ para esta militarización de la sociedad estadounidense con la firma de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2012, que esencialmente derogó lo que quedaba de la Ley Posse Comitatus la cual hacía ilegal el despliegue de fuerzas militares en suelo estadounidense durante tiempos de ‘paz’. De esta manera este Premio Nobel de la Paz le ha dado continuidad a la política militarista de la anterior administración republicana de Bush, tanto fuera como dentro del territorio estadounidense.

Otro componente crítico de esta militarización de la sociedad estadounidense en los últimos años ha sido el suministro de equipo militar a las fuerzas policiacas urbanas a través del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security). La brutal represión desatada contra los manifestantes en Ferguson, Missouri el año pasado, así como las recientes revelaciones del periódico The Guardian del mantenimiento de "cárceles secretas" – sitios negros como el de Homan Square - por la policía de Chicago en las que se han llevado a cabo la tortura de civilesii son sólo dos ejemplos patentes de esta tendencia.

En la época del declive histórico de su sistema, la única solución propuesta por los capitalistas es la guerra, tanto en contra de las masas obreras dentro de las fronteras nacionales como en contra de sus rivales en el extranjero. De hecho, el fenómeno de ejercicios militares ‘internos’ es consistente con las recomendaciones presentadas en un estudio reciente del Pentágono en que se advierte sobre la necesidad de revisar su doctrina militar en preparación para la eventualidad de futuras intervenciones del ejército estadounidense en los grandes centros urbanos. Según los teóricos castrenses del Pentágono, las crises sociales y económicas se agudizan en las llamadas ‘megaciudades’ las cuales describen como 'placas de Petri’ para el radicalismo.iii La incipiente ola de resistencia obrera, como evidencian las recientes huelgas de los estibadores y los trabajadores de las refinerías en EEUU, además de las protestas masivas de las comunidades obreras compuestas por las llamadas ‘minorías raciales’ sujetas a la brutalidad policiaca, parecen ser sólo el comienzo de una nueva fase de intensificada lucha de clases en los centros del imperialismo que tiene muy preocupados a los estrategas de la clase dominante. A pesar de toda la retórica al contrario, los estrategas del capitalismo estadounidense saben que no son inmunes al tipo de convulsión social que ha sacudido recientemente a otros países como Grecia y Ucrania .

Las condiciones objetivas para la oposición popular al sistema se han vuelto particularmente agudas en Puerto Rico. El desempleo estructural masivo además del estancamiento económico a lo largo de 8 años han puesto de relieve la completa bancarrota de las soluciones económicas impuestas por los capitalistas y sus acólitos en la colonia. En un informe reciente de La Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU se destaca que durante el 2014 Puerto Rico registró el nivel de participación laboral más bajo de los últimos 22 años, una reducción de 37.000 personas empleadas. Se sabe que esta prolongada crisis del desempleo ha provocado durante los últimos años un éxodo masivo de puertorriqueños de la isla, muchos altamente capacitados, en lo que sólo puede describirse como una fuga de cerebros. Todo esto sucede en el contexto de una deuda pública que asciende $70 mil millones, lo que representa casi 70% del producto interno bruto, que ha servido de pretexto para una campaña de austeridad contra las masas trabajadoras puertorriqueños. Y para garantizar el flujo continuo de la riqueza a los parásitos financieros de Wall Street y sus socios menores dentro de la colonia, los administradores coloniales proponen descaradamente un aumento en el impuesto al consumo como parte de lo que cínicamente llaman una reforma contributiva.

Este panorama de crisis social y económica provoca cada vez más el cuestionamiento popular de todas las instituciones políticas en la colonia. Como tal, estos simulacros militares representan una política de intimidación psicológica realizada en anticipación de una nueva ola de protestas populares ante el desmoronamiento de la sociedad colonial. Para el imperialismo estadounidense y sus defensores en la colonia, es necesario tratar de asegurar que cualquier cambio político que ocurra dentro de la colonia se lleve a cabo bajo términos aceptables para ellos.

No obstante, los ejercicios castrenses planificados para Puerto Rico no sólo deben entenderse en el contexto de una respuesta a la profundización de la crisis social interna, sino también como una imperativa imperialista dentro del cuadro de una agudización de conflictos geopolíticos. Sin duda, el reciente acercamiento entre Washington y La Habana así como la campaña desestabilizadora llevada a cabo en Venezuela forman parte de la misma estrategia de la clase dominante estadounidense de reafirmar su hegemonía hemisférica ante la amenaza de rivales como China.

Existe en la reciente historia de Puerto Rico un importante precedente para la oposición popular al militarismo estadounidense con la lucha para sacar a la marina de Vieques. La tarea de hacer una evaluación de los aciertos y desaciertos de esta experiencia ahora les cae sobre los hombros de los elementos más comprometidos con las masas obreras cuya capacidad de precipitar la reorganización de la resistencia además de la solidaridad proletaria internacional en oposición a esta embestida imperialista se hace más urgente que nunca.

Notas:





miércoles, 1 de abril de 2015

"El muro de silencio mediático sobre Puerto Rico se resquebrajó durante Cumbre de la CELAC"


Kalvellido

Rebelión/Voces Nuestras

Por Fabiola Pomareda

El muro de silencio mediático que Estados Unidos ha levantado alrededor de la lucha independentista de Puerto Rico se resquebrajó un poco durante la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), realizada en Costa Rica, aunque fuera de una manera un tanto atropellada. 

La intervención del presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos Martínez, en la plenaria de la Cumbre, realizada a fines de enero, significó una presencia importante de la voz puertorriqueña en ese tipo de eventos políticos, con todo y que el presidente de Nicaragua Daniel Ortega violó normas de procedimiento para cederle su turno a Berríos frente al micrófono y la polémica que generó esto. 

En su intervención, Berríos expresó: “Es hora que la CELAC pase de la palabra a la acción”. Lamentablemente la discusión sobre la situación de Puerto Rico durante la CELAC no pasó del forcejeo político entre los países que apoyan la libre determinación e independencia de la isla y los que, al mantenerse al margen perpetúan el silencio y la marginación del tema. 

El primer grupo de países estaría compuesto por los que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP); léase Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador; y el segundo, identificado con la Alianza del Pacífico, que lidera EE.UU. (Chile, Colombia, México y Perú). 

Voces Nuestras conversó sobre la cláusula que legaliza el imperialismo y otros temas con Wilma Reverón Collazo, abogada y co presidenta del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano de Puerto Rico, la mañana del miércoles 28 de enero durante el Encuentro Social por la Patria Grande, organizado en las inmediaciones de la Universidad de Costa Rica, al mismo tiempo que la Cumbre de la CELAC.

· ¿A qué tipo de resolución sobre Puerto Rico se esperaba llegar durante esta Cumbre?

- “Lo que se estaba discutiendo era el lenguaje que iba a incluir la declaración sobre Puerto Rico. En la última cumbre, celebrada en La Habana en enero del 2014, el lenguaje que se aprobó eran tres párrafos, que básicamente lo que dicen es que van a reconocer y adoptar como posición de la CELAC las resoluciones que ha emitido el Comité sobre Descolonización sobre el caso de Puerto Rico. Esas resoluciones incluyen lo más importante para nosotros en este momento que es la solicitud de excarcelación de nuestro prisionero político en Estados Unidos, Oscar López Rivera. También se solicita que el caso de Puerto Rico se eleve a la Asamblea de las Naciones Unidas, porque fue esa Asamblea la que adoptó en 1953 la resolución que dice que Puerto Rico ha obtenido atributos de soberanía y que por lo tanto Naciones Unidas no tiene que intervenir. Todo eso ha resultado ser una farsa, como lo evidencian los propios documentos de EE.UU.; lo dicen bien clarito: que la soberanía de Puerto Rico continúa bajo el congreso de los EE.UU. Aspirábamos a que la CELAC hiciera más aparte de decir que se comprometen a seguir trabajando en el marco del derecho internacional para lograr que la región de América Latina y el Caribe sea un territorio libre de colonialismo. Nosotros queríamos que fuera algo más concreto. Estábamos pidiendo específicamente que la CELAC dijera: EE.UU. libera y excarcela a Oscar López Rivera a pedido de la CELAC y que la CELAC le pidiera a la Asamblea de las Naciones Unidas que retomara el caso de Puerto Rico”.

· ¿Qué pasó al final dentro de los salones de la Cumbre?

- “Pues nada de eso se pudo lograr porque hubo serias diferencias y porque hay un grupo dentro de la CELAC que plantean que esto es un asunto de autodeterminación y que eso debe decidirlo el pueblo de Puerto Rico porque si no, sería ser injerencista. Y hay otro grupo que dice que no, que hay una resolución que dice que hay que acabar con el colonialismo y que ya es tiempo que EE.UU. acabe con la situación colonial de Puerto Rico”.

· ¿Cuál es el primer grupo?

- “Eso nunca lo dicen porque hay un acuerdo de confidencialidad”.

· Se ha descrito la situación crítica que vive la población de Puerto Rico como consecuencia de las restricciones políticas y económicas que enfrenta como colonia. ¿Cuáles son algunos ejemplos de políticas económicas estadounidenses que fomentan la dependencia?

- “Como toda colonia, no tiene poderes políticos para tomar decisiones sobre su vida. Por ejemplo, en Puerto Rico si usted quiere poner una radio tiene que ser aprobada una licencia de la Federal Communications Commission (FCC), una agencia estadounidense; igual para poner un canal de televisión. Si usted quiere importar o exportar de Puerto Rico, todos los productos van a entrar y salir a través de la aduana de los EE.UU. Más aún, los puertorriqueños sólo podemos utilizar la marina mercante de EE.UU., que es la más cara del mundo y dado que somos isla, todo lo tenemos que importar y exportar a través de barcos y por supuesto eso tiene un impacto inflacionario en todo nuestro nivel de vida. En la canasta básica por ejemplo, Puerto Rico importa el 85% de lo que se consume porque nuestra agricultura fue destrozada por las decisiones que tomó EE.UU. Cuando ellos llegaron en 1898, la agricultura en Puerto Rico representaba más de un 35% del Producto Interno Bruto (PIB). Al día de hoy la agricultura no llega al 1%; por lo tanto todos nuestros alimentos tienen que ser importados y ¿a quién se los compramos? Pues a EE.UU., a través de la aduana de EE.UU. y aprobados por EE.UU. Recientemente el gobierno de Puerto Rico decidió que iba a comprar arroz, que es producto clave de nuestra canasta básica –que no lo producimos sino que lo importamos-. Y se había llegado a un acuerdo con la República Dominicana para traer una semilla de allá porque ellos tienen exactamente el mismo clima que nosotros. Pues la agencia de alimentos de EE.UU. no aprobó que se comprara la semilla a la República Dominicana y hubo que comprarla a uno de los productores de arroz de Texas”.

· Entendemos que el colonialismo en el contexto de Puerto Rico también ha sido ambiental. ¿Podría hacer una reflexión sobre el impacto en el medio ambiente y en la salud de la población?

- “El resultado de estas políticas económicas, decisiones que se han tomado todas por EE.UU., ha sido no solamente la destrucción de nuestra agricultura sino que también se ha creado una cultura de dependencia. En la década de los 50s y los 60s se hablaba de que Puerto Rico había sido un milagro económico. En los años 70s la manufactura comenzó a desaparecer porque con la globalización que conocemos las compañías norteamericanas manufactureras que había en Puerto Rico comenzaron a migrar a Asia y otros países del mundo para buscar mano de obra más barata, así que también desapareció la manufactura. Entonces nos impusieron industrias altamente contaminantes como el próximo modelo de desarrollo económico, como las petroquímicas y las farmacéuticas, prometiendo que iban a crear miles de empleos, lo cual nunca sucedió. Las petroquímicas finalmente decidieron hacer ese proceso en otro lado y donde quiera que alguna vez hubo una petroquímica lo que hay ahora es una destrucción ambiental. Allí parece prácticamente un paisaje lunar lleno de chatarra oxidada y son comunidades con alta incidencia de enfermedades respiratorias y tierras contaminadas. Las farmacéuticas también han ido desapareciendo porque una vez que se vencen las patentes han ido cerrando sus operaciones en Puerto Rico. En los mapas de EE.UU. Puerto Rico aparece como uno de los sitios que se conocen como 'superfund', que es un fondo que se habilita para las comunidades que han sido adversamente afectadas por operaciones químicas. Puerto Rico es uno de los lugares con la contaminación más alta dentro de la jurisdicción de EE.UU. Las resoluciones del Comité de Descolonización también incluyen solicitudes a EE.UU. para que cese la forma en que está trabajando la descontaminación de las playas de Vieques. La Marina de EE.UU. se fue de Vieques en el 2003 y tienen que descontaminar las playas de todas las bombas sin explotar que dejaron. Entonces hay una controversia porque si lo hacen a cielo abierto siguen esparciendo todos esos químicos que tanto daño le han hecho a la población, una población donde el 27% ha padecido algún tipo de cáncer, además de otros problemas respiratorios”.

· El movimiento que lucha por la independencia de Puerto Rico ha denunciado constantemente las persecuciones y represiones por parte del gobierno de EE.UU. ¿Podría comentar un poco sobre este movimiento de liberación? 

- “Dentro de ese contexto tú tienes un movimiento independentista que ha estado luchando contra cada una de esas políticas, esas decisiones de EE.UU., tratando de llevar un mensaje de educación al pueblo. Pero ha sido un movimiento independentista que ha sido perseguido ferozmente y ni CNN, ni ABC ni CBS van a informar sobre cosas que ocurren en Puerto Rico. El liderato del Partido Nacionalista estuvo encarcelado en los años 30s, al igual que el liderato del Partido Comunista. Don Pedro Albizú Campos, líder máximo del Partido Nacionalista fue irradiado con ondas radioactivas mientras estaba en la cárcel, lo que finalmente lo llevó a la muerte. Ha habido personas desaparecidas, entre ellas un compañero cubano, que pertenecía a la Brigada Antonio Maceo en Puerto Rico; desapareció y nunca se supo absolutamente nada de a dónde fue a parar su cuerpo. En los años 70s gente del exilio cubano se puso de acuerdo con autoridades de EE.UU., con el FBI, con la Marina y el sector anexionista en Puerto Rico y empezaron una campaña de poner bombas en las casas, tirotear y asesinar. Le asesinaron el hijo a Juan Mari Brás, que fue el líder más importante de la nueva lucha por la independencia, y que murió recién en el 2010. Le pusieron bombas al periódico Claridad, tirotearon a compañeros del periódico. Hubo compañeros a los que les quemaron sus negocios, como a la familia Nazario, y hubo listas de compañeros a los que les quemaron sus apartamentos, condominios. Y los casos siguen todos sin resolver”.

· Se sabe que el gobierno de EE.UU. ha ignorado las numerosas peticiones de la ONU para que descolonice a Puerto Rico y que para aparentar que quiere descolonizarlo, favorece el uso de plebiscitos para saber lo que quieren los puertorriqueños. ¿Qué pasó en el último plebiscito de noviembre de 2012?   

- “A Puerto Rico se le define como un territorio no incorporado. Eso no existe en la constitución ni en ninguna ley. Eso es un invento del Tribunal Supremo de los EE.UU. Lo que existe es una cláusula de la Constitución de EE.UU., que es la cláusula territorial, que es la que dice que EE.UU. tiene el derecho a adquirir y poseer territorios, a disponer de ellos, a establecer las leyes; o sea, esa es la cláusula que legaliza el imperialismo. Esa cláusula lo que dice es que la soberanía de Puerto Rico le pertenece al Congreso de los EE.UU. Ese plebiscito tuvo dos preguntas. La primera era preguntándole al pueblo puertorriqueño si quería permanecer bajo una condición territorial bajo los EE.UU. El 54% de las personas contestaron que no, porque el sector anexionista que es grande en Puerto Rico y que representa un 46% de la población, pidió a su militancia que votara que 'no', porque los estados no están bajo la cláusula territorial (…) Nosotros en el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano creíamos que se le estaba dando una oportunidad al sector anexionista de crear una mayoría artificial a través de la elección y nos negamos a participar en ese plebiscito y llamamos a nuestra militancia a que no votaran. El plebiscito fue más bien un concurso de belleza. Como todos los plebiscitos anteriores, fue no vinculante. Nada se ataba al congreso de los EE.UU. No hay ninguna intención de los EE.UU. de anexar el territorio porque no les conviene económicamente. Los grandes intereses están muy cómodos evadiendo pago de contribuciones en EE.UU. al tener sus operaciones en Puerto Rico”. 

lunes, 18 de agosto de 2014

¿Hacia dónde va el periodismo en Puerto Rico?


Por Yarimar Marro Rodríguez

En el contexto del Día Nacional del Periodista puertorriqueño sería importante, como comunicadores, replantearnos el compromiso social de los medios masivos que deberían ser promotores de la diversidad de voces de nuestro país y cuál es nuestro rol dentro de su agenda de trabajo, qué tipo de periodismo se está haciendo en la isla y dónde se encuentran los espacios que propician el periodismo investigativo/comprometido, las oportunidades laborales dentro de un marco equitativo y no a través del conocido nepotismo y la “pala” y sobre todo dónde están los espacios de acceso y participación a los movimientos sociales y los medios alternativos dentro de la agenda mediática del país.

Yo fijaría mi vista más al Sur que al Norte, que de tanto mirar pa’ arriba a la gente se le olvidan sus raíces porque esas están abajo. En Latinoamérica se están suscitando casi simultáneamente en los países más progresistas movimientos de integración regional y un cambio verdaderamente importante en el compromiso gubernamental en pos de hacer más accesible, participativa, veráz y certera la información que se genera y más importante aún en democratizar la comunicación al redistribuir el espectro radioeléctrico otorgando un tercio de las frecuencias a los medios privados, un tercio a los medios públicos y un tercio y en algunos países, como Ecuador, más del tercio a los llamados medios comunitarios y populares; crear nuevas leyes de medios que fueron producto del debate público y general del pueblo y arrebatarle de una vez a la desinformación neoliberal el concepto anglosajón de que en “materia de comunicación la mejor Ley es la que no hace” respondiendo al germen de ese libre mercado que siempre beneficia a unos sobre otros.

El periodismo es un reto diario y es un reto doble si se juega con la dualidad simbólica, visible o invisible, de la colonia como telón y trasfondo de todo el quehacer periodístico en nuestro país. Ojalá se nos permita a los nuevos comunicadores de Puerto Rico ejercer y disfrutar de la “profesión más hermosa del mundo” dentro de un marco inclusivo, democrático y en plena libertad de nuestras aspiraciones y convicciones. 

lunes, 5 de mayo de 2014

La política de Pachamama



Por Benjamin Dangl *

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

Cuando me senté temprano por la mañana para una entrevista con Evo Morales hace más de una década en Cochabamba, Bolivia, el entonces líder de los cocaleros y congresista disidente bebía jugo de naranjas recién exprimido e ignoraba los constantes timbrazos del teléfono fijo en su oficina del sindicato. Unas pocas semanas antes de nuestra reunión, un movimiento social a escala nacional exigió que las reservas de gas natural de Bolivia fueran colocadas bajo control estatal. Las mentes de todos estaban fijas en cómo la riqueza subterránea pudiera beneficiar a la mayoría pobre sobre la tierra.

En la medida en que sus ambiciones políticas se preocupaban en términos del gas natural boliviano, Morales quería que los recursos naturales “construyeran un instrumento político de liberación y unidad para Latinoamérica”. Era ampliamente considerado como un candidato popular a la presidencia, y era obvio que la política indigenista que quería movilizar como dirigente estaba vinculada a una visión en la que Bolivia recuperaría su riqueza natural para el desarrollo nacional. “Nosotros, el pueblo indígena, después de 500 años de resistencia, estamos recuperando el poder. Esta recuperación del poder se orienta hacia la recuperación de nuestras propias riquezas, nuestros propios recursos naturales.” Eso fue en 2003. Dos años después fue elegido el primer presidente indígena de Bolivia.

Pasemos rápidamente a marzo de este año. Era una asoleada mañana de un sábado en el centro de La Paz, y los vendedores callejeros estaban colocando sus puestos para el día junto a una banda de rock que organizaba un pequeño concierto en una acera peatonal. Estaba reunido con Mama Nilda Rojas, dirigente del grupo indígena disidente CONAMAP, una confederación de comunidades aimara y quechua en el país. Rojas, junto a sus colegas y familia, había sido perseguida por el gobierno de Morales en parte por su activismo contra las industrias extractivas. “Están resistiendo los territorios indígenas,” explica Rojas, “porque como decía el libro Las venas abiertas de América Latina, siguen pues abiertas, siguen desangrando, sigue sangrando la tierra, las venas de América Latina y esa sangre que se está derramando se la están llevando todos los extractivistas.”

Mientras Morales veía la riqueza bajo tierra como un instrumento de liberación, Rojas veía al presidente como alguien quien seguía adelante con las industrias extractivas –en la minería, las operaciones de petróleo y gas– sin preocuparse por la destrucción medioambiental y el desplazamiento de comunidades rurales que dejaban tras de sí.

¿Cómo podían Morales y Rojas tener ideas tan contrarias? Parte de la respuesta reside en los amplios conflictos entre la política de extractivismo entre países dirigidos por gobiernos izquierdistas en Latinoamérica, y la política de Pachamama (Madre Tierra), y cómo movimientos indígenas han resistido el extractivismo en defensa de sus derechos, su tierra y el medio ambiente.

Desde principios de los años 2000 una ola de presidentes izquierdistas fueron elegidos en Latinoamérica con plataformas que incluían el uso de la vasta riqueza en recursos naturales de la región para financiar programas sociales, expandir el acceso a la atención sanitaria y la educación, redistribuir la riqueza, empoderar a los trabajadores, combatir la pobreza, y edificar la soberanía económica nacional.

Dentro de este cambio, el Estado, en lugar de la esfera privada, ha tomado un mayor papel en la extracción para beneficiar a la sociedad más amplia, en lugar de simplemente llenar los bolsillos de unos pocos directores ejecutivos de corporaciones multinacionales, como había sido la norma bajo gobiernos neoliberales. Los costes ecológicos y sociales de la extracción siguen estando presentes, pero con una diferente visión económica. “Las actividades extractivas y la exportación de materias primas continúa como antes, pero ahora son justificadas con un discurso progresista”, explica el periodista ecologista Carmelo Ruiz-Marrero.

Aunque muchas economías y muchos ciudadanos se han beneficiado de la mayor participación del Estado en la extracción de esos recursos, el extractivismo bajo gobiernos progresistas, como había sido bajo el neoliberalismo, sigue desplazando comunidades rurales, envenena fuentes hídricas, mata el suelo, y debilita la autonomía territorial indígena. Como escribe la socióloga argentina Maristella Svampa, “La práctica y las políticas del progresivismo (latinoamericano) corresponden en última instancia a una idea convencional y hegemónica del desarrollo basada en la idea de infinito progreso y de recursos naturales supuestamente inagotables.” Alentada por el discurso progresista y el mandato de la izquierda latinoamericana, esta tendencia extractiva ha producido resultados alarmantes en toda la región.

Después de la crisis argentina de 2001-2002, las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner han trabajado exitosamente para rehabilitar la economía de Argentina, empoderar a los trabajadores, y aplicar una política económica progresista para reforzar la soberanía del país; después de años de neoliberalismo, en los cuales los servicios públicos y empresas de propiedad estatal fueron privatizadas, los Kirchner han colocado varias industrias bajo control estatal, y utilizado nuevos ingresos del gobierno para financiar programas sociales y hacer que el país esté menos endeudado a prestamistas y corporaciones internacionales.

Como parte de este cambio, en 2012, el Estado argentino obtuvo el 51% del control de la compañía de hidrocarburos YPF, que fue privatizada en los años noventa. El año pasado, sin embargo, YPF de Argentina firmó un acuerdo con Chevron para expandir la fracturación de gas natural en el país, operaciones que tendrán lugar en territorio indígena mapuche. Como reacción, comunidades indígenas que serán afectadas por la fracturación tomaron cuatro instalaciones de perforación de YPF. “No solo están tomando la tierra, explicó Lautaro Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, a Earth Island Journal. “Toda la vida natural en este región esta interconectada. Aquí, afectarán el río Neuquén, que es el río del que bebemos”. Protestas contra los planes de fracturación de YPF-Chevron tienen lugar en el país.

El presidente uruguayo José "Pepe" Mujica, quien recientemente ha recibido atención internacional por la legalización por su gobierno de la marihuana, el aborto y los matrimonios del mismo sexo, y su oferta de recibir a detenidos liberados de Guantánamo, se orienta hacia un acuerdo con el grupo minero anglo-suizo Zamin Ferrous para una gran operación minera a cielo abierto que involucraría la extracción de 18 millones de toneladas de hierro del país durante los próximos 12-15 años. Aparte de la operación minera en sí, el plan incluye la construcción de conductos para transportar el mineral del interior a la costa atlántica del país. Críticos han señalado que el plan causaría estragos en la biodiversidad de la región y desplazaría a agricultores locales. Como respuesta a los planes, existe actualmente un movimiento nacional a fin de organizar un referéndum para prohibir la minería a cielo abierto en Uruguay.

Aunque el presidente de Brasil, Luiz Lula da Silva y su sucesora Dilma Rousseff, ambos del Partido de los Trabajadores, han ayudado a expandir la clase media en el país, e iniciado exitosos programas sociales orientados a eliminar la pobreza y el hambre, sus administraciones también han presidido sobre una economía de extractivismo que no deja sitio para las preocupaciones de los pequeños agricultores o del medio ambiente. Brasil tiene la mayor industria minera de la región: en 2011 extrajo más del doble de la cantidad de minerales que todos los demás países suramericanos combinados, y es el mayor productor de soya del mundo, un cultivo OGM que se expande rápidamente en el continente con una mezcla de letales pesticidas que están matando el suelo, envenenando fuentes hídricas, y desplazando a los pequeños agricultores del campo hacia los tugurios urbanos de Latinoamérica.

El presidente ecuatoriano Rafael Correa ha defendido a las mil maravillas el medioambiente en su país, mediante la aprobación de una constitución en 2008 que otorgó derechos a la naturaleza, y el inicio de una iniciativa en 2007 para mantener bajo tierra el petróleo en el Parque Nacional Yasuní de Ecuador. A cambio de no perforar en busca de petróleo en esa área rica en biodiversidad, el plan solicitó que donantes internacionales contribuyeran 3.600 millones de dólares (la mitad del valor del petróleo) al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas para programas globales de atención sanitaria, educación y otras áreas. En agosto pasado, con donaciones de solo 13 millones de dólares, y promesas de otros 116 millones, Correa anunció que la iniciativa había fracasado, y que la extracción de petróleo comenzará en Yasuní. En un discurso televisado, el presidente dijo: “El mundo nos ha fallado”.

Sin embargo, mientras Correa habló correctamente de las obligaciones de las naciones más ricas de contribuir a solucionar los dilemas de la crisis climática global, dentro del país expandió la industria minera y criminalizó a movimientos indígenas que protestaron contra industrias extractivas en sus territorios. Bajo su administración, numerosos dirigentes indígenas que organizaban contra la minería, las medidas de privatización del agua, y la extracción de hidrocarburos han sido encarcelados por su activismo.

La criminalización de activistas indígenas que luchaban contra la minería en Perú también se ha convertido en la norma en esa nación rica en minerales. Bajo la presidencia de Ollanta Humala, la minería ha prosperado, y con ella lo han hecho los conflictos en los que comunidades locales luchan por defender los derechos a tierra y agua.

En Bolivia, el presidente Evo Morales ha hablado ampliamente de respetar la Pachamama, luchar contra la crisis climática del mundo, y utilizar filosofías indígenas como “Buen Vivir” para vivir en armonía con la tierra. Su gobierno ha promulgado políticas progresistas en términos de crear más ingresos para el gobierno mediante la administración estatal de la extracción de recursos naturales, y utilizar esos ingresos para aumentos de salarios, programas sociales nacionales en atención sanitaria, pensiones, educación y desarrollo de infraestructura. El gobierno de Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), ya han llevado a cabo cambios constitucionales y leyes que protegen el medio ambiente, empoderan comunidades indígenas, y convierten en un derecho el acceso a los servicios y recursos básicos. Sin embargo, la retórica y la promesa de muchos de esos cambios contradicen la manera cómo las políticas del MAS se han realizado en la práctica.

El gobierno ha propugnado un plan para construir una gran carretera a través del territorio indígena y parque nacional TIPNIS. Protestas contra los planes del gobierno impulsaron un movimiento por los derechos indígenas y la protección del medioambiente. Como reacción, el gobierno desató una brutal represión contra familias que marchaban en protesta por la carretera en 2011. La violencia gubernamental causó 70 heridos; las víctimas y sus familias y aliados siguen buscando justicia.

Recientemente, la promesa del MAS de respetar la Madre Tierra y los derechos indígenas y de los pequeños agricultores entró en conflicto con otro de sus planes; la Ley de Minería, que fue aprobada por el congreso controlado por el MAS a fines de marzo, e iba en camino al Senado, cuando protestas contra la ley obligaron al gobierno a suspender su aprobación hasta tener más comentarios de los críticos. Aunque grupos mineros cooperativistas privados, notorios por su falta de preocupación por el medioambiente y las comunidades locales afectadas por la minería, protestaron contra la ley porque no les otorgaba el derecho a vender sus recursos a entidades extranjeras y privadas sin suficiente supervisión gubernamental, otros grupos con demandas diferentes han presentado sus críticas. Separados de los mineros cooperativistas, esos críticos del movimiento de agricultores e indígenas están más preocupados por temas como el acceso al agua y el derecho a protestar.

La Ley de Minería da a la industria minera el derecho a utilizar agua pública para su operación tóxica y con uso intensivo de agua, mientras hace caso omiso de los derechos a la misma agua de comunidades rurales y agrícolas. Además, la ley criminaliza la protesta contra operaciones mineras, dejando a las comunidades que llevarían la carga principal de la contaminación y el desplazamiento causado por la industria sin ningún recurso legal para defender sus casas. Como reacción a la ley, una cantidad de organizaciones indígenas y de pequeños agricultores han salido a las calles para protestar.

Hablé con la dirigente indígena de CONAMAQ Mama Nilda Rojas sobre su punto de vista respecto a la Ley Minera. “El gobierno [de Morales] decía, ‘yo voy gobernar haciendo caso a las bases, las leyes van a salir de abajo hacia arriba’, pero ahhh, lamentablemente no es así en el caso de la Ley Minera” dijo Rojas. “La Ley Minera … es una ley que va en contra de la misma Constitución Política del Estado y ya nos criminaliza el derecho a la protesta, ya no vamos a poder bloquear, no vamos a poder marchar, [contra la minería],” explica Rojas. “Bueno sabemos que siempre con las marchas, con los bloqueos, el mismo Evo Morales era uno de los que marchaba, bloqueaba, entonces ¿cómo se nos puede coartar ese derecho a la protesta?”

““Lamentablemente este gobierno da su falso discurso político a nivel internacional, que defiende a la Pachamama, que defiende a la Madre Tierra, pero es una real mentira,” explica Rojas.

Mientras tanto, fuera de Latinoamérica, gobiernos, activistas, y movimientos sociales miran hacia sitios como Bolivia y Ecuador como ejemplos de superación del capitalismo y de oposición al cambio climático. El modelo de Yasuní, y del respeto de los derechos de la naturaleza puede y debe tener impacto fuera de esos países, y las naciones más ricas y sus consumidores e industrias basadas en el norte global tienen que asumir responsabilidades en cuanto a enfrentar los desafíos de la crisis climática.

De muchas maneras, gran parte de la izquierda de Latinoamérica representa considerables mejoras respecto a sus predecesores neoliberales, y ha ayudado a forjar un camino excitante hacia alternativas que han servido de inspiración en todo el mundo. En general, han sacado a países de la sombra del Fondo Monetario Internacional y de dictaduras respaldadas por EE.UU., y hacia una posición de autodeterminación. Pensando en esas nuevas direcciones, es de esperar que la derecha neoliberal no recupere el poder en un futuro previsible, y que Washington no pueda intervenir aún más en una Latinoamérica crecientemente independiente.

Sin embargo mientras la marcha hacia el progresa continúa en muchas formas, y los años electorales van y vienen, los perdedores de la nueva izquierda de Latinoamérica son a menudo los mismos que antes – las comunidades rurales desposeídas y movimientos indígenas que ayudaron a allanar el camino a esas elecciones presidenciales para comenzar. En nombre del progreso, Madre Tierra, Buen Vivir, y el socialismo del Siglo XXI, esos gobiernos están ayudando a envenenar ríos y la tierra, y desplazar, encarcelar y matar a activistas contra la extracción. La solidaridad que no considere esta contradicción puede perjudicar a diversos movimientos en la base que luchan por un mundo mejor.

Si ha de tener éxito un modelo alternativo que coloque verdaderamente la calidad de la vida y el respeto por el entorno por sobre el aumento del producto interno bruto y la expansión del consumismo, que coloque la sustentabilidad por sobre la dependencia de la extracción de materias primas finitas, que coloque los derechos de la agricultura en pequeña escala y la autonomía territorial indígena por sobre la minería y las compañías productoras de soya, es probable que provenga de esos movimientos en la base. Si este modelo ha de transformar las tendencias progresistas más amplias de la región, esos espacios de disenso y debate en movimientos indígenas, ecológicos y de agricultores tienen que ser respetados y ampliados, no aplastados y silenciados.

“Estamos siempre ahí de pie, manifestándonos contra el extractivismo,” dice Rojas. “La Madre Tierra ya está cansada.” 

* Benjamin Dangl ha trabajado como periodista en toda Latinoamérica, cubriendo movimientos sociales y la política en la región durante más de una década. Es autor de los libros Dancing with Dynamite: Social Movements and States in Latin America y The Price of Fire: Resource Wars and Social Movements in Bolivia. Actualmente es estudiante de doctorado de Historia Latinoamericana en la Universidad McGill y edita UpsideDownWorld.org, una web sobre activismo y política en Latinoamérica y TowardFreedom.com, una perspectiva progresista sobre eventos mundiales. Correo electrónico: BenDangl@gmail.com.