La oportunidad de refundar Chile

Estrategia.la

Por Pedro Brieger *

Desde el estallido social en octubre 2019 en Chile todo se mueve a un ritmo inesperado y desconcertante. Pruebas al canto. ¿Quién hubiera dicho hace apenas un año que Gabriel Boric y José Antonio kast se disputarían la presidencia? Más aún, después del triunfo de Kast en la primera vuelta del 21 de noviembre muchos se apresuraron a sentenciar que el período de lucha social comenzado en octubre se cerraba.

Se equivocaron. No comprendieron que octubre 2019 (el “octubrismo”) es una continuidad de las luchas universitarias de 2011 que tuvieron un gran respaldo ciudadano mientras gobernaba Sebastián Piñera.

También, en cierta medida, de la lucha de las y los estudiantes de los colegios secundarios (los famosos “pingüinos”) que en 2006 le exigieron reformas educativas a Michelle Bachelet. Y de una serie de luchas sociales que se fueron articulando con el tiempo, como el reclamo “No + AFP” los famosos fondos de pensión privados.

En todos los casos fueron contra las dos grandes coaliciones que gobernaron desde la muerte de Pinochet. Por un lado, lo que se puede definir como “centroizquierda”, representado por Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Por el otro, la derecha, con los dos mandatos de Sebastián Piñera.

Esta generación de jóvenes se plantó contra la generación de la denominada “transición”, la que no desmanteló la estructura política, económica y social que se construyó durante los 17 años de dictadura (1973-1990). Si bien es cierto que se modificaron varios artículos de la constitución elaborada a pedido de Pinochet, no hubo voluntad política para dar vuelta la página de manera radical, a sabiendas de que la dictadura fue mucho más que torturas, desapariciones y asesinatos, fue un modelo.

Tal vez pensaron que, con el tiempo, la etapa más terrible de la historia chilena iría quedando en el olvido, como si solo se tratara de que cicatrizaran las heridas de la represión. Hasta que llegó octubre de 2019 y se impuso la consigna “no son 30 pesos, son 30 años”. Millones de personas salieron a las calles para decirles que se había acabado el tiempo y se necesitaba un cambio de timón para enterrar definitivamente la constitución elaborada durante la dictadura.

En el marco de octubre, apenas cinco meses después -el 8 de marzo de 2020- las calles de todo el país se llenaron de mujeres clamando por derribar el sistema patriarcal. Otro ladrillo en el muro del modelo.

Seguramente el establishment político y mediático consideró que también estas protestas, como las de 2006 y 2011, perderían fuerza y se desvanecerían por arte de magia. Se equivocaron. No pudieron ver la profundidad de los reclamos, que van desde la reforma al sistema de pensiones privado hasta la legalización del aborto; pasando por las históricas reivindicaciones del pueblo mapuche o la necesidad de una salud pública de calidad, entre tantos otros.

La derecha en el gobierno desde octubre 2019 quedó descolocada, perdió por paliza todas las elecciones, no pudo impedir que naciera la Convención Constitucional para redactar una nueva constitución y ni siquiera azuzando el fantasma del comunismo pudo impedir la victoria de Boric.

Esta elección no fue una más para Chile.

En paralelo al Congreso sesiona una Convención Constitucional que Boric visitó como primer acto político después de haber sido electo presidente, mucho más significativo que su visita protocolar al presidente Piñera. Hoy existen en Chile dos poderes legítimos, y por sobre ellos el presidente. Boric tiene la oportunidad histórica de impulsar la nueva constitución y refundar Chile sobre nuevas bases, tal como adelantó en su discurso en la noche del triunfo electoral. Caminará sobre las piedras calientes que pondrán en su camino los del viejo orden, los mismos que impidieron, cincuenta años atrás, que Allende transformara Chile.

¿Podrá comenzar a hacerlo Boric articulándose con ese gran movimiento colectivo que nació en octubre 2019? Lo sabremos con el tiempo…

*Sociólogo, analista internacional, director de Nodal.am, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

¿Cláusulas latinoamericanas en la nueva constitución de Chile?

Rebelión

Por Andrés Kogan Valderrama 

A solo meses que se realice el plebiscito de salida para una nueva constitución en Chile, la discusión que se tendrá este 2022 sobre los contenidos de la carta magna en el país se comienzan a dilucidar, luego de la presentación de más de 400 iniciativas populares de norma constitucional y más de 183 mil firmas de apoyo a cada una de ellas.

Es así como se han presentado distintas iniciativas ciudadanas, en donde destacan demandas como la regulación de derechos sexuales y reproductivos, educación feminista y no sexista, desprivatización del agua y derechos de la naturaleza, reconocimiento de pueblos indígenas y plurinacionalidad, reconocimiento de diversas formas de familia, incorporación a los animales como sujetos de derecho, entre muchas otras.

No obstante, lo llamativo de todo este proceso participativo en curso, es que aún no se presenta ninguna iniciativa relacionada a algún tipo de integración latinoamericana o regional, luego de revisar las presentadas hasta el momento en las siete comisiones existentes (1).

Asimismo, esta ausencia latinoamericana en las iniciativas populares de norma, tampoco se ha puesto en discusión en medios de información, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil ni en las y los propios constituyentes, lo que evidencia la nula importancia que se le ha dado a un tema que debiera ser central en la discusión que se tendrá próximamente en el país.

Lamentablemente, como bien plantea el investigador colombiano Juan Camilo Herrera, este desapego de Chile con la región, nos distancia mucho del resto de los países,  los cuales en su gran mayoría han incorporado en sus constituciones ciertas cláusulas de integración latinoamericana, impulsadas tanto por sectores liberales, conservadores como progresistas.

De ahí que a pesar de las grandes diferencias existentes entre distintos procesos y momentos políticos en la región, de países como Bolivia Colombia, Ecuador, Perú y  Venezuela, tengan preámbulos y artículos en sus constituciones, en donde América Latina aparece mencionada

En consecuencia, sólo retrata el profundo racismo histórico e institucional de Chile, el cual con la constitución dictatorial y neoliberal de 1980, impuso violentamente un nacionalismo de mercado, el cual ha estado marcado estos últimos 30 años por una política exterior economicista, que privilegió múltiples tratados de libre comercio con países fuera de la región, en vez de liderar procesos de integración latinoamericana.

Dicho lo anterior y revisando el texto constitucional de 1980, aparece explícitamente en el artículo 32, que es el presidente quien debe “conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país” (2).

Es decir, una mirada completamente subordinada a los grandes poderes imperiales (Estados Unidos, China u otro), en desmedro de la construcción de un bloque regional autónomo, que haga cierto contrapeso a esos países y a las grandes empresas transnacionales existentes, las cuales concentran cada vez más la riqueza.

De hecho, revisando la investigación de Juan C. Herrera, en su libro “Las Cláusulas durmientes de integración latinoamericana”, nos muestra como la discusión previa de la constitución de 1980, a través de la Comisión Ortúzar, estuvo marcada por posiciones ultra conservadoras, que incluso compararon a Chile con Inglaterra: “en este momento en este país no solo existe desencanto por lo que pasó, por lo que le pasó a esta democracia nuestra tan orgullosa: «ingleses de América Latina», el país más sólidamente organizado de América del Sur”(3).

Una idea de ser los ingleses de la región, que solo reproduce un patrón eurocéntrico y un desprecio por el resto de los países, como si Chile viviera en un oasis de desarrollo, dentro de un mal barrio, lo que se ha traducido en su errático rol en América Latina estas últimas tres décadas, caracterizado por beneficiar a los grandes grupos económicos del mundo.

Se podrá decir que Chile ha sido parte de varios de los distintos organismos regionales creados históricamente (OEA, ALALC, SICA, Parlamento Latinoamericano y Caribeño, CAN,  Caricom, SELA, ALADI, Mercosur, Proyecto Mesoamérica, ALBA-TCP, Unasur, Celac, Alianza del Pacífico, Prosur), pero mientras no incorpore explícitamente en la nueva constitución, cláusulas de integración latinoamericana, siempre cumplirá un rol secundario.  

Por otro lado, si bien esos organismos han servido para agrupar a países de la región, muchas veces han sido meros medios para agendas propias de algunos Estados, como ha pasado imperialmente con la OEA (Estados Unidos), pero también gubernamentalmente con la Unasur (Venezuela y Bolivia) o con Prosur (Colombia y Chile), en donde sus presidentes lo han usado para protegerse a sí mismos.

Por lo mismo, la integración latinoamericana y la idea de un constitucionalismo transformador, tiene que ser impulsado contra cualquier tipo de  injerencismo (estadounidense o chino), pero también más allá de los gobiernos o caudillos de turno de la región, los cuales han cooptado procesos políticos.

Las razones para impulsar aquel derecho común latinoamericano, van mucho más allá de algo nostálgico en nuestra historia (sueño bolivariano) o pragmático (integración económica), ya que tiene que ver con la defensa irrestricta de los Derechos Humanos y también de los Derechos de la Naturaleza.

América Latina (Abya Yala) es la región más biodiversa en el planeta, con mayores reservas de agua, con una alta migración interna y con múltiples pueblos indígenas, por lo que más que una opción se vuelve una necesidad el tener una política regional centrada en proteger las enormes riquezas naturales y humanas existentes.  

Nos encontramos como región en un proceso muy complejo para todas y todos quienes vivimos en este gran territorio del sur global, en donde padecemos el extractivismo imperante, la violación a los derechos humanos de parte de gobiernos, la crisis humanitaria de miles de migrantes, la violencia de grandes narcotraficantes, el racismo contra pueblos indígenas y afrodescendientes, la violencia patriarcal contra las mujeres y contra las disidencias sexuales, y los propios efectos sociales y para la salud mental que está generando la pandemia actual.

Frente a esto, que la integración regional nos permita el impulsar políticas que pongan en el centro el cuidado de los bienes comunes y una ecología de saberes entre distintos pueblos, en donde la plurinacionalidad, la sustentabilidad y los buenos vivires, nos hagan ser un referente mundial, dentro de un planeta amenazado por una crisis climática (antropoceno) y civilizatoria (moderna) de más de 500 años.

Por todo lo señalado anteriormente, Chile no puede estar ajeno a este proceso integrador en su nueva constitución. Le hemos dado la espalda a la región por demasiado tiempo, por lo que es el momento propicio de hacer un giro latinoamericano constituyente, que vaya acompañado por políticas de Estado, que estén en directa relación con el resto de los países de América Latina.

Notas:

1: https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/

2: https://leyes-cl.com/constitucion_politica_de_chile/32.htm

3: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6416/6416h.pdf

* Andrés Kogan Valderrama. Sociólogo Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable. Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea.

La amenaza neofascista y las estrategias de contención democrática

Fmdelacuadra.blogspot.com

Por Fernando de la Cuadra 

El chileno José Antonio Kast junto al presidente brasileño Jair Bolsonaro. Créditos: redes sociales

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, junto con el chileno José Antonio Kast y el argentino Javier Milei, son representantes de la amenaza neofascista en América Latina. En este artículo el autor analiza su discurso y su acción y anima a construir un frente contra estas fuerzas que amenazan a la propia humanidad.

Después de la sucesión de gobiernos progresistas que surgieron en el continente a partir de mediados de los años noventa del siglo pasado, podemos observar que en este último periodo se ha producido un recrudecimiento de expresiones de ultraderecha que superan a la propia derecha liberal y democrática. En parte, las grandes expectativas creadas por estos gobiernos entre la población se vieron frustradas por la avalancha de demandas acumuladas durante décadas que no pudieron ser concretizadas.

En Brasil, a pesar de todos los avances logrados por las administraciones del Partido de los Trabajadores a partir del año 2003, los millones de personas que fueron incorporadas a los programas de Fome Zero o Bolsa Familia aspiraban legítimamente a mejorar sus condiciones de vida: tener un trabajo seguro, estable y bien remunerado, una vivienda digna, una educación de calidad, una atención en salud apropiada y expedita, un sistema previsional que les permitiese vivir el futuro sin incertidumbres, etc. Parte de estas conquistas anheladas por los ciudadanos y ciudadanas pudieron ser satisfechas con la ampliación de políticas de inclusión, el mejoramiento del salario mínimo y el acceso al crédito subsidiado. Aunque por lo mismo, la política de inclusión del PT utilizó más este mecanismo de crédito fácil que la inserción de la clase trabajadora a una estructura productiva en expansión.

Su política macroeconómica privilegiaba especialmente el control de la inflación y el superávit primario, con lo cual la inversión estatal pesada en industrias de manufacturas quedó rezagada en función de un tipo de cambio favorable a la importación de bienes de consumo. Las personas comenzaron a consumir más sin una ampliación significativa del parque industrial. Al final, las deficiencias del aparato del Estado y el déficit estructural en la provisión de servicios a la población implicaron que los esfuerzos desplegados para ampliar la protección de los ciudadanos no resultaron suficientes para satisfacer las aspiraciones de la población y, consiguientemente, una onda de malestar se fue diseminando por todo el territorio. Esta acumulación de frustraciones tuvo su expresión más clara y concreta en las manifestaciones que ocuparon las calles de las principales ciudades durante la realización de la Copa de las Confederaciones en junio de 2013.

En el marco de estas movilizaciones aparecieron grupos que enarbolaban banderas con la esvástica y hacían el saludo característico del nazismo. En ese momento, pocos pensaron que una figura mediocre y odiosa como Jair Bolsonaro pudiera constituirse en una alternativa para gobernar un país como Brasil, una nación que a pesar de sus enormes problemas se encontraba transitando dentro del ciclo socialdemócrata inaugurado por Fernando Henrique Cardoso en 1994 y profundizado por los gobiernos del PT hasta el año 2016, cuando Dilma Rousseff fue apartada del cargo a través de un Golpe jurídico-político.

Durante la votación de destitución de la mandataria, el entonces diputado Bolsonaro dedicó su voto a favor del impeachment a uno de los mayores torturadores de la dictadura cívico militar, el Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, homenajeándolo como “el pavor de Dilma”. Lejos de salir detenido desde el hemiciclo de la Cámara de Diputados por su apología al terrorismo de Estado y la tortura, Bolsonaro emergió de ese juicio como un patriota anticomunista que deseaba salvar a Brasil del yugo de los izquierdistas del PT. El huevo de la serpiente del fascismo ya se estaba incubando. El resto de la historia se fue construyendo por el hartazgo de la población con la corrupción endémica, la falta de servicios decentes para atender sus necesidades fundamentales, la violencia y la criminalidad cotidiana, la crisis de los sistemas de representación política, la carestía y el desempleo y un largo etcétera. Si a eso le sumamos el bombardeo de noticias falsas inventadas y difundidas a través de las redes virtuales por Steve Bannon y su empresa Cambridge Analytica a millones de electores, nos deparamos con un escenario propicio para el fortalecimiento de un pensamiento fascista que se encontraba en estado larvado en la cabeza de millones de brasileños.

Esta es la misma estrategia que están utilizando algunas figuras emergentes del neofascismo en el cono sur, con especial destaque para José Antonio Kast en Chile y Javier Milei en Argentina. El primero se encuentra posicionado en segundo lugar para las próximas elecciones presidenciales en ese país y ha desplazado -según las encuestas de opinión política- al candidato de la derecha tradicional, Sebastián Sichel. Con una postura de apariencia mesurada e imperturbable, Kast es un defensor de construir zanjas en las zonas de frontera para combatir la migración, de excluir a las mujeres de hogares monoparentales de los beneficios y subsidios que otorga el Estado a las familias de escasos recursos, de la derogación de la Ley del aborto por 3 causales promulgada en septiembre de 2017[1], del indulto a criminales y violadores de los Derechos Humanos durante la dictadura (1973-1990) o de la declaración de Estado de excepción ilimitada en la Macrozona Sur (Territorios Mapuche). Kast es un neofascista cínico que por detrás de su máscara de “persona gentil” y amante de la libertad se esconde un adulador de Pinochet y de la obra de la dictadura cívico-militar, con un oscuro pasado de su familia que participó activamente en las atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas luego del Golpe de Estado de 1973.

En el caso de Javier Milei, nos encontramos ante un publicista y divulgador de un pseudo pensamiento libertario que, con un lenguaje agresivo y un discurso contra el Estado, la política y sus “castas” privilegiadas ha conseguido crecer electoralmente, obteniendo el 17 por ciento del apoyo en las últimas elecciones legislativas en Argentina, siendo escogido diputado y encaminándose para la próxima contienda electoral de 2023 en ese país. Milei al igual que Bolsonaro y Kast se alimenta del hartazgo de una parte significativa de la población y de una juventud desengañada en el porvenir y en sus posibilidades de realización en medio de la crisis estructural de la civilización del capital por la que atraviesan las sociedades contemporáneas, agudizadas al extremo por la pandemia que devasta al planeta.

Ante los obstáculos de un Estado incapaz de resolver los problemas de la ciudadanía, Milei aparece como un redentor iluminado que va a conseguir contornar la crisis económica y llevar a la Argentina hacia una fase de prosperidad, crecimiento y mayores oportunidades individuales. En ese sentido, él promueve un tipo de individualismo exacerbado y se erige como un oponente de decisiones colectivas tales como la vacunación contra el Covid, siendo también un adversario de la mayor igualdad de género o defensor del genocidio provocado por la última dictadura argentina. Su individualismo antisocial lo lleva a plantear la futilidad de cualquier proyecto de bien común que tenga un espíritu de colaboración, para apostar en la acción de emprendedores atomizados y en permanente competencia, principios de un liberalismo recalcitrante que se asemeja a la concepción hobbesiana de la “guerra de todos contra todos”.

La producción artificial del miedo y la respuesta de las fuerzas democráticas

Un elemento común de los proyectos de ultraderecha en la región y en el mundo, consiste en la propagación constante del miedo y la incertidumbre entre las personas. El bombardeo mediático diario de noticias sobre asaltos, crímenes y pandillas de narcotraficantes es parte de un proyecto de inculcación del terror cotidiano en las personas, para que visualicen la inevitabilidad de la salida por la derecha o la extrema derecha como la mano dura necesaria para poner límites a la violencia y la criminalidad. En un escenario de profundas transformaciones, pandemia e inseguridad las formulas neofascistas resultan atractivas para los electores mayoritarios: el rechazo al pensamiento crítico y de representación compleja del mundo, el temor a la diferencia y lo desconocido, el nacionalismo burdo, el desprecio por los extranjeros, las tesis conspirativas de cualquier índole, la lucha constante contra los “otros”, el machismo atávico y la homofobia, el elitismo, la aporofobia y el sentimiento antipopular. De esta manera, las fuerzas de la ultraderecha avanzan en un contexto de mayor precarización laboral y de incertezas de la vida cotidiana.

Al analizar el fenómeno del fascismo en la Italia de la década del 20 del siglo pasado, Antonio Gramsci, señalaba que aquellas sociedades que se encuentran en una etapa de transición se ven enfrentadas a fases grises, de indefiniciones, donde lo viejo no ha terminado de desmoronarse y no nuevo no emerge con total claridad. En esos periodos sombríos se crean las condiciones propicias para el surgimiento de figuras mesiánicas que se arrogan la salvación de la patria, libertadores de estirpe autoritaria que vienen a llenar el vacío dejado por la inestabilidad del cambio y que responden a los deseos de identidad perdida y de sentido de futuro de las y los habitantes. Ese destino común anhelado por las personas se nutre muchas veces de lo más elemental y vulgar de esa búsqueda de pertenencia (la nación, la raza, la bandera, la tradición, los mitos) que es invocada por el líder predestinado que va a ser capaz de refundar el país y derrotar a sus enemigos. Es indudablemente una narrativa que convoca a muchos seguidores y electores como se puede constatar a lo largo de la historia.

Ante ello, ¿qué pueden hacer las fuerzas democráticas para detener el avance de estas modalidades de neofascismo? Primero que nada, denunciar por todos los medios posibles la sucesión de mentiras propagadas por los profetas del miedo y del caos, para generar las condiciones que permitan recuperar la confianza y la cooperación de las y los ciudadanos. Junto con ello debemos contrarrestar la embestida autoritaria por medio de la formación de un “bloque histórico antifascista” que congregue a todas las fuerzas democráticas que deseen participar de este esfuerzo destinado a consolidar las instituciones de la República.

Junto con ello, es necesario restaurar el tejido social y organizacional de la nación. Generar debates y cabildos ciudadanos en diversas instancias, implantar escuelas de formación política con el apoyo de los gobiernos locales progresistas, pero también con las propias organizaciones existentes en el espacio local, crear redes y diseminar la actividad cívico-política entre las comunidades, fundar talleres de diversa índole, centros culturales, grupos de teatro, asociaciones de artesanos y artistas, formaciones de equidad de género, organizaciones de jóvenes, de adultos mayores, de pueblos originarios y afrodescendientes, grupos ecologistas, etc.

Los partidos políticos cumplen un papel trascendente en este proceso, tanto en la denuncia de los embates despóticos de la ultraderecha como en la construcción de canales de participación de la gente, no solamente en la vida partidaria, sino que fundamentalmente en las expresiones extrapartidarias presentes en la vida de los territorios y espacios vecinales. La articulación entre los partidos y los movimientos sociales debe superar las desconfianzas mutuas que han sido estimuladas por el relato de la extrema derecha que se declara apolítica y anti partidaria.

La amenaza neofascista en América latina y en todo el mundo es un hecho que debe alertarnos y motivarnos para la acción mancomunada contra estas fuerzas deletéreas de la humanidad, pues tal como nos advirtió hace décadas el gran escritor italiano y víctima del nazismo, Primo Levi: “Si el horror ha sucedido, puede volver a suceder, y esto es la esencia de lo que tenemos que decir”.

Notas

[1] Las 3 causales que despenalizan la interrupción voluntaria del embarazo son: a) Cuando la mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida; b) Cuando el feto padezca una patología congénita adquirida o genética que inviabilice su vida extrauterina independiente; y c) Cuando el embarazo es el resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación.

* Fernando de la Cuadra es doctor en Ciencias Sociales, editor del blog Socialismo y Democracia y autor del libro De Dilma a Bolsonaro: itinerario de la tragedia sociopolítica brasileña (editorial RIL, 2021).

La sal de la tierra, Antofagasta de la Sierra y el saqueo de litio

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Por Susi Maresca *

Foto: Susi Maresca

El litio es un mineral imprescindible para los autos eléctricos. Está asociado a la llamada “transición energética”, una falsa solución impulsa por empresas y gobiernos contra la crisis climática. Viaje al Salar del Hombre Muerto, donde la explotación de litio consume millones de litros de agua, seca ríos, contamina y viola los derechos de los pueblos indígenas.

—¿Dónde empieza el salar?

—Todo esto ya es el salar, de ambos lados.

—¿Y dónde está la sal?

—Al final, en aquel sector. Es lo que queda.

—¿Esa mancha lejana?

—Sí.

En Catamarca existen al menos 18 proyectos de litio que se encuentran en diferentes etapas: prospección, exploración inicial y avanzada, factibilidad y producción. Pareciera que efectivamente el litio es el nuevo oro de la denominada «transición energética».

A fines de 1997, Minera del Altiplano Sociedad Anónima (actual Livent, subsidiaria de FMC Lithium) inauguró el proyecto Fénix, sobre el Salar del Hombre Muerto, donde posee una planta de carbonato y cloruro de litio, con una producción anual promedio de 16.500 toneladas que exporta a sus propias plantas industriales de Estados Unidos y China.

Mientras tanto, el departamento de Antofagasta de las Sierra está ubicada a 597 kilómetros de San Fernando del Valle. Su población, de 1800 habitantes, carece de los servicios básicos de calefacción y transporte, paga altos valores por la electricidad y el agua. y la Dirección de Gestión Ambiental Minera recibió varias denuncias por la contaminación y exterminio de la vega del río Trapiche.

Aunque suele publicitarse como “energía limpia”, la extracción de litio implica sobreconsumo de fuentes de agua, uso de químicos contaminantes, desplazamiento de poblaciones y una invasión propia de la época de la colonización. Allí, actualmente, existen ocho proyectos de extracción de litio de ocho empresas diferentes. Un saqueo posmoderno.

Foto: Susi Maresca

Nieve y miedo

Hace frío. Días atrás nevó y está todo cubierto de blanco. Cuentan sus habitantes que no fue una gran nevada, que cada año es más escasa. A medida que se sube, el paisaje es imponente, da la sensación de que ahí se inició el mundo. Los caminos serpentean las montañas. Los colores, las formas que fue dejando la lava de los volcanes, los animales corriendo en la inmensidad, el sonido del viento. La sensación de que la vida fue dejando señales, durante miles de años, que van susurrando a cada paso sus historias.

Es domingo, pero los camiones de las empresas mineras no dejan de pasar.

¿Qué se llevan? “Un poco el presente, un poco el pasado, un poco el futuro”, dice Alfredo.

El patrullero nos persigue y la empresa Livent manda a su seguridad, que también nos persigue. Como en muchas provincias afectadas por la megaminería, hay miedo.

Foto: Susi Maresca

El verdadero “triángulo del litio”

Hace más de 25 años comenzó el proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto, a 97 kilómetros de la villa de Antofagasta de la Sierra, por la ruta provincial 43. Es un proyecto de megaextracción de litio en las salinas. Se extrae carbonato y/o cloruro de litio, ulexita y, sobre todo, agua.

La primera empresa fue Minera del Altiplano, actual Livent, radicada en Estados Unidos y que pertenece a la corporación FMC Lithium.

Verónica Gostissa, abogada especialista en derecho ambiental, integrante de la asamblea Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) relata: “Este proyecto tiene altos niveles de extracción que empiezan a tener un giro en los últimos años a causa de la llamada transición energética. Una vez más la dinámica entre el norte global y el sur global habla de un saqueo de los bienes comunes a los países del sur para sostener esta transición energética del norte con un costo ambiental altísimo e irreparable”.

En esta transición energética que quiere dejar atrás la utilización de hidrocarburos y combustibles fósiles hay algunos interesados fundamentales. Según el diario La Nación, “a partir de 2022, la Argentina se convertirá en el segundo mayor productor de litio en el mundo, solo por detrás de Australia. La empresa de automóviles BMWfirmó un contrato multimillonario con Livent, pero no es la única, también está la multinacional estadounidense Tesla, de autos eléctricos.

En abril de 2021, el gobierno nacional junto a gobernadores de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca inauguró la Mesa del Litio. “El objetivo es impulsar el desarrollo de este sector clave para el NOA y la industrialización de materias primas en el país”, señalan. Nuevamente Argentina productor de materias primas a costa de las poblaciones y del agua. Nuevamente desoye a las comunidades, sus demandas y necesidades, nuevamente convirtiendo al país en una zona de sacrificio a cambio de unos pocos dólares y una deuda eterna.

En el contexto internacional, Livent con el proyecto Fénix decidió duplicar su producción, a la que se le suman ocho empresas con ocho proyectos en diferentes estados. Uno de los mayores es el de Galaxy Resources Ltd, con el proyecto llamado «Sal de vida», una empresa que se acaba de fusionar con la compañía Oro Cobre en agosto de 2021, la misma que extrae litio en Jujuy con denuncias de las comunidades por contaminación y falta de consulta pública. Ambas empresas son de origen australiano fusionadas en Allkem.

También figuran las empresas Posco Argentina, multinacional de origen coreano, y Alpha Litihum corporation, mitad australiana y estadounidense.

En Ministerio de Minería de Catamarca señala al menos quince proyectos de extracción de litio. Parte de ellas operan sobre territorios indígenas de la comunidad Atacameños del Altiplano. Aunque las leyes nacionales establecen que debe obtenerse el consentimiento libre, previo e informado a las comunidades, nada de eso se cumple.

Para la asamblea Pucará el llamado “triángulo del litio” que conforman Argentina, Chile y Bolivia, no es el triángulo real. “El verdadero triángulo del litio es el enorme vínculo entre las fuerzas de seguridad, el Estado y las empresas multinacionales”, resumen.

Foto: Susi Maresca

El hombre muerto

En el Salar del Hombre Muerto la vida y la muerte se fusionan y por momentos los límites son imperceptibles. Por otros, son abrumadores. Grandes lagunas verde-esmeralda con un olor ácido y fétido, que de lejos parece un paraíso sin vida. Donde están las aguas contaminadas no hay un solo animal y los pocos lugares donde el agua todavía brilla, como en el río Los Patos, hay aves por doquier. A Román Guitián, el cacique de 42 años de la comunidad indígena diaguita Atacameños del Altiplano, una ruta le atravesó su casa y sus tierras, donde están sus ancestros.

El “hombre muerto”, que le da el nombre al salar, eran unos restos humanos que encontró su bisabuelo. “La tumba grande es la de mi bisabuelo y la chiquita es la famosa tumba del hombre muerto, que la encontró mi bisabuelo al término de la anhidrita (un mineral cristalino que se encuentra en la zona), lo trajo y lo sepultó acá. Él pidió que cuando muera lo sepulten a su lado y ahí está. Estas son tierras ancestrales, aquí han vivido muchas generaciones de mi familia. Toda la vida. Acá vivió mi bisabuelo que era padre de mi abuela y mi abuela que era madre de mi madre. Vivieron y murieron aquí. Están aquí. Se dedicaban a la ganadería, pesca de truchas en el río Los Patos y a la siembra”, cuenta Román.

Antiguamente el salar era un lugar de intercambio con otras comunidades. La sal que abundaba, y que hoy escasea, era insumo para intercambiar por lana y carnes.

Foto: Susi Maresca

Convenios internacionales y leyes incumplidas

El salar, cuyo sistema de lagunas se ve amenazado por la actividad minera, está a más de 4000 metros de altura en la Cordillera de Los Andes pero no integra el sistema de Lagunas Altoandinas y Puneñas, protegido desde 2009 por el Convenio Ramsar para la conservación internacional de humedales. La exclusión no fue casual: se trató de una decisión expresa del gobernador de Catamarca en 2008, Eduardo Brizuela del Moral, que facilitó el avance extractivo.

La reforma de la Constitución Nacional de 1994, además de regalar los territorios a las empresas multinacionales, reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y los derechos de propiedad comunitaria respecto de las tierras que han ocupado tradicionalmente, así como el derecho de administrar los recursos naturales. El derecho a la posesión de la tierra implica que la misma no puede ser enajenable, transferible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Además, el Estado adhirió a acuerdos internacionales como la Carta Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Dnudpi).

En el 2000, Argentina ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, un convenio de naturaleza supralegal, superior a la ley nacional. Establece que los pueblos indígenas deben ser consultados respecto de cualquier medida legislativa o administrativa que los involucre, y que esto es responsabilidad del Estado. En relación con las actividades extractivas, enfatiza que las consultas deben realizarse antes de cualquier aprobación de una exploración o explotación. Esto nunca sucedió, denuncia Verónica Gostissa.

Foto: Susi Maresca

“Desde que llegó la empresa hay mucha muerte”

Camilo Condorí tiene 63 años, las manos curtidas y ganas de morirse en su tierra. Le instalaron la planta de la empresa Livent a unos 1000 metros de su casa y ahora quieren que él se vaya para hacer más piletones de salmuera. Le cortaron sus tierras a la mitad con un camino minero, igual que al cacique, y le pusieron candado a la tranquera que conecta con la casa de su familia. Para visitar a su madre, tiene que pedirle permiso a la empresa.

Camilo anda en bicicleta. No dejará su tierra. Resiste.

Entre otros promesas, cuenta que le dijeron que volverían a habilitar el camino hasta la casa de su madre. Pero no cumplieron.

“Solía tomar agua de una vertiente que es natural, de agua dulce, cerca del salar. Ahora hace un tiempo ya no voy para ahí porque me empezó a hacer mal. Me arden los ojos y me comienzo a sentir mal. Me hicieron un pozo acá que es a penas para lavar ropa, para bañarme, para nada más. No es para consumo. Dicen que esa agua no está contaminada (señala la laguna) pero si la tomo me enfermo. Porque nosotros somos nacidos, criados aquí. Antes no había ningún vapor, no había nada. Ahora de mañanita hay humareda, un vapor, como si fuera agüita hervida. Pero ellos dicen que no tiene nada”, explica.

—¿Cómo era el camino y qué pasó?

—Antes era camino derecho, por donde quieras andabas tranquilo, no había ninguna molestia de nada. Y ahora, desde que llegó la empresa, hay mucha muerte, ves todo lo que han arrancado (señala los pastizales que sacaron).

—¿La empresa le propuso que usted se retire de acá?

—Si, hasta el mismo Intendente quiere que uno salga de aquí. Darle lugar para la empresa. Todos son… ¿cómo se dice? Alcahuetes. Nadie está a favor de uno, únicamente él (señala al cacique Román) pero él es de aquí así que… Poca gente está enojada por esto. ¿Cómo va a venir una empresa de otro lado a sacarme? Él lo ha dicho, no hay que aflojarle… ¿Adónde voy a ir yo? ¿A otra parte? No, no hay que salir.

—¿Y su salud cómo está?

—Ando un poco medio mal. Me duele arriba. La última vez que fui al médico fue para el Año Nuevo. Tengo vómitos, debilidad. Tomo aspirinetas que me ha recetado una doctora para que no pueda llegar a una ACV.

—¿Su campo cómo era antes de que llegara la empresa?

—Y bueno, era todo, había animales. Pero después que alambraron ya no podés tener hacienda. La vega era grande (refiere al río Trapiche que está seco a causa de la megaminería). Ese camino (señala) era de todos aquí, pero ahora lo han hecho para ellos nomás. Nooo, son tremendos, estamos hasta la manija. ¿Cuándo le vas a hacer entender? Habiendo salud ya se puede luchar.

Román Guitián agrega: “El humedal donde ellos tiran el desecho de la planta al agua dulce está a 50 metros. Esa agua que ellos tiran del desecho de la planta la tiran al salar. En la vega está el pocito de agua donde sacamos el agua para tomar toda la vida. Esta empresa minera desde que arrancó, siempre tiró el agua ahí. Con un ecualizador que ellos llaman dicen que le bajan el PH, pero son mentiras porque esta agua nunca, desde que vivimos acá, fue de ese color y tampoco en las mañanas, que cuando recién amanece empieza a tirar un vapor y todo eso nunca pasaba antes. Por eso nosotros decimos que esta agua está contaminada. Pero no podemos hacer un análisis porque no tenemos la cadena de custodia donde poder llevarlo a un laboratorio seguro para hacer los estudios y comprobarlo. Nuestra palabra no vale”.

Foto: Susi Maresca

El río Trapiche seco y el acueducto para las mineras

Otro de los grandes problemas actuales en el salar es que las empresas (Galaxy y Livent) quieren hacer un acueducto de 35 kilómetros y ya comenzaron las obras. El acueducto va desde el río Los Patos hasta la planta de la empresa.

Patricia Marconi, bióloga con doctorado en manejo de cuencas hidrográficas y cofundadora de la Fundación Yuchán, afirma: “Uno de los impactos inmediatos sobre la extracción de agua dulce para el procesamiento de litio, en los primeros años de la instalación del Proyecto Fénix, fue la desecación completa de la represa construida sobre el río Trapiche, que implicó la pérdida de entre 16 y 20 hectáreas de vega de una formación vegetal que requiere de condiciones de inundación permanente y es uno de los lugares de mayor productividad primaria. Zona de pastoreo de camélidos domésticos, llamas y vicuñas. La extracción de agua promedio (de la minera) es de 650.000 metros cúbicos por hora, todos los días”.

La Fundación Yuchán, que trabaja desde 1996 a través de un programa integrado por especialistas de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, tuvo acceso a los informes de impacto ambiental pedidos por la Secretaría de Ambiente de Catamarca. Patricia Marconi señala que los estudios de impacto ambiental son presentamos como si fueran proyectos únicos en la cuenca, no mencionan a las otras empresas, salvo para decir que el área es muy exitosa en cuanto a la calidad del litio que se obtiene. Las compañías no relacionan el uso que van a hacer todas ellas del mismo recurso (las salmueras que son extraídas del salar y posteriormente llevadas a piletas de evaporación para obtener un concentrado de salmuera que luego es procesado, como del agua dulce que obtienen de los ríos para el procesamiento del mineral).

No se tiene en cuenta lo que se llama impactos acumulativos y sinérgicos, pese a que a partir de una resolución del Consejo Federal Minero (Cofemin) las tres provincias del noroeste que están involucradas (Jujuy, Salta y Catamarca) se comprometieron a tener en cuenta estos impactos.

La bióloga precisa que menos del uno por ciento del agua dulce del planeta está disponible y de ese uno por ciento, el 97 por ciento es agua subterránea. En la Puna se encuentra en acuíferos a distintas profundidades. En este contexto, este tipo de minería es una megaminería de agua ya que se estima que consume por tonelada de carbonato de litio final, entre uno y dos millones de litros de agua.

“La proporción de agua dulce es muy alta. En el caso del Proyecto Fénix, con los caudales solicitados, estos 650.000 litros por hora representan lo que la ciudad de Antofagasta de la Sierra consume en 14 días. Esto para dimensionar la incidencia que este tipo de actividad extractiva tiene sobre el agua dulce en un territorio que es un desierto de altura, sumamente árido donde llueven menos de cien milímetros anuales y donde el balance hídrico natural (la cantidad de agua que entra al sistema por lluvia, nieve, deshielos y la cantidad de agua que sale del sistema natural por evaporación es de cada uno que entran salen siete) es negativo ¿Cómo se compensa? Con aguas subterráneas que aparecen a través de ríos, en lagunas que son los fondos de estas cuencas cerradas o cuencas endorreicas”, explica Marconi.

Foto: Susi Maresca

Violencia hacia los pobladores y la comunidad

Hugo Calpanchay es parte de la comunidad Atacameños del Altiplano y sonríe. Recibir visitas amigables es todo un acontecimiento. Tiene 36 años y se levanta a las 5 de la mañana para darle de comer a sus ovejas. Elije sacarse la foto delante de un galpón que construyó hace poco con los plásticos que vuelan de los piletones de las empresas mineras y que él va recolectando como reciclador de la Puna.

“Hubo varios episodios de criminalización, causas judiciales y persecución policial, como modo de acallar las voces que empezaron a surgir después de tantos años de silencio y tolerancia al avance extractivo de las empresas, la acumulación de riquezas y, por ende, la destrucción del salar y sus territorios”, relata Verónica Gostissa.

Hugo fue acusado de amenazar con incendiar la empresa. Lo detuvieron en 2019 y la causa sigue abierta, sin pruebas. “Cuando se hizo conocido lo que me pasó, lo que me hicieron, venía una psicóloga de la empresa y me llevaban al médico, a que me atienda. Ahora solo me traen la alfalfa para las ovejas de vez en cuando, acá no crece nada. Quieren que nos vayamos, pero acá seguimos porque ésta es nuestra tierra”, recuerda.

Quien llevaba esa causa era el fiscal Jorge Alberto Flores, destituido de su cargo en mayo por irregularidades con una empresa que, a nombre de su esposa, era proveedora de alimentos de la minera.

A Patricia Reinoso, profesora de una escuela de Antofagasta de la Sierra, le hicieron un sumario y estuvo todo un año sin cobrar su sueldo, corrida de su cargo de docente, por el solo hecho de acompañar la defensa del Salar.

La familia Morales tiene un título de posesión de tierras con una antigüedad de más de cien años. Y también sufrieron acoso policial. Fue luego de que el intendente, Julio Taritolay, decidiera que los camiones y máquinas inmensas de la minera atravesaran las tierras ancestrales de los Morales.

Las mineras necesitaban pasar por allí, un camino al costado del pueblo, para que los vecinos no vieran los inmensos caños que iban rumbo al Salar para hacer el acueducto del río los Patos.

Santiago y Alfredo Morales volvieron a colocar los alambrados que contienen a sus animales y llegó la policía a cortarlos sin ninguna orden, decían ser mandados por el fiscal Flores y el Intendente Taritolay. Se llevaron detenidos a Santiago, su compañera con problemas cardíacos y una hermana, a los golpes y tirones. Los acusaron de resistencia a la autoridad y, luego de dos años, la causa sigue abierta.

Foto: Susi Maresca

Los lunes de las almas

Eli Mamani tiene dos hijas (Ludmila de 19 y Naiara de 9). Además, es parte de la comunidad Atacameños del Altiplano y la compañera de Alfredo desde hace 25 años. Una luchadora de la vida emigró de Salta en busca de su padre y encontró en Antofagasta un lugar que creía seguro para su familia. Hoy piensa cómo salir adelante, participa de charlas, se junta con las otras mujeres en el cementerio los lunes, porque es el día de las almas. Quiere que se organicen para compartirse conocimientos y poder armar un microemprendimiento de tejidos. “Algunas saben hilar, otras en el telar, a mí me gusta tejer”, señala. Junto a su familia, una vez por semana hacen pan y bizcochos para vender. Dice que no está en contra de la minería, sino de la enorme contaminación que dejan, de las promesas incumplidas de los puestos de trabajo que nunca llegan, de los jóvenes sin futuro que tienen que irse para estudiar o conseguir trabajos dignos. Le encanta hacer de guía turística y cree en el futuro, pese a todo.

* Susi Maresca desde Catamarca.

Presidentes millonarios contra las mayorías

Rebelión

Por Hedelberto López Blanch

Cada día se comprueba con datos más sólidos que los presidentes millonarios actúan para favorecer sus propios intereses y a las clases adineradas, en detrimento de las grandes mayorías.

Ningún mejor ejemplo de esa realidad que lo ocurrido recientemente cuando la investigación conocida como Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) destapó que tres actuales presidentes, una decena de expresidentes, además de ministros y altos funcionarios de América Latina poseen acciones en paraísos fiscales para ocultar sus riquezas y evadir impuestos.

En América latina, la región más desigual entre ricos y pobres del planeta, aparecen en la lista de los Papeles de Pandora los presidentes Sebastián Piñera (Chile), Guillermo Lazzo (Ecuador) y Luís Abinader (República Dominicana); los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski (Perú), Horacio Cartes (Paraguay), César Gaviria y Andrés Pastrana (Colombia).    

También están los exmandatarios Porfirio Lobo (Honduras); Alfredo Cristiani y Francisco Flores (El Salvador); Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares (Panamá).

Como se conoce, mediante los paraísos fiscales ha surgido una industria especializada en la gestión de los trámites necesarios para que interesados de cualquier parte del mundo (siempre personas adineradas) puedan crear sus sociedades de forma secreta.

Con la ayuda de los llamados Despachos de Abogados, el cliente consigue no dejar rastro de su identidad en documentos oficiales como actas de incorporación o registros de accionistas.

Un estudio publicado en 2017 y actualizado en 2019 estimó que un 10 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial se encuentra en sociedades offshore. La regla general para que sean legales es que se declaren a las autoridades tributarias competentes.

Aunque parezca irreal en este siglo XXI, según un informe publicado por el Tax Justice Project, una organización especializada en evasión fiscal, América Latina pierde más de 40 000 millones de dólares en impuestos cada año por el abuso de estructuras offshore, donde los millonarios cada año incrementan sus capitales.

Por eso la gran realidad es que todos los millonarios, sin excepción, que alcanzan la presidencia de un país en Latinoamérica, apoyan a las clases altas más adineradas de la sociedad en detrimento de las mayorías poblacionales.

Estos adinerados no implementan medidas para ayudar a sus pueblos, mientras apoyan a las poderosas transnacionales y a las oligarquías criollas que se enriquecen aún más con la aplicación de medidas económicas neoliberales.

Nuevamente Sebastián Piñera, quien ha utilizado a los carabineros para reprimir violentamente a estudiantes y obreros que protestan por las medidas neoliberales aplicadas durante su mandato, se halla en la mira internacional por su vinculación con el proyecto de Minera Dominga. Los Papeles de Pandora lo colocan como copropietario de Andes Iron para construir el proyecto en el sector norte de la comuna de La Higuera a través del Mediterráneo Fondo de Inversión.

Piñera y su familia estuvieron involucrados con la iniciativa a través de la empresa gestionada por Administradora Bancorp, que controlaba un tercio de la propiedad de Minera Activa Uno Spa, dueña de Minera Dominga. La transacción se realizó por medio de un paraíso fiscal en Islas Vírgenes Británicas, el cual reportó a los inversionistas, incluyendo al mandatario chileno, ganancias del 1 000 % en 18 meses.

La revista Forbes publicó que cuando Piñera alcanzó la presidencia ya poseía un capital de 3 000 millones de dólares.

En cuanto al presidente ecuatoriano Guillermo Lazzo se destapó que era beneficiario de unas 14 empresas offshore ubicadas en Panamá y en Dakota del Sur y Delaware, Estados Unidos. Los documentos indican que si él falleciera los patrimonios pasarían a su esposa y a sus cinco hijos. 

Otro caso, aunque no está directamente en los Papeles de Pandora, es el del expresidente argentino Mauricio Macri (sí aparecen varios miembros de su familia) que cuando anunció su candidatura a la presidencia declaró bienes por 5.5 millones de dólares (publicaciones financieras aseguran que sobrepasan los 100 millones) que incluían participaciones en varias sociedades, depósitos en Estados Unidos y Suiza.

Esa fortuna era solo su patrimonio personal, a lo que se sumaba el de su padre Franco Macri, magnate de la industria en Argentina que posee empresas en sectores de la construcción y de los automóviles, con un capital que se calcula en 2 000 millones de dólares.

Con la llegada de Mauricio Macri al poder, la nación sufrió un enorme retroceso económico al endeudarse el país con el FMI por más de 50 000 millones de dólares, privatizarse empresas públicas, aumentar el desempleo y la pobreza, mientras las capas adineradas acumulaban más fortunas.

Los numerosos hechos de esta índole ocurridos en Latinoamérica no se pueden abarcar en un solo comentario.

Lo cierto es que varios de estos países no han podido escapar de las amarras político-económicas que les impone Washington cuyo corolario es que, para llegar a la primera magistratura, mediante las campañas electorales hay que disponer de cientos de millones de dólares. O sea, millonarios presidentes para tratar de controlar gobiernos en contra de las mayorías.

* Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

Tesis sobre la militarización social en América Latina y el Caribe

Soaw.org

Por David Barrios Rodríguez 

En la actualidad en distintos países de América Latina y el Caribe sectores organizados de la población, defensoras y defensores del territorio, integrantes del medio universitario, esfuerzos de comunicación independientes-populares-autónomos hablan de manera constante de la profundización de la militarización.

Esto ocurre sin distinciones respecto al signo político que se atribuye a los respectivos gobiernos en donde se denuncia tales procesos y hace parte del recorrido sociopolítico de las distintas geografías de la región. Como será señalado más adelante, esto obedece a que se trata de un proceso general, que se manifiesta en diversas escalas y a partir de distintas modalidades, tanto en el área en que vivimos como a nivel planetario.

En lo que respecta a América Latina y el Caribe, además de las expresiones tradicionalmente reconocidas (participación de militares en la esfera civil, ampliación de atribuciones o incremento de los presupuestos asignados por los Estados), la militarización comporta rasgos específicos que no han recibido la atención necesaria y que plantean desafíos por las implicaciones que tienen en el perfeccionamiento de los mecanismos de disciplinamiento y control social.

El presente análisis parte de un panorama general sobre las modificaciones en los procesos de militarización. A continuación se establecen elementos para identificar el avance específico que tiene en algunos países de la región y finalmente se sintetiza la discusión a partir del planteamiento de 12 tesis sobre la materia. En conjunto, se propone una contribución para resignificar los sentidos en torno a la problemática y con ello establecer diagnósticos más completos que resulten útiles para personas y colectividades cuyas vidas se encuentran bajo el cerco de las distintas vertientes de la militarización.

I

Como punto de partida, es necesario subrayar que los procesos de militarización que estamos atestiguando y padeciendo no ocurren de manera aislada, sino que se dan en el marco de la concatenación perniciosa de las diferentes dimensiones de una crisis de carácter civilizatorio. Los efectos devastadores del proyecto político, económico, cultural y social del neoliberalismo, se combinan con los de los cada vez más frecuentes desastres naturales, conformando lo que se ha caracterizado como una “convergencia catastrófica”, aquella en la que cada uno de sus componentes profundiza y se expresa en los otros. Esto se presentaría con mayor virulencia en el “Trópico del caos”, es decir, la franja del planeta entre los Trópicos de Cáncer y Capricornio, en los que poblaciones históricamente relacionadas con la agricultura y la pesca (casi 3 mil millones de personas) se ven enfrentadas a los efectos del cambio climático, lo que coloca en el panorama el incremento de distintas expresiones de conflictividad social, lo que incluye fenómenos de violencia armada y guerras. 

El proceso general había sido identificado desde comienzos del siglo XXI como un cambio en el eje ordenador de la sociedad, desde la producción y el mercado hacia instancias abiertamente disciplinadoras como las militares. Aun así, es necesario actualizar y seguir estableciendo las relaciones que esa modificación comporta respecto a la dimensión ambiental de la crisis antes señalada, así como sus impactos en ámbitos como la configuración de formas emergentes de institucionalidad, territorialidades, subjetividades, estéticas, formas de reproducción social y la vida cotidiana en general.

También en el nivel más general de la cuestión, se trata de problemáticas sobre las que ya desde hace años se reflexiona desde la cúpula militar de Estados Unidos, quienes también prevén que la combinación simultánea de desastres naturales, migración, afectación de cadenas de suministro regionales y globales, disputa entre las grandes potencias, colapso de países considerados aliados (de Estados Unidos) o los efectos del cambio climático, rebasen las capacidades del Departamento de Defensa conduciendo con ello a que se “desate el infierno”.

En un ámbito estrechamente relacionado con ello, los discursos que buscan posponer o paliar la debacle ecológica en curso, hacen uso de estrategias militares verdes para “resguardar” ecosistemas, especies animales o para el desarrollo de proyectos que se presentan como “amables” con el medio ambiente. Esto redunda en procesos de desterritorialización e implementación de campañas contrainsurgentes con el objeto de reprimir poblaciones y sus resistencias, a través de técnicas de coerción “duras” y tecnologías de pacificación “suaves”. 

Estas escalas del análisis deben ser consideradas, porque en lo sucesivo albergarán y modelarán las tendencias generales de los procesos de militarización que, teniendo ya formas de expresión identificables, se expandirán y harán crecientemente complejas en los tiempos por venir.

Habiendo señalado esto y descendiendo en el nivel de análisis, es preciso llevar a cabo un cuestionamiento sobre las formas de comprensión dominantes respecto al militarismo y la militarización, como fueron entendidas a lo largo del siglo XX, pero que siguen teniendo reverberaciones en el presente. Esto está relacionado con una modificación sustancial en las formas de guerra dominantes, que ya no corresponden con el canon que colocaba en el centro la actuación de los Estados (conflictos bélicos interestatales) y los ejércitos profesionales identificados con ellos. Lo que se agregó a dicha ecuación y tendió a generalizarse, fue la confrontación entre fuerzas con adscripción estatal (en las que deben ser incluidas las policías militarizadas) y distintos tipos de actores armados quienes también tienen pugnas entre sí. Estas fuerzas incluyen desde ejércitos privados, Compañías Militares y de Seguridad Privada (CMSP), brazos armados de la economía criminal, pandillas y grupos pequeños más próximos al sicariato, expresiones de paramilitarismo contrainsurgente, así como organizaciones político-militares que se reconocen en la estela de los movimientos revolucionarios de izquierda.

A ello habría que agregar que en la actualidad no nos encontramos frente a una disyuntiva entre una forma de guerra o la otra, sino que ambas esferas (las de la guerra tradicional y la irregular) tienden a imbricarse. Por ejemplo, en lo que se ha denominado guerras encubiertas o subsidiarias (proxy wars), en las que en terrenos sensibles o donde no se puede intervenir de manera abierta, los Estados recurren a actores armados como los antes señalados para cumplir sus objetivos. Otra expresión que ha estado relacionada con esta modificación es la guerra híbrida, que en el debate militar en que fue acuñada (2002-2013) tenía como énfasis la convergencia operacional de ejércitos nacionales con actores no estatales, así como la combinación de modalidades para hacer la guerra. Esto cambió con posterioridad a la anexión de Crimea por Rusia, ya que a partir de entonces fueron privilegiados ciberataques, tareas de espionaje, propaganda e información, campañas de desestabilización para deponer gobiernos (en la lógica de las llamadas Revoluciones de Colores) así como con el uso de herramientas no militares para promover extraterritorialmente los intereses de los Estados que las emplean (guerra económica, presión diplomática, formas de penetración cultural, entre otras).  

En lo que respecta a América Latina y el Caribe, se trata de una región que se caracteriza desde hace más de un siglo por la casi ausencia de conflictos bélicos interestatales, pero en la que ha sido recurrente la invocación de enemigos internos para que los Estados emprendan campañas bélicas y represivas contra sus poblaciones. Además de ello, por lo que representa para Estados Unidos en términos geoestratégicos, ha sido un escenario de ensayo para la implementación de distintas modalidades de guerra irregular, en las que se incluye la guerra contrainsurgente y contra las drogas. Esto ha posibilitado la intervención de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la potencia de Norteamérica, incluso antes de que este tipo de aproximaciones se generalizaron con posterioridad al lanzamiento de las campañas bélicas en Oriente Próximo en los albores del siglo XXI. El caso paradigmático es Colombia, entre otras cosas por la colaboración con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, lo que permitió que el país fuese un sitio de experimentación de las formas de guerra irregular, en especial a partir de la implementación del Plan Colombia. De esta manera, el país andino, anticipó lo que con el paso de los años se implementaría en otros contextos, no sólo del área, sino del mundo entero.

A la par de ello, en un proceso no homogéneo pero que se puede rastrear durante un poco más de 3 décadas, hemos asistido a la aparición/sofisticación de actores armados no estatales que controlan poblaciones y territorios. Es por lo que, para poder hablar sobre la militarización actual en América Latina y el Caribe de manera adecuada, resulta indispensable aludir al papel que juegan los grupos armados que no pertenecen de manera formal a la estatalidad. Aquello que habiendo sido denominado de diversas formas (paramilitarismo, escuadrones de la muerte, formas de privatización de la seguridad y la violencia, facciones de tráfico o brazos armados de los cárteles del narcotráfico), puede ser albergado de manera más apropiada en aquello que prefiero denominar como formas de violencia armada organizada. Estas expresiones que provienen de distintas experiencias y énfasis previos (políticos, económicos, delictivos) de manera progresiva han incrementado su volumen, portafolio de actividades y también hacen parte de manera constante de las lógicas represivas y de disciplinamiento social. La naturaleza misma de las actividades en las que participan estos grupos puede volver difusa su intervención en determinados espacios, pero lo que no puede hacerse es ignorar el peso que ahora tienen en nuestras sociedades.

Sobre este aspecto es necesario destacar dos elementos que deberían ser considerados para una mejor aproximación al fenómeno. En primer lugar, que no se trata de un cambio repentino, sino de un proceso en que se han generalizado formas de violencia armada organizada y, en segundo, que en algunos países del área estos grupos han afianzado un control que, abarcando varias dimensiones (económica, social, espacial) prefiguran la instauración de órdenes sociales paralelos a través de los cuales el capitalismo contemporáneo encuentra formas de reproducción que traspasan las fronteras constituidas de manera previa y que se esparcen en diversos ámbitos.

Es debido a ello que la identificación exclusiva del militarismo y la militarización con las instituciones castrenses de los Estados no nos permite en la actualidad dar cuenta de manera adecuada del proceso que se vive en distintos contextos y territorios del área. Resultan así limitados los enfoques que definen la militarización como la disposición de los Estados en recurrir a los cuerpos militares para la resolución de disputas en torno al orden público o salvaguardar las condiciones mínimas de seguridad ante una amenaza del orden establecido. Tampoco remite ya de manera unívoca ni determinante al “proceso de adopción de modelos, conceptos, doctrinas, procedimientos y personal militar en actividades de naturaleza civil, entre ellas la seguridad pública”. También resulta inerte restringir su valoración respecto al gasto en armamento, el porcentaje o cantidad de personal de los Estados dedicado a labores militares o el incremento y sofisticación de la infraestructura y avituallamiento de las instituciones castrenses. 

II

Antes de introducir algunas líneas generales para la comprensión del proceso de militarización reciente en la región, resulta apropiado aludir de manera específica al estado actual de la problemática en algunos países del área que destacan por la magnitud y características que comportan.

En el espectro que se reconoce más reaccionario se encuentra el gobierno de Jair Messias Bolsonaro, aquel que incluso poco después de haber iniciado en el cargo ya había sido caracterizado como la “vanguardia apocalíptica” por las implicaciones socioambientales de sus políticas. Los incendios en la Amazonia, en buena medida inducidos, fueron sólo el anticipo de lo que implicaría un gobierno que ha superado cualquier estimación previa. Brasil afronta una crisis sin parangón, tanto por el acumulado de políticas locuaces pero que se enmarcan en principios clasistas, racistas, sexistas y misóginos; como por el manejo gubernamental de la Pandemia por SARS-COV-2, afrontada de una manera a todas luces negligente. En relación con la militarización, sobre Brasil se ha insistido en la incorporación de integrantes y exintegrantes de las Fuerzas Armadas al gabinete del presidente, mismos que han llegado a controlar la Vicepresidencia, 10 de 22 ministerios del país (entre ellos ciencia y tecnología, energía, salud, educación, entre otros) y más de 6 mil cargos comisionados ocupados en la administración pública directos e indirectos; siendo Bolsonaro mismo ex capitán del ejército. Además de ello, en una tendencia que se puede rastrear desde los gobiernos del PT, el enfoque militar del combate al tráfico de estupefacientes ilegales y de ciertos fenómenos de violencia urbana, han abonado para que Brasil tenga en años consecutivos las mayores cifras de asesinatos en la región. Fue durante las gestiones de Lula da Silva y Dilma Roussef que se postuló al país para la realización de un ciclo de megaeventos (2007-2016) que permitió la militarización de las sedes deportivas, en las que destacó Río de Janeiro con la implantación de las Unidades de Policía Pacificadora en distintas favelas de la ciudad.

En lo que respecta a los grupos de tráfico y las milicias brasileñas, mantienen gran control territorial en determinados espacios de las principales ciudades, en los que establecen relaciones despóticas con sus habitantes. En Río de Janeiro, datos de 2018 planteaban que las milicias por sí solas estaban presentes en 37 barrios y 165 favelas de la Región Metropolitana de la ciudad, controlando áreas habitadas por 2 millones de personas, lo que se traduce en una sexta parte de la población de la región. Al agregar una perspectiva territorial, se ha establecido que tienen un área de influencia de 342 km2 lo que constituye una cuarta parte de la capital del estado. 

En distintas favelas de la ciudad a ello habría que agregar el control por parte de las facciones de tráfico como el Comando Vermelho, Amigos dos Amigos y Terceiro Comando Puro, quienes establecen disputas con los otros actores armados. También habría que considerar el papel de las Unidades de Policía Pacificadora y la Policía Militar de Río de Janeiro quienes establecen formas arbitrarias de control y disciplinamiento de la población en las áreas habitadas por los sectores populares.

Respecto a México, se ha denunciado que el proceso de militarización está relacionado con la ampliación e institucionalización de funciones de las Fuerzas Armadas en el ámbito civil. Este proceso se da en el marco del triunfo electoral de una iniciativa que se autoidentifica como antineoliberal y que tuvo un respaldo social inédito al obtener la jefatura del gobierno federal con 30 millones de votos. Además de ello arrasó con sus contrincantes, logrando victorias en distintos estados del país y asegurando en ese momento un margen de maniobra importante en el Congreso, para llevar adelante su agenda de gobierno. Esto permitió entre otras cosas, sacar adelante reformas que durante su primer año de gobierno autorizaron la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública (durante 5 años) a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había determinado el carácter inconstitucional de estas atribuciones a través del análisis y ulterior invalidación de la Ley de Seguridad Interior de la administración de Enrique Peña Nieto.

Otro ámbito en el que se le ha dotado de gran protagonismo a las Fuerzas Armadas es el de su participación en obra pública. Destaca la asignación de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, bajo la supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). A ello se agrega la construcción de 2, 700 sucursales del Banco de Bienestar también encomendadas al Ejército, al igual que la edificación de cuarteles para la Guardia Nacional. Respecto al polémico proyecto denominado “Tren Maya” al Ejército le fue asignada la construcción de los tramos que van desde Playa del Carmen al Aeropuerto Internacional de Cancún; otro más que proyecta unir Tulúm con Bacalar y Chetumal; así como el de Bacalar con Escárcega. En fechas recientes también se asignó al Ejército la construcción del aeropuerto de Tulúm.

Respecto a la creación de la Guardia Nacional se trata de la reedición de formas de policía militarizada (Policía Federal, Gendarmería Nacional, ambas desaparecidas por corruptas e ineficaces) con atribuciones federales que están destinadas a múltiples funciones, entre ellas la contención de la migración proveniente de Centroamérica y el combate a las estructuras de la economía criminal. De manera reciente, también fue avalada la incorporación de los titulares de la Secretaría de Defensa Nacional y de Marina, al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación que definirá las prioridades y estrategias en el ámbito de la investigación (el equivalente mexicano del Minciencias colombiano, CONICET argentino o CNPq brasileiro). A mediados de agosto de 2021 se anunció una iniciativa de reestructuración de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de la creación de un Estado Mayor Conjunto integrado por miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, con lo que se le incorpora legalmente como fuerza armada. Además de ello destaca la “limpieza de imagen” de las Fuerzas Armadas que históricamente, pero con mayor énfasis en los últimos años han cometido diversas violaciones a los derechos humanos de la población. Ejemplo de ello fue que en un hecho inédito, el gobierno mexicano realizó múltiples gestiones diplomáticas que permitieron la liberación y regreso a México del General Salvador Cienfuegos, ex secretario de Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y acusado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. 

En México las organizaciones de la economía criminal han pasado por un proceso de transformación notable. De acuerdo a distintos análisis, desde el lanzamiento de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2006, de 4 grandes organizaciones identificables , ahora se cuentan más de 200 facciones de distintos tamaños, aunque hay análisis que hablan incluso de 463 grupos a lo largo y ancho del país. Además de ello, algunos de los grandes grupos que aún existen (Cartel Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Cartel del Golfo, Los Zetas, etc.) han logrado desarrollar sus estructuras armadas, que resultan cada vez más sofisticadas y con mayor capacidad logística y poder de fuego, lo que quedó de manifiesto en el episodio en que en la ciudad de Culiacán, el Cartel de Sinaloa logró cercar al Ejército mexicano y liberar a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo.

En cuanto a Colombia, es de sobra conocido que ha contado con uno de los procesos de guerra más duraderos en la historia reciente, aunque de manera simultánea la élite del país Sudamericano (que incluye a los medios de comunicación masiva) promueva la idea de que se trata de un país donde la democracia procedimental funciona y en que no han resultado habituales los golpes de estado como en otras regiones de América Latina y el Caribe.  Sin embargo sólo en el siglo pasado, el Ejército intervino más de 20 veces en la política interna del país, al mismo tiempo que el Estado de sitio ha sido invocado de manera recurrente. Sólo durante el Frente Nacional se estima que quince de los veinte años que duró la alternancia entre los partidos Liberal y Conservador, fueron regidos por el Estado de sitio.

Si miramos el asunto desde una perspectiva más amplia, se trata de un país que desde su independencia hasta 2016, cuando se firman los acuerdos de paz en la Habana, ha estado más de tres cuartas partes del tiempo en guerra, lo que hace que se le defina como un conflicto armado prolongado. Esa densidad del proceso ha provocado que Colombia cuente con una de las sociedades más militarizadas de la región y del mundo entero, lo cual no está relacionado de manera exclusiva con las funciones, tamaño o presencia de las Fuerzas Armadas en el espacio público o el carácter bélico de su policía o el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), sino también con la difusión de contenidos que hacen apología de esas instituciones.

A partir de abril de 2021, el levantamiento social en Colombia ha sido enfrentado con un repertorio represivo que, habiendo sido puesto en práctica en otros momentos contra las distintas luchas sectoriales de Colombia, se ha adaptado y perfeccionado en este momento. Destaca la incorporación de mecanismos de intervención de la señal inalámbrica de internet o de los cortes al suministro de energía eléctrica como represalia contra zonas de las ciudades en las que se han llevado a cabo las movilizaciones. Como ha pasado en Chile durante los últimos años, la actuación del ESMAD replica las técnicas de pavor consistentes en disparar de manera directa a la cabeza de las y los manifestantes, lo que ha redundado en traumas oculares graves y la pérdida parcial o total de la vista. De manera clara también exhibe el tratamiento bélico que el Estado colombiano emplea contra las expresiones de descontento social.

Además de ello, con el correr de las semanas ha quedado claro que la estrategia mediática y específicamente represiva del Estado colombiano se complementa con la actuación de grupos de civiles armados que han participado en ataques a los puntos de encuentro de la movilización. También se han realizado denuncias sobre desaparición forzada, torturas, vejaciones y utilización de fosas comunes clandestinas como parte de las técnicas empleadas contra las y los manifestantes. Como resultado del informe final de la Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia (compuesta por más de 40 delegadas y delegados de 12 países) se estableció que el accionar represivo del gobierno fue similar a la estrategia militar que utiliza para combatir a actores armados, esto es, que se utilizaron técnicas de combate con el objetivo de someter y aniquilar a la población civil bajo la figura del “enemigo interno” e incluyó once estrategias de tratamiento de guerra contra la protesta en el país andino.

En los tres casos, también destaca la creación o invocación de marcos jurídicos que amparan el uso de las Fuerzas Armadas. En Brasil se han usado reglamentaciones como la Garantía de la Ley y el Orden (GLO), o el decreto presidencial que avaló una intervención federal en Río en 2019. En México a la autorización del empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad como fue referido antes, se agrega la reciente propuesta que busca incorporar a la Guardia Nacional a la estructura del Ejército mexicano. En Colombia, tan sólo a 3 días del inicio de las movilizaciones, y con un saldo para el momento de 9 asesinatos a mano de la fuerza pública, Duque invocó el Artículo 130 de la ley 1801 para declarar la “Asistencia Militar” por parte de las Fuerzas Armadas en la represión de las protestas.

En las dos décadas del presente siglo procesos de este tipo se han verificado en casi toda la región, aunque destacan por la magnitud y complejidad adquirida los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Brasil, Colombia y México. Sobre esto último me parece importante subrayar que el tratamiento estatal-gubernamental hacia la problemática ha sido calcado de manera repetitiva y que incluso, ninguno de los países que atravesaron por el llamado ciclo progresista propusieron alternativas para enfrentar la problemática, tendiendo a reproducir el repertorio de políticas públicas de corte coactivo.

Un curso similar se puede observar en países caribeños como Jamaica y Haití, en los que se ha dado tanto la militarización de las policías, el recurso de las Fuerzas Armadas para su uso en el espacio público y donde las estructuras de la economía criminal también controlan porciones del territorio. En otras regiones del continente en las que la herida del pasado dictatorial hace poco viable el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, se mantiene el uso indiscriminado de policías militarizadas (Carabineros en Chile), o bien, se innova en este mismo sentido como ocurrió con la conformación de la Gendarmería Nacional en Argentina. 

III

A continuación se realizará una aproximación sobre el estado actual de la militarización social en América Latina y el Caribe a partir de 12 tesis que intentan dar cuenta de la complejidad de la problemática. Esto es resultado, tanto de una extensa revisión bibliográfica, como de las posibilidades de interactuar con diversos procesos organizativos preocupados por este tipo de fenómenos en distintos contextos del continente. Son también estas colectividades y personas las que de manera permanente enfrentan en su cotidianidad los efectos de la militarización, quienes ponen el cuerpo y al mismo tiempo producen saberes muy necesarios y que apuntan a la defensa de la vida.

En relación a ello, deseo mencionar y agradecer a los distintos espacios con los que he realizado intercambios durante los últimos 11 años. En Colombia al Grupo para la Investigación Social Kavilando, a la Corporación para la Educación e Investigación Popular (CEDINS); a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) y al Congreso de los Pueblos. En Río de Janeiro a las y los facilitadores del Curso Histórias Vivas – O histórico de resistência das favelas do Rio de Janeiro en el Museu da Maré, así como al Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro. En San Pedro Sula al Proyecto Paso a Paso en Rivera Hernández y también en Honduras al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y a la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). En Asunción al Servicio Paz y Justicia (Serpaj-Paraguay). Al Frente de Resistencia Urbana (FRU) que aglutina distintas experiencias de lucha por vivienda y vida digna en ciudades latinoamericanas; al Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas (SOAW). En México a las organizaciones y personas que integraron la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia de Estado (COMECOM), así como al Seminario Análisis y ya. De manera especial a mis compañeras y compañeros del Movimiento contra la Militarización de Ciudad Juárez. 

Tesis sobre la militarización social en América Latina y el Caribe

1. La militarización actual constituye un proceso general, relacionado con la refuncionalización del Estado resultado de la implementación del neoliberalismo, la alteración en las formas dominantes de la guerra o la emergencia/generalización de formas de violencia armada organizada, lo que tiene como correlato que excede sus expresiones institucionales-estatales.
2. Se vincula con la resignificación de nociones en torno a la seguridad y las amenazas, lo que puede ser definido como procesos de securitización. De esta manera, en la actualidad se incluyen como objetos de preocupación militar los procesos migratorios, o las expresiones de descontento popular.
3. La definición de seguridad de la que provienen los procesos de militarización contemporáneos está anclada en una concepción masculinizante y patriarcal, que al mismo tiempo que ofrece protección a sus poblaciones consideradas vulnerables y dependientes, implica una amenaza constante para las poblaciones controladas por otros actores armados. Además de ello, supone la difusión de lógicas jerárquicas y autoritarias.
4. Implica no sólo (y no principalmente) aspectos institucionales (funciones, presupuesto), sino también culturales y subjetivos. Esto incluye elementos estéticos, lingüísticos/lexicológicos así como imaginarios que incorporan metáforas bélicas respecto a diversos ámbitos de la vida social.
5. En términos espaciales sus expresiones son predominantemente urbanas, porque predominantemente urbana es la región en que vivimos y porque el teatro de operaciones bélico doctrinario y operativo ha transitado a este tipo de escenarios. De ello da cuenta el despliegue del urbanismo militar y la adaptación doctrinaria a entornos urbanos Además de ello, destaca la generalización de disputas y proyección de relaciones de poder en el espacio que derivan en procesos de Des-Re-Territorialización. 
6. En buena parte de América Latina y el Caribe la militarización corre por cuenta de actores armados estatales, así como de una diversidad de formas de violencia armada organizada, lo que incluye disputas securitarias (definición de amenazas, tratamiento bélico de asuntos que no eran considerados como tales, legitimación de formas de control, entre otras). 
7. Como parte del proceso de reordenamiento económico que se apuntala a través de estas formas de violencia armada organizada, hemos asistido a la instauración/generalización de distintas actividades con las cuáles estos grupos se financian. En su proceso de diversificación, además de estimulantes ilegales, han incursionado en el tráfico de armas, migrantes y personas con objetivos de explotación laboral y sexual, biodiversidad, extracción y robo de combustibles fósiles, minería ilegal y; de manera muy importante por las implicaciones en la configuración de disputas por territorios, el cobro por protección-extorsiones que con distintas denominaciones tienen lugar en varios países y ciudades de la región. A ello hay que agregar que estas organizaciones también han implementado monopolios sobre productos y servicios diversos (comercio informal, piratería, televisión por cable, bombonas de gas, entre otros). Replicando uno de los principales mecanismos de la economía formal, el “gota a gota” o pagadiario, una forma de usura dirigida a los sectores populares, caracterizada por altos intereses y donde la violencia directa funciona como mecanismo para asegurar el pago de los préstamos, se ha extendido por al menos 8 países de la región.
8. En términos materiales, esto supone la implementación y naturalización paulatina de toques de queda informales y autoimpuestos; el rediseño de cartografías urbanas en distintas escalas que apuntan hacia la conformación de fronteras invisibles; o la normalización social del asesinato constante y sistemático de la población joven de sectores populares. Además de ello implica la instauración de bandos armados, principios de enemistad, formas de reclutamiento entre la población. En los lugares donde esta lógica ya resulta dominante, las distintas fuerzas, pero principalmente las del Estado tienden a comportarse como fuerzas de ocupación, o inclusive de conquista.
9. En determinadas escalas de los territorios, establecen órdenes de autoridad paralelos al de los Estados, en el marco de los cuales imponen regulaciones sobre las formas de convivencia, comportamiento, e inclusive sancionan conductas a través de penas y castigos.
10. Los procesos de militarización contemporáneos han incorporado componentes contrainsurgentes en la medida en que se considera esencial actuar sobre las poblaciones. En términos doctrinarios, esto comporta una resignificación que abarca tanto lo abiertamente militar, como los proyectos de desarrollo, la promesa de servicios de salud, educación y el ideal modernizador.
11. En la cotidianidad la militarización conduce a que la vida de las poblaciones se encuentre entre cercos y que se difundan e introyecten socialmente sentidos bélicos, por ejemplo, a partir de la generalización de tareas de inteligencia propiciadas por las actividades de las estructuras de la economía criminal.
12. Los procesos de militarización desdoblados entre lo estatal y las expresiones de violencia armada organizada están en sintonía con la extensión de las fronteras de apropiación de la naturaleza y de explotación de la población para la acumulación. Vistos en conjunto nos permiten avizorar los contornos del capitalismo del siglo XXI, dejando entrever la redefinición/refundación de institucionalidades, modos de vida y formas de reproducción social.

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