Indígenas tolupanes criminalizados
En medio de la preocupación que implica someterse a un sistema de justicia denunciado por favorecer a los ricos y poderosos de Honduras, los 9 indígenas Tolupanes de Yoro, al norte de Honduras, acusados por el Ministerio Público; entienden que la causa fundamental de sus vida es el territorio. La criminalización es un proceso en la construcción de soberanía, la cual han asumido con dignidad
A los indígenas se les imputa del delito de “obstaculización de un plan de manejo forestal”. Acusación que el Ministerio Público basa en una denuncia realizada por el empresario maderero Wilder Domínguez.
Los indígenas a quienes la justicia señalan son: Wendy Pineda, Alison Pineda, Ángela Murillo, Ramón Matute, José María Pineda, Sergio Ávila, Óscar Vieda, Celso Cabrera y Amado Cabrera, quienes públicamente han denunciado que el plan de manejo forestal otorgado por el Estado, violenta el Convenio 169 de la OIT, que demás, ese plan ya venció, y que sigue beneficiando económicamente al empresario y algunos dirigentes.
El abogado Víctor Fernández, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Madj, dijo en Radio Progreso que, no hay ningún elemento de acusación serio contra los indígenas, porque ellos han ejercido su derecho legítimo a la protesta en defensa de su bosque, pero lamentablemente el Ministerio Público una vez más se presta para beneficiar a los empresarios.
“Es una acusación muy antojadiza y construida en alianza con el Consejo Directivo”, apuntó el abogado asegurando que desde el Madj han presentado más de 50 documentos con diligencias y denuncias, que deberían de integrar la investigación que no hizo por negligente el Ministerio Público. La audiencia inicial contra los tolupanes inició el 24 de junio. La resolución se conocerá el 03 de julio cuando la jueza Gladys Omara Peña se pronuncié.
Este es el tercer proceso de criminalización que enfrenta la tribu Tolupán, cuya situación de inseguridad se recrudeció el año 2013 con el incremento de la extracción ilegal de madera, de parte de empresas extractivas, contexto que produjo el asesinato de Ricardo Soto Fúnez, Armando Fúnez Medina y María Enriqueta Matute, tres reconocidos tolupanes defensores del territorio.
La situación de esta población ha sido conocida por la Comisión Interamericana de Humanos (CIDH). En 2013, el órgano internacional reconoció la situación de riesgo que enfrentaban y que continúa como consecuencia de su labor por la defensa del bosque y territorio, y otorgó medidas de protección a favor de más de 35 integrantes de la tribu.
Plantón en el Palacio de Justicia de Yoro
Contexto
La crisis de pobreza extrema y violencia en que vive el pueblo Tolupán en Yoro, es movida por la presencia de factores externos que vienen desde el siglo pasado. Según relata el ingeniero agrónomo y ambientalista Juan Mejía; cuando el general del ejército en condición de retiro Finlander Armijo Uclés, subía a la tribu con camiones llenos de efectivos militares, sacaba enormes cantidades de madera sin autorización. “En esos años yo estaba trabajando en un programa de la Cáritas que era llevado por los Jesuitas de El Progreso”, dice el ingeniero.
Con el paso del tiempo el general Finlander acercó gran parte del territorio y se convirtió en terrateniente. A esa situación se le sumó los aserraderos clandestinos que se ubicaban en la montaña. Fue en este momento que los indígenas comenzaron a denunciar el saqueo del bosque, pero lastimosamente las organizaciones tribales se confabularon con el terrateniente y madereros. La forma más barata para poder sacar la madera fue dividiendo la tribu y asesinado a los opositores, según denuncia el Madj. Desde el 2010, 19 indígenas vinculados al conflicto socio ambiental han sido asesinados.
Un plan de manejo forestal es entregado por el Estado a las comunidades para la administración y aprovechamiento del bosque. Pero previamente, el Estado solicita fondos económicos a las comunidades para estudios de factibilidad. Cuando las comunidades no cuentan con esos fondos, aparecen los empresarios quienes invierten en los estudios de posibilidad obligando a las personas a venderles la manera a un precio muy bajo. “Y en la tribu Tolupán, la gente apenas se alimenta una vez al día”, dice el ingeniero Mejía basándose en un diagnóstico que realizó sobre los tolupanes en 2018.
En Honduras las autoridades no trabajan en disminuir la pobreza. Hasta Locomapa, Yoro, sólo han llegado algunos programas asistenciales que comprenden la entrega de láminas y bolsas solidarias. “Con eso no se disminuye la pobreza, especialmente en una región donde las casas de la gente son construidas con hojas de plátano”, relata el ingeniero enfatizando que en la Tribu San Francisco cada día la pobreza aflora con mayor dolor.
En la tribu la edad promedio de vida para una mujer es de 36 años, cuando para el resto de las mujeres hondureñas es de 70 años. Y para un hombre es de 43 años, cuando a nivel nacional es de 72 años. “Son hombres y mujeres jóvenes que nacen y viven en una zona rica pero que mueren en la extrema pobreza producto de la corrupción”, señala Mejía lamentando que las tolupanas se les violenta el derecho a la salud, y muchas mueren de cáncer de cuello uterino sin saberlo.
División
En esta crisis de décadas que lleva el pueblo Tolupán, los Consejos Directivos de las tribus y la Federación de Tribus Xicaques de Yoro Fetrixy, han jugado un papel en contra de quienes se oponen al saqueo del bosque. “Cada vez que una tribu vende madera, la Fetrixy recibe el 15 por ciento de dinero sólo por firmar la autorización de venta, dinero que no es fiscalizado «, denuncia el Consejo Preventivo.
El Consejo Directivo es el órgano político de la tribu y es quien hasta el momento autoriza la venta de madera. Sin embargo, los tolupanes han creado el Consejo Preventivo; espacio que pretende dar la forma ética y moral que ayude a transparentar la venta de madera en armonía con el ambiente. Hasta el momento cada familia recibe un promedio de 12 a 15 dólares , dos o tres veces al año, por la venta de la madera sin llevar un control.
A las fueras del juzgado en Yoro donde se realizó la audiencia llegaron los tolupanes de ambos consejos. Noris Ramírez, quien ha sido señala por actos de corrupción cuando estuvo al frente del Consejo Directivo, dijo en Radio Progreso que, únicamente están aprovechando los recursos que les pertenecen, y que están en todo derecho de vender la madera, además, señala que quienes se oponen a ese proyecto ni siquiera son indígenas.
Juan Mejía comparte que en 2018, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia sentó a los dos Consejos para encontrar una salida a la crisis que está matando a la tribu. En esa reunión llegaron a un punto de encuentro que terminó con la firma de un compromiso. Inclusive se acordó solo vender 5 mil metros cúbicos de madera y no los 16 mil que el empresario está extrayendo. El Consejo Directivo incumplió y el conflicto se agudizó. En febrero de 2019 fueron asesinados el padre y hermano del líder tolupan Ramón Matute, uno de los criminalizados.
A través del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, la tribu Tolupán de San Francisco ha denunciado en repetidas ocasiones las violaciones a los derechos que sufren producto de la explotación de sus bienes naturales en manos de estos terratenientes, y la negligencia de las autoridades responsables de aplicar la justicia. Sin embargo, el pueblo Tolupán está convencido que a través de la organización y la auténtica resistencia indígena podrán mantenerse con vida en medio del despojo, la criminalización, pobreza y muerte.
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