A pesar que la sentencia en el caso Pachecho Teruel vs el Estado de Honduras, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012, recomienda la derogación del artículo 332 del Código Procesal Penal, llamado “Ley Antimaras”, el actual gobierno busca reformarlo una vez más y endurecer las penas ampliando el rango de acción más allá de las maras y pandillas.
Artículo 332 del Código Penal fue reformado durante el gobierno de Ricardo Maduro y a esto se le llamó Ley Antimaras. El artículo actualmente establece: “Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de cien mil (L. 100, 000.00) a trescientos mil (L. 300, 000.00) lempiras, a los Jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo, rebajada en un tercio se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas. Son Jefes o Cabecillas aquellos que se destaquen o identifiquen como tales y cuyas decisiones influyan en el ánimo y acciones del grupo”.
Para el analista en temas de seguridad, Javier Canales, esto es sumamente peligroso en el contexto actual, como lo fue en aquel momento.
“Eso lo que va a permitir es retomar la cacería de brujas que se generó en el periodo del presidente Maduro en donde nadie terminó concretando una valoración simple: ¿o fue la policía incapaz de capturar o fue el gobierno suficientemente capaz de manipular? porque se estimaba en aquel momento que habían entre 50 y 60 mil miembros de pandilla y finalmente ni siquiera capturaron 5 mil”, explicó Canales.
Este analista además asegura que tras la aplicación de la “ley antimaras” lo que pasó es que las maras y pandillas se reestructuraron, crearon vínculos más fuertes con la policía y se asesinó a jóvenes estigmatizados.
“Ahora se van a fortalecer esos círculos viciosos de impunidad y corrupción donde la policía va a tener boleto libre para capturar al joven que se le ocurra porque, como no se comprende el tema de pandillas, cualquier joven en Honduras por un peinado, por su vestimenta, por la comunidad de donde proviene puede ser objeto de señalamiento como integrante o vinculado a pandillas y eso es peligroso, criminalizar la juventud, y sobretodo estigmatizar a partir de esa situación de marginalidad”, explicó.
El mismo presidente Juan Orlando Hernández la semana pasada, tras un altercado en el Centro Penal de San Pedro Sula, envió al Congreso Nacional una solicitud de reformas al artículo 332 del Código Penal, porque considera que dicha normativa no está siendo efectiva en los castigos para los grupos criminales.
A criterio de los analistas en derechos humanos y en temas de seguridad, el mandatario debe socializar con los distintos sectores las propuestas de reformas, pero también debe enfocarse en programas que eviten el involucramiento de los jóvenes en las maras, pandillas y otros grupos criminales.
Juan Almendarez, del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las víctimas de la Tortura (CPTRT) dijo que “sería muy importante precisar cuál es la política criminal de Estado que generalmente no se precisa, hasta ahora ha consistido en una política inquisitiva, persecutoria y con tendencia represiva”.
También el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez declaró que “aquí hay que desarrollar paralelamente la lucha férrea contra las maras y pandillas y sobre todo contra sus liderazgos que es donde claramente hay que hacer los golpes, la prevención para que jóvenes en riesgo social no entren en esta situación, hay un llamado a la iglesia, a los padres y madres de familia, a la sociedad y al gobierno, por algo tenemos estas condiciones porque dejamos de hacer mucho, la reflexión es no meter a la cárcel a los jóvenes porque en eso se va todo el país preso, es evitar que la juventud caiga en una situación que comprometa su vida y la de los demás”.
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Analistas han coincidido en que la reforma al 332 que se dio en el gobierno de Maduro, además de dar luz verde a ejecuciones extrajudiciales por parte de entes del Estado y las masacres de jóvenes, desató en las organizaciones criminales un recrudecimiento de la violencia.
Los crímenes en el país obedecen a que el gobierno sigue con el mismo comportamiento. Medidas que han aumentado la impunidad. “Cuando la impunidad es un paraguas, entonces el crimen y la violencia encuentra un respaldo, las elites políticas y económicas ligadas al crimen organizado son un mal ejemplo para el crimen común en función de que la estructura estatal no funciona para castigar”, dijo Méndez.
Por su parte Canales cree que las pandillas, aunque inciden directamente en la situación de violencia que coloca a Honduras con cifras alarmantes, no son el principal elemento de la inseguridad que se vive como se hace ver a través del gobierno.
“¿Qué tanto nos quedamos con la imagen de las pandillas por no tocar los temas que realmente han generado toda esta contaminación a lo interno de las estructuras de seguridad, llámese policía, investigación, fiscalía, poder judicial, jueces y magistrados? Nosotros sabemos que cuando alguien es capturado y es señalado como narcotraficante, sus condiciones en las cárceles son privilegiadas y así muestran su poder, eso es lo que ha permeado totalmente el sistema”, explicó Canales.
Canales cree que es necesario un análisis más profundo sobre el fenómeno pandilleril pues ha sido muy cambiante. Actualmente el crimen organizado trasnacional controla a través de la narcoactividad a estas organizaciones delictivas que además están conectadas con gobiernos locales, el poder judicial, entes de seguridad, etc.
“El tema de las pandillas es un distractor de los verdaderos problemas de la seguridad del país que es la corrupción, la manipulación en el sistema de justicia”, dijo.
Sentencia Pacheco Teruel
El Estado de Honduras recibió recomendaciones en la sentencia Pacheco Teruel vs Honduras por el caso del incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula donde murieron calcinados 117 privados de libertad el año 2003.
La sentencia establece que:... Según lo informado por el Estado, en la actualidad el sistema penitenciario hondureño se encuentra en “emergencia penitenciaria”. Estas deficiencias se habrían agravado como consecuencia de la implementación de reformas penales adoptadas por el Estado en el marco de las políticas de “tolerancia cero” que pretendían erradicar a las “maras” y pandillas con la finalidad de controlar la violencia.
Como parte de estas medidas, mediante el Decreto No. 117-2003 adoptado en agosto de 2003, se reformó el tipo penal de asociación ilícita contemplado en el artículo 332 del Código Penal, aumentando las penas para este delito e incluyendo en su redacción una mención explícita a las maras como forma de asociación ilícita. A partir de esa reforma, la policía inició una práctica común de detenciones por sospecha y arrestos masivos con base en la apariencia de las personas y sin orden previa de autoridad competente.
Lo anterior incidió en el incremento de los niveles de sobrepoblación de los centros penales y acentuó los problemas estructurales existentes en todo el sistema penitenciario, pero particularmente en aquellos centros destinados a personas acusadas de pertenecer a las maras. En la época los hechos, la capacidad total de los 24 centros penales del país era de 8,280 plazas. Sin embargo, en el 2004 la población penitenciaria era de 10,931 internos, y para el 2008, se incrementó a 11,723 internos.
En relación con los artículos 7, 9 y 2 de la Convención Americana, el Estado reconoció que el Decreto Legislativo 117-2003, que reformó el artículo 332 del Código Penal de Honduras, relativo a la llamada “Ley Antimaras”, no precisó los elementos de la acción que se considerarían punibles, lo que condujo a que éstos fueran usados de manera arbitraria y discrecional por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Esta norma abrió un amplio margen de discrecionalidad que permitió la detención arbitraria de personas sobre la base de percepciones acerca de su pertenencia a una mara. En ese sentido, la inexistencia de mecanismos legales o criterios de verificación de la efectiva existencia de una conducta ilícita implicó que el aludido Decreto no cumpliera la exigencia de extremar precauciones para que el poder punitivo del Estado se administrara con respeto de los derechos fundamentales.
Por tanto, dicha reforma incumplió el principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención de Derechos Humanos.
…A través del acuerdo de solución amistosa el Estado se comprometió a adoptar dentro del plazo de un año, las siguientes medidas legislativas: a) revisar, modificar o derogar el artículo 332 del Código Penal y otras disposiciones legislativas o reglamentarias afines, “con el propósito de adecuarlo a los estándares establecidos en los artículos 7, 9 y 24 de la Convención Americana”, y como ha sido recomendado por el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria.”
A tres años de esta sentencia, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández ha anunciado endurecer las medidas contempladas en el 332 y los trabajos forzados dentro de los centros penales que además están militarizados, contrario a la recomendación de crear un instituto penitenciario y una carrera penitenciaria manejados por civiles.
Javier Canales, asegura que con estas políticas de “cero tolerancia” se agudizarán los conflictos especialmente en ciudades como San Pedro Sula con fuerte presencia de maras y pandillas.
“Partiendo del hecho de que estos grupos como fenómeno social son cambiantes, pienso que van a continuar la adaptación porque precisamente fue lo ocurrido con la reforma del artículo 332. Ya hay una ley para la rehabilitación y reinserción de las personas involucradas en maras y pandillas que desafortunadamente aquí es ignorada y es solo una oficina que tiene dos o tres políticos enchambados y que se han olvidado totalmente, no aparecen en ningún espacio con la vigencia del tema.
Estos grupos se van a adaptar, las comunidades van a sufrir más la represión policial porque quienes estamos al margen de las actividades criminales no podremos salir al parque, a un centro educativo, nos toca salir a la calle con el miedo a ser capturado, pero con esta reforma la juventud temerá ser reprimida y eso puede desencadenar reacciones más violentas. Recuerdo que en la reforma del 332 y se hacían los mega operativos, los jóvenes eran desnudados en las calles. Ese es un elemento que el gobierno aún no quiere entender cuando ya se ha señalado lo peligroso que se vuelve”, explicó el analista en temas de seguridad.
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