Las ocho familias indígenas tolupanes de la tribu San Francisco de Locomapa en el departamento de Yoro, que salieron luego del asesinato de tres de sus compañeros, regresarán este 22 de febrero a sus casas sin la mínima protección del Estado hondureño.
Las familias salieron luego del asesinato —el 25 de agosto del 2013— de Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute y Armando Fúnez Medina quienes participaban en una toma de carretera que buscaba impedir la explotación ilegal del bosque y la minería.
El Estado hondureño fue denunciado por este hecho internacionalmente. Recibió la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a finales del mes de octubre del año pasado, de aplicar medidas cautelares para proteger la vida de los indígenas, sin embargo, éstas no han sido aplicadas.
“Cualquier consecuencia negativa que sufran estos compañeros es responsabilidad expresa del Estado” dijo el abogado Víctor Fernández coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ quienes han llevado el seguimiento de este caso hasta instancias internacionales.
Algunos integrantes de la tribu Tolupán se han visto seriamente amenazados — según denuncias— por las mafias de mineros ilegales, dedicados a la extracción de antimonio, la destrucción del bosque y la construcción de una represa hidroeléctrica.
La decisión de volver de los tolupanes es “en principio, soberana y autónoma de los compañeros y compañeras que fueron forzados a abandonar sus territorios. Van a retornar a lo mismo porque ese es su lugar, donde han estado y donde quieren seguir estando” expresó Fernández.
Fernández quien es ex fiscal del Ministerio Público —y que ha estado dando acompañamiento legal y humano a las comunidades indígenas— confirma que el Estado de Honduras no ha cumplido en aplicar las medidas cautelares para proteger la vida de 38 indígenas que han sufrido amenazas en la zona.
“Es importante para el contexto recordar que producto de esa conflictividad en la zona de San Francisco de Locomapa, la CIDH impuso medidas cautelares para los compañeros y compañeras. Sin embargo el Estado no ha reaccionado,” apuntó Fernández.
Respuesta de la Procuraduría General de la República
El abogado Kelvin Aguirre oficial de la Procuraduría General de la República y encargado de verificar que se cumplan las medidas cautelares dictadas por la CIDH manifiesta que la aplicación de medidas no está en sus manos, y que este trabajo debe hacerlo la Secretaría de Seguridad.
“El Estado de Honduras recibió la notificación efectivamente del caso del que usted me plantea y giró las instrucciones a las autoridades competentes, en este caso la Secretaría de Seguridad y Ministerio Público, para que le dieran fiel cumplimiento a ese mandato,” explicó Aguirre.
Pero al pedirle una explicación del por qué no se han aplicado las medidas cautelares, reaccionó esquivo, y contestó: “como le repito, por razones de materia y competencia a quienes les corresponde dar la protección a estos miembros, es la Secretaría de Seguridad, por eso le sugiero que se aboque donde ellos,” dijo Aguirre.
El oficial de la Procuraduría considera que por la condición que hay de vulnerabilidad y por la denuncia internacional “el Estado tiene ese doble compromiso de salvaguardarles la vida y la integridad física y cumplir el mandato, a efectos de evitar una nueva demanda ante el Sistema Interamericano que pueda acarrear una condena al Estado de Honduras”.
La parte defensora de los indígenas de la tribu San Francisco Locomapa, Yoro; en consideración que el Estado hondureño no ha cumplido la orden que dictó la CIDH, plantean la posibilidad de recurrir nuevamente ante esas instancias para exigir justicia para los indígenas tolupanes.
A Mecate Corto
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